Un empresario planta cara a la imposición lingüística en Cataluña

Su delito: rotular sólo en castellano en su negocio, por lo que se le puso una multa de 1.200 euros. En un argumentado y claro escrito recurriendo la sanción, el empresario saca las vergüenzas de la Agencia Catalana de Consumo y vuelve a evidenciar la imposición ligüística que se vive en Cataluña.

Xurde Rocamundi es uno de los muchos empresarios catalanes sancionados por rotular solamente en castellano en su negocio. En un argumentado y extenso recurso de alzada, pide al director de la Agencia Catalana de Consumo que deje sin efecto el expediente sancionador y la multa de 1.200 euros que lleva aparejado.

Su negocio es una inmobiliaria de la localidad de Arenys de Mar cuyo rótulo y carteles informativos del escaparate y los contratos tipo que se usan en la oficina están redactados en castellano.

Según relata el empresario en el recurso, al que ha tenido acceso LD, una inspección de la Agencia Catalana de Consumo derivó en un acta por no tener los contratos y la rotulación en catalán. Se consideraba que el no tenerlos en catalán vulneraba la Disciplina de Mercado y se proponía una sanción.

Ante esto, Rocamundi presentó una alegación en la que defendía su derecho a usar el castellano. Pero al subdirector general de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana de Consumo, tal y como se desprende de estas conclusiones, le dio igual y le impuso una multa de 1.200 euros. Y calificó los hechos como “una infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios”. Realmente la indisciplina consiste en no haber optado por el catalán.

Además, para más inri, no se puede esgrimir que en esta localidad el catalán es una lengua minoritaria, pues el 90% de los comercios rotulan en catalán. A estos, claro, no se les sanciona por no rotular, al menos, también en castellano.

“Si estuvieran sólo en catalán (carteles, rótulo y contrato) no habría sanción alguna, pero al estarlo sólo en castellano sí la hay. El eufemismo al menos en catalán significa, en la práctica y como se demuestra en el presente expediente, que obligatoriamente debe estar en catalán”, denuncia Xurde Rocamundi. “Se trata, en definitiva, al castellano como una lengua extranjera”.

Continúa exponiendo el empresario catalán que, “según la resolución, debemos entender que cuando se hace sólo en catalán o como mínimo en catalán no se vulneran los derechos lingüísticos de los consumidores y/o usuarios”.

Y es que la resolución de la Agencia Catalana de Consumo podría estar amparada en las leyes autonómicas catalanas como la Ley de Política Lingüística y la Ley del Estatuto del Consumidor. “No obstante –señala Rocamundi– la resolución y las normas que le dan cobertura son inconstitucionales porque introducen un trato discriminatorio entre el uso del catalán y el castellano, entre las personas, los ciudadanos, los españoles, que eligen un idioma u otro como herramienta comercial y, en definitiva, de uso cotidiano, salvo que sólo pueda elegirse la lengua en la intimidad”.

Xurde Rocamundi habla de coacción y discriminación. Sobre la primera cuestión, el empresario catalán señala que "la propuesta y la incoación del expediente sancionador ya supone una coacción para el que lo decepciona y una limitación a su libertad (…), pero la sanción impuesta materializa en castigo al desobediente y, además, es usado de ejemplo social a modo de prevención general”.

Y sobre la discriminación, pone de manifiesto que existe en cuanto no existe sanción para quien rotula exclusivamente en catalán. “Igualmente, conlleva otras vulneraciones constitucionales como el derecho al uso del castellano que se reconoce en el artículo 3.1 de la Constitución Española y del principio de libertad lingüística (…)”.

Por todo ello, el empresario de Arenys solicita la revocación de la sanción por supuesta infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

“Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas”

Para denunciar este caso y el de otros numerosos empresarios que están siendo sancionados por la utilización del castellano en sus empresas por la Agencia Catalana de Consumo, la semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de política lingüística.

Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano, Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas” para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción lingüística y la libertad de empresa en Cataluña

Libertad Digital

El chiste del dentista. Por Ignacio Camacho

SUCEDE algo raro en el aparato de la seguridad del Estado cuando un director general de la Policía utiliza teléfonos con tarjeta de prepago. Evidentemente anónimos y desechables, como los que el malayo marbellí Roca empleaba para gestionar sus operaciones urbanísticas: solía llevar siete u ocho, uno por mangazo, que portaba en una bolsa de Vuitton. Por una de esas líneas que nunca se usan para asuntos transparentes, al parecer vinculada al entonces responsable policial de Interior, circularon las conversaciones del chivatazo del bar Faisán, cuyo itinerario aparece rastreado en la compleja investigación que anduvo por las mesas de los jueces Marlaska y Del Olmo antes de recaer, no se sabe muy bien cómo ni por qué, en la de Baltasar Garzón. En esa opaca trama de telefonazos clandestinos desfilan terroristas, intermediarios y altos mandos oficiales enfrascados en el malogrado proceso de negociaciones con ETA, unidos todos ellos por el hilo de Ariadna de un registro digital de llamadas inconfesables que puede convertirse en una bomba de racimo política lista para detonar bajo los sillones del Gobierno. Pero el hombre que tiene el detonador en sus manos, el magistrado Garzón, se sienta a su vez sobre una butaca inestable a punto de transformarse en el incómodo asiento del banquillo de acusados.

De este modo, y por razones que quizá no quepa del todo atribuir al azar, la justicia y el poder en España se tienen mutuamente cogidos «por do más pecado había», amenazándose con hacerse daño como en el chiste del dentista, aquel al que el paciente agarraba los testículos cuando lo veía venir con el torno en ristre y las intenciones protervas de sir Lawrence Oliver ante Dustin Hoffman en «Marathon man». Si Garzón comprime su mano procesal, Rubalcaba y Zapatero van a tener un doloroso problema. Y si el Supremo aprieta las tuercas al juez y lo encausa por prevaricación en el asunto de los crímenes franquistas -aquel esperpéntico expediente en el que su señoría pidió el certificado de defunción del dictador-, será el magistrado quien se vea frente a una delicada tesitura para su nunca bastante prometedora carrera.

Así las cosas, parecen haberse producido ciertas subterfugiales maniobras gubernativas y casuales ofertas de promoción profesional a algunos ropones con capacidad de tomar decisiones comprometidas. Bicocas y canonjías a cambio de sacar sus manos de esos sumarios tan calientes que desprenden un fuerte olor a chamusquina. Dulces tentaciones en medio de un juego siniestro que, pese a todo, manifiestan la sofisticada evolución de las presiones políticas; en otro tiempo le metían a la gente un caballo degollado en la cama. Produce un gran alivio comprobar que ahora estamos entre caballeros que sólo son capaces de pasarse la independencia judicial por el mismo sitio en que se sienten agarrados por ella.

ABC - Opinión

Mucho sermón y poco trigo. Por M. Martín Ferrand

PARA mayor gloria y provecho del inane José Luis Rodríguez Zapatero y de su proteico PSOE, María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, notables entre los notables del PP, han decidido dirimir sus diferencias en la pista central del circo que dirige Mariano Rajoy. Cospedal, como las tablas de logaritmos, tiene doble entrada. Puede vérsela como secretaria general y número dos del partido de la gaviota o como aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha. Le sobran capacidad y brío para enfrentarse a las dos tareas a la vez; pero, ¿cómo podrá superar las contradicciones y los conflictos de intereses que, inevitablemente, genera una situación dual?

Tenemos a Juan Pedro Sánchez, militante del PP y alcalde de Yebra, como motor de la discordia en curso. El edil, en uso de sus prerrogativas y en obediencia al mandato mayoritario de los yebreros, aspira a que su municipio sea sede de un depósito de residuos nucleares. Ello le incomoda a Cospedal en sus aspiraciones al gobierno regional y, sin más, quiere abrirle un expediente a quien sólo busca la prosperidad de sus vecinos dotándo al municipio de un, aunque polémico, manantial de empleo y riqueza. Arenas, a quien en este caso asiste la razón política, no perdió la oportunidad de zaherir y desautorizar a su superiora jerárquica e igual en ambiciones de poder autonómico. ¿No serán capaces de llamarse por teléfono y dirimir en privado sus diferencias sin necesidad de convertirse en un hazmerreír de inevitable costo electoral?

