Una bomba de relojería para Zapatero

Zapatero parece que no es consciente de lo que se juega en el envite de Haidar, ya que son sus propios simpatizantes los que ahora le niegan su apoyo.

LA FIRME determinación de Aminatu Haidar a seguir su huelga de hambre hasta morir si es preciso y la negativa tajante de Marruecos a admitir su regreso se han convertido en una bomba de relojería para el Gobierno de Zapatero, al que la crisis se le ha escapado de las manos.

La prueba del desconcierto del Ejecutivo es que ayer 200 intelectuales y artistas, casi todos representativos de la izquierda más adicta a Zapatero, avalaron un comunicado en el que se pide al Rey que intervenga ante Mohamed VI para que Rabat acepte la vuelta de Haidar al Sáhara Occidental, dando por hecho que el Gobierno es incapaz de lograrlo.

Ya lo había intentado la semana pasada Cayo Lara, líder de IU, que reveló que la Casa Real le ha contestado en una carta que el Gobierno no considera oportuno por el momento que Don Juan Carlos medie para solucionar el conflicto.

Llama poderosamente la atención una respuesta tan explícita de la Casa Real, que puede ser interpretada como que el monarca se quiere desmarcar de la mala gestión del Gobierno en este asunto. En cualquier caso, según establece la Constitución, el Rey no puede ni debe intervenir sin el consentimiento expreso del Ejecutivo.

Por su parte, Haidar -que lleva ya 25 días en huelga de hambre- compareció ante los medios en el aeropuerto de Lanzarote para dejar claro que no abandonará su actitud hasta que Marruecos no la deje volver a su casa. «La carta de mis hijos me ha empujado a ser más dura que antes. Deseo abrazarles, pero con dignidad», afirmó.

Haidar volvió a insistir en que Marruecos y España han vulnerado sus derechos, desmontando las cínicas tesis de la propaganda marroquí, que recuerdan la hipocresía del franquismo cuando pretendía convertir a las víctimas del régimen en conspiradores sin escrúpulos.

El discurso oficial de Marruecos no se sostiene porque resulta inconcebible, además de violar el derecho internacional, que Haidar no pueda volver al país que ejerce la soberanía sobre el Sáhara, sean cuales sean sus ideas, por el mero pecado de haber afirmado su identidad en un impreso.

Pero el Gobierno español sale también muy mal parado por su debilidad frente a Rabat, que le ha llevado a cometer dos gravísimas chapuzas, de las cuales el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, es el principal responsable.

La primera fue aceptar la entrada en España de Haidar tras su expulsión, ya que carecía de pasaporte, requisito legal imprescindible para que una ciudadana de nacionalidad marroquí entre en nuestro país. Sin la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni hubiera podido embarcar en el avión ni las autoridades aduaneras habrían aceptado que traspasara la frontera.

El segundo error fue intentar repatriarla el pasado viernes sin una autorización del Gobierno marroquí, que, cuando se enteró de que viajaba Haidar, prohibió el aterrizaje del aparato, poniendo en evidencia la precipitación de Moratinos.

Conforme pasan los días, la saharaui va ganando apoyos en la opinión pública de nuestro país. Es un fenómeno que empieza a alcanzar ya la intensidad de un clamor que exige que el Gobierno solucione este asunto no obligando por orden judicial a ingerir alimentos a esta mujer sino forzando a Marruecos a cambiar de posición.

Da la impresión de que Zapatero no es consciente de lo mucho que se juega en este envite, en el que sus propios votantes y simpatizantes son los que más le presionan para que Haidar pueda volver libremente a su tierra. Si este asunto acaba mal, el presidente del Gobierno podría sufrir el mayor descrédito de su carrera política.

El Mundo - Editorial

Zapatero y el enésimo fin de la crisis

El gasto público no produce un crecimiento sostenible, sino uno artificial creado a base de deuda. Así, podría tratarse de una crisis en forma de W, en la que el PIB rebota para caer de nuevo una vez agotados los falsos y cortoplacistas planes de estímulo

Resulta difícil creer al presidente del Gobierno cuando anuncia que España crecerá "con carácter inminente", cogiendo un "tren" que "aumentará su velocidad hasta adquirir la necesaria para recuperar la creación de empleo". Al fin y al cabo, en abril aseguró que era muy probable que "lo peor haya pasado ya"; en mayo que "el deterioro de la economía española está tocando fondo"; en junio que "lo peor de la crisis ha pasado ya"; en agosto que "la fase más cruda de la crisis ha pasado ya"; en septiembre que "la fase más aguda de la crisis la hemos dejado atrás" y en noviembre que "lo peor de la crisis ha pasado".

Ignoramos si el Gobierno sigue creyéndose que los mensajes positivos generan confianza en la economía; si así fuera, deberían empezar a pensar que quizá, sólo quizá, la continua repetición de fallidas profecías no es algo que permita mantener mucho la fe en el Ejecutivo. Es posible, en cualquier caso, que el objetivo de esta continua repetición de sucesivos finales de la crisis no sea otro que poder felicitarse luego cuando, por fin, termine acertando.

Al fin y al cabo, es muy posible que merced al desaforado derroche de este Gobierno un trimestre de estos la economía deje de contraerse. Ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, dadas las medidas adoptadas por Zapatero, no cabe concluir que estaríamos ante el final de nuestros problemas. El gasto público no produce un crecimiento sostenible, sino uno artificial creado a base de deuda que finalmente habremos de pagar. Así, podría tratarse de una crisis en forma de W, en la que el PIB rebota para caer de nuevo una vez agotados los falsos y cortoplacistas planes de estímulo económico. O, casi peor, podría ser una crisis a la japonesa, en la que tuviéramos un largo periodo de crecimiento cercano a cero que no permitiera crear empleo.

Incluso cabe el riesgo de que suceda la catástrofe de que Grecia suspendiera pagos. ¿Por qué afectaría esto a España? Porque, teniendo una deuda superior a la nuestra, que supera el 120%, padece los mismos problemas que nosotros, con un déficit del 12% y unos planes de reducción del agujero en las cuentas públicas tan poco creíbles como los de Zapatero. Si Grecia cae, los inversores previsiblemente huirían de países con problemas similares, y entre ellos destaca España, que no encontraría forma de financiar su abultado déficit.

Ante esta situación, la única salida de todo Gobierno responsable sería reducir el gasto abandonando todos los planes de estímulo, dejar que se purguen las malas inversiones en lugar de mantenerlas con la respiración asistida del gasto público y liberalizar el mercado laboral. Pero ya conocemos en exceso a Zapatero como para hacernos la ilusión de que pueda llegar a hacer lo que necesita la economía si eso va a reducir su popularidad aunque sea sólo un poco. Tiene razón Aguirre: sólo cuando el actual presidente deje su cargo cabrá alguna esperanza de recuperación. El problema, claro, es que no parece que los actuales dirigentes nacionales del PP estén dispuestos a abordar con seriedad esos mismos problemas que Zapatero esquiva con su insensato optimismo.

España, y de eso sabe algo el PP, ha disfrutado de una época en que el Gobierno llevó a cabo una política de austeridad que condujo a un periodo de prosperidad con pocos precedentes en la historia de nuestro país. No estaría de más recordarlo cada vez que Zapatero vuelva a anunciar el fin de la crisis. Que seguramente sea pasado mañana.

Libertad Digital - Editorial

Un legalismo erróneo en el «caso Haidar». Por Andrés de la Oliva Santos

Los portavoces de varias asociaciones judiciales y la Organización Médica Colegial (OMC) afirman que la alimentación forzosa de Aminatu Haidar no es posible a causa de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, «básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica». Según la prensa, la OMC ha llegado a afirmar que sería delictivo salvar la vida de Haidar contra su voluntad. Pienso que esos magistrados y médicos cometen un grave error, compartido, al parecer, por el Juez competente. Y, con urgencia, explico mi criterio.

Ante todo, es de recordar que, conforme al art. 3.1 del Código Civil, en sede de su Título Preliminar, conjunto normativo al que los juristas reconocemos categoría cuasi-constitucional, «las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas». Esos diversos elementos interpretativos no son subsidiarios unos de otros. Todos han de ser tomados en consideración. Y el más importante de todos es el del inciso final, que incluye un adverbio imposible de ignorar: «atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas» (de las normas). Es lo que se denomina criterio teleológico: con qué fin razonable ha sido aprobada cada norma.

Al invocar, como ley aplicable primordialmente al «caso Haidar», la Ley 41/2002, se está olvidando lo que esa misma ley afirma, en sus primeros preceptos, sobre su ámbito y su objeto: En el art. 1 leemos que «tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica». Y el art. 2.1 afirma que «la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica».

Se trata, pues, de una ley sobre aspectos de la asistencia médica y sanitaria a «pacientes» y a «usuarios». Y aquí ya resulta obligado plantearse si Haidar, acostada en el Aeropuerto de Lanzarote, es una «paciente» o una «usuaria», en el sentido de esa Ley. Véase: «paciente» es la «persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud»; y «usuario», la «persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria». (art. 3) Según estas definiciones, Haidar no es ni «paciente» ni «usuaria». Me parece más que dudoso que dejar morir a Haidar venga exigido por la autonomía de la voluntad de los «pacientes» o «usuarios» de centros y servicios sanitarios.

