Sobre piratas y corsarios. Por Arturo Pérez Reverte

En los últimos tiempos, con esto de los secuestros de barcos en el Índico y demás peripecias náuticas españolas, las palabras pirata, bucanero, filibustero y corsario han salido mucho a relucir en periódicos, telediarios y sitios así. No siempre con propiedad, creo. Se observa cierta confusión de ideas y conceptos, comprensible quizás en el joven enviado especial que sobre el terreno hace su crónica apresurada; pero no en las redacciones, donde hay jefes de sección, redactores jefes y gente que se supone, aunque sólo sea por edad, vocación y oficio, dedica tiempo a leer, o ha leído. O es capaz de recorrer los metros que separan su mesa de trabajo del estante donde están –deberían– los libros de consulta, o teclear en el ordenata el ábrete Sésamo de la página de Internet –veinte millones de visitas mensuales de todo el mundo– donde se accede al diccionario de la Real Academia Española.

Pirata, comprobarán si lo hacen –dejando mitificaciones románticas aparte–, es el hijo de puta a secas: quien se dedica al abordaje de barcos para robar, sin otro móvil que enriquecerse con el producto del robo. Desde la remota Antigüedad a nuestros días, esta actividad va acompañada de otros desmanes que suelen incluir el asesinato, la violación, la tortura de prisioneros y la exigencia de rescates. Por eso al pirata se le consideró siempre la escoria de los mares, el más bajo escalón de la escala moral. Así, en tiempos de menos matices que los actuales, el que caía en manos de la Justicia terminaba en la horca, como fue el caso de Benito Soto, de quien me ocupé alguna vez en esta página: el último pirata español, ejecutado en Gibraltar en 1832.

Filibustero y bucanero son variantes de pirata caribeño en tiempos de la dominación española. Especializaciones regionales. Los primeros eran ladrones y asesinos a palo seco, sin otra filiación que dedicarse a eso bajo un nombre que se supone derivado de la antigua palabra freebooter, que significa merodeador, o por ahí. Los bucaneros tenían origen francés: eran colonos asentados en el Caribe que ahumaban la carne en lugares llamados boucans, y que acabaron dedicándose al más rentable negocio del saqueo y el degüello marítimo. Ellos convirtieron en nido de piratas la isla de Tortuga y luego Jamaica, bajo la habitual protección inglesa, siempre cínica e interesada a la hora de saquear los intereses españoles en América, hasta que los chicos malos empezaron a saquear también los suyos. Entonces todo fueron tratados internacionales auspiciados por Londres, campañas contra piratas y patíbulos bien provistos. Lo típico de Su Graciosa. Lo de siempre.

Corsario, en cambio, es un título digno, dentro de lo que cabe. Y complejo. De una parte, se aplica a cualquier nave que en tiempo de guerra combata el tráfico mercante enemigo. El acorazado alemán Graf Spee, por ejemplo, era un buque corsario, como lo fue el crucero auxiliar Atlantis –el de la película Bajo diez banderas–, pertenecientes ambos a la marina de guerra alemana, con la diferencia de que el segundo operaba camuflado como mercante de bandera neutral. Pero éstas son variantes modernas. Otra cosa fueron los corsarios clásicos: barcos armados y tripulados por particulares que, en tiempo de guerra, estaban autorizados por su Gobierno, con arreglo a estrictas Ordenanzas, para atacar y apresar a naves enemigas, generalmente mercantes, y también para combatir a las embarcaciones piratas. Eran los corsarios, por tanto, auxiliares civiles de las marinas de guerra, y lo hacían por dinero, a cambio del beneficio obtenido por las embarcaciones apresadas y sus cargamentos. Para esta actividad era necesaria la patente de corso, que sólo autorizaba presas de países con los que la autoridad que expedía la patente se encontrase en guerra, o de barcos fuera de la ley internacional. Frase ésta, la de patente de corso, que ha terminado significando, en uso coloquial, la libertad de que, por diversos motivos, goza un particular para actuar al margen de las normas generalmente establecidas.

En ese contexto, llamar corsarios a los piratas somalíes no es sólo una inexactitud técnica, sino un error moral. Supone dignificarlos con un título impropio, elevándolos de simples saqueadores sin reglas –a toda ropa, decía Cervantes– a una categoría casi respetable. Algo parecido a lo que nuestra imbecilidad nacional hizo en los años 70, al conceder la prestigiosa palabra comandos –combatientes de la Guerra Bóer y fuerzas especiales modernas– a grupos de terroristas vascos cuyo único mérito era apoyar pistolas en la nuca y apretar el gatillo. Así que dejémonos de cursiladas. Corsarios como Dios manda fueron Antonio Barceló, Roger de Flor, Robert Surcouf, John Paul Jones, Jean Lafitte –aunque este último tuviese su punto filibustero–, o los protagonistas de la espléndida novela La cacería, del uruguayo Alejandro Paternain. Lo otro es gentuza del mar, ladrones y asesinos. Para entendernos: piratas.

XL Semanal

Historia de tres acosos que identifican a un país llamado España. Por Federico Quevedo

El pasado 3 de noviembre este diario publicaba en exclusiva la decisión del Vaticano de nombrar a José Ignacio Munilla como nuevo obispo de San Sebastián, en sustitución de Monseñor Uriarte. Desde entonces, las reacciones han sido numerosas, la mayoría de ellas favorables en la medida que han partido del entorno del constitucionalismo y el sentido común. Munilla implicaba, sin lugar a dudas, un cambio significativo en la relación de la Iglesia Vasca con el nacionalismo y, sobre todo, con el entorno político de ETA al que hasta hoy en día buena parte de los prelados y párrocos vascos tratan con demasiada complacencia y no poca colaboración en muchas ocasiones. El nuevo obispo, vasco de pura cepa, siempre había mostrado una cristiana compasión hacia las víctimas del odio y la sinrazón nacionalista y había situado a los violentos en el único sitio donde un católico practicante puede situarles: bien lejos de Dios. La reacción de la intolerancia nacionalista no se hizo esperar, y en los últimos días hemos vivido una verdadera campaña de acoso por parte tanto del nacionalismo oficial (PNV), como del nacionalismo de sacristía en perfecta coordinación el segundo con el primero.

En el caso del PNV no deja de ser sorprendente lo rápido que sus dirigentes cuelgan las sotanas para votar a favor de la ley que convierte en un derecho el homicidio de seres humanos en el seno materno, y se las vuelven a poner para protestar por la decisión vaticana al no comulgar el nuevo obispo con su ideología totalitaria. En el caso de los curas que han firmado el manifiesto contra Munilla el asunto es más grave, porque pone de manifiesto hasta qué punto el aldeanismo nacionalista hace olvidar a los supuestos ‘testigos de Cristo’ que la suya es una religión universal, que no entiende ni de lenguas, ni de razas, ni de culturas, solo de amor y generosidad. Menos mal que a Munilla no parece afectarle la intolerancia de unos pocos, quizás porque como él mismo escribía en El Confidencial en marzo de 2007 “los cristianos creemos que nuestra historia es fruto de la inserción de la eternidad en el tiempo, al mismo tiempo que el tiempo abierto a la eternidad”. Dicho de otro modo, que tiene la paciencia de un santo.

Díaz Ferrán contra las cuerdas

La segunda historia de acoso no es menos sintomática. Ya cuando Gerardo Díaz Ferrán accedió a la Presidencia de la CEOE fuimos muchos los que lo consideramos un error dada su necesidad de que de que el Estado interviniera diplomáticamente como mediador en la causa que enfrentaba a una de sus empresas –Aerolíneas- con el Gobierno argentino presidido por el matrimonio Kirchner. Simplificando, que sus intereses personales podían entrar en conflicto con los intereses de la patronal, como de hecho así fue durante un tiempo, hasta que los empresarios le pusieron las pilas cuando la crisis empezó a hacer mella en las cuentas de resultados sin que el Gobierno actuara y sin que Díaz Ferrán lo denunciara. Fue más o menos la pasada primavera cuando el presidente de la CEOE ‘rompió’ su idilio con Rodríguez y desde entonces se ha convertido en un enemigo del Gobierno y de sus secuaces sindicales.

¿Tiene el Gobierno la culpa de la crisis de sus empresas? ¡NO! Es evidente que eso es responsabilidad suya, pero también lo es que el Gobierno podía haber actuado de otra manera –por ejemplo no suspendiendo la licencia de Air Comet o dándole más tiempo para resolver el problema financiero que le impide pagar desde hace meses las nóminas de sus empleados-, y que no lo ha hecho porque no le interesaba o le interesaba enviarle un mensaje a Díaz Ferrán: “Vamos a por ti”. El presidente de la CEOE se siente perseguido y, aunque eso no es excusa para tapar su mala gestión y su responsabilidad en la crisis de sus empresas que debería llevarle a dimitir de su cargo al frente de la CEOE, no le faltan motivos para ello y para denunciarlo, porque su caso es un claro ejemplo del sectarismo y la intolerancia que practica el Gobierno de Rodríguez.