La anécdota que reseño sirve para señalar un mal de mayor hondura: la falta de liderazgo que padece el PP y que, dadas las escaseces y fracasos del Gobierno de Zapatero, pasa a ser un motor del miedo nacional, el gran principio activo de nuestra conducta colectiva. Le tenemos miedo al pasado, al futuro y al presente. A lo que es, a lo que podría llegar a ser e incluso a lo que no tiene posibilidad de ocurrir. Después de tantos siglos de miedo a lo sagrado y a lo profano, a lo civil y a lo militar, a lo culto y a lo bárbaro, se exige la serenidad y el valor de buscar nuevas emociones. Como dice Javier Villán -periodista grande, crítico excelso e inmenso poeta- en su recién nacido Aquelarre de sombras: «Lo peor es el miedo. El miedo se inventa otros dolores y otros miedos. Lo malo es desconocer el límite». ¿No ha de haber un espíritu valiente, como preguntaba un notable colega de Villán?

ABC - Opinión

El sobrino de don Manuel. Por Cristina Losada

Mientras don Manuel reprocha a Rajoy que no defienda con mayor firmeza la unidad de España, su sobrino, por él encumbrado, disculpa y justifica a los que viven de atizar el odio contra ella. Esperpento.

La tropa del nacionalismo gallego se manifestó en Compostela contra el decreto de Feijóo. Nada nuevo bajo el sol o la lluvia. La algarada callejera, junto a la coacción, el boicot y la amenaza al discrepante, son sus instrumentos básicos. Añádase, para completar el cuadro, la agitación previa en los centros de enseñanza y el carretaxe de profes y alumnos en autobuses. Pura repetición de fenómenos meteorológicos. Ni es novedad tampoco que el Partido Socialista de Galicia se uniera al cortejo del fanatismo lingüístico. Para encontrar sorpresas, hemos de mirar hacia las filas del PP de Galicia.

Resulta que en medio de la manifa unos encapuchados procedieron a la quema de una bandera española. Fueron, como es natural, aplaudidos in situ. El odio a España es el sentimiento que los une y hace felices. Doblemente felices en este caso, pues en quien hallaron más comprensión fue en el diputado y dirigente del PP, Pedro Puy Fraga. Así como los convocantes se desmarcaron de la quema y alguno llegó a tildar a los autores de imbéciles, el sobrino de don Manuel se apresuró a invocar la libertad. "Comparto la opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que quemar banderas es una forma de ejercer la libertad de expresión", afirmó Puy, de quien esperamos una pronta iniciativa para modificar el Código Penal en el sentido que ya propusiera Esquerra. Banderas, dijo, en plural. ¿También las de las comunidades autónomas? Aclárelo el sobrinísimo.

Hay algo que sí dejó claro el portavoz económico del PP y muñidor de una nueva ley de Cajas más intervencionista, si cabe, que la anterior. Su simpatía por quienes se manifestaron contra su Gobierno. Como si fuera también su portavoz, rogó que no se descalificara a aquellas buenas gentes por el episodio de prenderle fuego a la enseña. A fin de cuentas, la bandera de Puy Fraga es el galleguismo de conveniencia, ese pabellón de la derecha vergonzante al que muchos se acogieron para enterrar un pasado franquista. Mientras don Manuel reprocha a Rajoy que no defienda con mayor firmeza la unidad de España, su sobrino, por él encumbrado, disculpa y justifica a los que viven de atizar el odio contra ella. Esperpento.

Libertad Digital - Opinión

El sentido de las palabras. Por Hermann Tertsch

POR fin, después de una larga travesía por el páramo de los eufemismos, las palabras hueras, los conceptos tontilocos, las mentiras descaradas y la baba semántica, nos topamos con un concepto muy claro, que no es otro que el pronunciado por fin por algunos españoles en alta voz como merece: «alta traición». Sería maravilloso que estas palabras tan fuertes fueran el comienzo del retorno a la utilización de la lengua, de la palabra, como ellas y nosotros merecemos. Nunca me cupo la menor duda de que era el término a utilizar para el escándalo del Bar Faisán de Irún, «alta traición». Cuando unos gobernantes tienen en guerra a miles de policías, guardias civiles y otros miembros de la seguridad del Estado, jugándose la vida contra los terroristas y se dedica a ayudar a éstos en contra de aquéllos, difícilmente hay otro término que utilizar. Cuando unos personajes que han jurado defender la Constitución se dedican, por conveniencia política o de cualquier otra índole, a colaborar con los enemigos de la misma, con sus enemigos armados y asesinos, con los que la sociedad española está en guerra desde hace cuarenta años, no cabe otro calificativo que el de traidores. Es bueno y saludable que volvamos a llamar a las cosas por su nombre. Porque nos ayudará a todos a entender que es posible una ofensiva contra la manipulación semántica, que siempre ha sido un instrumento clave en la lucha de quienes nos quieren hacer súbditos, arrebatarnos la individualidad y la ciudadanía e imponer su pensamiento único de la mentira amenazante.

Alta traición. Eso es lo que cometió en su día el coronel Alfred Redl, en principio brillante oficial del servicio de información del Ejército austrohúngaro, jefe del Estado Mayor del VIII Mando con sede en Praga. Trabajó para el enemigo hasta que, sabiéndose delatado, se pegó un tiro en Viena. En caso de no haberlo hecho, habría sufrido más. Primero, el oprobio y después, un fusilamiento. Tranquilos todos, que nos vamos conociendo. Nadie interprete esto como una llamada a utilizar los métodos expeditivos de antaño. Ni siquiera es una llamada al respeto a un cierto código de honor que los personajes implicados en el caso que nos ocupa probablemente no conozcan. Y de conocerlo les importaría un bledo. En realidad, lo que ha sucedido es que al código del honor o de la fe lo ha sustituido ese código implacable de la conveniencia. Tiene razón Jaime Mayor Oreja cuando dice que el caso Faisán sólo es una parte de la gran operación lanzada por los socialistas y nacionalistas para despojar de derechos y libertades a media España aliándose con la banda terrorista. Así empezó todo en el Tinell y en Perpignan. Y ahora estamos aquí, con la certeza de que altos mandos policiales y políticos traicionaron a sus subordinados, convencidos de que así tendrían un beneficio propio. Ayudaron a los asesinos de cientos de policías y guardias civiles, de trabajadores y empresarios, también de algún niño, para lucrarse en su carrera o promocionar su poder. ¿Verdad que dicho así suena bastante tremendo lo sucedido? Pues creo realmente que no hay otra forma de decirlo. Como dice el gran Santiago González, no tenemos versión más verosímil. El código de la conveniencia, que en este país nadie simboliza mejor que el juez Baltasar Garzón y su gemelo moral, que es el presidente del Gobierno, todo lo hace factible y explicable desde un escudo hipócrita de buena voluntad. Pero no desesperemos. Nuestro Fouché Rubalcaba va a tener dificultades en explicar toda la «normalidad» de las conversaciones entre sus protegidos en aquel momento en el que su Ministerio hizo un pacto, una alianza, con quienes mataban y matan a quienes están a sus órdenes. Suena fatal esto último. ¿Verdad? En eso radica muchas veces el sentido de las palabras.

ABC - Opinión

Montilla y Barreda, socialistas a la contra del gobierno socialista . Por Antonio Casado

Hoy a mediodía sabremos si el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona) se une al de Yebra (Guadalajara) como aspirantes al almacén de residuos nucleares (ATC) en el concurso público convocado por el Gobierno de España. Es la idea apoyada por el alcalde, Rafael Vidal, y los concejales de CiU, más el socialista y el ex alcalde. Total, seis votos.

Suficientes para entender por qué apenas había quince o veinte vecinos del pueblo entre los 2.000 manifestantes que el domingo acudieron a Ascó para oponerse a la instalación de un ATC. Suficientes también para dejar la pelota en el tejado de los jefes de fila de estos concejales cuando toque explicar su forma de entender la autonomía municipal.

Hasta ayer mismo, al presidente de la Generalitat, José Montilla, se le había llenado la boca con palabras de respeto a la voluntad democrática de los vecinos. Se podía deducir su posición si, junto al confesado respeto por la autonomía municipal, en su historial político figura el copyright de los ATC. En el reclamo de un almacén centralizado de residuos radiactivos para antes del 31 de diciembre de 2010 (a partir de esa fecha Francia nos ha de devolver los residuos de Vandellós 1), la firma que aparece en el BOE es la de José Montilla, como ministro de Industria en el año 2006.

El ahora president acudió ayer a la tele para responder a quienes estos días venían acusándole de mirar hacia otro lado. Antes de pasar al plató de Antena-3, tuve ocasión de hablar con él y descubrir que su previsible discurso de ex ministro de Industria (ATC necesario, nada contra la energía nuclear, respeto a la voluntad de los Ayuntamientos), había incorporado dos elementos nuevos. Uno, “consenso social”. Y dos, “equilibrio territorial”. Lagarto, lagarto.

ATC sí, pero...