Y es que, además, ocurre algo sumamente significativo, a saber: que en toda la Ley 41/2002 no se utiliza ni una sola vez la palabra «vida». ¿Por qué? ¿Porque nunca, durante la elaboración de la ley, pensaron en la vida ni el Gobierno ni las Cámaras legislativas? Es una explicación inaceptable porque resulta altísimamente improbable tamaño despiste mental. Mucho más convincente encuentro entender que, en todo lo que esa Ley regula, la Ley se quiere referir, y de hecho se refiere únicamente a la salud: a la salud y a la enfermedad, no a la vida o la muerte. ¿Cómo se atreven entonces a sostener, con esa Ley en la mano, que la dignidad de la persona incluye legalmente una especie de «derecho al suicidio» y que el respeto a esa dignidad impone contemplar impasibles cómo una persona muere desnutrida y deshidratada? Nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha negado en varias ocasiones la existencia de un «derecho a la propia muerte».

Defiendan, pues, si pueden, su particular idea de «dignidad de la persona», pero no con invocación de esa Ley. No digan que se alza como obstáculo insalvable para evitar la muerte, por voluntaria que sea, en un caso que nada tiene que ver con enfermedad penosa o terminal, con la objeción de conciencia o con el derecho a la libertad religiosa (como los Testigos de Jehová para rehusar transfusiones de sangre). Y cuando esgrimen la «autonomía de la voluntad», sean serios. Esa «autonomía de la voluntad» de la Ley 41/2002 es la «autonomía del paciente». Y la autonomía del paciente, ha de relacionarse con tratamientos relativos a la salud, que es de lo que la Ley trata, pero dejando a un lado el riesgo inminente de perder la vida o el peligro cierto de muerte inmediata. Así, pues, como quiera que a) esa autonomía del individuo no llega a ser «derecho a la muerte»; b) la vida es, según el común sentido y reiterada jurisprudencia del TC, «un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» y un «supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible», etc; y c) muchas personas distintas tienen diversos deberes de protección de la vida, la conclusión es que médicos y jueces deben proceder sin demora a evitar la muerte de Haidar.

La atención a lo que, en tales y cuales casos (distintos del presente), dijeron este y aquel tribunal, una atención que, por lo demás, casi nunca incluye la lectura íntegra y atenta de las sentencias, no debe reemplazar el esfuerzo de interpretar racionalmente las normas, en el conjunto del entero ordenamiento jurídico. Del legalismo miope derivan barbaridades como la de que, ante alguien tendido en el suelo de un aeropuerto, o en la calle, tenemos que esperar a que se encuentre inconsciente y casi muerto para hacer algo en favor de su vida. De ese legalismo deriva también el despropósito de que a un preso sí se le puede imponer la alimentación que le salvará, porque se encuentra en el interior de un establecimiento penitenciario y, en cambio, hay que dejar que muera quien no está privado de libertad (aunque también en un recinto estatal). Al borracho o drogado, que no está en condiciones de opinar sobre sí mismo, se le puede salvar incluso sin buscar, encontrar y recabar de su representante legal el consentimiento informado. Se pretende, en cambio, que si alguien se está dejando morir conscientemente, su libertad (léase «autonomía») y su dignidad personal nos exoneran de evitar su muerte.

Nunca, en nombre del Derecho, que tiene entrañas de razón y de humanidad, aceptaré la degradación de la libertad y de la dignidad que supone la omisión de ayuda, administrativa, médica y judicial, para evitar la muerte. Todos, de sernos posible, y sin necesidad de «consentimiento informado», debemos salvar la vida de la persona que está por arrojarse al vacío desde un puente. No hay «testamento vital» que valga ante una situación como ésa. La libertad de una persona puede incluir, sí, el propio aniquilamiento, pero cuando llega a ese extremo, deja de merecer respeto absoluto y no prevalece sobre los deberes de otras personas.

Andrés de la Oliva Santos, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense

ABC - Opinión

Una política exterior contraproducente

La debilidad y la cesión que han caracterizado la política exterior de nuestro Gobierno desde 2004 parecerían seguir precisamente ese contraproducente intento de contentar a los que no se van a contentar.

"No se debe intentar contentar a los que no se van a contentar". Esta célebre aseveración de Julián Marías es frecuentemente mal repetida por quienes sustituyen el "no se debe" por un "no se puede". Lo que quería decir el filósofo, sin embargo, no es que no se pueda intentarlo, que sí se puede; tampoco quería expresar que no se pueda conseguir lo que es imposible de obtener, lo que dejaría su aseveración en mera tautología. Lo que quería transmitir Marías con su "no se debe" es advertirnos no tanto de la esterilidad de ese intento sino de sus efectos contraproducentes.

Valga esta reflexión para denunciar los efectos contraproducentes de la política exterior de Zapatero, que en los últimos días están siendo especialmente visibles en los casos del terrorismo islámico, de Marruecos o de Gibraltar. Salvando las obvias distancias entre ellos, la debilidad y la cesión que han caracterizado la política exterior de nuestro Gobierno desde 2004 parecerían seguir precisamente ese contraproducente intento de contentar a los que no se van a contentar.

Empezando por el terrorismo islámico, conviene recordar que la nefasta política exterior de Zapatero arranca precisamente con la decisión de dejar en la estacada a nuestros aliados en Irak para regocijo no disimulado –aunque sí silenciado– de todas las organizaciones terroristas islámicas del mundo. Lejos de saciar a los terroristas islámicos, lo que hizo esa vergonzosa decisión fue reforzar las exigencias de los islamistas para retirar también nuestras tropas de Afganistán y excitar aun más su histórica obsesión con Al Andalus. La imagen de que España era el eslabón más débil de la alianza occidental contra el terrorismo islámico, lejos de debilitarse, se ha reforzado a los ojos de los terroristas. Eso, por no hablar de la imagen de buen pagador que el Ejecutivo de Zapatero se ha labrado a la hora de "solucionar" secuestros. Ahora, ante el secuestro de los tres españoles en Mauritania, reivindicado ya por Al Qaeda, Zapatero ha vuelto a salir con la cantinela de la "cooperación", el "diálogo", la "prudencia" y demás palabras huecas y grandilocuentes que si bien han servido para disimular la debilidad y la cesión de su política exterior, están lejos de ser una forma responsable de enfrentarse a una organización tan criminal y fanática como la que nos ocupa.

Otro tanto podríamos decir de Marruecos. En los últimos días hemos asistido a cómo el régimen de Rabat tensaba la cuerda y amenazaba abiertamente a nuestro país a causa de la huelga de hambre de Aminatu Haidar, sin que el Gobierno español se haya replanteado sus serviles relaciones hacia el reino alauita y sin ni siquiera elevar la más minima protesta diplomática.

En cuanto a Gibraltar, aunque obviamente no sea apropiado equipararlo al caso del terrorismo o a un régimen despótico como el de Marruecos, es evidente que la política de cesión y condescendencia de Zapatero, lejos de acercarnos al objetivo de que el Peñón vuelva a convertirse en territorio español, está sirviendo para que la colonia británica nos humille de forma permanente. Tal es el caso de la retención de cuatro guardias civiles que llegaron hasta Gibraltar persiguiendo a presuntos narcotraficantes. Pese a que la actuación de los agentes de la Benemérita se ajustaba plenamente a las normas de la llamada "persecución en caliente", permitida por todos nuestros países vecinos, los guardias civiles fueron detenidos y sólo fueron puestos en libertad después de que Rubalcaba pidiera disculpas al ministro principal de Gibraltar. Eso, por no recordar el incidente que la Royal Navy había perpetrado días antes al hacer prácticas de tiro con la bandera española, o la "foto de la vergüenza" que meses antes había protagonizado Moratinos al posar ante el peñón uniendo sus manos con su homólogo británico y Caruana.

Lo malo es que esta política exterior, carente de principios y de la más mínima firmeza, lejos de ser rectificada, parece seguir empeñada en intentar contentar a los que no se van a contentar.

Libertad Digital - Editorial

Lo que la crisis esconde. Por Javier Benegas

Apreciar la verdadera magnitud y profundidad de esta crisis requiere un mínimo de voluntad. Primero, hay que dejar a un lado el paradigma de la Bolsa y entenderlo como lo que es: un reflejo distorsionado de la economía. Segundo, hay que descontar los efectos de las ayudas públicas de cualquier indicio de recuperación. Tercero, hay que reconocer en el consumo privado -que representa el 60% del PIB - el pilar fundamental de la economía. Y cuarto y último, hay que descender a la realidad y dar al Empleo la enorme importancia que merece como motor del consumo y, por tanto, como pieza clave para la recuperación económica con mayúsculas. Una vez hecho esto, y siempre y cuando no seamos demasiado aprensivos, descubriremos que hay mucha más crisis detrás de la crisis.

Para empezar, debemos saber que en las últimas décadas la relación directa entre consumo y empleo se ha intensificado enormemente, hasta establecerse en 0,8 puntos porcentuales de aumento del consumo por cada punto porcentual de aumento del empleo. Por el contrario, el incremento de 1 punto en el salario real de los trabajadores se traduce tan sólo en 0,2 puntos porcentuales de incremento del consumo (estimaciones de la Comisión Europea. Periodo de 1970 a 2005. Fuente: Estudios Económicos La Caixa). Por ello, en el contexto actual, en el que la destrucción de empleo continúa, cualquier síntoma de recuperación en el corto plazo ha de tomarse cuando menos como una distorsión fruto de las ayudas públicas, y nunca como un indicio de recuperación económica con una base sólida. Y esto no sólo afecta a España, sino que es válido para otros países de nuestro entorno, cuya economía, aún siendo menos desfavorable, muestra enormes dificultades para crear empleo.

