La Generalitat y CiU llevan tiempo dando muestra tras muestra de deslealtad institucional; ¿por qué los demás españoles les tienen que avalar un endeudamiento que luego una Cataluña independiente puede repudiar?
En el pasado, CiU solía ser un partido razonablemente serio en cuestiones de política macroeconómica. De hecho, su labor de apoyo al Gobierno Aznar fue importante para que España pudiera ser socio fundador del euro. Sin embargo, ahora que el partido se ha quitado la careta para exhibir su verdadero rostro independentista; hasta en ese terreno ha perdido el Norte. Resulta que el Gobierno de la Generalitat está asfixiado por el calamitoso estado de las finanzas catalanas, el cual, todo hay que decirlo, empezó a gestarse y consolidarse en los largos años de mandato de Jordi Pujol. Pues bien, ¿qué se les ha ocurrido a los convergentes para resolver la cuestión? Pues, ni más ni menos, que el Estado avale las emisiones de deuda pública de las autonomías, todas ellas. Así, el Ejecutivo de Artur Mas, que, a pesar de andar tan sumamente corto de dinero se niega a cerrar las embajadas catalanas en el exterior y a poner fin a la más que carísima política de inmersión lingüística, entre otras cosas, podría seguir haciendo de las suyas con el aval de todos los españoles. El Gobierno de Zapatero debería negarse con toda rotundidad a semejante propuesta.
La razón para ello es doble. Desde la perspectiva de la política macroeconómica general, el aval del Estado a las autonomías equivale a darles carta blanca para que sigan haciendo de su capa un sayo en vez de ajustar sus presupuestos. Es abrirles de par en par las puertas a que sigan gastando sin medida alguna y cargando todas las responsabilidades financieras del mismo sobre los hombros del Estado, ya que si una o varias de ellas no responden a los compromisos de pago relacionados con esas emisiones, el Estado tendría que salir en su socorro. Con ello no sólo se impediría el necesario ajuste presupuestario para salir de la crisis sino que se relegaría al Estado a un mero papel de subordinación a las autonomías, en vez de reconocerle la capacidad que tiene y debe tener de ordenar la actividad económica, tal y como recoge la Constitución. Una capacidad necesaria ahora más que nunca para superar nuestra crisis fiscal. Pero como la visión que tiene CiU de España es la de un pacto entre naciones, descomponer todavía más lo poco que queda del Estado le da lo mismo. Ellos van a lo suyo, lo cual nos lleva a la segunda razón.
Tal y como están las cosas en términos institucionales en nuestro país, que el Estado avale la deuda catalana sería un error. La Generalitat y CiU llevan tiempo dando muestra tras muestra de deslealtad institucional y como, además, su vocación última es la independencia de Cataluña, ¿por qué los demás españoles les tienen que avalar un endeudamiento que luego una Cataluña independiente puede repudiar, pasando la responsabilidad del pago a lo que quede de España? Si Cataluña tiene problemas financieros, que deje de tirar el dinero y se las apañe con lo que tiene, que es, por cierto, lo que deben hacer todas las autonomías.
Tal y como están las cosas en términos institucionales en nuestro país, que el Estado avale la deuda catalana sería un error. La Generalitat y CiU llevan tiempo dando muestra tras muestra de deslealtad institucional y como, además, su vocación última es la independencia de Cataluña, ¿por qué los demás españoles les tienen que avalar un endeudamiento que luego una Cataluña independiente puede repudiar, pasando la responsabilidad del pago a lo que quede de España? Si Cataluña tiene problemas financieros, que deje de tirar el dinero y se las apañe con lo que tiene, que es, por cierto, lo que deben hacer todas las autonomías.
Libertad Digital - Opinión
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