Minutos después, ante las preguntas de Susanna Griso, se quitó la careta: “No quiero un almacén nuclear en Ascó”. Acabáramos. Montilla se mimetiza de este modo con los dirigentes de su principal adversario político (CiU) y de sus propios socios de gobierno en la Generalitat (ERC e IC) para que nadie tome ventaja electoral de cara a las elecciones catalanas del próximo otoño. También se mimetiza con el también socialista José María Barreda, presidente de Castilla.La Mancha. Éste en relación con la candidatura ya fletada de Yebra (Guadalajara). Y aquél en relación con la candidatura de Ascó (Tarragona), si es que hoy supera las tremendas presiones recibidas durante las últimas cuarenta y ocho horas.

Dos presidentes socialistas de sendas Comunidades Autónomas se pasan por el arco del triunfo la necesitad de un ATC decretada por el Gobierno socialista de la Nación. Con el agravante de que uno de ellos, Montilla, fue quien puso en marcha el expediente para buscar un emplazamiento adecuado a los residuos nucleares. Tres años después, como president, dice que ATC sí, pero no en Cataluña. Lo mismo que Barreda: ATC, sí, pero no en sus tierras castellano-manchegas. Nadie lo quiere. Como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Ni siquiera se la queda el PP, gran defensor de la energía nuclear pero siempre que no afecte a los intereses electorales de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, como aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha.

El mercado el voto, como telón de fondo. De nuevo, la puja electoral. En vez de aportar elementos de juicio al debate, para formar el criterio de los votantes, la clase política prefiere quedarse en la explotación electoralista del incierto temor de los ciudadanos a la energía nuclear. Me parece una irresponsabilidad, pero esto es lo que hay.

El confidencial - Opinión

No en mi comunidad

Ningún dirigente territorial quiere tener cerca un almacén nuclear que se aprobó por unanimidad

Si el pleno del Ayuntamiento de Ascó (Tarragona), controlado por CiU con apoyo socialista, mantiene lo anunciado, hoy aprobará su candidatura para albergar el almacén centralizado que debe conservar los residuos nucleares de toda España, el ATC. Esa candidatura se uniría a la ya presentada por Yebra, Guadalajara. La decisión de optar al ATC es competencia municipal, según recordó ayer la ministra de Medio Ambiente. Pero tanto CiU como los socios del PSC y, finalmente ayer, el presidente catalán, el socialista José Montilla, han expresado su rechazo a que Ascó acoja dicho almacén.

El debate sobre cómo almacenar los residuos es independiente de la opción a favor o en contra de la energía nuclear. Tanto si se abren más centrales como si se cierran las existentes, sus residuos deberán ser almacenados. Hay para ello tres soluciones: mantenerlos dispersos en instalaciones anexas a las centrales, como ahora; enviarlos a almacenes ubicados en Francia, como también se hace con una parte de los residuos (lo que a partir de diciembre costará 60.000 euros al día); o construir un almacén centralizado de máxima seguridad, preferentemente donde ya haya alguna central. El Congreso aprobó en 2004, por unanimidad, instar al Gobierno a adoptar esta tercera fórmula, avalada como la más eficiente desde el punto de vista de la seguridad.

Los argumentos de Montilla, presionado por sus socios de Gobierno (uno de los cuales, ICV, amenaza con romper el tripartito), son que no hay suficiente consenso para la candidatura de Ascó y que Cataluña ya ha cubierto su cuota de solidaridad con sus centrales, que producen el 40% de la energía nuclear española. En eso coincide con su homólogo castellanomanchego, José María Barreda; la líder del PP en esa comunidad, María Dolores de Cospedal, y el convergente Artur Mas: sí a un ATC, pero no en mi comunidad.

Este doble lenguaje refleja un problema de fondo de la política española: algunos dirigentes autonómicos buscan legitimarse ante su electorado, no tanto por sus posiciones políticas (en este caso, acerca de la energía nuclear), como por la explotación de supuestos agravios frente a otros territorios y la reafirmación de la independencia respecto al poder central y el propio partido. Una estrategia en la que José Bono reveló ser un maestro.

Equilibrios que a menudo les obligan en incurrir en contradicciones. Montilla, por ejemplo, apostó por el almacén centralizado en 2004, como ministro de Industria, y en 2006 impulsó la campaña televisiva en la que invitaba a los ayuntamientos a optar al ATC. En 2008, siendo ya presidente de la Generalitat, su partido se opuso a una moción del Parlamento catalán contraria a la instalación del ATC en Cataluña. Cospedal es a un tiempo la número dos del PP nacional, fuerza que votó el ATC, y la presidenta del partido en Castilla-La Mancha, que expedientará a los concejales de Yebra por presentar su candidatura al mismo.

El País - Opinión

«Cojáimela». Por Alfonso Ussía

Santiago Amón–como Jaime Capmany con su «Diccionario de Tontos»– inició un «Diccionario de Cojos» que nunca vio la luz. Santiago era renco y tuvo a bien intentar clasificar a los suyos. Desde el «engañabaldosas» y el «cojo bicicleta» pasaba por todos los claudicantes posibles y probables. Entre ellos destacaba el «cojáimela», una especie de cojo del que decía que simulaba con pericia la dirección de su paseo, de tal modo, que al mover la pierna afectada ocultaba su intención de ir o venir. El «cojáimela» es, por lo tanto, un cojo confuso que extiende la confusión a los demás.

Antonio Mingote, que termina de cumplir sus primeros noventa y un años de vida, dibujaba plácidamente en su luminoso hogar cuando sonó el timbre de la puerta. Isabel, su mujer, ingresó en su despacho con la buena noticia. «El Gobierno, por tu brillantez y genialidad te acaba de conceder la Gran Cruz del Mérito Civil». Antonio continuó dibujando a pesar de la Gran Cruz, cuando el timbre de su dulce hogar se hizo notar de nuevo. Isabel ingresó en su despacho con la preocupante noticia. «El Ministro de Trabajo se ha querellado contigo porque has menospreciado al honesto gremio de los panaderos. Tienes que personarte ante el juez de inmediato o vendrá la Policía a buscarte». En el mismo día, el Gobierno condecoraba y amenazaba a Mingote con mandarle a los guardias simultáneamente. Un hecho confuso que extendió la confusión a los demás, principalmente a Isabel y Antonio.

El Partido Popular, hasta lo que he podido deducir a lo largo de las últimas décadas, es partidario de la energía nuclear. Los ingenieros y científicos aseguran que es la energía más limpia y segura. Los «verdes sandía» y una buena parte del retroprogresismo se muestran indocumentadamente contrarios. Apoyar la energía nuclear conlleva admitir los llamados cementerios y almacenes nucleares. El Ayuntamiento de la localidad alcarreña de Yebra, de acuerdo con su representación popular y democráticamente, ha considerado oportuno albergar un almacén de residuos nucleares en su soterra. Cinco votos de los representantes del Partido Popular contra dos de los socialistas. Existen almacenes y cementerios nucleares seguros en Francia y Alemania. Hasta ahí mandamos nuestros residuos. No es cuestión de pormenorizar ventajas e inconvenientes, sino de evitar confusiones. María Dolores de Cospedal se ha mostrado indignada con la actitud de los «populares» de Yebra, que han sido coherentes. Y Javier Arenas los ha defendido. María Dolores los quiere expedientar –¿de verdad o como a Cobo?– y ha desautorizado a Javier Arenas. En este asunto, creo que la coherencia y el sentido común están instalados con mucha más holgura en la nívea cabeza del dirigente andaluz que en la creciente belleza de la portavoz castellano-manchega. Si a estas alturas de la cosa resulta que el PP se ha posicionado en contra de la energía nuclear me barrunto que sus intereses son más electorales y demagógicos que respetuosos con su trayectoria y sus electores, que la verdad sea dicha, están siendo tratados como hielos en una coctelera. Espero con interés las noticias y el desenlace. ¡Qué derechita! ¡Cojáimelas!

La Razón - Opinión

La economía continúa sin levantar cabeza

El FMI ha vuelto nos ha vuelto a echar un jarro de agua fría en sus previsiones para este año.

La economía continúa sin levantar cabeza CUANDO el Gobierno empezaba a jactarse de una posible recuperación de la economía a partir de la próxima primavera, las malas noticias han cortado de raíz ese optimismo fundado más en los deseos que en las realidades. El pasado miércoles, el FMI arrojaba un jarro de agua fría al estimar que la economía española no saldrá de la recesión este año, con una predicción de una caída del PIB del 0,6% en 2010. El FMI pronosticaba crecimientos cercanos al 1,5% en Francia y Alemania y por encima del 2% en EEUU. Mientras se encarecía el coste de las emisiones de Deuda y se volvía a especular con una posible devaluación de la solvencia del Reino de España, el Ibex 35 caía un 5,5% en los tres últimos días de la semana, en un contexto de fuertes ventas de los inversores internacionales, que se están retirando del accionariado de las grandes compañías españolas.

