El Ejecutivo no puede lavarse las manos cuando el control del déficit autonómico es determinante para cumplir los planes de estabilidad presupuestaria que exige la lucha contra la crisis.
AUNQUE actúan ya con mentalidad de interinos, los miembros del Gobierno tienen el deber inexcusable de cumplir con sus obligaciones hasta el último momento. Sin embargo, parece que la vicepresidenta económica intenta eludir su responsabilidad al negarse a recibir a la nueva presidenta de Castilla-La Mancha para abordar al máximo nivel político el problema de la deuda pública oculta que denuncia el Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal. Ante un asunto tan grave, no sirven excusas ni dilaciones, con el pretexto de que primero tendrán que reunirse los interventores o los altos cargos del Ministerio y la comunidad autónoma. La «herencia» del PSOE en Castilla-La Mancha es fiel reflejo de una forma de gestión lesiva para el interés general, por mucho que José María Barreda se descuelgue a última hora con explicaciones peregrinas. Más aún, el Ejecutivo no puede lavarse las manos precisamente ahora que el control del déficit autonómico es determinante para cumplir los planes de estabilidad presupuestaria que exige la lucha contra la crisis económica y los compromisos adquiridos por Rodríguez Zapatero ante nuestros socios europeos.
Elena Salgado tiene que rectificar de inmediato y reunirse cuanto antes con Cospedal. Es comprensible que la derrota en feudos tradicionales como Castilla-La Mancha o Extremadura resulte especialmente dolorosa para el PSOE, pero ello no justifica de ninguna manera que se abandone a su suerte a las comunidades que el 22-M optaron por un cambio de rumbo. Por lo demás, las «cuentas» que realiza el nuevo Ejecutivo popular ponen de manifiesto la necesidad ineludible de un análisis riguroso y objetivo de las finanzas públicas después de una larga etapa de monopolio en el poder autonómico. La gestión del dinero público debe realizarse siempre con criterios de austeridad y eficiencia. En nombre de los ciudadanos que la han elegido, Cospedal pretende llevar a cabo una política razonable basada en el control del dinero de todos. Por ello, la negativa de Salgado supone un desprecio a los votantes castellano-manchegos. Nadie espera nada a estas alturas de un Ejecutivo políticamente agotado, pero la máxima responsable de Economía y Hacienda tiene el deber de ocuparse personalmente de un asunto muy grave que pone en entredicho la gestión de los socialistas en Castilla-La Mancha.
ABC - Editorial
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