Hay que tener siempre presente que en un contexto de destrucción del empleo y de congelación o disminución de los salarios, el consumo privado no sólo no crecerá, sino que lo lógico es que tienda a disminuir. Y si el consumo privado disminuye, el PIB seguirá estando muy lejos de mostrar un signo positivo. En este sentido, cualquier indicio favorable que no esté íntimamente ligado al crecimiento del empleo será un espejismo y se deberá a las ayudas públicas, cuyo efecto es, además de muy limitado, peligrosamente engañoso. No hace falta ser economista para entenderlo.

Dicho esto, cabe preguntarse por qué, en un momento dado, los incrementos de los salarios dejaron de traducirse de forma más proporcional en un aumento del consumo. Hay algunas teorías al respecto, pero añadiré una nueva. Desde hace bastante tiempo, un gran número de ciudadanos tiene la inquietante convicción de encontrarse inmersos en una crisis que hasta hace bien poco no había sido declarada de forma oficial, porque aún no había impactado en la superestructura, es decir: en aquellos que han venido haciendo los grandes negocios, en muchos casos al amparo del poder político y los entes reguladores. Basta con comprobar que ya en 2004 se estimaba que la renta familiar de la mitad de los españoles se situaba por debajo de los 11.000 euros (Anuario Económico de España 2004, La Caixa), a lo que hay que añadir que la tasa de variación anual positiva de la renta disponible neta no ha dejado de reducirse desde 2005, año en el que era del 4,5%, hasta bajar al 1,8% en 2009, y que se situará previsiblemente en el 0% en 2010 (Servicio de Estudios Económicos del BBVA. Documento de noviembre de 2009). Si, además, tenemos en cuenta que la renta disponible neta es el dinero con el que los ciudadanos han de hacer frente a gastos ineludibles, como el pago de créditos e hipotecas, una energía cada vez más cara, la alimentación, la ropa, la educación y el transporte, tendremos una imagen más precisa de la crisis real en la que la mayor parte de la sociedad española se encuentra inmersa desde hace ya tiempo.

Mucho antes del reconocimiento oficial de la madre de todas las crisis (véase gráfico comparativo recesión de 1993 y recesión de 2008), el endeudamiento de las familias españolas había experimentado un fuerte incremento, de ahí que las subidas salariales dejaran de ser destinadas al consumo para pasar a hacer frente a ese endeudamiento. Por el contrario, los nuevos empleos generados en los últimos años, especialmente orientados a los más jóvenes, se han traducido en un aumento del consumo, ya que éstos sí han destinado una parte de sus ingresos futuros al consumo de bienes duraderos, como por ejemplo la compra de un automóvil.

Con todo, podemos deducir, y esto es lo importante, que quienes han sostenido el consumo en España, y por tanto la mayor parte del PIB, han sido, por un lado, familias con un altísimo nivel de endeudamiento y, por otro, nuevos trabajadores cuyos empleos eran precarios, sus salarios bajos y sus patrimonios casi inexistentes y que, para mayor alarma, dependen en muchos casos de la ayuda de esas mismas familias endeudadas para poder hacer frente a algunas de sus necesidades cotidianas.

Con una visión mucho más apegada al terreno, podemos distinguir dos realidades muy diferentes entre sí, la de un espejismo en el horizonte llamado recuperación económica, que de ser cierta será muy precaria y estará orientada hacia determinados sectores y negocios íntimamente relacionados con el poder político y las ayudas que éste les pueda proporcionar, y otra realidad en la que la crisis seguirá avanzando de forma imparable, extendiendo la pobreza entre las clases medias trabajadoras, es decir: entre la inmensa mayoría de los ciudadanos.

No se trata de ser catastrofista. De hecho, el catastrofista es aquel que se aventura a predecir futuros desastres que finalmente no se producen. Se trata de poner de relieve la realidad y de cómo ésta, una vez reconocida, pone en cuestión la posibilidad de una auténtica mejoría en el corto y medio plazo. Al que no le guste, puede optar por celebrar cómo las ayudas económicas del gobierno Obama se convierten en pequeños milagros económicos, al mismo tiempo que el paro real en EE.UU. no deja de aumentar, aún después de haber alcanzado los dos dígitos en términos porcentuales.

En resumen, en Occidente, y especialmente en España, existen dos crisis diferenciadas. Una, la que afecta a una casta privilegiada y minoritaria, susceptible de una pasajera mejoría por obra y gracia del endeudamiento de los Estados, y otra que afecta a una inmensa mayoría de ciudadanos que están pagando la fiesta del endeudamiento del Estado mientras soportan silentes un empobrecimiento progresivo. En consecuencia, la cuestión no es cuándo saldremos de la crisis, sino cuánto tiempo queda hasta que el sistema se venga definitivamente a bajo y qué se puede hacer para evitarlo.

El confidencial

Los cristales de la libertad. Por Igmacio Camacho

A Hermann, con un abrazo

EN Madrid, capital de la crispación, el sectarismo forma una burbuja densa como la boina de smog que cubre los tejados y pinta de ocre los atardeceres del otoño. En esa atmósfera recalentada y espesa flota una pasión política combustible y mucha gente, aprisionada por la crisis, vive en estado de cabreo. Los dirigentes públicos azuzan el cainismo con un lenguaje irresponsable que ha convertido la democracia en una competición de improperios, de tal manera que el debate de ideas ha quedado suplantado por un duelo de canutazos ante los micros y las cámaras; la profesión de político consiste ahora mismo en proferir declaraciones en cascada y hay partidos que en vez de gabinetes de proyectos han creado laboratorios de frases para ganar espacio en una opinión pública entregada al ritual del agravio.

Algunos foros de Internet crepitan con un ardor guerracivilista, cargados de dicterios miserables y palabras asesinas que llevan ecos de tapia de cementerio. Por ahora el fragor exaltado de los fanáticos se va quedando en ese mutuo desahogo verbal que atruena la red con exabruptos y en el cómplice seguidismo de algunas maniobras mediáticas, pero de vez en cuando asoma la vieja tradición goyesca del garrotazo y la patada en los riñones, y en las madrugadas de la ciudad más nocturna de Europa se oye el chasquido que hacen al romperse los frágiles cristales del escaparate de la libertad. A cierta clase dirigente, que esconde la mano tras lanzar las primeras pedradas, le encanta esta agitación trincheriza aunque la cargue el diablo de la cólera, porque cree que mantiene movilizados los votos que garantizan su modo de vivir; luego los profesionales de la hipocresía minimizan a su interés los estallidos de intolerancia o de intimidación achacándolos al acaloramiento de los medios o a desafortunadas situaciones puntuales, que es el adjetivo con que definen todo aquello que no les importa.

En este clima ofuscado de intransigencia se está produciendo un desplazamiento tramposo de responsabilidades con el que el poder utiliza al periodismo como carne de cañón para su batalla sectaria. De la conversión del debate en espectáculo hemos pasado a un discurso consignista y simplón que consagra el fraccionalismo ideológico, trivializa el contraste y condena la disidencia. La política identifica opinión con militancia porque tiene miedo a las palabras libres y está cómoda en una alineación facciosa de bloques que fagocita la reflexión autónoma y vuelve sospechoso cualquier atisbo de independencia de criterio. Es peligroso circular por medio de la calle; desde las aceras disparan miradas de encono. Y a veces, por fortuna todavía sólo a veces, se puede escapar un mal golpe de esos que hacen menos daño en los huesos que en el alma.

ABC - Opinión

A ZP le estallan siete años de demagogia. Por Federico Quevedo

Lo primero que hizo Rodríguez nada más ser investido presidente en 2004, se acordarán ustedes perfectamente, antes incluso de nombrar su gobierno, fue sacar las tropas españolas de Iraq. Lo hizo con nocturnidad y alevosía, porque era perfectamente consciente de que muy pocas semanas después la ONU aprobaría una resolución que iba a dar cobertura legal a la presencia internacional en aquel país, y como la condición que había puesto Rodríguez para el mantenimiento de las tropas era precisamente ésa, la cobertura legal, se adelantó a la decisión de la ONU aun sabiendo que hacía un flaco favor a su país y a la estrategia de nuestros aliados en Iraq, para cumplir con esa parte de su electorado más radical y extremista, bien representados por esos que luego hemos llamado la Secta de la Ceja.

Se nos dijo entonces que sacando las tropas de Iraq se acaban nuestros problemas, que España nunca más volvería a ser objetivo del terrorismo islámico, que nunca habría un nuevo 11-M. Rodríguez se atrevió, incluso, a conminar al resto de países a seguir sus pasos -¿se acuerdan de aquellas declaraciones desde Túnez?- en pro de la paz mundial. De ahí surgió la aventura de la Alianza de Civilizaciones, la política del apaciguamiento, el buenismo, el talante…Se optó por la estrategia de no incordiar a nuestro vecino del sur y aceptar sus pretensiones, e incuso se dieron los primeros pasos hacia un proceso de negociación sobre el futuro de Ceuta y Melilla que enseguida se cortocircuitó por los elevados riesgos internos que suponía. Se decidió tratar de igual a igual al Gobierno de Gibraltar, en una escalada de cesiones que acabó hace pocas fechas con Moratinos fotografiado al frente del Peñón compartiendo el té de las cinco con Peter Caruana. Se envió al mundo un mensaje que, básicamente, venía a decir que España abandonaba la política de firmeza y apostaba por la negociación. Se modificó de manera clara la agenda iberoamericana sustituyendo como aliados preferentes a los gobiernos democráticos por las pseudo-dictaduras caribeñas y nos aliamos de manera clara y decidida con los enemigos de Estados Unidos.