Nada indica que el consumo y la inversión puedan recuperarse en los próximos meses, mientras crece la preocupación por el deterioro de las cuentas públicas, que expresa el creciente desfase entre lo que está gastando el Estado y lo que ingresa. El déficit de caja de la Administración Central se situó a finales de noviembre en 71.000 millones de euros, por lo que resulta más que previsible que el déficit del conjunto de las Administraciones del Estado haya superado el año pasado los 100.000 millones de euros, en torno al 10% del PIB. Aunque el Gobierno asegura que quiere abordar un recorte del déficit, será muy difícil que lo logre, como sus propias previsiones para 2010 indican. Los Presupuestos del Estado establecen una partida de 30.000 millones de euros para pagar subsidios de desempleo. Si a ello se añaden los 23.000 millones en concepto de intereses de la Deuda, el total de ambas partidas asciende a 53.000 millones de euros. Esta cifra supone más de la tercera parte de los 143.000 millones que el Estado espera obtener por impuestos directos e indirectos. Teniendo en cuenta que es muy posible que Hacienda no llegue a recaudar esa suma y que los gastos financieros por la Deuda van a ser más elevados con toda seguridad, nos podemos encontrar este año en una situación en la que casi el 50% de los ingresos fiscales del Estado se van a tener que dedicar a pagar intereses y desempleo. Jamás se había dado una situación tan catastrófica en nuestras cuentas públicas. El Gobierno ha anunciado un plan de austeridad para recortar el gasto, lo que suena a ironía cuando no ha hecho nada para evitar llegar a este enorme agujero negro. Por el contrario, ha firmado acuerdos como el de financiación autonómica que supondrán un importante aumento de la aportación del Estado a medio plazo al derroche de entidades regionales con ínfulas de superpotencias. En realidad, el Ejecutivo de Zapatero ha sido incapaz de acometer reformas tan esenciales como las del sistema financiero o del mercado de trabajo, que ha sido aplazada nuevamente. La única iniciativa visible ha sido el borrador de la etérea Ley de Economía Sostenible, un conjunto de buenas intenciones y de planes de futuro con nula incidencia sobre la dramática situación actual. En este contexto, resulta patético que el presidente del Gobierno se presente en Europa como el líder de una recuperación económica que no tiene visos de recalar en España. Todo indica que este año 2010 va a ser casi tan malo como el anterior, máxime cuando el abultado endeudamiento externo y el hundimiento del sector inmobiliario van a seguir pesando sobre una economía que no levanta cabeza.

El Mundo - Editorial

El Rafita. Por José García Domínguez

El pobre Rafita, a lo sumo, daría forma a un fracaso de la pedagogía moral comunitaria; en absoluto, a la muy personal e intransferible podredumbre de una soberana conciencia individual.

Parece ser que el ciudadano Rafael García Fernández, más conocido por el nombre artístico de El Rafita, ha vuelto a ser molestado por la Policía cuando en ejercicio de su libre albedrío procedía a apropiarse de un vehículo estacionado en la vía pública. Es sabido: se empieza secuestrando, violando y asesinando a una adolescente, y se puede acabar hurtando turismos sin conductor en La Latina.

Por lo demás, no recuerdo ahora si ha sido Rubalcaba o el propio Rafita quien, a raíz de la falta, ha dado en deponer, solemne, que "el sistema penal español es el más duro de Europa". Un rigor presunto, el reservado a los Rafitas por nuestra Ley, que, de existir más allá de la charlatanería al uso para consumo mediático, devendría inconstitucional. Tan inconstitucional, por cierto, como esa cadena perpetúa pero temporal, o temporal aunque perpetúa, que aún no me he aclarado, lanzada sobre el tapete electoral por el PP en las últimas horas.

Y es que, igual que la carta magna de la Albania comunista proclamó la inexistencia cierta de Dios, la española vigente proscribe de modo no menos hiperrealista la presencia del mal en el Universo. Repárese si no en la roussoniana literalidad de su artículo 25.2. Ese lacónico remedo de la autobiografía de Adán que reza: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". ¿Quién dijo que fue Fraga, y no Foucault, el ponente constitucional de Alianza Popular?

El Rafita, pues, en ningún caso habría de ser castigado, ni antes ni mucho menos ahora. Al cabo, encarna a una víctima de la errada educación que se le proveyó en su día, otro fruto fatal de eso que no ha mucho procedía llamar "el sistema" con distendida naturalidad. Recuérdense las famosas "estructuras" y su interminable rosario de ineludibles imperativos sobre el humano proceder. Así, el pobre Rafita, a lo sumo, daría forma a un fracaso de la pedagogía moral comunitaria; en absoluto, a la muy personal e intransferible podredumbre de una soberana conciencia individual. Porque, al modo del mal, en verdad tampoco la voluntad existe, de creer a los sabios constituyentes. Roguemos indulgencia, entonces, al Rafita por los molestos incordios que entre todos hayamos podido causarle.

Libertad Digital - Opinión

Avisos de líos por parte de los liantes. Por Félix Ovejero

Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.

Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).

Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.

Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.

Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit. Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas. Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.

Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.
La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.

Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.

Félix Ovejero. Profesor de la Universidad de Barcelona

ABC - Opinión

Por el placer de la lectura. Por Jose Luis Sampedro

Cuando yo era un muchacho, en la España de 1931, vivía en Aranjuez un Maestro Nacional llamado D. Justo G. Escudero Lezamit. A punto de jubilarse, acudía a la escuela incluso los sábados por la mañana aunque no tenía clases porque allí, en un despachito que le habían cedido, atendía su biblioteca circulante. Era suya porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos. Sus "clientes" éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes sólo cobraba cincuenta céntimos al mes por prestar a cada cual un libro a la semana. Allí descubrí a Dickens y a Baroja, leí a Salgari y a Karl May.

Muchos años después hice una visita a un bibliotequita de un pueblo madrileño. No parecía haber sido muy frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada quien había ideado crear un rincón exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio las madres acogieron la idea con simpatía porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio los dejaban allí un rato mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos, no era raro que los niños, intrigados por el final, pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. Durante la espera, las madres curioseaban, cogían algún libro, lo hojeaban y veces también ellas quedaban prendadas.

Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos: algunas lectoras eran mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les descubriera otros mundos. Y aún más años después descubrí otro prodigio en un gran hospital de Valencia. La biblioteca de atención al paciente, con la que mitigan las largas esperas y angustias tanto de familiares como de los propios enfermos fue creada por iniciativa y voluntarismo de una empleada. Con un carrito del supermercado cargado de libros donados, paseándose por las distintas plantas, con largas peregrinaciones y luchas con la administración intentando convencer a burócratas y médicos no siempre abiertos a otras consideraciones, de que el conocimiento y el placer que proporciona la lectura puede contribuir a la curación, al cabo de los años ha logrado dotar al hospital y sus usuarios de una biblioteca con un servicio de préstamos y unas actividades que le han valido, además del prestigio y admiración de cuantos hemos pasado por ahí, un premio del gremio de libreros en reconocimiento a su labor en favor del libro.

Evoco ahora estos tres de entre los muchos ejemplos de tesón bibliotecario, al enterarme de que resurge la amenaza del préstamo de pago. Se pretende obligar a las bibliotecas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon para resarcir -eso dicen- a los autores del desgaste del préstamo. Me quedo confuso y no entiendo nada. En la vida corriente el que paga una suma es porque: a) obtiene algo a cambio. b) es objeto de una sanción. Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente ésa, la de prestar libros y fomentar la lectura? Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso dejaron de cobrar por el libro vendido? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos o les servirá de publicidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos?Pero, sobre todo: ¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil. Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra.

Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña.

¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!

El rincón del Trotamundos

Caleidoscopio

Lo que Yebra enseña. Por Félix Madero

YEBRA (Guadalajara) tiene un alcalde al que le va la marcha. Se llama Juan Pedro Sánchez y quiere para su pueblo un almacén temporal centralizado, un ATC, dicen por lo cursi; por lo rápido, un cementerio de mierda nuclear. Antes deberá explicar si es o no parte interesada, porque Sánchez estaba a sueldo de la central de Zorita, propiedad de Unión Fenosa-Gas Natural. Al cerrarse, pasó a depender de la Empresa Nacional de Residuos Sólidos (Enresa), que es la encargada de pilotar el cementerio por el que el alcalde puja. Sí, algo huele a podrido y no es en Dinamarca.

