Los acampados en la Puerta del Sol han cumplido su quinto día de protestas y anoche, tras conocer la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir las manifestaciones del día de reflexión, no sólo no depusieron su actitud sino que advirtieron que mantendrán las concentraciones en toda España, sin que se tengan noticias de la autoridad gubernativa, que asiste entre complaciente y paternal a la ilegalidad que supone la ocupación del centro neurálgico de la capital de España. El Gobierno ha justificado su pasividad ante la movilización antisistema y de ultraizquierda en un discurso que no encaja en un Estado de Derecho. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, principal responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, explicó que «la Policía busca resolver los problemas y no crear más». Que los responsables de la seguridad renuncien a preservarla es un hecho grave. Las leyes están para cumplirlas y la Junta Electoral Central dictó en este sentido una resolución y un mandato clarísimos que fueron incumplidos en un acto de desobediencia. Resolver problemas en democracia es acatar y hacer cumplir las resoluciones de los organismos y no cruzarse de brazos mientras la situación se enquista sin un desenlace tranquilizador. Precisamente, el abuso y el atropello comienzan cuando la Ley, las normas que regulan nuestra convivencia, no se respetan o cuando se supedita la libertad de una mayoría a la voluntad de una minoría por unos intereses que, desde luego, no son los generales. El Gobierno ha tenido tiempo y medios para devolver la Puerta del Sol a la ciudad pero ha preferido amparar el desafío. ¿Habría hecho lo mismo si la algarada se hubiera celebrado ante La Moncloa o Ferraz? Con toda seguridad, no. Pero tiene su explicación. Ayer se conocieron las principales propuestas del recetario político, social y económico de los autodenominados «indignados». El discurso que emana de estos grupúsculos es el de la izquierda más trasnochada y rancia, en línea con principios del comunismo extraviado de IU: la subida de impuestos, la «expropiación» de viviendas en supuesto desuso, la ocupación de espacios públicos, el derecho a la tierra y al dinero público, la nacionalización de los bancos, el derecho a una vivienda digna o el alquiler social. También defienden cambios en la ley electoral, someter más leyes a referéndum, reducción de los privilegios, denuncia del Concordato con la Santa Sede o una consulta sobre monarquía o república. Es un sarcasmo que el PSOE, el autor del mayor recorte del Estado del Bienestar, se alinee con quienes piensan así. La izquierda ha edulcorado la realidad de una movilización no espontánea, de carácter involucionista, que persigue perturbar unas elecciones que tienen un pronóstico favorable al PP. En el río revuelto de la frustración y la irritación social provocada por siete años de Gobierno socialista, han echado la caña la izquierda radical y de la pesca hay varios partidos que aspiran a darse un banquete, empezando por el PSOE, el único partido de Europa que en vez de gobernar para sacar a su país de la postración económica sólo se dedica a hacer oposición de la oposición.
La Razón - Editorial
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