El ocaso de Garzón

Tercera historia: El Consejo del Poder Judicial ha decidido reabrir el caso contra el magistrado Baltasar Garzón por el asunto de sus clases en Nueva York financiadas por el Santander. Entre la investigación abierta por el CGPJ y el sumario que instruye el Tribunal Supremo por presunta prevaricación en el caso de la causa que Garzón quiso abrir contra el franquismo, parece que el juez tiene contados sus días de toga. El se siente acosado y se ha quejado ante el órgano de Gobierno de los jueces porque la prensa ha publicado historias que le afectan y que en principio deberían estar bajo secreto de sumario, como las cartas a Botín pidiéndole que le financiara sus charlas al otro lado del Atlántico, cartas que demuestras que además de todo lo dicho sobre él, es un mentiroso. La realidad, sin embargo, es que Garzón no es más que víctima de su propia iniquidad, de la manera –a veces vil- que ha puesto el noble ejercicio de la judicatura al servicio de espurios intereses políticos, propios y extraños, y del modo en que él mismo ha practicado sobre otros lo que ahora sufre en su propia piel.

Tres historias. Tres acosos. Tres señas de identidad de un país que camina a la deriva, sin rumbo definido y con un capitán al mando del timón dispuesto a llevarlo directo al abismo. Un país que se define por tres síntomas de una grave enfermedad que afecta a nuestra democracia: la intolerancia del nacionalismo y de una buena parte de la izquierda hacia todo lo que no sea su Pensamiento Único, la corrupción político-económica y la llamada ‘cultura del pelotazo’ que ha creado una auténtica ‘casta’ de poder en la política y sus aledaños, y la decadencia y el declive de las instituciones que deberían sustentar el edificio de la Democracia y que, sin embargo, se encuentran gravemente dañadas por la sumisión al poder. Este país necesita una profunda regeneración, y la sociedad empieza a demandarla cada vez con mayor intensidad en la exigencia. Si los políticos no se dan cuenta y no atienden esta demanda, perderán una oportunidad única de convertirse en referentes de ese cambio, y conseguirán ahondar todavía más en la desafección que la ciudadanía demuestra hacia ellos.

El confidencial - Opinión

Flandes hoy, Cataluña mañana. Por Álvaro Vermoet Hidalgo

Bélgica, único país europeo que ha tardado más de medio año en formar un Gobierno interno e inestable, no funciona como país porque se ha impuesto el modelo territorial que quieren los nacionalistas catalanes y vascos en España.

¿Se imaginan que los nacionalistas triunfasen definitivamente en España? ¿Que lograsen imponer un modelo de Estado basado no en la independencia, sino en la sumisión del resto del país? Dejen de imaginar, vénganse a Bélgica.

Al igual que España, Bélgica es una monarquía constitucional, en la que el Rey no tiene ningún poder. Sucede que en Bélgica, el Gobierno tampoco. Bélgica se divide en tres territorios, tiene seis gobiernos y siete asambleas legislativas (lo que explica que nunca se tome ninguna decisión efectiva... y que las decisiones que se toman nunca sean efectivas). La cooficialidad de lenguas que aún rige formalmente en España no existe en Bélgica, de tal forma que los francófonos (40%), los neerlandófonos (60%) y el pequeño grupo germanófono conforman tres comunidades lingüísticas. Sin embargo, las mismas no coinciden con la división territorial hecha hace décadas, y son los gobiernos territoriales (Valonia, Flandes y Bruselas) y no las comunidades lingüísticas los que tienen todo el poder político.

Mientras que en Bruselas (ciudad-región enclavada en Flandes) rige un bilingüismo estricto, pese a tener sólo un 10% de flamencos frente a un 70% de francófonos y Valonia (que vive una situación comparable a la de Andalucía o Extremadura: estancada económicamente y sumergida en socialismo y corrupción) es francófona, es en Flandes, oficialmente neerlandófona pero con poblaciones francófonas, donde se ha producido y se sigue produciendo un esfuerzo político por desterrar de la vida pública a los francófonos. Como ejemplo, véase la expulsión de los francófonos de la Universidad Católica de Lovaina (donde me encuentro estudiando) impulsada en 1968 por los democristianos flamencos de la Universidad, entre los que se encuentra el nuevo presidente de la UE, Van Rompuy. La estrategia del nacionalismo flamenco (que no es un partido: son todos los partidos políticos a los que se puede votar en Flandes) es la misma que la del catalán: primero apelar a la flexibilidad del país para que quepan las "especificidades" propias y después negar esa misma flexibilidad dentro de su territorio; defender primero un Estado federal (o autonómico) y, obtenido el poder territorial, pasar a defender una confederación; conjugar un discurso y un programa contra el Estado a la vez que dominan todo el poder político del Estado.

La delimitación de Flandes llevó consigo el compromiso de que el Gobierno flamenco respetara a las poblaciones francófonas de Bruxelles Halle Vilvorde (hoy 75% francófonas) que rodean a Bruselas. Sin embargo, los partidos flamencos consideran que ya ha llegado el momento de acabar con esa "irregularidad", empezando por las escuelas francófonas controladas por el Gobierno flamenco. Hace algunas semanas, el parlamento regional se ha arrogado la competencia de "inspeccionar" estas escuelas a iniciativa del partido neofascista N-VA. Recientemente, la mayoría flamenca ha impuesto la "escisión" total de Bruxelles Halle Vilvorde respecto de Bruselas, con el fin de que estos municipios francófonos pasen a estar completamente bajo el control del Gobierno flamenco. Y ello no se hace sólo para impedir que los ciudadanos, mayoritariamente francófonos, puedan expresarse en francés ante la Justicia y ante la Administración (el francés está literalmente prohibido en la administración flamenca).

Lo que pretende impedir Flandes es que los 150.000 francófonos que viven en Bruxelles Halle Vilvorde puedan votar a los partidos francófonos, pudiendo sólo votar a los nacionalistas flamencos, todo ello con la oposición del Front Démocratique des Francophones. A esto hay que añadir el caso de varios alcaldes elegidos por aplastantes mayorías absolutas en estos municipios, no reconocidos oficialmente por el Gobierno de Flandes por haber utilizado sus electores papeletas en francés, lo que ha conllevado una denuncia del Consejo de Europa.

El integrismo lingüístico-territorial aplicado en Flandes se fundamenta, como el catalán, por una parte en una idea de Estado-nación que identifica territorio y lengua y, por otra, en "compensar" la marginación que históricamente han sufrido los flamencos y su lengua, no sólo una marginación política, como en el caso catalán, sino también económica (brillantemente retratada en Daens). El programa de pureza lingüística flamenco acaba de incluir medidas como prohibir el uso del francés durante el recreo o la expulsión sistemática de los niños que hablen en francés durante las actividades organizadas por la agencia deportiva flamenca. La política lingüística del nacionalismo catalán, destinada a convertir el castellano en lengua extranjera en Cataluña, se asemeja pues a la del nacionalismo flamenco, con el agravante de que en Flandes la mayoría no habla francés mientras que en Cataluña se trata de cambiar la lengua materna de muchos ciudadanos que, además, sí es oficial en Cataluña (pese a lo cual los castellanohablantes en Cataluña parecen haber asimilado como algo natural que su lengua no sea oficial "de facto" en su propio país, mientras que los francófonos de Flandes resisten).

Pero es al sistema de partidos políticos a donde quería llegar en la comparativa con Cataluña. Expliquemos la cuestión de los partidos con otra comparación. Cuando Rosa Díez se negó a que Ciudadanos fuera la sucursal de UPyD en Cataluña, buscaba evitar una situación como la del PP en Navarra con la UPN o, sobre todo, como la del PSC, un partido nacionalista catalán que juega el rol de franquicia del PSOE cuando ello le conviene, lo cual resulta dramático dado que los votos originariamente los aportaba el PSOE catalán y no el minúsculo PSC. El resultado es que en la práctica, cada vez más, en Cataluña sólo se puede votar al nacionalismo.Pues bien, en Bélgica la situación de UPN y del PSC es la que define la vida política: no sólo no existen partidos a nivel federal (existen democristianos, socialistas y liberales en los tres trozos del país sin que ninguno tenga relación alguna con su homólogo desde hace décadas), sino que resulta jurídicamente imposible poder votar a los partidos de la otra región, y ni siquiera en las elecciones federales se intenta fingir la existencia de programas o líderes nacionales.

Este modelo, que se impone en Cataluña y se generaliza con el desarrollo Estado autonómico, tiene más que ver con el modelo político que con los sentimientos identitarios de los ciudadanos de estas regiones. La generalización del nacionalismo catalán no se debe a su fuerza social originaria (véase la victoria de los partidos nacionales, UCD y PSOE, en las primeras elecciones catalanas, o la ratificación en referéndum de la Constitución española, que obtuvo más participación que el Estatuto) sino a la falta de sentido de Estado de los partidos nacionales cuando decidieron "confundirse con el paisaje" nacionalista, movidos precisamente por los incentivos que caracterizan el modelo político del Estado autonómico tal y como se está desarrollando. Es por ello que se está llegando a la misma situación en el resto de España, según van adoptando ambos partidos nacionales la estructura de poder del Estado.

Incentivos que perjudican precisamente al sentimiento nacional, puesto que una región en la cual los partidos nacionales no adopten el modelo territorial de poderes (el de Flandes, el de Cataluña) perjudicará a esa región, al carecer de fuerza sus diputados para presionar al Gobierno de la misma forma que lo hacen los nacionalistas. Se incentiva, pues, el poder de quienes quieren acabar de desmontar el Estado y se penaliza a los pocos que resisten.