Hablé la semana pasada con el regidor, y la entrevista que se escuchó en Punto Radio sonó creíble y sensata. Esgrimía razones convincentes; desparpajo y sentido común que apoyaba en el entusiasmo de sus vecinos, seguros de que el cementerio traerá inversiones y empleos. Por una razón insuficiente tendemos a pensar que el alcalde de un pequeño pueblo tiene que ser políticamente menor. No, Juan Pedro se explica bien cuando admite estar en la cosa nuclear y militar en un partido que defiende esta energía. Es la paga que le da Enresa la que lo sitúa en la sospecha y la duda. La que uno observa al asistir al combate entre Cospedal y Arenas, ambos dirigentes de un partido lejos del «nuclearnogracias»; duda y sospecha ante la coincidencia de la número dos de Rajoy, aspirante a la presidencia de Castilla-La Mancha, con el socialista Barreda.

¿Por qué se oponen Cospedal y Barreda? No se sabe. Hay más amenazas que razones. Creen que el apoyo al cementerio les quitará votos. Por eso hemos de agradecer al alcalde que haya puesto en evidencia a los que viven a base de encuestas y expectativas electorales. Nos pasamos la vida criticando el poder de los aparatos y la falta de democracia interna en los partidos, hasta que llega alguien y dice que él se debe a su pueblo -¿será verdad?-, y que hará lo que más conviene a sus vecinos -¿será verdad?, vuelvo a preguntarme-, y los pone en evidencia. El de Yebra, al que razonablemente le parece sospechosa tanta coincidencia entre su jefa y Barreda, ha dejado desnudos e inermes a los prebostes de la política regional, y no sólo a ellos. Lo peor, con mucho, es la respuesta de Mariano Rajoy cuando le preguntan: «No tengo opinión fundada», responde. ¿Qué me dicen? Se dispone a heredar el gobierno de España, pero no tiene opinión. De esta masa quebrada está hecha la política. No es lo peor el dichoso ATC. Lo verdaderamente preocupante es el cementerio residual que da cobijo a tanto político. Ahí están viendo los días pasar. Con opinión o sin ella.

ABC - Opinión

La insostenible levedad de Rajoy. Por Emilio Campmany

Aznar expresa ideas y Rajoy, cuando le preguntan, se esfuerza por no hacerlo para no enemistarse con nadie, por improbable votante suyo que sea.

Muchos son los votantes del PP que critican a quienes hacen lo propio con Rajoy y su equipo. Sus argumentos parecen incontestables. Es posible que Rajoy sea un problema en el sentido de no ser el hombre indicado para dirigir a España conforme a los ideales de la derecha. Pero de lo que se trata no es de elegir líder de la derecha, que es cosa que no está al alcance de los militantes por falta de democracia interna en el PP. De lo que se trata es de si a partir de 2012 seguirá o no siendo presidente del Gobierno el actual titular. Los que no lo deseen sólo disponen de una alternativa y esa alternativa se llama Rajoy, por alicaídos que sean los entusiasmos que el personaje despierta. Criticar a Rajoy y a su equipo por parte de quienes desean librarse de Zapatero es un error, pues Rajoy es el único que en la práctica puede librarnos del hijo del viento.

Este planteamiento es erróneo. Aunque en muchas ocasiones lo parezca, Zapatero no es malo por sí mismo, sólo es malo por lo que hace. Si hiciera cosas distintas podría no ser tan malo. Que deje de ser presidente de Gobierno no es algo intrínsecamente positivo. Sólo lo será en la medida en que quien le sustituya haga cosas mejores de las que está haciendo Zapatero. Si el que venga ha de hacer lo mismo o peor, que por difícil que sea no deja de ser posible, carece de sentido desear que el actual presidente deje de serlo.

Todos aquellos que creen que Rajoy es la única alternativa razonable a Zapatero deberían reflexionar acerca de lo ocurrido con la entrevista que en Televisión Española le han hecho a Aznar. El ex-presidente no ha contestado a ninguna pregunta de una forma que no fuera perfectamente previsible para los que han seguido su trayectoria política. Y, sin embargo, sus declaraciones, las de una persona que no tendrá ya la oportunidad de volver a dirigir nuestro país, ni de influir en quienes lo hagan, han acaparado muchos más titulares que las de Rajoy a cuenta de inmigrantes y nucleares, los temas que consumen los debates en los medios estos días. ¿Por qué? Por una sencilla razón: Aznar expresa ideas y Rajoy, cuando le preguntan, se esfuerza por no hacerlo para no enemistarse con nadie, por improbable votante suyo que sea. Aznar tiene una idea clara, equivocada o no, eso es otra cosa, de cuál debería ser la política española respecto de la energía nuclear o de cualquier otra cosa y Rajoy, la tenga o no la tenga, se niega a expresarla.

Mañana Aznar volverá a su FAES, a sus viajes y a sus conferencias en inglés y Rajoy podrá volver a ocupar la primera plana de los periódicos y los primeros minutos de los telediarios, pero eso no evitará que el primero siga diciendo cosas, cuando le acerquen los micrófonos, y que el otro siga sin decirlas por mucho que siempre tenga uno delante.

Lo inadecuado de Rajoy como líder de la derecha española es algo tan obvio que el otrora Pepiño y hoy don José Blanco, en una entrevista concedida a El Mundo, ha dicho: "Deseo que Rajoy sea el candidato en 2012; en eso estoy de acuerdo con el PP". ¿Por qué será?

Libertad Digital - Opinión

Política esquizofrénica. Por José María Carrascal

ESO de exigir a los ayuntamientos empadronar a los inmigrantes ilegales y, al mismo tiempo, ordenar al Ministerio del Interior devolverlos a sus países de origen resume una política gubernamental que vamos a llamar extravagante, por no llamarla sencillamente tramposa. Como enviar navíos de la Armada a defender nuestros pesqueros, y prohibirles que disparen contra los piratas. O liderar la recuperación europea siendo los últimos que vamos a recuperarnos. O lanzar planes de investigación, y recortar el presupuesto de investigación. O despachar un buque-hospital a Haití, faltando camas en nuestros hospitales. O tantas otras incongruencias, contradicciones e incompatibilidades de un gobierno cuya única política es, por un lado, presumir y por el otro, mentir. Claro que, si no miente, ¿cómo va a presumir? Ahí tienen a la vicepresidenta acusando al PP de «oportunista» y «malintencionado». ¿Hay alguien más oportunista y malintencionado que quien sigue negociando con ETA tras haber cometido ésta dos asesinatos, por citar sólo un ejemplo de la doblez y estulticia de un gobierno que, a estas alturas, lo único que hace es tratar de resolver los problemas que él mismo ha creado?

El mayor oportunista en España hoy es José Luis Rodríguez Zapatero, que igual aprueba las leyes más permisivas de aborto para presumir de progresista y acude al Desayuno de la Oración para estrechar la mano de Obama. Que lo mismo monta un cordón sanitario en torno al PP para excluirle de la escena política española, que reclama su ayuda cuando se encuentra entre la espada y la pared. Que duda de la existencia de la nación española en Cataluña, y se envuelve en la bandera española en Madrid. Que presume de «política social», cuando su única política social consiste en dar subsidio de desempleo a los que antes ha enviado al paro.

He calificado esa política de «esquizofrénica», y me arrepiento. La esquizofrenia, a fin de cuentas, es una enfermedad, y las enfermedades, por lo que tienen de involuntarias, requieren comprensión y compasión. Pero la política de nuestro presidente es voluntaria, buscada, planeada incluso. Su cara amable es sólo la tapadera de la otra cara mendaz y sin escrúpulos, que viene practicando en España desde hace cinco años ahora intenta exportar a Europa con la misma desfachatez. Menos mal que los europeos están curados de este tipo de gobernantes nigromantes, y ya le han dicho que mucho cuidadito con los cuentos. ¿Tiene cura? Difícilmente. Va con el carácter, y el carácter, por mucho que se intente cambiar o enmascarar, permanece, marcando nuestra conducta, queramos o no.

Pocas veces habrán ido más del brazo la incompetencia política y la maña para venderla. ¡Dios mío, qué hemos hecho para merecer esto!

ABC - Opinión

Los residuos nucleares entran en política . Por Antonio Casado

La inmigración y el almacenamiento de los residuos nucleares son dos capítulos abiertos de la escopeta nacional. Es de ver y no creer el espectáculo de demagogia y oportunismo que está ofreciendo nuestra clase política en dos temas que de ninguna manera deberían estar en la puja electoral. A la cuestión del empadronamiento de inmigrantes ilegales ya me he referido un par de veces. Hoy toca comentar la nueva oportunidad de hacer el ridículo que no quieren perderse gobernantes y dirigentes de partido de diferente mando territorial.