Pues bien, las consecuencias de ese armazón demagógico de nuestra política exterior se están viendo, o mejor dicho sufriendo, ahora de manera dramática en algunos casos. Al Qaeda ha dejado claro con el secuestro de los tres cooperantes en Mauritania que, lejos de agradecer el gesto de la retirada de tropas, éste ha sido interpretado como un signo de debilidad y de nuevo vuelve a amenazar nuestra seguridad. España era un objetivo islamista antes, durante y después de las Guerra de Iraq, independientemente de lo que hiciera Rodríguez. La demagogia populista y barata del Gobierno nos quiso convencer de lo contrario, y casi lo consigue, pero los terroristas han demostrado que seguimos estando en su punto de mira, y ponen al Gobierno frente a la mayor de sus contradicciones: si estamos en una guerra contra el terrorismo, ¿porqué en Afganistán sí, y en Iraq no, cuando es el mismo terrorismo el que actúa en los dos frentes?

Política buenista

El secuestro de Mauritania, como antes ocurrió con el secuestro del Alakrana, pone en evidencia además la debilidad de nuestra diplomacia, la poca capacidad de reacción que tiene España, precisamente porque las actitudes de apaciguamiento tienen como consecuencia que los malos se aprovechan de la supuesta buena voluntad negociadora del Gobierno. Digo supuesta porque, en el fondo, no deja de ser un planteamiento débil y cobarde, impropio de una nación que debería pelear por su lugar en el concierto de las naciones más poderosas del mundo.

La otra consecuencia de esa política buenista la estamos viendo en el caso Haidar. Marruecos, lejos de ser un aliado con el que se puede contar, se ha convertido en el ‘dueño’ de una relación tormentosa en la que Rabat le dice a Madrid permanentemente lo que quiere que haga y se burla de nuestra poca capacidad de imponer criterios propios. Les puedo asegurar que a Aznar no le habrían humillado paseando el avión que trasladaba a la activista saharaui y obligándolo a volver al aeropuerto de origen, porque una sola llamada de éste a Washington habría acabado con la tomadura de pelo. Pero éstas son las consecuencias de practicar la demagogia y engañar a los ciudadanos del modo en que lo ha hecho Rodríguez: ahora somos tan serviles o más con Washington como lo podía ser Aznar, pero con la diferencia de que aquel podía exigir contraprestaciones y Rodríguez no puede ni reclamar una llamada de Obama.

Un Obama, referente de nuestra izquierda, que sin embargo ha cerrado la puerta al entendimiento con esas pseudo-dictaduras iberoamericanas para dar respaldo decidido a los gobiernos democráticos, justo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. La última fase de la humillación la hemos vivido en el caso de Gibraltar: tanto esfuerzo por llevarnos bien con el gobierno de la Roca, para acabar teniendo que llamar a pedir disculpas porque nuestros guardias civiles pisan suelo gibraltareño en una persecución en caliente de narcotraficantes. Increíble. Era difícil caer tan bajo, pero Rodríguez ha conseguido superarse a sí mismo. ¿Qué será lo siguiente?

El confidencial

Unanimidad y contagio. Por Alejandro Pérez

“Todo el mundo dice...”, “Es lo que piensa todo el mundo...”. ¿Cuántas veces habremos oído estas expresiones o algunas similares para justificar un pensamiento, una idea, una conducta? El individuo rara vez llevará la contraria a la opinión de los grupos sociales a los que pertenece. Es más, incluso le es posible sostener opiniones opuestas según el grupo social en el que se mueva en cada momento (en este país, casi todos son demócratas, aunque apoyen un sistema de poderes inseparados). El individuo se conforma con la corriente general que se sustenta en el grupo social y no se plantea siquiera su veracidad.

Mal de muchos, consuelo de tontos: tanta gente no puede estar equivocada (pobre Galileo, cuán ardua fue su tarea). Y es que disentir es doloroso, ya que predispone al individuo en contra de la sociedad a la que pertenece y que necesita. De este modo, gran parte de la opinión “pública” no es otra cosa que un cúmulo de conformismos. Los individuos creen que su opinión es compartida por aquellos que lo rodean, que “la mayoría” piensa como él y, siguiendo un razonamiento falaz, por tanto, no puede estar errado.

La regla de la unanimidad y del contagio aprovecha esta debilidad del individuo: la propaganda trata de potenciar ese conformismo de los grupos de individuos, esa unanimidad en la forma de pensar y, si es necesario, crearla de forma artificial. Existen todo un cúmulo de ideas e ideales que son recurrentemente empleados por la propaganda para crear esa ilusión de unanimidad: la amistad, la salud, la alegría, la felicidad... Un chiste sobre el adversario puede unir a los espectadores en la complicidad de la carcajada. También las personalidades públicas, que son admiradas por poseer algún talento ajeno a la política, sirven de “gancho” para la propaganda de los partidos: escritores, artistas, deportistas... Del mismo modo que un actor puede vender una marca de colonia, también puede hacerlo con una ideología política. Por desgracia, un buen músico o cantante no es necesariamente el mejor analista político. El propio Nerón tenía grupos de especialistas entre las muchedumbres encargados de provocar los aplausos (los “animadores” del público de los programas televisivos no son un invento nuevo), lo cual acentúa el sentimiento de uniformidad y acuerdo entre la multitud.

Cada vez tengo más presente la afirmación de Cioran:

“No se puede ser normal y vivo a la vez”.

República Constitucional

Digno de celebración. Por José A. Sanchidrián

Según desveló José Mª. de Areilza en su diario, el Rey habló por teléfono con Giscard d’Estaing y Walter Scheel, presidentes de Francia y de la República Federal de Alemania, y con Henry Kissinger, el ministro de Exteriores de Estados Unidos, para ofrecer explicaciones acerca del nombramiento de Arias Navarro como Presidente del Gobierno. Que el Jefe del Estado acudiera presto a rendir cuentas a tan sonados líderes occidentales, muestra a las claras cómo el posfranquismo asumió que el remozado de la monarquía habría de satisfacer una exigencia foránea.

Así lo atestigua el viaje de Adolfo Suárez a París, sustituto del defenestrado Arias, apenas una semana después de su nombramiento. El primer número del diario EL PAÍS (4 de mayo de 1976) nos había revelado más del asunto, al titular a tres columnas: “El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en Europa”. Pero, su editorial del 2 de julio de 1977, resulta contundentemente definitivo: “(…) el tema del ingreso español en la CEE, tema que a partir de ahora es posible, pues con las pasadas elecciones -las generales a Cortes del 15 de junio- nuestro sistema político es homologable al que rige en los países de la Comunidad.” Dicho y hecho, el 29 de julio, el ministro Oreja realizaba la solicitud formal de adhesión, y el 21 de septiembre de aquel año, el Consejo de Ministros de AA.EE. de la CEE concedía el “sí” a la negociación, admitiendo con ello nuestra equiparación política.

El elevado designio de la Transición por fin se había logrado. Faltaba un pequeño detalle sin importancia:

¡no había constitución!

¿Cómo era entonces posible convalidar el “sistema político”? ¿Acaso no corrieron un riesgo las altas instancias europeas por no esperar la respuesta de los españoles? Ciertamente no. España ya era un Estado de partidos por la unanimidad de estas fuerzas; y éstas podrían discutir de lo que quisieran, pero, fuera cual fuese la letra de la futura constitución otorgada, las instituciones políticas continuarían siendo las mismas: las del Estado de partidos, o sea, sustancialmente un gobierno elegido en una cámara cuyos asientos se reparten, en proporción a los votos obtenidos, entre las listas de los partidos subvencionados por el Estado, con cuantías también en similar proporción.

Finalmente y más de un año después, el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español, auténtico protagonista del cambio político, refrendó, con libertad dentro del camino acotado, la Constitución de los partidos; contradiciendo, con semejante muestra de madurez democrática, el sondeo que publicara EL PAÍS en vísperas de las elecciones de junio del año anterior, el cual arrojó el sorprendente dato de que solamente el 26 por 100 de los encuestados sabía para qué votaba.

República Constitucional

Haidar y el espejo roto. Por Ignacio Camacho

EL desafío suicida de Aminatu Haidar, tan digno como intransigente, ha vuelto a colocar al Gobierno español ante el espejo roto de sus contradicciones respecto al Sáhara y ha delatado bruscamente la medrosa y contemplativa flaqueza que esconden las relaciones «de buena vecindad» con Marruecos. Situado por el envite terminal de la activista saharaui en la tesitura de elegir entre la razón moral y la razón de Estado, el zapaterismo se enreda en balbuceos diplomáticos sin encontrar una salida airosa ante el doble pulso de un aliado desleal y de un extremo arrebato individual de coherencia y coraje. Todas las componendas políticas de complacencia con el régimen marroquí han quedado desnudas ante la apuesta radical de quien no tiene que perder más que la vida; jugando al límite de la victoria o la muerte, Haidar ha hecho saltar la retórica del buenismo humanitario y los discursos contemporizadores con el falso amigo africano.