Bélgica, único país europeo que ha tardado más de medio año en formar un Gobierno interno e inestable, no funciona como país porque se ha impuesto el modelo territorial que quieren los nacionalistas catalanes y vascos en España, y que es al que vamos –sin la preceptiva reforma constitucional que haría falta y que iría en sentido contrario de la que pide la gente– gracias al Tribunal Constitucional y a otras instituciones. En Bélgica se han fomentado las identidades territoriales y lingüísticas frente a la identidad nacional, cuando precisamente las identidades nacionales se crearon para evitar continuos conflictos étnicos o comunitarios.

Tal vez España estaría a tiempo de no acabar como Bélgica en materia territorial si los partidos políticos nacionales pactaran la regeneración del Estado que parecen pedir los ciudadanos. Desde luego, una reforma constitucional sería un paso a seguir, sobre todo en materia de educación y lengua, pero en realidad lo único que hace falta es que los dos partidos nacionales actúen con sentido de Estado. No sé si haría falta un Ministerio de la Identidad Nacional como el francés, pero tengo claro que hace falta una educación nacional y unas instituciones nacionales que refuercen la identidad nacional, basada no en imponer una manera de entender el país, una lengua o un sentimiento territorial, sino en el verdadero respeto a la pluralidad: un régimen político de libertades, fundamentado en la igualdad de los ciudadanos y en la soberanía nacional. Lo contrario, permitir la creación de identidades territoriales en un Estado descentralizado, es el caldo de cultivo para acabar como Bélgica.

Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.

Libertad Digital - Opinión

Lo peor, lo mismo. Por Gabriel Albiac

HERMANN Rauschning transcribió en 1939 esta personal confidencia de Hitler: «Siempre les digo a los míos que disfruten y se enriquezcan... Haced lo que queráis, pero no os dejéis pillar». Lo llama la corrupción dirigida. «A falta de una revolución», Hitler garantizaba la «vía libre al saqueo». Recordé esas palabras en los años en que los gobiernos de Felipe González diseñaron la más fantástica trama de robo y corrupción que, hasta entonces, habíamos conocido. La conjunción Gal+Filesa acabó mal. Puede que esto a lo cual ahora asistimos logre lo que se le fue de las manos al dicharachero caudillo sevillano: la consolidación de un Régimen sin alternativas.

Acaba ahora el año más aciago de cuantos he vivido en democracia. Aciago en lo económico: lo que parecía imposible se ha consumado; la España en expansión del 2004 ha quedado en cenizas; en un vértigo sin transiciones, hemos pasado a tener un pie en la bancarrota; la ruina es tangible en todos los bolsillos; con la única excepción de los políticos; el bolsillo de éstos jamás mengua. Aciago en lo político: piratas que se desternillan ante el veto de usar las armas que pesa sobre el Ejército español; sultán marroquí que aprendió de su padre cómo se debe tratar a ciertos medrosos gobernantes españoles; Al-Qaeda del Magreb, que algo habrá leído acerca de cómo sus colegas en Madrid lograron derribar un Gobierno; referéndums ilegales, convocados por alcaldes que en cualquier país europeo hubieran acabado con sus promotores en humillante presidio... Aciago en lo moral, también: ¿qué sociedad podría mantener su integridad anímica ante la áspera certeza de ser robada y burlada por aquellos que se dan nombre de representantes suyos? Todos aquí han perdido la más ínfima fe en la política, todos saben que el oficio de político es monopolio de una casta sin más criterio que el de sus muy privados intereses, y que nadie va a pagar penalmente por el destrozo realizado.

El enigma es que, en lo más hondo ya de esta podredumbre, ni un estallido de cólera explícita rompa el sosiego de la casta. Nada se desmorona. Muy al contrario: nunca, desde la transición, un Gobierno se ha sabido tan impune; nunca, desde la transición, la resignación y el sálvese quien pueda han corroído tan hondo cualquier residuo de conciencia pública o privada. Es la más dura confirmación de que un Gobierno no precisa inteligencia para consolidarse; sólo una perfecta ausencia de escrúpulos.

Sobre dos puntales se alza hoy la fortaleza del nuevo Régimen: espectáculo y brigadas de choque. Nada que no hayan conocido bien los totalitarismos de entreguerras. Salvo la extraordinaria peculiaridad de que eso funcione tan bien en democracia. Quienes nos hemos reído de la fauna analfabeta de actores y cantautores con ceja subvencionada, no habíamos entendido nada. Confesémoslo: en el tiempo de los televisores, es más eficaz un descerebrado guapo que el mismísimo Einstein redivivo. Hoy, ese club de la SGAE tiene su Ministerio, al frente del cual una tal Sinde. Y Ministerio tienen las brigadas de choque: se llaman sindicatos, porque de alguna manera hay que llamarlas; pero si a cualquiera de los hombres admirables que en el siglo XIX dieron sus vidas por la autoorganización obrera los pusieran delante de esos tipos que viven del erario público y halagan consecuentemente a quien les paga, no sé si lograría vencer su tentación de retorcerles el pescuezo. Tampoco es nuevo ese Ministerio de control obrero: todos los totalitarismos lo tuvieron.

Acaba el año, sí. El más aciago. Lo que viene tiene toda la pinta de que irá a peor. Es decir, a lo mismo.

ABC - Opinión

De la Iglesia vasca. Por José García Domínguez

Elorza, como el ilustre tonsurado, primero paseó bajo palio a los matarifes de Batasuna. Y ahora ansía que Benedicto XVI suscriba un concordato con Erkoreka para que a los obispos los consagre Arzallus tomando chiquitos en los batzokis de Bilbao.

Diríase que la fe del prelado Munilla obedece al más ortodoxo catolicismo hispano, según acaba de denunciar con hastío indisimulado el prestigioso teólogo donostiarra Onán Elorza. Una herejía, al parecer, nunca vista por esas parroquias: el insólito caso del cura que en lugar de rendir culto al dios de la tribu, adora al del Cielo. En fin, ya lo advirtió aquel filósofo anónimo del pueblo: "Hay gente pa to".

Demasiado cobarde para luchar y demasiado gordo para salir corriendo, ese Elorza, el Sancho Panza del Cantábrico que regenta su ínsula Barataria en Donosti, encarna un tipo de zascandil paradójico muy del país: el castizo que no cree en Dios, pero sí en los curas. La suya, pues, es una escatología que empieza y acaba en el fru-fru de las sotanas, que diría Alfonso Guerra. De ahí que le haya faltado tiempo con tal de sumarse a los ayatolás del PNV que exigen explicaciones al Vaticano por lo de Munilla. ¿Quién se debe creer que es el Papa de Roma para poner obispos en la provincia de Guipúzcoa?, barrunta nuestro Voltaire de brasero y sacristía.

Y es que Onán resulta ser un consumado maestro en el difícil arte de estar en misa y repicando, empeño que sólo los muy miserables llegan a consumar con pericia equiparable a la suya. Por algo Elorza, a imagen y semejanza del emérito Setién, ha sabido mantener una exquisita equidistancia moral entre las pistolas y las nucas. Así, como el ilustre tonsurado, primero paseó bajo palio a los matarifes de Batasuna. Y ahora ansía que Benedicto XVI suscriba un concordato con Erkoreka para que a los obispos los consagre Arzallus tomando chiquitos en los batzokis de Bilbao.

"Como se hieren y matan hombres por el servicio de la patria, puédese en sociedad católicamente organizada ajusticiar hombres por infracción del Código divino", garrapateó mosén Sardá y Salvany en El liberalismo es pecado, aquel best-seller de la carcundia carpetovetónica de finales del XIX. La misma que poco después pondría una vela a Cristo y otra a Sabino Arana para predicar "la santa virtud del odio" –Salvany dixit– a los hijos del terruño. Así el espectro del cura Santa Cruz y su nueva partida, la de los cruzados de Uriarte. Pobres diablos.

Libertad Digital - Opinión

Los límites del aire. Por M. Martín Ferrand

«TODO el mundo sabe el límite de lo que es un regalo navideño». Así lo afirma Ana Mato, pensadora de guardia en el PP, para darnos a entender el alcance del «código de buenas prácticas» que ha impulsado Mariano Rajoy para orientación y guía de conducta de los militantes con cargo y representación. Un par de botellas de vino, ¿entran den- tro de lo que el PP y su confuso oráculo entienden como «límite»? Un Château Margaux del 2006, que no es ni el mejor ni el más caro de los vinos de Burdeos, se compra en España por unos 750 euros la botella. ¿Entra en el presupuesto de la honradez que proclama la doctrina popular que, de ahora en adelante, tendrá que supervisar José Manuel Romay Beccaría? ¿Quizás el Pingus del 2006 -980 euros la botella-, por el hecho de ser de la Rivera del Duero, se aproxima más a la unidad de medida de la decencia que acaba de aprobar el Comité Ejecutivo del PP? Más modestamente, aunque sin salir de lo suntuario, ¿un Único de Vega Sicilia del 99 -150 euros botella- quebranta la virtud de un cargo popular?

Es evidente que la corrupción es uno de los grandes males degenerativos de nuestra democracia y es probable que resulte insuparable, en mayor o menor dosis, en un sistema partitocrático que no se ventila con la efervescencia parlamentaria ni se depura con el rigor de una representatividad más nítida de la que nos asiste. Al PP cabe aplaudirle la buena voluntad de abordar el problema y la sinceridad que denota la elección de un vigilante -¡auditor de prácticas internas!- tan solvente como Romay, pero no basta.