La polémica sobre el futuro emplazamiento del ATC (Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares) debería estar centrada en su necesidad, en los riesgos que corre la población más o menos próxima y en las medidas de seguridad previstas para eliminar o minimizar esos riesgos. Sin embargo, está centrada en el enfrentamiento de María Dolores de Cospedal con Javier Arenas, dirigentes del PP con diferentes clientelas y diferentes posturas sobre la candidatura del Ayuntamiento de Yebra (Guadalajara) a quedarse con el ATC.

Cospedal, secretaria general, se propone expedientar al alcalde, Pedro Sánchez. Como el vicesecretario general, Javier Arenas, se declaró partidario de respetar la voluntad del citado municipio, a Cospedal no le quedó otra que poner a Arenas en su sitio: “Ni Arenas ni nadie impedirá abrir ese expediente”, tronó ayer desde la portada de un diario nacional.

Todo eso, por la derecha. Por la izquierda, otro tanto de lo mismo. En vez de centrar el debate en las ventajas o desventajas de contar en la zona con el mencionado almacén de residuos nucleares, el ruido político y mediático se orienta hacia la insumisión del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, lo que le hace coincidir con su principal adversaria en las próximas elecciones autonómicas, Cospedal, pero discrepar de su compañero de partido, José Montilla, en su día instigador del ATC (qué remedio, era el ministro de Industria) y a su vez enfrentado a sus socios en la Generalitat.

Si en Castilla-La Mancha es Yebra, en Cataluña es Ascó (Tarragona). Va camino de ser el segundo municipio que aspira a quedarse en concurso público con el ATC. La votación está prevista para mañana a las 11.00, con el voto favorable de los concejales de la mayoría nacionalista (CiU) y el apoyo del concejal socialista (PSC). Como en el caso de Yebra, los ecos de la aspiración de Ascó a quedarse con el ATC se limitan a glosar esta nueva amenaza sobre la continuidad del “tripartito”, pues los socios de Montilla, la izquierda verde de Saura y los republicanos de Puigcercós, antinucleares de nacimiento, recuerdan al president una moción del Parlament contraria al ATC en Cataluña (marzo de 2008, el PSC se abstuvo, todo hay que decirlo) y le amenazan con una reprobación si lo consiente, y menos en una zona ya saturada de instalaciones nucleares y plantas petroquímicas.

Lo dicho. Mientras nos divertimos con los extraños cruces de posturas en función del partido, del territorio y de los cálculos electorales de unos y otros, se nos escapa vivo el debate sobre los riesgos, la seguridad, las inversiones, los puestos de trabajo, la divulgación de lo que es un ATC y cómo funciona, etc. De eso, nada de nada. Por ejemplo, ni una palabra sobre la calidad del terreno o sus condiciones geológicas. No es lo mismo una composición geológica que otra para la instalación del almacén. Pero todo eso da igual. Aquí sólo importa el cabreo de Cospedal con Arenas o la posibilidad de que el ATC de Ascó haga saltar por los aires el tripartito de Montilla. Y no es eso, no es eso.

El confidencial - Opinión

Días contados. Por Carlos Rodríguez Braun

De la Vega incurre en la clásica y pueril contradicción de pretender que la intervención que se presenta como solución no tiene nada que ver con el problema. Y esto es falso, porque el dinero negro es en buena medida causado por la intervención política.

La polémica sobre el dinero negro y sus posibles estimaciones dio lugar a declaraciones más o menos rimbombantes y absurdas, y entretuvo al personal unos días. En ese sentido benefició al Gobierno, porque todo lo que contribuya a desviar la atención del paro resulta a la postre ventajoso para las autoridades. Pero además sirvió para ilustrar un aspecto interesante del socialismo de todos los partidos, que es la ignorancia de las limitaciones y contradicciones de la política contemporánea. Así, leí en El Mundo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había asegurado que el dinero negro tiene "los días contados".

Este disparate podría no serlo si el Gobierno se dispusiera a abrir todos los mercados y reducir el intervencionismo a su mínima expresión. Cabe razonablemente suponer que no es tal la intención de Smiley y su banda. Por lo tanto, podemos concluir que la señora vicepresidenta quiere acabar con el dinero negro con aún más intervencionismo. Esto ignora en primer lugar las limitaciones del Gobierno, que aunque pretenda cambiar el mundo a golpe de leyes, y a leyes de golpe, es claro que no puede hacerlo. Y en segundo lugar incurre en la clásica y pueril contradicción de pretender que la intervención que se presenta como solución no tiene nada que ver con el problema. Y esto también es falso, porque el dinero negro es en buena medida causado por la intervención política y legislativa.

Esto no es reconocido en la política actual, que nos brinda, por ejemplo, el triste espectáculo de unos políticos que presumen de "luchar contra el paro" cuando son sus principales responsables. En estas historias de bomberos pirómanos los momentos más bochornosos pasan precisamente por dicha elusión de responsabilidades políticas. Tomás Cuesta apuntó en ABC una variante ilustrativa de esta actitud al evocar el cuento del parricida que, como atenuante de su crimen, alegó ante el juez que, después de todo, él era un pobre huérfano.

Libertaad Digital - Opinión

«El Baltasar», sin problema. Por Gabriel Albiac

ES terrible que la policía cometa un acto delictivo. En una democracia. Es terrible y trivial. Va en la lógica material de las cosas que el poder abuse de sus recursos. Que abuse infinitamente, cuando ese poder es infinito, como sucede en los Estados modernos -sea cual sea su forma política específica-, que son la mayor concentración de poder material y simbólico que ha conocido la historia humana. Es terrible y trivial: no rompe la integridad constitucional, precisamente porque la integridad constitucional prevé esa lógica y fija una red de controles y castigos ejemplarmente duros para tal tipo de violaciones. A eso se llama división y autonomía de poderes, desde que Montesquieu cristalizó su bella fórmula: «es preciso que, por la fuerza de las cosas, el poder contrarreste al poder». Pero, aquí, Montesquieu fue asesinado en los años ochenta por una patulea de analfabetos arrogantes y cursis. Es terrible y trivial que el ejecutivo delinca. Pero, si se da un paso más, si quien incurre en delito -o quien lo encubre- fuera un juez, si lo hiciera al dictado del poder político, y si el delito quedara impune..., entonces sí, la democracia habría sido destruida.

Lo que pudo haber hecho -de momento, no hay más que indicios, pero ¡cuán aplastantes!- un sector de la cúpula policial en el delito -que no «caso»- Faisán es envilecedor para quienquiera fuese el que dictó la orden. Si ese quienquiera acaba en presidio, en nada habrá sufrido el sistema de garantías democrático: el ejecutivo, a través de sus aparatos específicos de control y violencia, habría infringido gravemente la ley y habría sido, en la proporción misma, castigado conforme al código: las penas para un delito de esa envergadura son altas. Si ese quienquiera no es siquiera llevado ante los jueces, todos despertaremos empantanados en un estercolero. Si quien hubiese decidido que así sucediera fuese un magistrado, entonces más nos vale salir todos en fuga hacia el exilio, antes de que el edificio entero del Estado se nos caiga encima. Y que nadie se engañe, no existe catástrofe natural que se compare en crueldad a la devastación que eso produce.

En otro país del occidente de Europa, suponer siquiera algo así revelaría quizá mala voluntad o excesivo puntillismo. Pero aquí vivimos en el Estado que viene de los GAL; pero aquí es ministro del Interior un hombre de Felipe González. Y después del GAL, de Amedo, Vera, Barrionuevo, González y compañía..., sospechar de quien gobierna es un deber ciudadano. Que alguien que fue ministro con González pueda impunemente regir el ministerio del Interior es algo que helaría la sangre a cualquier habitante de un país con tradición garantista; aquí, ni siquiera nos asombra. En otro país del occidente de Europa, que un magistrado pudiera hacer la diezmillonésima parte de lo que ha venido haciendo Garzón, provocaría una crisis total de Estado; aquí, sólo produce una siniestra risa histérica. No hay un solo ciudadano que esté a salvo -aunque tantos, con ingenuidad, crean estarlo- mientras que un policía pueda tranquilizar a otro, que teme ser cazado por la ley, con ese compadreo de coleguis que transcribía ayer el titular de ABC: «Tranquilo, que con el Baltasar no hay problema».

No. No hay problema con «el Baltasar». Él solo es el problema. Y yo no sé, desde luego, cómo terminará esta historia. Sé -porque eso son verdades que se aprenden en la biblioteca, de la cual ya apenas salgo- que, en el punto al cual llegaron las cosas, la alternativa es: o Faisán o democracia. Asisto a esa paradoja con asco. Con curiosidad académica también. ¿A qué ocultarlo?