La suerte final de la vida de Aminatu es responsabilidad suya en primer lugar y de Marruecos en segundo. En ese sentido, España no constituye más que la depositaria de un problema ajeno y sobrevenido que ha gestionado con la torpeza de costumbre. En esta crisis el Gobierno sólo es reo de su habitual incompetencia, agravada por una insólita ingenuidad, y de su doble juego: apoyo a la causa polisaria por un lado y por el otro obsequiosa benevolencia con el despotismo alauita. La autocracia marroquí cuenta con la ventaja de la servidumbre feudal de su estructura política, sin oposición que contradiga su arbitrariedad ni opinión pública que reclame explicaciones. Pero es a esa arrogante tiranía a la que Zapatero ha mostrado una apocada timidez llena de zalameros requiebros que han obtenido la respuesta desdeñosa de una crecida de amenazas; Marruecos aprieta porque se siente fuerte y huele el miedo al otro lado del mar. La vida de Haidar le importa a Mohamed VI lo mismo que la de sus súbditos. Menos que una higa del desierto.

En medio de este enredo de intereses cruzados Aminatu se muere, o se deja morir con la exaltada convicción de quien se sabe símbolo de una causa. Su determinación ha hecho trizas la ficción de la doctrina zapaterista del apaciguamiento y ha abierto una brecha en la solidaridad de la izquierda con el Polisario. Plantada en el aeropuerto de Lanzarote con su silla de ruedas y una obcecada vocación sacrificial, esta mujer ha levantado un muro de terquedad ante el que se estrella el errático azacaneo de Moratinos mientras el presidente esconde el bulto para evitar enfrentarse a su propia ambivalencia. Lo que no puede ocultar es el recuerdo de sus humillantes concesiones a De Juana Chaos. Su responsabilidad no es la misma, desde luego, pero si Haidar fallece será difícil evitar la ominosa comparación entre la diferencia de trato a un asesino y a una inocente.

ABC - Opinión

Agresión a la libertad. Por Juan Morote

Para la izquierda liberticida, el despedir a alguien no es bastante, lo verdaderamente importante para estos progres es lograr que el periodista díscolo no vuelva a encontrar ningún medio desde el que continuar ejerciendo su labor.

Los ciudadanos que tenemos un amor infinito a la libertad estamos harto acostumbrados a los atentados que sufren en sus personas, familias y haciendas los defensores de la libertad, en todos aquellos países en los que las dictaduras, más o menos encubiertas, son la forma de gobierno. De hecho, hace mucho tiempo que dejaron de sorprendernos, aunque nos sigan indignando los constantes atentados a cualquier forma de pensamiento alternativo en Cuba, Venezuela o Bolivia, y no digamos nada de los asesinatos sistemáticos y absolutamente silenciados en Occidente, cometidos por los regímenes de Irán, Korea o China. Lamentablemente el mundo libre no cobija a más de la séptima parte de la población mundial, si realizamos una estimación generosa.

Todavía nos duele más presenciar atentados contra la libertad en el mundo teóricamente libre. España, o lo que queda de ella, forma parte de ese mundo libre, al menos en hipótesis. Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un incesante ejercicio de acoso y derribo a aquellos periodistas que no se han plegado a las consignas del poder. Hablo del poder y no del Gobierno; ya que si el Gobierno es poder, no deja de serlo la oposición. En España, más originales que en ningún sitio, contamos con periodistas defenestrados mediante una actuación en cuadrilla perpetrada por el Gobierno junto a la oposición. Así, Federico Jiménez Losantos y César Vidal fueron víctimas de esta conjura, como lo fue en su día Antonio Herrero.

Ayer saltaba a la portada de los digitales la agresión sufrida por Hermann Tertsch. Nuestro compañero en Telemadrid y ABC ostenta el dudoso honor de haber sido despedido por el presidente del consejo de administración del medio para el que trabajó, en plena junta general de accionistas. El hecho se produjo hace poco más de dos años y medio, Jesús de Polanco (don Jesús del gran poder, como lo bautizara García), anunció en la reunión del órgano de gobierno de PRISA, el cese de Hermann Tertsch como periodista del diario El País. Pero claro, para la izquierda liberticida, el despedir a alguien no es bastante, lo verdaderamente importante para estos progres es lograr que el periodista díscolo no vuelva a encontrar ningún medio desde el que continuar ejerciendo su labor.

Exactamente a esta tarea se han lanzado los integrantes de la caterva mediática de la izquierda. Normalmente, los capos mafiosos de los años veinte solían encargar los trabajos más sucios, los más degradantes, al más acabado de sus matones, uno de aquellos al que si mataban o detenían, la organización no se resentía lo más mínimo. En este caso, han elegido a un sujeto ("muy bueno" en palabras de Gallardón) caracterizado por su irrelevancia en el share de pantalla para la misión de desprestigio y calumnia a Hermann Tertsch. Estos iletrados progres deberían saber que los micrófonos matan, que existe una gravísima responsabilidad de los presentadores, periodistas y comunicadores. Nuestros progres de diseño, con cámara, micrófono y papel a disposición, pueden haber sido tan responsables de la agresión a Tertsch como lo fue la Radio de las Mil Colinas de la matanza de tutsis en Ruanda en 1994.

Libertad Digital - Opinión

Haidar se muere. Por Gabriel Albiac

LARGA pereza de la ciudad, bajo su cielo lácteo de hielo indiferente y platino: así es cada año este paréntesis de inicio de diciembre, que anticipa, como en un laboratorio, el plácido abandono de los días navideños: nada existe, nada nos concierne en nada. Aminatu Haidar se está muriendo. Dejándose morir, es más exacto. Hay momentos extremos, en los cuales sólo puede llamarse vida al lúcido empecinarse en no vivir de cualquier manera, en negarse a vivir como arbitrariamente quieren imponérnoslo. Quebrar el alma y saber que nos la quiebran es más horrible que morir; aunque todos hayamos aceptado tantas veces ser rotos como parte del salario humillado de nuestro miedo. Nadie sabría, ante el primordial envite moral que lleva a alguien a juzgar mejor que esa humillación la muerte, nadie sabría, nadie debería -si un hilo de sensatez le queda en el cerebro- decir nada; valorar, aún menos. Sólo una compasión inviolable hacia aquel que sufre nos está permitida, en ese punto en el cual un humano toca la decisión más alta, la única verdaderamente sagrada, de su vida. El Albert Camus que, en 1942, formula que el suicidio es el único acto sobriamente serio y la sola cuestión filosófica que de verdad nos concierne a todos, da en el corazón de lo más hondo, de lo más grave en la ruda tarea de ser hombre.

Pero no es eso, no nos engañemos; no busquemos fingir consuelo metafísico a nuestras mezquindades. Lo que está sucediendo en el aeropuerto de Lanzarote no es un suicidio, es un asesinato. Retransmitido en directo a un público al que por igual marcan el morbo y la indiferencia. Si Haidar muere, habrá un autor. Aquel que hizo la continuidad digna de su vida imposible. A Haidar la está matando un implacable despotismo: el que rige el sultanato de Marruecos. Con un cómplice inocultablemente obsceno: el Gobierno de España. La frontera entre el suicidio y el asesinato es tenue. Los estoicos griegos sabían eso cuando veían en la muerte dada por mano propia, la última puerta por la cual salir cuando la vida se hizo insoportable. O, más brutal, el maestro Spinoza, que, en el siglo XVII, diseccionará el suicidio como el acta final de una derrota: al fin, todo suicidio es asesinato.

Deliberada maldad de quienes gobiernan Marruecos. Lógica también, no nos engañemos: Haidar sobra. Hasán II entendió muy bien, hace ahora treinta y cuatro años, la función identificadora entre el pueblo y su déspota que podía jugar la mitología nacional de un Sáhara marroquí. Jugó su baza en 1975, cuando todo en España transcurría por el filo del abismo. El dictador se moría aquí; nadie tenía claro nuestro inmediato futuro; lo que pasara al borde de un hosco desierto nos era infinitamente ajeno. Jugó el Sultán. Ganó. A expensas de la ONU. A expensas de la administración descolonizadora española, que incumplió el mandato de la ONU recibido. Y en esa emergente mitología nacional, el odio a los resistentes saharauis enmascaró miserias, hizo olvidar humillaciones, crueldad, corrupción sin límites: y el pueblo, el pobre pueblo, como siempre, como todos los pueblos en todas partes, amó al líder que le prometía un horizonte grande y odió a los pobres diablos que, en medio del desierto, osaban contraponer su deseo propio al de la majestuosa común grandeza. Y a lo largo de ya más de treinta años, la potencia descolonizadora no ha hecho nada. Que no sea halagar a aquel al que no supo oponer la fuerza material que le fuera formalmente encomendada. Así fue, así seguirá siendo.

Aminatu Haidar se muere. En este perezoso puente de frío cielo lácteo, ya casi navideño. Se muere. Nos da lo mismo. La matamos.

ABC - Opinión

Haidar no debe morir

Aminetu Haidar emprenderá acciones penales si se le intenta alimentar a la fuerza. Eso no debería ser óbice, sin embargo, para que el Gobierno procure evitar por todos los medios legales a su alcance un desenlace trágico. Situados ante un dilema como el que plantea este caso, es difícil defender que se contemple pasivamente la lenta agonía voluntaria de una persona, resignándose hasta que le llegue la muerte. Pero el problema se complica cuando comportarse como dicta la compasión choca con lo que, en apariencia al menos, exigen las leyes.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sólo permite alimentar a quienes realizan una huelga de hambre cuando se encuentran en prisión, al estimar que el Estado es responsable de la integridad de los condenados. Cabría preguntarse si la situación en la que se encuentra Haidar en el aeropuerto de Lanzarote es exactamente de libertad, puesto que el regreso a su país le fue impedido a la fuerza y también a la fuerza se la acogió en territorio español. Es probable que ninguna solución sea buena, y por ello este dramático conflicto exige enfrentarse a las convicciones últimas sin ninguna mediación. En nombre de esas convicciones, y aun admitiendo que puedan existir otras, Haidar no debe morir.