Bernardo de Claraval, gran impulsor de la orden del Cister, es uno de los mayores y más trascendentales personajes de la Europa medieval. Sus dichos y sus hechos forman parte de los sólidos cimientos en que se sustenta la realidad actual del Viejo Continente y no es cosa, ni desde el laicismo, de desmerecerle por su santidad. Parece que, con nueve siglos de adelanto, estaba previendo la llegada del PP al escenario político continental cuando dijo, con tanta precisión como belleza, que el camino del Infierno está empedrado de buenas intenciones. La corrupción es el fruto de una sociedad permisiva. Ese es nuestro mal colectivo. El rigor y la exigencia, la pretensión de la excelencia, son la única medicina eficaz contra la enfermedad que se trata de remediar, pero no se administra en cataplasmas ni en dichos de oportunidad.

ABC - Opinión

Garzón o lo que dijo la sartén al cazo

Ahora que Garzón se queja de la lentitud de la Justicia, recordemos que, gracias a uno de sus muchos y notorios retrasos, está aún por esclarecer judicialmente el chivatazo policial a ETA.

Ya es grave que un juez pretenda enjuiciar una causa sin tener competencias jurisdiccionales para ello. Aun es peor si, además, los supuestos delitos que pretende enjuiciar ya han prescrito y, para colmo, sus presuntos autores llevan años bajo tierra. Esto es exactamente, sin embargo, lo que hizo el juez Garzón al arrogarse unas competencias de las que carecía la Audiencia Nacional para enjuiciar unos crímenes como los perpetrados durante la guerra civil y el franquismo, cuya responsabilidad penal había prescrito según los plazos señalados por el Código Penal –por no hablar de la Ley de Amnistía de 1977–, y al acusar de ellos a personas cuyo abandono del mundo de los vivos era tan notorio como el de Franco, Mola, Serrano Súñer, Cabanellas, Muñoz Grandes y el resto de altos cargos del llamado "bando nacional" a los que Garzón, en su enfermizo afán de notoriedad, acusaba nada menos que de delitos asimilables al de genocidio.

Como es conocido, el resultado de todo este trágico esperpento fue la declaración de extinción de responsabilidad penal por fallecimiento de los acusados y la decisión de Garzón de inhibirse de la causa a favor de los juzgados territoriales en los que se encontraban las fosas comunes que mandó abrir cuando se autodeclaró competente para instruir tan delirante procedimiento.

Ante la acusación de prevaricación que ahora pesa sobre Garzón por este asunto, consideramos que ya es bastante desfachatez por su parte su pretensión de hacer creer al Tribunal Supremo que su actuación no la llevó a cabo a sabiendas de que no la respaldaba la ley como para que ahora se permita además presionar a los magistrados quejándose del "retraso injustificado" en esta instrucción que considera "propia de un proceso inquisitorial".

Pero que uno de los jueces con mayor número y más graves causas pendientes de resolución se permita criticar la lentitud del Tribunal Supremo tiene tanta validez como lo que le pueda reprochar la sartén al cazo. Más aun cuando Garzón, al abrir sin amparo legal su causa general contra el franquismo, acaparó por puro afán de notoriedad enormes recursos humanos y económicos necesarios para atajar la lentitud de la justicia.

Recordemos también que, gracias a los muchos y notorios retrasos de Garzón, se dejó de prorrogar en 2007 órdenes preventivas destinadas a evitar que Batasuna pudiese recuperar al menos 48 herriko tabernas embargadas desde 2002. También gracias a otro retraso –o algo peor– de Garzón, Batasuna pudo celebrar numerosos actos políticos durante la negociación del Gobierno de Zapatero con ETA. Recordemos también que en 2008, gracias a otro retraso de Garzón, quedaron en libertad dos presuntos narcotraficantes turcos, ya que este juez fijó la vistilla en la que debía prorrogarse su prisión preventiva dos días después de concluir el plazo legal para poder hacerlo. Eso, por no recordar, entre muchos otros más, el más célebre retraso de Garzón como es el que afecta al esclarecimiento del delito de colaboración con banda armada que cometieron dos agentes policiales, bien motu proprio, bien siguiendo órdenes de sus superiores, al informar a integrantes del aparato de extorsión de ETA de que estaban siendo vigilados por orden del juez Grande Marlaska.

Si la bochornosa actuación de Garzón ante la "paz sucia" de Zapatero le desacredita para que dé lecciones sobre el imperio de la ley y el Estado de Derecho, no es mayor su autoridad moral a la hora de criticar la siempre lamentable dilación de nuestros Tribunales de Justicia.

Libertad Digital - Editorial

La ceja no está de moda. Por José María Carrascal

MÁS que de las encuestas, cuya capacidad de equivocarse casi iguala a la de nuestro presidente, me fío de Pilar Bardem para calcular cuántos turrones se comerá éste en la Moncloa.

Mientras las encuestas parecen pensar más en quién las paga que sobre quién versan, las palabras de Pilar Bardem han sido tajantes como el rayo y rotundas como el trueno. «Yo no soy de la ceja, y al que lo diga lo mato». ¡Menuda forma de decir las cosas! Que doña Pilar no era socialista, sino comunista lo sabíamos. Pero que fuera tan antizapaterista como para estar dispuesta a matar para demostrarlo es toda una sorpresa. Hasta ahora, había dado la impresión de no molestarla que la incluyesen entre los juglares del presidente. Y, sobre todo, ¿qué necesidad tenía de decirlo en un acto tan inocente como la presentación de las memorias de unos actores, a los que quitó todo protagonismo, algo que no se hace nunca a un colega? Habiendo tenido, además, infinidad de ocasiones más propicias para proclamarlo, la última, la lectura que hizo del manifiesto anticapitalista al finalizar la reciente manifestación de los sindicatos. Lo que tampoco le impide, como presidenta de la AISGE, vivir de la forma más capitalista posible, esto es, de las rentas, cobrando derechos de autor por cualquier trabajo más o menos intelectual que hayan hecho. Claro que de estos comunistas nuestros, que van a Cuba sólo como turistas, viviendo, trabajando y cobrando en el capitalismo más grosero, ya no nos extraña nada.

Lo que no hacía falta era la segunda parte de la frase. Eso de matar a alguien por decir algo ya no se estila. Más, en un país como el nuestro, donde se ha llevado a la práctica demasiadas veces. Viene a ser, doña Pilar, como citar la soga en casa del ahorcado. Con que hubiese dicho que no era zapaterista, bastaba. Si, además, nos dice por qué no lo es, o ha dejado de serlo, nos haría a todos un gran favor, dada la confusión reinante. ¿Porque Zapatero no es bastante de izquierdas? ¿Porque, siendo de izquierdas, hace cosas de derechas? ¿O porque ha descubierto que no es izquierdas ni de derechas, sino, simplemente, zapaterista? Y, si quiere hacerse un favor a sí misma, díganos por qué ha decidido decírnoslo precisamente ahora, ya que, en otro caso, olería a oportunismo.

Pero, por favor, sin amenazar a nadie de muerte. A no ser que sea de la izquierda del paredón y los gulags para quienes digan algo que no encaja en el sistema. Cosa que no creo, pues usted ha hecho lo que hizo siempre: leer el guión. Que, además, esta vez es acertado. El club de la ceja anda de capa caída y dentro de poco quedarán en él tan sólo Bibiana Aido y Zapatero. Este último, por llevarlas encima. Aunque habiendo depilación indolora...

ABC - Opinión

Cleptocracia. Por José García Domínguez

El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.

En Mi siglo, soberbio libro de memorias del poeta polaco Aleksander Wat, sostiene el autor que muchas miserias de nuestra civilización son el resultado de no leer en voz alta. A su juicio, una porción notable de la literatura occidental no habría visto nunca la luz si sus artífices hubiesen accedido a recitar las obras antes de editarlas. Simplemente, les hubiera dado vergüenza oír sus propias necedades, concluye Wat con clarividente lucidez. Un hábito higiénico, ése que ahí sugiere, que, una vez convertido el Boletín Oficial del Estado en el principal canal de difusión de la literatura fantástica, convendría extender también a las cámaras legislativas, barrunta uno.

Así, por mucho cemento armado que blinde el rostro de, pongamos por caso Joan Saura, quizá padeciera un acceso de aluminosis facial tras declamar en público ciertas gansadas. Por ejemplo, ese artículo del Estatut que ampara el derecho inalienable de los catalanes –y las catalanas– "a gozar de los recursos del paisaje en condiciones de igualdad". Proclama que quizá resulte una solemne idiotez, aunque no una solemne idiotez gratuita. Al contrario, el precio visado y tasado de esa gran conquista revolucionaria asciende a justo 43.000 euros más IVA. Que tal ha sido la suma abonada por la consejería de Saura a un equipo de expertos en vistas, entornos y panorámicas con tal de estudiar las "percepciones y vivencias" de los catalanes –y las catalanas– en relación al paisaje doméstico.

Fruto de esa exhaustiva pericia, el Joan ha acusado recibo de que al pueblo soberano le placen más los bosques con ríos, arbolitos y pajaritos que los tendidos de alta tensión y las obras del alcantarillado, según acredita el dossier oficial. Una información que, sin duda, podría poseer un valor estratégico incalculable con tal de optimizar la eficacia operativa de la policía autonómica, la competencia que corresponde a Saura en el Gobierno de la Generalidad. En fin, a setecientos mil euros sube la última partida presupuestaria asignada a tales menesteres, acaba de anunciar, indiferente, el diario principal de la provincia, parte indisociable él mismo de idéntico paisaje moral. El derecho a la rapiña del erario con total, absoluta, definitiva impunidad. El retorno urgente al orden medieval a través de la privatización parcelada del Estado. La cleptocracia promovida a suprema seña de identidad colectiva. Catalunya.