ABC - Opinión

El PSOE y el Dinero. Por José García Domínguez

Hemos escuchado el silencio con esos 33 millones de euros que los mandarines de la banca han tenido a bien regalar al PSOE, igual que quien arroja unas piastras al botones de un hotel por andarse presto con el servicio de recogida de equipajes.

Cuentan los más viejos del lugar que cuando una inclemente noche de invierno se congelaron las cataratas del Niágara, todos los habitantes de las cercanías despertaron víctimas del pánico: por primera vez en sus vidas, habían escuchado el sonido del silencio. Y algo parecido ha venido a ocurrir en estos páramos con esos treinta y tres millones de euros que los mandarines de la banca han tenido a bien regalar al PSOE, igual que quien arroja unas piastras al botones de un hotel por andarse presto con el servicio de recogida de equipajes.

Así, de los terribles Savonarolas del libre mercadeo que predican su fe en la Villa y Corte, ensordecedora jaula de furibundos grillos por lo común, cabría recitar aquello tan manido de Neruda: "Me gustas cuando callas porque estás como ausente..." . Y es que pocos silencios tan atronadores recuerda uno como el de tan dóciles corderitos durante las últimas horas. En fin, es sabido, aquí, en la patria del Buscón Don Pablos, la afición se postula en extremo librecambista, sobre todo, de cintura para abajo. Pero en cuanto la devota piedad hacia Adam Smith alcanza la altura de la chequera, la feligresía descubre al súbito modo que, de vez en cuando, la famosa mano del escocés resulta ser invisible por la sencilla razón de que no está ahí.

Sin ir más lejos, tal ocurre con el sector financiero más sólido del mundo. O el más renuente a ceder ni un mísero céntimo al prójimo, que tanto monta. ¿Aunque para qué habría de hacerlo si puede ganarse la vida tomando préstamos al uno por ciento en el BCE e invirtiéndolos, un segundo después, en deuda del Estado al cuatro? Corporativo alarde de heroico patriotismo que, por ciento, recibirá justo reconocimiento con los 140.000 millones de euros de los contribuyentes que se le inyectarán gratis et amore, ora vía FAAF, ora vía FROB. Un déjà vu que en tiempos de Solchaga respondía por el latiguillo falaz de la única política económica posible, y ahora se repite, siempre igual a sí mismo, bajo el fulero mantra del único plan de rescate posible. Como si no hubiera sido ni deseable ni factible auxiliar, por ejemplo, a los titulares individuales de hipotecas, tan ajenos ellos, ¡ay!, a la larga mano de Ferraz.

Libertad Digital - Opinión

La España de los caciques. Por Ignacio Camacho

HAY un hilo que cose, como un factor común invisible, conflictos tan aparentemente dispares como el del cementerio nuclear en Yebra y el de los inmigrantes de Vic, que en sus lógicas distintas y sus motivaciones diferentes simbolizan como un avatar uno de los grandes problemas de la política española: la desestructuración del discurso nacional a favor de un magma fragmentado de intereses territoriales que suplanta o minimiza cualquier política de Estado. Las grandes cuestiones que deberían vertebrar la estrategia de los partidos de gobierno -energía inmigración, agua, hacienda, justicia- han quedado solapadas por una turba de reivindicaciones regionales o locales lideradas por monterillas levantiscos dispuestos a aplicar en sus feudos la ley suprema del electoralismo de aldea, guiados por un cantonalismo montaraz que reduce las estructuras de sus organizaciones a un vago remedo confederal. Cuando la opinión pública demanda grandes pactos transversales que hagan frente a los grandes desafíos de la nación olvida esta lacra sobrevenida que impide todo acuerdo de alcance: antes de pactar con la fuerza adversaria, nuestros dirigentes tienen que tratar de ponerse de acuerdo con las taifas de sus propios poderes neofeudales.

Quizás el caso de Yebra haya alcanzado el paroxismo de la esquizofrenia en tanto que una misma personalidad política suscribe como secretaria general del PP lo que rechaza como candidata autonómica en Castilla-La Mancha, pero no pasa día sin que quede en evidencia en un partido u otro la falta de una autoridad única que articule un mismo concepto de la gobernanza. El peso de los votos en comunidades y ayuntamientos ordena las prioridades por encima de necesidades y programas nacionales, y subordina al interés inmediato de los territorios cualquier decisión de índole estratégica. Se trata de un problema común de cualquier administración descentralizada que en España se ha convertido en la clave de bóveda del Estado contemporáneo. Sin un sistema de valores comunes, basados en la ideología, los principios o el simple análisis de realidad, no existe política de Estado porque el Estado queda reducido a una mera entelequia retórica, a una vaga abstracción redefinida en la práctica por la yuxtaposición y la amalgama.

En un principio el problema lo crearon los nacionalistas, pero el crecimiento hipertrofiado de los regímenes periféricos y su enorme capacidad de distribución de recursos ha eliminado de hecho el concepto de partidos de Estado, reduciéndolos a vastas organizaciones dispersas, a menudo contrapuestas en sus intereses, y a menguados aparatos centrales que a duras penas logran embridar, como en Vic, los primarios impulsos tacticistas de unos jefes de tribu asimilados por conveniencia a la dinámica egoísta y alicorta del nacionalismo. El problema es que en las tribus los que mandan se llaman caciques.

ABC - Opinión

La indefendible posición de la baronesa Cospedal

Si España necesita un almacén residuos, tan buena es a priori la candidatura de Yedra como la de cualquier otro municipio español. Otra cosa es que Cospedal quiera llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha a lomos de la demagogia antinuclear y antinacional.

Hasta la presente legislatura, uno de los rasgos que más claramente diferenciaban al PP del PSOE era que el primero poseía un discurso y un proyecto nacional que compartían todos sus cargos electos y el segundo era una amalgama de Taifas con sus propios intereses y agendas, a menudo contradictorios y antagónicos entre sí. En otras palabras, el primero pensaba España y el segundo huía de España.

Cuando decíamos que el PP era el único partido nacional que quedaba en nuestro país simplemente resaltábamos una realidad palmaria: dentro del PSOE cada caudillo regional diseñaba su propio discurso político, autónomo del resto de las Administraciones Públicas y muy a menudo espoleado por una demagogia nacionalista que veía al resto de sus conciudadanos como enemigos extranjeros.

Célebre fue el caso del Plan Hidrológico Nacional, donde las federaciones socialistas de Aragón y Cataluña azuzaron el odio contra los invasores españoles que venían a robar el agua de su río, mientras en Valencia, Murcia o Almería los socialistas trataban de calmar a sus bases fingiendo que contaban con el respaldo de Zapatero y que el agua finalmente llegaría.

El PP, en cambio, optó por mantener el mismo discurso en Murcia, Valencia, Aragón y Cataluña: el agua no pertenece a los territorios, sino al conjunto de los españoles, de modo que es lógico que se redistribuya desde las cuencas excedentarias a las deficitarias.

En parte esta decisión le costó al PP el Gobierno de Aragón, gracias a la bien articulada demagogia socialista. Pero se sacrificaron unos altos cargos en aras de vertebrar un discurso nacional.

Mucho ha cambiado el nuevo PP de Rajoy, el del "liberalismo simpático" que ni es liberalismo ni simpático, con respecto al anterior PP de Aznar, el de un liberalismo pragmático que favoreció la modernización de España, pero sin duda uno de los cambios más destacados se ha dado en la desmembración de la unidad del partido derivada de la renuncia a mantener un único discurso nacional.

En parte, esta desaparición de la idea de España del ideario popular se ha debido a una necesidad preventiva de llegar a pactos con aquellos que quieren acabar con España; una táctica que parece estar ya dando sus primeros frutos. Sin embargo, semejante irresponsabilidad es sólo una porción de la explicación; la otra tiene nombre y apellidos: María Dolores de Cospedal.

Cada vez resulta más evidente que nunca debería haberse colocado al frente de la Secretaría General nacional del PP a la secretaria general de una sede regional del partido. La persona encargada de articular el discurso nacional de la formación no puede ser la misma que tiene intereses electorales directos en una de las regiones que conforman España, en este caso Castilla-La Mancha. En esas circunstancias, la tendencia natural será que los intereses nacionales desaparezcan de facto al quedar subordinados a los regionales.

Durante las últimas semanas hemos tenido abundantes ejemplos de cómo el nuevo PP parece ser el resultado de zurcir los harapos de los de las reivindicaciones autonómicas desde la perspectiva de la dirección popular castellano manchega. Así, el PP ha pasado a ver con buenos ojos el blindaje del Tajo –lo que supone el punto final al trasvase Tajo-Segura– y a proponer la sanción a los ediles de la localidad de Yedra por, supuestamente, perjudicar las expectativas electorales de Cospedal al prestar un encomiable servicio al conjunto de los españoles.