La simple existencia de este dilema obliga a preguntarse sobre la cadena de errores cometidos que ha permitido llegar hasta él. En el origen se encuentra, sin duda, una intolerable decisión del Gobierno marroquí, dictada sin intervención judicial pese a tratarse de un desproporcionado castigo y contraria a su legalidad interna y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, lamentablemente, no ha sido la única. Para que Haidar embarcase en un avión de nuestro país y llegase al aeropuerto de Lanzarote, alguien desde España tuvo que autorizar que se vulnerase la normativa aérea internacional y la que rige el paso de la frontera española por parte de ciudadanos extranjeros, colaborando voluntaria o involuntariamente en el inaceptable castigo a Haidar. Quién fue y por qué lo hizo son preguntas que el Gobierno español debe responder cuanto antes, puesto que de la respuesta depende la responsabilidad que ha contraído.

Las declaraciones del Gobierno marroquí sobre el caso han incluido veladas amenazas al español en materia de inmigración e, incluso, de seguridad. Deberían ser desmentidas de inmediato, puesto que la inmigración clandestina es un riesgo para la vida de innumerables marroquíes, de cuya suerte Rabat no puede desentenderse, y la seguridad no es un interés español, sino un interés compartido, precisamente porque también lo es la amenaza. El destrozo en las relaciones que ha provocado el caso de Aminetu Haidar demuestra la debilidad de las bases sobre las que están construidas. Sea cual sea el desenlace de este episodio -y es preciso evitar que sea trágico- Rabat y Madrid deben retomar cuanto antes la vía del entendimiento sobre los intereses comunes y la de la negociación en los que son contrapuestos.

El País - Editorial

Los amargos frutos de una política débil

El presidente del Gobierno se está viendo desbordado por asuntos que hunden sus raíces en los principales conflictos no resueltos en la Historia de España.

ES COMO si la Historia estuviera llamando a las puertas de Zapatero. Sin que quepa achacarlo a la casualidad o a la mala suerte, sino a la debilidad estructural de la política exterior española desde 2004, el presidente del Gobierno se está viendo desbordado por asuntos que hunden sus raíces en los principales conflictos exteriores no resueltos por España y que ahora estallan todos a la vez. En las últimas horas, hemos asistido a cómo Marruecos tensaba la cuerda y amenazaba abiertamente a nuestro país a causa de la huelga de hambre de Aminatu Haidar -sin que el Gobierno español haya elevado la más mínima protesta diplomática-, a la retención durante varias horas de cuatro guardias civiles por parte de Gibraltar -que fueron puestos en libertad sólo después de que Rubalcaba pidiera disculpas al ministro principal-, y, finalmente, a la reivindicación por parte de Al Qaeda en el Magreb Islámico del secuestro de los tres cooperantes españoles capturados en Mauritania a finales de noviembre. El comunicado de un portavoz de la organización terrorista emitido por Al Yazira confirmó las sospechas del Gobierno español y del mauritano.

Aunque es necesaria cierta cautela, puesto que aún no se conocen las reivindicaciones de los secuestradores, todo indica que España ha sido puesta en el punto de mira de la cada vez más intensa actividad criminal de Al Qaeda en el Magreb. La obsesión histórica del terrorismo islamista con Al Andalus es más que una bravuconada cuando sus activistas se han trasladado de Afganistán o Irak a una zona tan próxima como el Norte de África. El portavoz de los secuestradores advirtió que hará llegar al Gobierno español las condiciones para liberar a los rehenes. Cabe preguntarse si después de esta agresión, Zapatero seguirá hablando de «terrorismo internacional» para no molestar, si fiará toda su acción exterior en la Alianza de Civilizaciones y si continuará sin considerar como una guerra la operación contra el terror en Afganistán. Ni con los islamistas radicales, ni con Marruecos -que se presenta como el muro de contención del radicalismo en el Magreb, aunque tampoco es un modelo de respeto a los Derechos Humanos, sino todo lo contrario- puede tener resultados positivos la diplomacia amable, si no se combina con la dureza en determinados momentos. En este sentido, resulta extraño y decepcionante que el PP se haya sumado a la decisión del Gobierno de no molestar a Marruecos, a pesar de haber deportado a Haidar, en contra de todo principio de legalidad o humanidad. Los consensos en materias de Estado no se pueden establecer a costa de lo que sea.

Por contra, el PP sí ha criticado con dureza la actuación del Gobierno -incurriendo en el exceso de calificarla como «traición» a la Guardia Civil- en la retención de cuatro agentes que llegaron hasta Gibraltar persiguiendo a presuntos narcotraficantes. Rubalcaba se apresuró a llamar a Peter Caruana para pedirle disculpas y aclararle que no era una «operación política». ¿Qué significa esta exculpación de una acusación que nadie ha formulado? El PP censura que los guardias civiles puedan ser sancionados, a pesar de que su actuación se ajustaba a las normas de la llamada «persecución en caliente», permitida por todos nuestros países vecinos. El incidente se produce días después de que la Royal Navy hiciera prácticas de tiro con la bandera española y meses después de aquella «foto de la vergüenza» en la que Moratinos posó ante el peñón uniendo sus manos con su homólogo británico y Caruana. En este caso, como en el de Marruecos, Zapatero ha dado la mano y le han cogido el brazo, sin que él haya protestado... ni siquiera de forma diplomática.

El Mundo - Editorial

Haidar / Perejil. Por José García Domínguez

Igual que aquel islote de la cabra y la mucha chanza progre, esa marroquí expatriada por Marruecos apenas supone otro test, un simple amago con tal de verificar a cuánto cotiza el aplomo de Zapatero en el mercado de la dignidad nacional.

Con excesiva frecuencia se pierde de vista que España y Marruecos son países vecinos sólo en el espacio, no en el tiempo. A decir de los geógrafos, ese reloj parado habita justo a catorce kilómetros de la Península. Se equivocan: la distancia real es de dos o tres siglos. Quizá más. La Edad Media es quien nos contempla de reojo ahí enfrente, y no sólo un simple sátrapa ansioso de legitimarse ante sus súbditos excitando bajas, lerdas pasiones tribales.

El medioevo, un territorio moral donde la vida humana posee un valor discutido y discutible, y términos como "opinión pública" designan sonidos huecos, significantes carentes de significado alguno. Un orden, por lo demás, que diluye la frontera entre patrimonio estatal y botín regio en un todo inextricable. Ante él, la España instalada en su feliz quimera posmoderna, ésa donde el poder prometeico del buenismo, motor y guía del compadreo de civilizaciones, ha obrado el milagro de eclipsar a la fuerza en tanto que argumento último de las relaciones internacionales.

De ahí, sin duda, que en el PSOE aún no hayan acertado a comprender que ese inopinado incordio, el caso Haidar, representa su propio Perejil. Como entonces, cuando tanto ellos como sus mozos de cuerda en la prensa izaron, jocosos, la bandera del enemigo, el Sultán está tanteando a España. Igual que aquel islote de la cabra y la mucha chanza progre, esa marroquí expatriada por Marruecos apenas supone otro test, un simple amago con tal de verificar a cuánto cotiza el aplomo de Zapatero en el mercado de la dignidad nacional. En algo, sin embargo, ha tenido suerte, y mucha, el presidente. A saber, los que ahora tiene al lado no son como él mismo. Por ventura, no.

Así, Rajoy jamás emulará aquella bajeza tan suya: plantarse en Rabat a espaldas del Gobierno de la Nación, por su cuenta y riesgo, para compadrear, sonriente, con el agresor de su país. Ahora, quiere socializar en una votación de las Cortes su mala conciencia por todas las banderas saharauis que habrá de tragarse ante el cadáver insepulto de esa mujer. Y la oposición, responsable, no lo va a dejar solo. Es la gran diferencia, lo que a la postre lo salvará. Porque por suerte –infinita– para él, Zapatero sólo hay uno.

Libertad Digital - Opinión

En manos de Al Qaida

LA confirmación de que Al Qaida en el Magreb Islámico es el grupo autor del secuestro de tres cooperantes españoles en Mauritania despeja una incertidumbre, pero abre otras que pondrán al Gobierno español en un nuevo banco de pruebas. Los márgenes de negociación con los terroristas islamistas son aún menores que con los piratas del Índico, porque Al Qaida sí busca beneficios políticos para una estrategia de guerra terrorista contra el Occidente democrático. No ha trascendido cuáles son las condiciones de los terroristas para la liberación de los secuestrados, pero es necesario prepararse para cualquier hipótesis, desde un secuestro breve a uno largo de desgaste; y, en cualquier caso, con un resultado incierto y preocupante. La acumulación del secuestro de los tres cooperantes españoles al de un ciudadano francés empeora la situación, porque, si las exigencias van a ser comunes para la liberación de los cuatro, España y Francia tendrán que ponerse de acuerdo en la respuesta, lo que puede ser difícil si el Gobierno español pretende tratar este asunto ignorando el contexto de amenaza global que promueve Al Qaida en el Magreb Islámico.