Libertad Digital - Opinión

Lo esencial en el PP no es el código sino su aplicación

Nos parece correcto que el PP renueve su código de buenas prácticas, pero es poco creíble cuando la que lo presentar es Ana Mato, que aún no ha explicado sus vínculos con la trama 'Gürtel'.

MARIANO RAJOY cumplió ayer su promesa de redactar un código de buenas prácticas para evitar que lo sucedido en el caso Gürtel pueda repetirse. Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad.

Entre otras cosas, el código del PP establece prohibiciones como aceptar regalos que vayan más lejos de la mera cortesía y obligaciones como separar las actividades públicas de las privadas. Todo ello es digno de encomio, pero difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de alguno de sus miembros. No es cuestión de ensañarse con ella, pero su elección para difundir esta propuesta podría hacer pensar que el PP no se la toma demasiado en serio.

Tampoco refuerza su credibilidad el pacto firmado por el PP ayer en Arrecife para desalojar al PSOE de la alcaldía mediante una alianza con el Partido Independiente de Lanzarote, varios de cuyos concejales están imputados por corrupción.

Entrando en el análisis de las medidas del código, algunas son avances indudables y otras meros principios tan obvios que ni siquiera habría que formular como el deber de «velar por el interés público», actuar con «eficacia y transparencia» o «evitar conflictos de intereses». Sí nos parece en cambio una buena idea obligar a los dirigentes a firmar una carta de compromisos éticos con una declaración jurada de bienes y también la creación de mesas de contratación formadas por dirigentes de diversos perfiles y regladas en sus procedimientos.

Esta última medida está pensada obviamente para evitar la repetición del caso Gürtel, donde la falta de controles propició contrataciones abusivas e irregulares. Es evidente que Rajoy pretende que no se vuelvan a reproducir estas prácticas, aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones a la trama de Correa y Álvaro Pérez.

El PP ya tenía un código de conducta, impulsado por Aznar en 1993, que hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra. Pero Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido.

El PSOE y otras formaciones tienen códigos de conducta similares, lo que no ha contribuido hasta ahora a dignificar la política porque todos sabemos que lo importante no es lo que se dice en esas normas internas sino cómo se aplican. Nadie necesita que se le explique en qué consiste la corrupción. Lo importante es que las cúpulas de los partidos actúen de forma rápida e inflexible contra los militantes que son sospechosos de prácticas deshonestas o enriquecimiento ilícito, en lugar de buscar pretextos para mantenerlos en sus cargos, como está sucediendo y ha sucedido en tantas ocasiones. En este sentido, la iniciativa de Rajoy es buena, pero pronto habrá oportunidades para constatar si la dirección del PP es coherente con los compromisos asumidos en este código.

El Mundo - Editorial

Símbolo de la barbarie

El fracaso de Alfacar no debe abrir la puerta a una búsqueda universal de los restos de Lorca.

La Junta de Andalucía no proseguirá la búsqueda de los restos de Federico García Lorca tras el fracaso de las excavaciones en Alfacar, el lugar donde se le creía enterrado. Es difícil criticar esta decisión, puesto que el objetivo último de las acciones emprendidas hasta ahora consistía en poner fin a lo que se suponía que era una fosa común procedente de la Guerra Civil, en la que, además de otras víctimas anónimas, podía encontrarse uno de los poetas españoles más universales. Continuar indagando en otros parajes sería tanto como sustituir este propósito limitado por otro de alcance general, consistente en localizar los restos de García Lorca allá donde se encuentren. No es seguro que un Gobierno autónomo deba liderar una iniciativa de estas características.

El fracaso de las excavaciones es, sobre todo, el desmentido provisional o definitivo de una hipótesis que, apoyándose en testimonios considerados directos, estableció que García Lorca fue asesinado y enterrado junto a otros compañeros de infortunio en las proximidades del barranco de Víznar. Desde el punto de vista de la historia, hoy se sabe más de la suerte del poeta que antes de emprender las excavaciones; se sabe que, o bien no fue enterrado tras el fusilamiento en el lugar que hasta ahora se creía, o bien que sus restos fueron removidos en algún momento posterior. Encajar esta nueva pieza en el relato de aquella fatídica madrugada de agosto es una tarea de los historiadores. Y dependiendo del resultado, puede constituir una prueba adicional de la vileza con la que se cometió este crimen contra alguien a quien sólo se podía acusar de su formidable talento.

Pero existen, pese a todo, algunas lecciones que convendría extraer de todo este episodio, iniciado en la polémica y concluido en el fiasco. La primera es que tantas y tan buenas razones pueden tener las familias que desean recuperar los restos de sus familiares asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo, como las que, por el contrario, prefieren renunciar a hacerlo, como ha sido el caso de los allegados de García Lorca. Corresponde a los tribunales decidir sobre dos derechos que, aunque enfrentados, son igualmente legítimos y respetables.

Y la segunda lección tiene que ver con el grado de implicación que corresponde a los poderes públicos en iniciativas similares a la que ha promovido la búsqueda de los restos de García Lorca, ya se trate de tribunales o administraciones autónomas. Deberían actuar obedeciendo a su propia lógica institucional, no a los requerimientos de hipótesis historiográficas más o menos verosímiles o más o menos contrastadas. Porque las consecuencias de un eventual desmentido no son las mismas para los investigadores que para un tribunal o para un Ejecutivo.

Fuera o no enterrado en Alfacar tras su fusilamiento, y se encuentren o no alguna vez sus restos, lo cierto es que García Lorca seguirá siendo para siempre un símbolo de la barbarie que asoló el país a partir de 1936.

El País - Editorial

El código "antigürtel", remate de un calamitoso año

Declarar que no existe causa contra ellos que les inhabilite, recibir regalos con mesura o vigilar adecuadamente las contrataciones externas es de un obvio que hace plantearse si en Génova han entendido en qué consiste su trabajo.

Al igual que Zapatero hace unos años dictó un llamado "Código del buen Gobierno" que nadie ha cumplido, empezando por el propio presidente, Mariano Rajoy no se quiere quedar atrás en lo que a nimiedades, buenas intenciones y bobería política se refiere. Más para lavar la cara al partido que para evitar futuros gürteles, ha encargado a Ana Mato –relacionada, curiosamente, con Jesús Sepúlveda, uno de los alcaldes salpicados por la trama de Correa– que elabore un código de buenas prácticas colmado de promesas y propósitos de enmienda.

Este vademécum del político popular es un refrito de lugares comunes que deberían ser de curso obligado para todos los que se dedican a la cosa pública. Declarar que no existe causa contra ellos que les inhabilite, recibir regalos con mesura o vigilar adecuadamente las contrataciones externas es de un obvio que hace plantearse si en Génova han entendido en qué consiste su trabajo. ¿Acaso los populares no lo exigían antes a sus cargos electos y a los del aparato del partido? ¿Es realmente necesario un código para evitar que se produzcan abusos e irregularidades dentro del PP y en las administraciones que gobierna?

Pero lo preocupante en el PP no es esto que, a fin de cuentas, no pasa de ser un juego floral encaminado a conseguir un titular en la prensa, sino el orden de prioridades que Rajoy y los suyos parecen tener. Asumen, por ejemplo, que 2009 fue un buen año, tan bueno como para desear que el que entra sea igual. Tal vez a Rajoy se le ha olvidado ya el calvario judicial y parlamentario que ha tenido que sufrir este año; o la rebelión de UPN con Miguel Sanz a la cabeza; o el magro resultado electoral en el País Vasco; o la decadencia, rayana ya en la insignificancia, del Partido en Cataluña; o los escándalos sucesivos capitaneados por Ruiz Gallardón en la Alcaldía de Madrid.

Aunque Rajoy crea lo contrario, el PP no está en su mejor momento. Lejos de hacer oposición, espera a que su rival caiga para evitar desgaste parlamentario y críticas de la prensa adicta al Gobierno. Ha secuestrado los casi diez millones de votos que recibió en 2008 y los ha puesto al servicio de una causa, la suya, que consiste en erigirse como heredero de la ruina que dejen los socialistas cuando salgan del poder. Con eso parece conformarse. El PP de Rajoy no crece en expectativa de voto, y si mantiene aún cierta diferencia positiva con respecto a Zapatero es por la pésima gestión de éste.

Pero, como sucedió hace ya dos años, las encuestas poco dicen y mucho ocultan. El PSOE, en su línea de fomentar el odio al PP, puede recuperar el terreno perdido movilizando a los radicales que le dieron la ventaja decisiva en 2008. Eso o que se produzca un trasvase de vuelta de los sufragios que el PSOE recogió de los nacionalistas, lo que arrojaría un escenario muy parecido al de 2004, con Zapatero en la Moncloa y Rajoy en la oposición por tercera legislatura consecutiva.

Para entonces, del código de buenas prácticas nadie se acordará, excepto los que, como Rajoy, entienden la oposición como una suerte de ministerio en el que hay que trabajar como si de un funcionario se tratara. Ganar las elecciones es otra cosa que requiere de voluntad: la que a PSOE le sobra y al PP le falta.