Si el nuevo PP sigue considerándose un partido relativamente favorable a la energía nuclear y si entiende, por boca de Rajoy, que el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares "a algún sitio tiene que ir", resulta incomprensible que Cospedal utilice la Secretaría General nacional del PP para también blindar a Castilla-La Mancha de la supuesta deshonra de ser la sede del mismo. Si España necesita un Almacén Temporal Centralizado de residuos –y a tenor del coste de no tenerlo, parece que así es–, tan buena es a priori la candidatura de Yedra como la de cualquier otro municipio español. Otra cosa es que Cospedal quiera llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha a lomos de la demagogia antinuclear y antinacional que creíamos que era patrimonio exclusivo de la izquierda.

A la vista del desaguisado, o Cospedal deja de ser secretaria general y candidata del PP de Castilla-La Mancha o abandona la Secretaría General nacional del PP. Lo que es insostenible es tener a una baronesa regional a las riendas de la dirección nacional.

Libertad Digital - Opinión

Un puesto a cambio de silencio

LA preocupación del Gobierno por la evolución del sumario sobre el «caso Faisán» -las últimas revelaciones periodísticas de ABC colocan al Ejecutivo socialista en una situación cada vez más incómoda- es la causa más probable de la proposición que ha recibido el magistrado de la sala Segunda del Tribunal Supremo Luciano Varela para ser miembro del Tribunal Constitucional. El juez Varela es el instructor del procedimiento penal contra Baltasar Garzón por la presunta prevaricación cometida por éste al incoar el sumario por los desaparecidos del franquismo, pese a ser evidente que no tenía competencia para esta investigación. La información que hoy publica este diario sobre las presiones al juez Varela revela una injerencia en la independencia judicial de tal magnitud que debe ser objeto de explicaciones inmediatas por parte del Gobierno. No es admisible en un Estado de Derecho que el Ejecutivo ande trapicheando puestos en las más altas instituciones para cerrar procesos que le incomodan y «apaciguar» a los jueces que le quitan el sueño. No hay que confundirse. El problema del Gobierno no se llama Garzón.

Se llama «Faisán», y si su preocupación no fuera creciendo por días, no se explicaría la osada iniciativa de tentar a un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un trueque de cargo por silencio. Además, aun en el caso hipotético de que se archivara la causa contra Garzón, las acusaciones personadas siempre podrían recurrir ante la Sala Segunda. En el Constitucional no hay plazas para tantos.

Las aguas están turbias en estos procedimientos. Llevan demasiado tiempo empantanados. Garzón mantiene el sumario del «caso Faisán» con una actividad mínima, a la espera de acontecimientos y sin resolver sobre las pruebas que le han pedido las acusaciones ni sobre la petición de archivo que ha presentado el Ministerio Fiscal. El caso contra Garzón está en la misma llamativa inactividad, pese a tratarse de un proceso en el que se investiga un posible delito de prevaricación, el cual, por su propia naturaleza, requiere una investigación muy limitada. Cualquiera que sea la razón de estas dilaciones judiciales, hay mecanismos internos para corregirlas. Lo que no es tan fácil de evitar -y, por esto mismo, es un hecho muy grave- es la intromisión desestabilizadora del Ejecutivo en la Justicia, al que no basta con tener una Fiscalía siempre presta a sacarle de los apuros, y que ya necesita llegar al límite de ofrecer prebendas a los jueces.

ABC - Editorial

`Dans les oeufs´. Por Arturo Pérez Reverte

Como se veía venir –consideren lo de se veía como bordería facilona–, la moda de los restaurantes donde se come a oscuras ha sido saludada con alborozo en España. Faltaría más. En la vanguardia de Occidente. Y háganse cargo del flash: completamente a oscuras, camareros ciegos que te llevan de la mano y sirven platos que no puedes ver, todo a base de tacto, gusto, oído y olfato. Con mucho contacto físico, se añade como incentivo. Hasta para hacer pipí te lleva de la mano un ciego o ciega –no me pillarás esta vez, Bibiana–. Y oigan. De clientes no sé cómo andan esos locales; igual hay bofetadas para meterse dentro. No me extrañaría en absoluto. Los elogios mediáticos son, desde luego, rutilantes. En las páginas de Cultura, por supuesto. Dónde, si no. A fin de cuentas, comer donde Ferrán Adriá equivale a leer tres páginas del Quijote, por lo menos. O cuatro. Dicen. Como los desfiles de moda y el mus. Y las tres en raya. Todo a Cultura. Con foto del restaurante entre el museo Thyssen y la última novela de Saramago. Y lo de zampar a oscuras, además, encima de venir avalado por franquicia con precedentes en París, Londres y Moscú –Dans le Noir, capten el astuto juego de palabras–, tiene ese puntito a medio camino entre museo de Diseño de Zúrich y corrección política que lleva a algunos al límite del orgasmo múltiple. Ahí va una de las reseñas, cuyo recorte atesoro: «La necesidad de experimentar nuevas emociones y el afán de descubrimiento no están reñidos con la conciencia social y la sensibilidad hacia las discapacidades». Con dos cojones.

Iría, lo juro. De no estar un poco mayor para estas cosas –«La experiencia no es apta para quien no ama el contacto físico, ya que el tacto es el sentido estrella de la noche»–, les aseguro a ustedes que caería a cenar allí, sólo por ver cómo se las arregla uno cuando, en la oscuridad, dice: «Camarero, hágame el favor. Necesito miccionar», y el de la ONCE llega, te palpa, te coge de la mano y te conduce a través de la noche procelosa hasta el lugar, supongo que también dans le noir, donde puedes aliviar la vejiga. He visto una foto publicitaria en alguna parte, y es que de verdad dan ganas de abalanzarte al sitio: los clientes apoyados unos en otros y el camarero delante, como bailando la conga. Todo elegante y solidario que te rilas, a base de mucho tacto y contacto físico, como debe ser. Desplegando tu conciencia social y sensibilidad solidaria camino del baño, en alegre camaradería con otros clientes que en ese momento sientan ganas de lo mismo. Guiados todos por camareros invidentes pero expertos, que cual Virgilios abnegados te guíen por la selva oscura de la vida, al fondo a la derecha. Orientándote el chorro una vez allí, supongo. Con paciente esmero.

Lo mejor de todo esto es que me ha dado un par de ideas. Estoy por llamar a mi amigo Félix Colomo –el que me pidió autorización para abrir en el Madrid de los Austrias su Taberna del Capitán Alatriste– y decirle que debería ampliar sus negocios gastronómicos con nuevas fórmulas para forrarse. O para forrarse más, si cabe. Una de ellas podría ser una franquicia de restaurantes que desde ahora mismo le propongo. Sin manos, sería el nombre. Y la gracia del asunto consistiría en que ningún cliente podría usar las manos para comer. Ni de coña. Al entrar se le atarían a la espalda y degustaría las delicias locales sin cubiertos ni nada, agachándose directamente con la boca sobre el plato. Slurp, slurp. Eso haría que el tacto, el gusto y el olfato fuesen protagonistas indiscutibles del asunto. Además, para realzar la conciencia social y la sensibilidad sensible, todos los camareros serían mancos, y servirían los platos sosteniéndolos entre los dientes. Para extremar el concepto, no habría servilletas, y los clientes se limpiarían los morros unos a otros con sonoros lengüetazos. Eso daría lugar a una enriquecedora interacción emocional, que como su propio nombre indica, sería mutua.

Tengo otras ideas igual de gilipollas. O más. Algunas podrían triunfar a tope en esta Europa tonta del ciruelo; donde, como dice mi vecino de página Carlos Herrera, si llega un imbécil más, nos caeremos al agua. Por ejemplo: un restaurante llamado Dans les Couilles, aunque una versión más pedestre –Dans les Oeufs– tendría más garra en España. El toque maestro consistiría en cobrar doscientos euros por cubierto exclusivo para fanáticos del megapijodiseño, soplapollas en general y políticos con Mastercard o Visa Oro del partido. Los políticos, sobre todo, acudirían en enjambres, como suelen. Dans les Oeufs ofrecería emociones y sensibilidad social a mantas. Todo el rato, camareros cuidadosamente seleccionados entre los más robustos y robustas –chúpate ésa también, Bibiana– de los parados que frecuentan comedores de caridad o hurgan por la noche en cubos de basura y contenedores de supermercados, estarían dándoles patadas en los huevos.

XL Semanal