El movimiento terrorista de Al Qaida está en la frontera sur de Europa, demasiado cerca para obviarlo. Y se aprovecha de las debilidades y de las complicidades bien de los estamentos oficiales, bien de las poblaciones locales, para expandirse y debilitar a los gobiernos de la región y consolidar una plataforma para la extensión de la yihad por la restauración del califato, desde Pakistán a «Al-Andalus». No es posible seguir actuando como si el problema de Al Qaida estuviera encapsulado en la frontera afgano-paquistaní. Tan cerca está, que el Gobierno marroquí sabía bien lo que decía cuando velada pero inequívocamente amenazó hace pocos días a España con mirar a otro lado en materia de inmigración y terrorismo. La cooperación de los Estados de la región es imprescindible para atajar esta amenaza, porque la zona, particularmente el desierto del Sahel, sería incontrolable de otra manera para los países occidentales, cuyos gobiernos harían bien en recomendar a sus ciudadanos que no viajen a ella si no es bajo condiciones de estricta seguridad.

En los secuestros de Al Qaida no hay exigencias admisibles para un Gobierno democrático. Darles la baza de un secuestro exitoso sería propiciar otros más y actuar en contra de un principio elemental de seguridad solidaria con nuestros aliados.

ABC - Editorial

Ya empezaron Por Horacio Vazquez-Rial

El afán totalitario siempre genera falsos espontáneos que se ponen a patear a la gente por si acaso, por si hay quien no quiere abortar, ni dejar de fumar, ni que haya parados: por si se desvía, vamos.

Iba a pasar. Lo percibo desde hace rato. Le pegaron a Hermann Tertsch. Es el primero. No se dice por qué, nadie le explicó nada. Pero da la casualidad de que ocurrió poco después de que este periodista y amigo, hombre valiente, desterrado por ello del imperio Polanco, anunciara que se iba a querellar contra el pequeño Wyoming. La cosa se inició cuando Tertsch dijo en el Diario de la Noche que estaba dispuesto a matar a unos cuantos terroristas de Al Qaeda para liberar a los secuestrados españoles de Mauritania. Wyoming replicó en su magazine oficialista de la Sexta diciendo que así se inician las guerras. Tertsch, evidentemente, le estaba respondiendo al ex presidente autonómico, ex ministro, actual presidente de ese Congreso de los Diputados que ahora quiere sesionar en Palestina, ése, Bono, el que dijo que prefería que lo mataran antes de matar a nadie, toda una filosofía si se toma en cuenta que el hombre era entonces ministro de Defensa.

Ésa es la historia mínima. La máxima se remonta a hace unos noventa años, cuando los nazis empezaron a agredir a la gente por la calle, a incendiar el Reichstag para colgarle la culpa a otros, a romper escaparates de tiendas judías. O un poco antes, cuando los squadristi se lanzaron a la misma política, antes y después de la Marcha sobre Roma. Vivimos una democracia autoritaria, en la que los que ocupan el Estado desean en demasía perpetuarse en él. El afán totalitario siempre genera falsos espontáneos que se ponen a patear a la gente por si acaso, por si hay quien no quiere abortar, ni dejar de fumar, ni que haya parados: por si se desvía, vamos. Recuerdo que hace unos años comimos en Laredo, territorio amenazado por los euskaldunizadores forzosos, Iñaki Ezquerra, que ocificiaba de anfitrión, Tertsch y el que suscribe, rodeados de escoltas. El riesgo era ETA, una cosa definida, concreta, y los escoltas eran pagados por el Estado. Contra esto no podemos pedir protección oficial, pero lo que le ha pasado a Hermann nos va a pasar a unos cuantos: los piqueteros son así. No tienen amo reconocible, como Julius Streicher, porque les da vergüenza hasta a ellos asumirlos, pero están ahí y sirven a quien sirven. Hemos pasado una línea puesta por ellos, invisible en democracia, pero realmente existente cuando la democracia lo es sólo a medias.

El que toque el timbre a las seis de la mañana ya puede no ser el lechero.

Libertad Digital

Agreden brutalmente al periodista Hermann Tertsch

El director del Diario de la Noche de Telemadrid está ingresado en un hospital

Un desconocido le atacó por la espalda en el centro de Madrid y le rompió una costilla

El periodista Hermann Tertsch, director del informativo Diario de la Noche, ha sido agredido este lunes en Madrid. Un desconocido, al que el periodista no vio acercarse, se aproximó por detrás y le propinó una tremenda patada en mitad de la espalda.

Como consecuencia del golpe, que entre otros daños le ha supuesto la rotura de una costilla y encharcamiento pulmonar, Tertsch ha sido ingresado en un Hospital.

La agresión se produjo en la calle Almirante. Se ignora por el momento qué motivó el ataque y si está relacionado con las polémicas protagonizadas en las últimas semanas por el conocido periodista.

Hermann Terstch saltó en los últimos días a la actualidad y se convirtió en objeto de debate, después de que Wyoming le convirtiera en un "asesino" en un videomontaje por unas declaraciones del periodista que no gustaron al humorista de La Sexta.

Tertsch anunció su intención de demandar a Wyoming, a su productora y La Sexta por lo que considera "una canallada" que no puede quedar impune.

"Ponerme de asesino en televisión, como ha hecho, sobrepasa todas las líneas rojas".

Periodista Digital

¿Quiénes son los fanáticos?. Por Cristina Losada

Ahí tenemos su definición, precisa y clara como el agua: fanática es la persona convencida de que, en un centro escolar español, su hijo tiene derecho a hacer en español los exámenes.

Una niña de 10 años suspende los exámenes por culpa del fanatismo de su padre. ¿Cómo dice? Es lo que viene a sostener, a instancias del diario El Mundo, la dirección del colegio público Sánchez Guarner de Valenciasobre el caso de Natalia Santacreu. La alumna responde en español a las preguntas escritas en valenciano, y esa licencia que se permite resulta intolerable a ojos de su maestra y de quienes dirigen el centro con fervoroso celo lingüístico. Para más, tiene la mala suerte de ser aplicada y sacar buenas notas en la asignatura de valenciano. Infortunio, en efecto, pues de ahí infieren sus profesores que es capaz, si quiere, de contestar en la vernácula y que no lo hace por instrucciones de su padre, el fanático.

Una desconocía que un colegio pueda expedir dictámenes de fanatismo sobre los padres de los alumnos con mayor premura que certificados de estudios. Pero ahí tenemos su definición, precisa y clara como el agua: fanática es la persona convencida de que, en un centro escolar español, su hijo tiene derecho a hacer en español los exámenes. Que se trate de la lengua oficial del Estado, cooficial en su comunidad autónoma y común de los españoles, nada importa a los "normalizadores" devotos. Digo mal, importa y mucho. El español, justamente, es el idioma a proscribir. Le darían más facilidades a Natalia si su lengua materna fuera el urdu o el árabe o el mandarín. Pero en español, ni la hora.

La identidad valenciana, la única y verdadera, pende de hilo tan frágil que se ha hecho imprescindible castigar a una buena alumna, propinarle sesiones de lavado de cerebro y amenazarla de expulsión. Pero, ojo, que los fanáticos no son los profesores que actúan de tal modo con una niña, sino el padre que insiste en reclamar un derecho individual sin respeto alguno por los derechos de las lenguas. Puro delirio, anteponer la persona al idioma, la identidad individual a identidades colectivas fabricadas. ¿A quién se le ocurre? Máxime en Valencia, cuyo presidente, Francisco Camps, ha negado siempre la existencia de cualquier conflicto por su política lingüística. Y es que, según la lógica perversa que rige en España desde hace décadas, los conflictos no los causa la imposición, sino quienes se resisten a plegarse. ¡Fanáticos!

Libertad Digital - Opinión

¿12-D contra qué empresarios?. Por Andrés Aberasturi

No es fácil entender la gran manifestación que preparan los sindicatos para el 12-D. Trenes a su disposición, medias dietas para los que se apunten y todo con un objetivo por lo menos polémico: advertir a los empresarios para que no se aprovechen de la crisis.

Vista la cosa desde fuera, suena a disculpa, a amaño, a jugarreta de unos dirigentes que, como no quieren enfrentarse a su mejor aliado, el Gobierno, tienen que abrir una válvula de escape por donde liberar de la presión de un paro que no cesa y un malestar que va en aumento. Hasta ahora esas cosas las ha pagado siempre el gobierno de turno y si no, que se lo pregunten a Felipe González, sobre todo, pero también a Aznar. Se ve que el mundo cambia y que falta lo que falta para plantar cara a quien sea como hicieron en su tiempo un Marcelino Camacho y, muy especialmente, un Nicolás Redondo que se la jugó con su propio partido en el poder y luego pasó lo que pasó en una de las venganzas más tristes de la historia del socialismo. Pero eso ya no se lleva. Resulta infinitamente más cómodo y menos expuesto fletar autobuses y repartir bocatas/media dietas para que los empresarios sepan de la fuerza sindical. ¿Pero qué empresarios, compañeros? ¿De quién estamos hablando o contra quién exactamente nos manifestamos?