Libertad Digital - Opinión

Carta de Pilar Bardem dirigida a MªTeresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno

Bardem prometió apoyo político a cambio del Canon Digital
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Alfacar legendario. Por Gabriel Albiac

LOS muertos no están en ninguna parte. O están en todas, si se prefiere. Los muertos habitan sólo en la memoria. Que inventa su narración, a la medida del presente, al invocarlos. Vivimos todos con nuestros muertos a cuestas: somos ellos. Pero nadie que esté en su sano juicio puede confundir el indispensable subjetivo mundo de sus afectos con la fría objetividad de la historia. Amalgamar ambos planos tiene un nombre: apologética. Sus consecuencias son funestas.

Lorca existe en sus obras. Nada más. El polvo de los hombres muertos es polvo sólo. Indistinto de cualquier otro. Dos mil seiscientos años después, la voz del gran Heráclito de Éfeso debiera conmovernos: no hay nada en los cadáveres. La plenitud de un alma noble, si la hubo, está sólo en todo aquello intemporal que por ella fue forjado. Los monumentos funerarios son sórdidos homenajes a la superstición más negra: esa que prima muerte sobre vida. ¿Qué me importa el lugar donde revuele el polvo que una vez fue Aristóteles? Dejo correr los ojos sobre el texto prodigioso de la Metafísica y allí está cuanto de Aristóteles permanecerá inmune al horadar del tiempo; Aristóteles es esas letras; como es Rembrandt esos golpes brutales de pincel; como sólo hay Monteverdi en el sosiego de la voz con la cual Cathy Berberian pone, en este presente en el que escribo, la insoportable melancolía de Ariadna. La obra maestra abole cualquier presencia corporal de quien la hizo: es la obra de todos, la de nadie. Y por ello es eterna.

Pero el historiador, el historiador debe sobreponerse a sus afectos. Su tarea es áspera y glacial, o bien no es nada. Por eso su enemiga es la memoria, que está hecha sólo de afectos proyectados hacia atrás desde el presente; de esos afectos en los cuales inventamos retrospectivamente un sentido legendario a nuestras vidas. En la memoria habla el mito. La historia empieza donde el mito calla y al sentido se opone el seco dato. No existe obligación de hacer historia. Pero quien quiera hacerla está forzado a una ascética sentimental estricta. Y esa ascética puede ser muy dolorosa. Y no hacerla puede ser que nos consuele. Pero buscar consuelo al precio de ajustar los datos a la medida que nuestros deseos nos exigen, es la vía más segura al desastre. La historia legendaria es siempre coartada de algo. Jacques Le Goff advertía de su peligro a los historiadores: «La memoria no busca salvar el pasado más que para servir al presente y al futuro». Y de esa servidumbre todo poder hace uso rentable y odioso.

Le lección -ruda lección- de lo que acaba de suceder en Alfacar debiera, al menos, hacernos entender eso para lo cual Todorov nos dejó una fina herramienta en Les abus de la mémoire: que «memoria histórica» es, en rigor, un oxímoron, una frontal contradicción en los términos; que la personal memoria es una red de mitologías coherentes, en cuyos nudos construye un sujeto su identidad simbólica e imaginaria; que la impersonal historia busca tejer con constancias materiales, archivos y monumentos la red de determinaciones múltiples que permite fijar un hecho, desnudo de valoración, de afecto, de deseo. Que la historia comienza donde la memoria calla.
La lección -ruda lección- de Alfacar es que no se puede trocar un relato oral en verdad histórica, por muy respetable que el sujeto que nos habló sea. Porque todo sujeto que recuerda miente. Sin saberlo siquiera. Porque no hay memoria humana que no sea leyenda del pasado a su medida. Y todo lo que de conmovedor tiene el afecto para aquel que en él vive, se trueca en fraude cuando del sólo afecto se pretende hacer historia. Como en Alfacar.

ABC - Opinión

Viva Francia (con perdón). Por Félix Madero

ME han gustado los toros hasta el punto de que durante muchos años calenté el cemento en Las Ventas del Espíritu Santo de Madrid. No llamé a la tauromaquia Fiesta Nacional porque nunca vi una fiesta y sí una expresión artística que me llevó a la pintura, a la literatura, al periodismo y a encontrar en el albero la gran metáfora del hombre solo frente a la vida. Nunca hablé de Fiesta Nacional porque conocía a españoles que sin tener una Constitución por Estatuto vivían al margen de los toros: vivían y dejaban vivir. Las únicas fiestas nacionales que conozco son la siesta, la paella, nuestra secular tendencia a la pereza y el puente de la Inmaculada.

Ahora unos parlamentarios desnortados por la borrachera identitaria creen que el problema son los toros, y en eso nos tienen entretenidos. Un día son las consultas separatistas, otros los crucifijos, ahora los toros. Es lo más moderno, prohibir. Prohibido ser español, prohibido el Cristo encima de un encerado, prohibido que José Tomás se vista de tabaco y oro en Barcelona. Habrá que hacer algo, porque no contentos con meter la mano en nuestras carteras, ahora acometen contra nuestras conciencias. Y ahí ya no. Y ahí no hay por qué soportar que tipos con la facha intimidatoria de Joan Tardá te llamen asesino cuando vas a una plaza.

Habrá que reconocer sin embargo que la lidia no pasa por su mejor momento. Le falta verdad. El diestro de Galapagar es un hombre solo frente a tanta mediocridad vestida de luces. Aquí a cualquier sota de espadas la llamamos maestro; a una mona, toro; a una afición excitada y borracha, respetable; a un junta duros, empresario; al periodista sobre-cogedor (separo la palabreja con toda la intencionalidad) revistero. Así, los enemigos de la lidia han ganado su batalla apoyados por unas decenas de políticos que odian a España. Pero aquí estamos, aguantando. Ocurre que los defensores de la lidia han bajado la guardia de un espectáculo que no se sostiene con trampas, y de todas, la peor es la de la mediocridad. Hace años en Las Ventas un aficionado harto de ver cómo un torpe varilarguero se empleaba contra el burel envío al público este mensaje lleno de angustia y desesperación: ¡Y el caballo, qué estará pensando el caballo!

Nos quedará París siempre. París nos pone una silla en el G20, nos trae a los nuestros del Chad, nos limpia las calles de etarras, nos soluciona el problema de Aminatu Haidar, sus políticos firman manifiestos de apoyo a los toros. En Francia no cierran las plazas, las llenan los aficionados que perplejos se preguntan lo mismo que el caballo de Las Ventas: Y estos españoles, qué están pensando estos españoles.

ABC - Opinión

Instrucciones para hacer el indio. Por José García Domínguez

El ecologismo ha sabido buscar alojo en esa región del cerebro donde el miedo y el sentimiento de culpa incuban un microclima moral apto para la más pura irracionalidad.

Tras la soberbia escena cómica de Zapatero en Copenhague, cuando dio en hacer el indio parafraseando la famosa carta ful del piel roja Seattle al presidente de los rostros pálidos, hay algo más que simple indigencia cultural. De hecho, bajo la estomagante cursilería de la frasecita yace, incólume, el mito que alimentó el discurso prometéico de la izquierda a lo largo de las dos últimas centurias: la fantasía del buen salvaje. Esa leyenda urbana que ansía recrear la memoria atávica de un hombre "natural", magnánimo, generoso, libre y gozosamente feliz; idílica criatura cuya inocencia primigenia habría de ser corrompida por la vida en sociedad y sus funestos corolarios: el Estado, la división en clases y la propiedad privada.

Desde que aquel trilero de las ideas que respondía por Rousseau ingeniara ese tocomocho antropológico, legiones de traficantes de sentimientos no han cesado de hacer negocio con la misma estafa. En el siglo XX, la utopía, nombre artístico por el que también es conocida, llenó de cadáveres las cunetas de la Historia gracias a los dos hermanos gemelos que entonces la encarnaban: el comunismo y el nazismo. Ahora, el ecologismo, ideología que mantiene una relación con la ecología pareja a la de la velocidad con el tocino, se ha convertido en la nueva expresión política de una fábula siempre igual a sí misma. Y como todas las creencias que se sustentan en emociones, ha sabido buscar alojo en esa región del cerebro donde el miedo y el sentimiento de culpa incuban un microclima moral apto para la más pura irracionalidad.

Es ese milenarismo apocalíptico lo que late detrás de la gansada zapateril, algo en las antípodas doctrinales del muy prosaico principio de que quien contamina, paga. Lejos de eso, se trata de una actualización de la vieja retórica mesiánica de la "explotación del hombre por el hombre", con la nimia salvedad argumental de que al capital opresor le ha dado por extraer la plusvalía directamente de la Naturaleza. No obstante, amigos, "cuando el último piel roja se desvanezca de la tierra y su memoria sea solamente una sombra de una nube atravesando la pradera, estas riberas y praderas estarán aun retenidas por los espíritus de nuestra gente", que diría el ectoplasma de Seattle. O Zapatero, que tanto monta.

Libertad Digital - Opinión

Los monseñores del nacionalismo, a por el obispo

Se supone que la misión de la Iglesia (la del País Vasco también) es ayudar al prójimo y salvar almas, no liderar proyectos políticos.

