Me atrevo a creer que hoy, en España –también en otros países igual de manirrotos–, nadie es capaz de asegurar cuál es el nivel de déficit de una administración, ni hasta donde llega su nivel de endeudamiento y a qué plazo es exigible.
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Repasando la gravedad de las situaciones en las finanzas públicas, sólo encuentro una que supera a la del déficit excesivo; la que desconoce el tamaño del déficit y, en su caso, la que desconoce el volumen de la deuda, pues al fin y a la postre, el primer desconocimiento conducirá inexorablemente al segundo.
¿Cómo es posible que semejante situación exista en la realidad? Es impensable que una empresa privada, más aún una familia, no conozca su situación ante unos gastos superiores a los ingresos (déficit en la economía familiar) o que desconozca también cuál es la deuda acumulada que en cualquier momento de descontrol podría superar la cuantía de su patrimonio. En efecto, son situaciones inimaginables entre personas normales y de buen hacer.
Pues bien, eso que es tan extraño que ocurra en el ámbito privado de la economía, se ha convertido en el menú ordinario del sector público (en él incluimos al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos, además probablemente de las Comarcas, donde quiera que existan y cualquiera que sea la denominación que las identifique). Me atrevo a creer que hoy, en España –también en otros países igual de manirrotos–, nadie es capaz de asegurar, con rigor contable, cuál es el nivel de déficit de una administración, ni hasta donde llega su nivel de endeudamiento y a qué plazo es exigible.
¿Cómo es posible que semejante situación exista en la realidad? Es impensable que una empresa privada, más aún una familia, no conozca su situación ante unos gastos superiores a los ingresos (déficit en la economía familiar) o que desconozca también cuál es la deuda acumulada que en cualquier momento de descontrol podría superar la cuantía de su patrimonio. En efecto, son situaciones inimaginables entre personas normales y de buen hacer.
Pues bien, eso que es tan extraño que ocurra en el ámbito privado de la economía, se ha convertido en el menú ordinario del sector público (en él incluimos al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos, además probablemente de las Comarcas, donde quiera que existan y cualquiera que sea la denominación que las identifique). Me atrevo a creer que hoy, en España –también en otros países igual de manirrotos–, nadie es capaz de asegurar, con rigor contable, cuál es el nivel de déficit de una administración, ni hasta donde llega su nivel de endeudamiento y a qué plazo es exigible.
Por qué en un sector sí y en el otro no, parece que tiene respuesta simple. Frente a la prudencia y realismo del sector privado, el público abunda en prodigalidad, carencia de ética y de escrúpulos en sus administradores, ansiosos de detentar el poder, cualquiera que sea su coste; también si éste es la propia quiebra del sector. Desde esos principios –o mejor, desde esa carencia de principios– el arma que utilizan una y otra vez, y de forma generalizada, es la ocultación de hechos y de obligaciones, con ánimo de engañar. Es decir, el fraude, para mostrar una apariencia que nada tiene que ver con la realidad. Ello, naturalmente, en beneficio propio; un beneficio que se pretenderá electoral, en unos comicios, o que con menos misticismo será crematístico, para engrosar las cuentas propias o las de los más cercanos.
Se preguntarán ustedes que por qué semejantes personajes no han pasado a engrosar la población penitenciaria española. La respuesta es también muy evidente: porque en España nunca pasa nada, si lo que pasa, pasa, de la mano del que manda; o sea, que pasa lo peor. Además en ello, parece haber un consenso no escrito: "hoy por ti y mañana por mí". Pero de ese fraude por ocultación, se derivan daños para la sociedad española y para la Nación como tal: descrédito dentro y fuera de nuestras fronteras, desprestigio social y político, y consecuente desprecio y humillación de la comunidad internacional.
Se preguntarán ustedes que por qué semejantes personajes no han pasado a engrosar la población penitenciaria española. La respuesta es también muy evidente: porque en España nunca pasa nada, si lo que pasa, pasa, de la mano del que manda; o sea, que pasa lo peor. Además en ello, parece haber un consenso no escrito: "hoy por ti y mañana por mí". Pero de ese fraude por ocultación, se derivan daños para la sociedad española y para la Nación como tal: descrédito dentro y fuera de nuestras fronteras, desprestigio social y político, y consecuente desprecio y humillación de la comunidad internacional.
Libertad Digital – Opinión
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