Lo del empresario gordo fuma puros azote de la famélica legión obrera, ya no cuela. Aquí el gran empresario por número de trabajadores contratados, es la Administración, las administraciones, pero esas ni tocarlas, no vaya a ser que terminemos como Nicolás Redondo. También están las grandes multinacionales que no parecen muy por la labor de asustarse por más trenes que se llenen porque en un mundo global, lamentablemente, les sobran las ofertas para localizar sus fábricas y si miento, que se lo pregunten al ministro de Industria y a los comités de empresas de algunas automovilísticas. Las multinacionales salen en las portadas de los periódicos, pero son pocas. La inmensa mayoría del empresariado español -como muy bien saben los sindicatos- no tiene líneas aéreas sino talleres, tiendas, bares, pequeñas naves en polígonos industriales, líneas de crédito que ahora se les cierran y conocen a sus trabajadores y hasta a las familias de sus trabajadores. Eso son los empresarios que cubren el 80 por ciento del empleo en España y que no tienen ni la capacidad para hacer un ERE.

Estas cosas conviene decirlas claramente, habrá que advertir que ellos son nuestro objetivo, que son esos pequeños y medianos empresarios a los que queremos acojonar el 12-D, compañeros, pocas bromas con esto de las manifestaciones que la cosa es muy seria. Porque esconderse tras ese genérico "empresario" no es de recibo, hay que explicar quién es quién en nuestra economía y quién puede aguantar una crisis como esta sin pestañear porque le vale con cambiarse de país y quién no tiene otra salida que echar el cierre al negocio o comerse su carné de autónomo. Lo que no vale, compañeros, es engañar al personal con media dieta para llenar vagones de tren sin dejar claros los objetivos. Eso ya lo hacia el franquismo y su sindicato vertical. Y si falta lo que falta para enfrentarse al Gobierno, pues mejor quedarse en casa y esperar y no dejar al bar de la esquina sin camareros.

Periodista Digital - Opinión

Ya es hora de poner en su sitio a Marruecos

El Gobierno español tiene que emprender una dura ofensiva diplomática para obligar a Marruecos a respetar los derechos humanos y a permitir el regreso de Haidar a El Aaiún.

LEJOS de solucionar la situación de Aminatu Haidar, al Gobierno su debilidad se le ha vuelto como un bumerán. En un ejercicio tan cínico como surrealista, Marruecos amenaza a España con cambiar su política de inmigración por el «envenenamiento» de las relaciones a raíz de este caso. Es una amarga paradoja que la falta de firmeza de Moncloa no esté consiguiendo ninguno de sus objetivos: ni ayudar a Haidar -su vida corre grave peligro tras 23 días en huelga de hambre- ni mantener «buenas relaciones» con el país vecino, que, en palabras del propio Zapatero, es la prioridad al abordar el delicado asunto.

Pero no sorprende el desaire y la intolerable amenaza de Marruecos. Responde al mismo patrón de todos los regímenes despóticos, que, además de estar permanentemente instalados en la paranoia, creen que no hay mejor defensa que el ataque. Por ello, el Gobierno debe dar un giro de 180º a la forma en la que está gestionando esta crisis de la que pende una vida humana y pasar de inmediato a una ofensiva diplomática contundente. En este sentido, no es de recibo que siga sin llamar a consultas al embajador en Rabat, para dejar claro que lo único que «envenena» nuestras relaciones es el vergonzoso pisoteo a los derechos humanos que practica Marruecos.

Pero, además, es urgente explorar nuevas vías diplomáticas, como la petición de colaboración a dos de nuestros aliados que más ascendente tienen sobre el reino alauí: Estados Unidos y Francia. Pese a tanta chanza como se hizo con el episodio de Perejil, hay que recordar que fue la mediación del entonces secretario de Estado de EEUU, Colin Powell -a instancias del Gobierno de Aznar- la que cerró de manera satisfactoria aquella crisis. Ahora Moncloa tiene la oportunidad de demostrar esas buenas relaciones exteriores de las que tanto presume.

También hace falta una respuesta inmediata en Bruselas al chantaje del ministro de Exteriores marroquí, que ayer insinuó que podrían cambiar algunas políticas fundamentales para nuestro país, como la de inmigración o cooperación antiterrorista. España es miembro de la UE con la que Rabat busca un acuerdo de colaboración preferencial. Pues bien, es hora de que cada uno se retrate, y las autoridades comunitarias deben exigirle el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto de las libertades individuales, como requisito indispensable antes de abordar cualquier negociación. La mejor prueba de la incapacidad de Moratinos para movilizar a la comunidad internacional fue la declaración ayer de la comisaria europea de Política de Vecindad, subrayando que el caso Haidar es un «asunto bilateral» de España y Marruecos.

La situación es tan crítica que hay que actuar con urgencia, porque la salud de Haidar ha empeorado en las últimas horas. El debate sobre si el Estado tendría que alimentarla forzosamente para impedir su muerte por inanición ha cobrado una extraordinaria fuerza, sin que haya consenso entre juristas, políticos y médicos al respecto. Haidar ha firmado un documento de últimas voluntades en el que expresa su firme deseo de que no se la alimente en caso de pérdida de la consciencia. Y el juez que la examinó el domingo decidió ayer no someterla a un traslado forzoso a un centro hospitalario.

Haidar ha antepuesto sus principios y su justa demanda de regresar al Sáhara a su propia vida. Por difícil de entender y hasta de aprobar que resulte, es una decisión libérrima que merece respeto. Y aunque la responsabilidad última de lo que pueda ocurrirle es de Marruecos, qué duda cabe de que el gravísimo error del Gobierno al obligarla a entrar en Lanzarote -violando la legalidad- le coloca ante una responsabilidad moral. Por ello, no puede seguir anteponiendo las relaciones con un amigo tan desleal como Marruecos. A buen seguro, los ciudadanos no comprenderían que quien se sometió al chantaje de De Juana no lograra salvar la vida de Haidar.

El Mundo - Editorial

Un secuestro inmoral, ilegítimo e ilegal

No se trata de enseñar los dientes, sino de delimitar la soberanía española y de no admitir el más mínimo menoscabo de ella. Sobre el papel parece sencillo, la realidad con Zapatero será muy distinta: seremos el hazmerreír de Europa entera.

El enésimo sainete exterior de Zapatero lleva el nombre de la activista saharaui Aminatu Haidar. El Gobierno se ha metido de cabeza en un problema que le venía de fuera, lo ha hecho propio y ahora no sabe cómo salir airoso de él. Entre medias ha quedado la legítima causa del pueblo saharaui, que pelea por la independencia desde hace más de treinta años, y las siempre complicadas relaciones con Marruecos. Las dos cosas prometió solucionar Zapatero cuando llegó al Gobierno en 2004 y ambas se encuentran en un lastimoso estado, la primera por omisión, la segunda por acción equivocada.

Llevada la situación a un extremo insostenible, con una exiliada forzosa en Lanzarote y el Gobierno de Rabat cerrado en banda, cabe preguntarse cuál ha sido la política marroquí de Zapatero. Decía hace sólo cinco años que él disponía de la receta para mejorar las relaciones diplomáticas con nuestro vecino del sur. Un lustro después esta receta mágica se fundamenta en la rendición preventiva y el decir sí a todo. Los resultados están a la vista. Marruecos está envalentonado hasta el punto de que ha deportado a una ciudadana marroquí a España sin siquiera consultarlo con nuestro Gobierno. Y nuestro Gobierno, en lugar de devolver a esta ciudadana que, no lo olvidemos, está en Lanzarote como inmigrante ilegal, asume la irregularidad, calla y otorga.

La situación de Haidar en estos momentos es ilegal por doble partida. Porque está en nuestro país sin pasaporte y porque quiere salir de él pero no puede, ya que el Gobierno no le deja por miedo a incomodar al sátrapa alauita. A esto último en Derecho Internacional se le llama secuestro, que es la figura que mejor describe la vergonzosa escena de Aminatu Haidar postrada sobre el suelo en el aeropuerto lanzaroteño. Urge, por lo tanto, tomar la única decisión posible, que pasa por sacar cuanto antes a Haidar de España permitiéndole viajar al Sahara Occidental, antigua colonia española hoy ocupada por Marruecos y pendiente de un referéndum de autodeterminación avalado por Naciones Unidas.

La dolorosa y delicuescente estampa de Lanzarote tiene su espejo frente al puerto de Gibraltar, donde el Gobierno está representando el mayor ridículo de la diplomacia española desde que, en 1713, los tratados de Utrecht-Rastatt concedieron la soberanía del peñón de Gibraltar al Reino Unido. Desde la visita de Moratinos al peñón en julio pasado, los incidentes entre las patrulleras de la Benemérita y la marina británica han desembocado en el apresamiento de cuatro guardias civiles por parte de las autoridades coloniales de Gibraltar. Una vez más, la cesión sistemática y el no molestar bajo ningún concepto.

La debilidad, sin embargo, pasa factura y termina siempre saliendo más cara que la fortaleza. El Gobierno tiene ahora dos patatas calientes en la mano de las que no podrá deshacerse si no da una respuesta enérgica y sin ambigüedades. Y no se trata de enseñar los dientes, sino de delimitar la soberanía española y de no admitir el más mínimo menoscabo de ella. Sobre el papel parece sencillo, la realidad con Zapatero, rendido al pacifismo inane que es la marca de la casa socialista, será muy distinta y probablemente seamos durante mucho tiempo más el hazmerreír de Europa entera. Son las consecuencias de aceptar un secuestro inmoral, ilegítimo e ilegal con tal de satisfacer a la autocracia marroquí. La legalidad internacional en este caso no está del lado de Zapatero, pero poco importa, porque como con Irak, de lo que se trata es de retorcer la supuesta legalidad para asentarse en el poder y ganar elecciones. Una maestría que el PSOE domina como nadie: beneficios de haber pastado durante más de un siglo en la propaganda izquierdista.

Libertad Digital - Editorial