LAS MANIFESTACIONES del obispo saliente de San Sebastián valorando críticamente la elección de su sucesor son un suma y sigue al calamitoso papel que una parte de la Iglesia ha tenido y tiene en el País Vasco. Que Juan María Uriarte diga ahora que es «deseable una mayor participación» de las comunidades cristianas en los nombramientos de sus prelados, sencillamente por el hecho de que no considera a monseñor Munilla uno de los suyos, causa vergüenza. Podría haber planteado esa revolución antes, e incluso solicitar que se hicieran primarias, si se permite la broma; por ejemplo, para haber utilizado la fórmula cuando él mismo fue designado obispo de un lugar tan ajeno a sus raíces como Zamora.

Uriarte raya en el cinismo cuando señala que le preocupa «la situación reflejada» en la carta de los párrocos guipuzcoanos disconformes con la llegada de José Ignacio Munilla, cuando incide en que «la comunión está herida» y cuando añade que él mismo informó a las «instancias» oportunas del «perfil» que era «conveniente» para la diócesis. No se puede usar una fórmula más jesuítica -en el peor sentido de la palabra- para echar leña al fuego y azuzar la inquina contra su sucesor.

En cuanto a lo del «perfil», ¿a cuál se refiere Uriarte?, ¿al de quien contemporiza y gasta medias tintas con los asesinos de ETA? Si está poniéndose como modelo, habrá que recordarle que fue él el obispo que reclamó el acercamiento de los presos etarras en el propio funeral de López de Lacalle, el periodista de EL MUNDO asesinado por la banda terrorista. No cabe mayor ignominia. También fue él quien, este mismo año, ha obviado cualquier alusión al terrorismo en la homilía del funeral por el empresario Ignacio Uría, como si hubiera muerto por causas naturales y no tiroteado por ETA.

Las palabras de Uriarte dan verosimilitud a la tesis expresada ayer por la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, que señala al obispo emérito de San Sebastián, Setién -mentor de su sucesor-, como la persona que «está detrás» del documento contra Munilla.

Califica Uriarte de calumnioso que se haya dicho de él que está «más cerca de los verdugos que de las víctimas», pero aunque es cierto que en la entrevista publicada ayer en un diario guipuzcoano reconoce que las familias de los asesinados merecen «una atención mayor» que los familiares de los presos de ETA, sorprende que siempre saque a colación el «sufrimiento» de éstos por tener que desplazarse para visitar a los reclusos, como si fuera indisociable una cosa de la otra y ambas estuvieran en un mismo plano.

El PNV, por tradición tan apegado a las sotanas -esta misma semana ha propuesto, sin éxito, que el Ayuntamiento de San Sebastián le diera a Uriarte la Medalla al Mérito Ciudadano -ha entrado de lleno en la polémica suscitada por el nombramiento de Munilla. Urkullu se puso ayer del lado de los curas rebeldes y acusó a «los jerarcas de la Iglesia católica del Estado español» de ser responsables del conflicto por haberse «entrometido en el ejercicio de la política». Al margen de que bastante ha callado la Iglesia española estos años sobre el comportamiento de destacados prebostes del clero vasco, es un sarcasmo decir que éste se ha mantenido al margen de la política. A la hora de la verdad, son los monseñores del nacionalismo -el PNV y una parte de la Iglesia vasca- quienes alimentan el rechazo a un obispo guipuzcoano, vascoparlante y con un expediente impecable, por el hecho de no estar comprometido con los objetivos nacionalistas. Pero se supone que la misión de la Iglesia es ayudar al prójimo y salvar almas, no ideologías ni proyectos políticos.

El Mundo - Editorial

Que descontaminen otros. Por José María Carrascal

IMAGINEN un viejo edificio donde unos vecinos, tras haber acondicionado su piso con todo confort, dicen al resto que no pueden hacer lo mismo, porque a la larga el inmueble se desplomaría. Es lo que ha ocurrido en Copenhague entre los países desarrollados y los emergentes. Después de haber talado los bosques propios, es muy fácil decir a Brasil que no tale los suyos porque los necesitamos como pulmón del planeta. Con dos coches por familia, es muy fácil decir a los chinos que sigan con la bicicleta por la contaminación. Pero nadie renuncia al coche, ni a la calefacción, ni al aire acondicionado, si puede permitírselo, ni ningún Gobierno renuncia a industrializarse, si representa puestos de trabajo. Creer otra cosa es desconocer la naturaleza humana o pedir a los demás lo que no nos pedimos a nosotros mismos.

La contaminación es producto del desarrollo, y si los ya desarrollados pueden permitirse el lujo de refrenar el suyo, el resto tiene que hacerlo a lo bestia, como lo han hecho todos, sin que nadie pueda impedírselo. Esa es la realidad y eso es lo que se ha impuesto en Copenhague. No ha habido cuotas de emisiones de CO2, ni mecanismos de supervisión, ni castigo para los más contaminantes. Cada país se fijará sus normas, con el objetivo común de que la temperatura de la atmósfera no suba arriba de dos grados. Un acuerdo de mínimos. Lo máximo que podía alcanzarse con tan diferentes perspectivas sobre un mismo problema. Mejor algo que nada se han dicho todos, menos los cinco bronquistas de Chávez.

Que Obama decidiera hacer causa común con los países emergentes en vez de con sus aliados naturales, los desarrollados, indica dos cosas: que Estados Unidos ya no es la única gran potencia mundial y que su nuevo presidente tiene más sentido de la realidad que los líderes europeos. Porque la demanda de energía va a seguir creciendo, nos guste o no, como advierte la última noticia «contaminante»: en 2025, India sobrepasará a China en población. Imagínense a todos pidiendo lo que nosotros tenemos.

Que puedan tenerlo o no dependerá de si seguimos utilizando las viejas fuentes de energía -el carbón, el petróleo- o si usamos otras nuevas. No me refiero a la eólica o la solar, que aparte de contaminar también, son carísimas, sino a las aún desconocidas. Pero para eso hay que descubrirlas. Quiero decir que el problema del medio ambiente no se resuelve con frenar el desarrollo, como piden los autodenominados ecologistas, sino con más desarrollo, con tecnología más limpia, más barata, más eficiente que la actual. Que seguro la hay. Es lo que ha venido haciendo el hombre a lo largo de la historia, pero últimamente parece haber olvidado.

Puede que necesitemos empezar a tener dificultades respiratorias para que nos decidamos a ello. Antes, difícilmente.

ABC - Opinión

El misterio de la tumba dispara el mito de Lorca. Por Antonio Casado

“Lo mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada”, dice Rafael de León en su famoso poema sobre la muerte de Lorca. Pero no reina el verano precisamente en este diciembre del año en curso, que no pasará a la historia asociado al pinchazo del mito lorquiano. Será justo al revés, como conviene a los grandes mitos. Su consagración es la consagración del misterio de su tumba. Una especie de panteísmo que a partir de ahora otorga a los mitómanos la consabida licencia para fabular sobre el paradero de sus restos.

De la Junta de Andalucía depende la continuidad del pulso entre la ciencia y la historia. No ha hecho más que comenzar la marea especulativa. El Caracolar, el Valle de los Caídos o la tumba sin nombre en cualquiera de los cementerios de la zona. Tres hipótesis que pueden ser trescientas cuando el misterio levante el vuelo entre los devotos del poeta, más interesados en la leyenda que en su suporte científico e histórico. Acabarán santificándole, a pesar del ambiente sensorial y absolutamente laico que se respiraba en los ambientes donde se fraguó la amistad de Lorca con Salvador Dalí y Luis Buñuel.

De momento, los arqueólogos nos han vuelto a poner en la pista de la insoportable levedad de ciertas manufacturas históricas. La que acaba de derrumbarse había convertido el barranco de Víznar en lugar de culto. Y se forjó hace apenas medio siglo (confesiones del enterrador, Manuel Castilla, a Agustin Penón en 1956). Imaginemos las ya inaccesibles a la verificación científica por razones de calendario. O las que forman parte del discurso religioso, como la ubicación del portal de Belén, las huellas del pie de Mahoma o la tumba de Santiago. Debe haberlas a patadas, pero eso también alimenta la historiografía. Mejor dejar las cosas como están, aunque los grupos de recuperación de la memoria histórica no parecen dispuestos a resignarse.

En cualquier caso, se corre el peligro de que Lorca (Fuente Vaqueros, 5 junio 1898, hijo de Federico García, agricultor terrateniente, y Vicenta Lorca), acabe siendo más conocido por su muerte que por su vida. En realidad ya casi es así. En la muerte, tanto o más que en la vida, fue donde creció hasta extremos inconmensurables la figura del poeta más representativo de la generación del 27. Lo cual no significa que hasta ese momento fuese un perfecto desconocido, como se llegó a decir. En 1936, el año de su muerte, Federico ya era uno de los poetas, y sobre todo uno de los autores dramáticos, más famosos dentro y fuera de España.

A principios de aquel año todo el mundo hablaba del triunfo de “Doña Rosita la Soltera”, que se acababa de estrenar en Barcelona. Y por aquel entonces su obra “Bodas de Sangre” ya era famosa y ya había pasado de las cien representaciones en Buenos Aires. No es verdad, por tanto, como algunos sostuvieron en algún momento, que de no ser por su trágica y prematura muerte, Federico García Lorca hubiera pasado a la historia como un poeta del montón. De todos modos es justo reconocer que, aunque ya era muy conocido como autor dramático y como poeta antes de morir, con su trágica muerte creció la figura y se forjó el mito de García Lorca. El misterio de la tumba no hace más que echar leña al fuego que alimenta la leyenda.

El confidencial - Opinión

Más ley, menos humo

Las lagunas de la actual norma antitabaco y la evolución social propician su reforma.

Cuatro años de una ley ampliamente incumplida es tiempo suficiente como para abrir un debate sobre sus carencias y su necesaria reforma. Así lo ven la titular del Ministerio de Sanidad, el Congreso de los Diputados y la mayoría de los españoles: hasta el 70% de la ciudadanía está a favor de la prohibición total del consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados, endureciendo la norma.

La ley antitabaco que entró en vigor el 1 de enero de 2006 permite fumar en los bares pequeños (de menos de 100 metros cuadrados). Algunos Gobiernos del PP, como los de la Comunidad Valenciana y Madrid, no han perseguido nunca las infracciones y liberaron a los establecimientos más grandes de la obligación de separar con barreras físicas las zonas de fumadores de las de no fumadores. El resultado, favorecido por las lagunas de la ley, es que no hay una norma clara que los ciudadanos puedan esgrimir para exigir su cumplimiento y que en el 90% de los bares y restaurantes o se puede fumar o no hay áreas reservadas al humo.

Con la entrada en vigor de la norma se redujo modestamente la venta de tabaco y el porcentaje de fumadores está en torno al 24% de los mayores de 18 años. Pero analizada en perspectiva ha demostrado consecuencias positivas en el terreno sanitario y social. En su primer año de aplicación se registró una menor incidencia de infartos y los españoles fuman, en general, más moderadamente que antes. La mayoría de los centros de trabajo (excepción hecha de los de ocio) han quedado liberados del humo y se han despejado los temores de crispación social. Entre los extremos que clamaban contra la nueva inquisición y los fundamentalistas antitabaco se ha instalado una aceptable convivencia y unos hábitos de respeto antes inexistentes. Consecuencia de la ley es, en definitiva, un cambio de mentalidades que favorece un debate mucho más sosegado que el que se produjo en 2005 y el apoyo popular con que cuenta una reforma que promulgue una prohibición drástica y, por tanto, nítida.

El Ministerio de Sanidad ha prometido acometer la reforma durante el primer semestre del año entrante. La prohibición total del tabaco en todos los establecimientos públicos cerrados homologaría a España con otros países europeos y aplicaría las recomendaciones que partieron en su día de Bruselas.

Neutralizada la industria tabaquera, menos activa que en el pasado, escollo importante es el sector hostelero, que calcula en 11.000 millones de euros sus pérdidas en 2010. Hay estudios que sostienen que ni aquí ni en otros países las medidas antitabaco han lesionado sustancialmente sus intereses. Su inquietud es legítima, pero difícilmente asumible frente a la debida protección de la salud pública y la voluntad ciudadana y sus representantes políticos. Al menos, con la reforma, el supuesto perjuicio será igual para todos, dado que ahora sólo los grandes bares y restaurantes están concernidos.

El País - Editorial

El fiasco danés del catastrofismo climático

Lejos de Copenhague ha quedado la pretensión ecologista de elevar las restricciones de gases de efecto invernadero para así poder influir directamente sobre la economía asignando cuotas de emisión a los distintos sectores empresariales.

La Cumbre de Copenhague se ha saldado con un rotundo fracaso para sus promotores y para todos aquellos que pretendían aprovechar las conclusiones más radicales y alarmistas sobre una controversia científica para sacar adelante su agenda política; una agenda liberticida que muy poco tenía que ver con salvar a la humanidad de sí misma y sí mucho, en cambio, con ponerle los grilletes que no pudieron acabar de colocarle durante todo el s. XX.

Apenas un compromiso muy genérico de que las temperaturas no aumenten más de dos grados con respecto al nivel de 1900 y, eso sí, un reguero de miles de millones para los países pobres con los que supuestamente mitigar los efectos de su adaptación a menores emisiones de CO2.

Lejos, por consiguiente, ha quedado la pretensión ecologista radical de elevar los objetivos de restricciones de gases de efecto invernadero para así poder influir directamente sobre la estructura productiva de una economía asignando cuotas de emisión a los distintos sectores empresariales. Los políticos no podrán racionar la creación de riqueza más de lo que ya lo están haciendo con Kioto. Al menos, hay que celebrar que no habrá en principio mayores recortes a la libertad.

Claro que tampoco conviene echar demasiado pronto las campanas al vuelo. Desde luego, los ecologistas están muy decepcionados porque no existirá ningún instrumento jurídico internacional que obligue a todos los países a reducir sus emisiones. Sin embargo, eso no significa que cada país, en su propósito de contribuir a que la temperatura global no aumente en dos grados, no vaya a adoptar unilateralmente cualquier paquete de medidas intervencionistas que les permita a sus políticos controlar porciones mayores de la economía.

En España no podemos sentirnos precisamente reconfortados. Además de estar insertos en la Unión Europea, una comunidad política que en los últimos lustros ha adoptado un perfil claramente antiliberal y calentófilo en la mayoría de sus decisiones, nuestra clase política parece entusiasmada con cualquier iniciativa legislativa, por absurda y suicida que sea, que apele al cambio climático.

Así, nuestro jefe de Gobierno proclama expropia en un delirante discurso la expropiación de todas las propiedades del planeta para entregárselas al viento; una abstracción que equivale a decir que los bienes materiales no son de nadie y que, por tanto, deben ser gestionados irrestrictamente por nuestros representantes colectivos: él mismo.

Y en competencia directa con nuestro socialista presidente, la secretaria general del principal partido de la oposición, María Dólares de Cospedal, se queja de que en Copenhague se hayan adoptado "pocos acuerdos" al tiempo que pide más "concienciación" sobre el cambio climático. Por lo visto, en Elche también se invitó a abandonar el PP al primo de Rajoy.

Puede, por tanto, que el acuerdo de mínimos de Copenhague le sirva de poco a España, asfixiada por una partitocracia intervencionista que se pelea por ser los pioneros en Europa a la hora de restringir libertades. Pero sin duda les será de gran ayuda a muchos otros países con unos políticos más prudentes.

Al final, pues, parece que de la capital danesa sólo ha salido una declaración de buenas intenciones que costará a los países occidentales alrededor de 100.000 millones de dólares en ayudas a los países del Tercer Mundo. Es decir, en volver a demostrar aquella máxima de Lord Bauer que calificaba las ayudas públicas para el desarrollo como la manera de redistribuir el dinero desde los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres. Elevada factura que sin embargo palidece ante otros posibles resultados de la cumbre como habrían sido un control aún mayor de las economías occidentales o la creación de un Gobierno mundial.

Libertad Digital - Editorial

Los toros y la resistencia. Por Ignacio Camacho

SI el argumento más tranquilizador de que dispone el Gobierno para pronunciarse sobre la polémica de los toros en Cataluña es el de que no le gusta prohibir nada -Fernández de la Vega dixit-, los partidarios de la amenazada Fiesta no tienen demasiados motivos para el sosiego. Más o menos como los fumadores, los conductores o los frioleros. Si por algo se caracteriza esta gobernanza líquida del zapaterismo es por su tendencia intervencionista, por su propensión a inmiscuirse en las decisiones individuales de los ciudadanos en nombre de vagos principios de bienestar colectivo. Este Gobierno prohíbe, y prohíbe bastante, y esa ductilidad moral de la que presume para relativizar los grandes principios se vuelve, a la hora de hacer leyes, una dogmática y poco dialogante firmeza interdictoria. De modo que si hay que esperar a que sea el Partido Socialista el que ponga pie en pared en la deriva antitaurina de los soberanistas catalanes es bastante probable que los aficionados barceloneses a la lidia tengan que ir pronto a Zaragoza o a Perpignan como quien peregrina en busca de un placer secreto.

De hecho, la posición del PSC en la ya célebre votación secreta del Parlament ha resultado de una ambigüedad cautelosa y vergonzante. Un pronunciamiento contundente de los socialistas catalanes cerraría casi por completo cualquier posibilidad de triunfo de la tesis prohibicionista del nacionalismo. Pero no se atreven por temor a ser tildados de reaccionarios españolistas, de rancios adalides de la bárbara tradición celtibérica. Y han dado libertad de voto como si se tratase de una insondable cuestión ética relacionada con las más íntimas convicciones de la moral individual y no de un asunto de identidad cultural, social y estética.

Es probable que a día de hoy haya más españoles indiferentes que aficionados a los toros -a mí tampoco me gustan; me aburren, lo siento-, pero la inmensa mayoría los reconoce como una seña de la cultura colectiva, presente en el acervo común del arte, las costumbres y el lenguaje, que es quizá el ámbito donde más profundamente ha arraigado la tradición taurina. Y la mayoría se limita a no ir a las corridas, o a ir muy de vez en cuando como quien se suma a un rito arcaico, incluso decadente, felizmente vivo a través del tiempo y de la Historia, que enriquece el patrimonio inmaterial de la nación con su despliegue ceremonial de ritos y su riqueza simbólica. Pero si los soberanistas catalanes los prohíben precisamente para abolir su carácter de lazo de identidad nacional, empezaremos a reconsiderar nuestra indiferencia como gesto de solidaridad con una libertad cuestionada. Y volveremos a empatizar con la lidia y a defenderla como una amenazada heredad. Quién iba a pensar, como dice el colega David Gistau, que ir a los toros podría convertirse, en pleno siglo XXI, en un acto de resistencia cívica.

ABC - Opinión