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Las víctimas del terrorismo saldrán hoy a las calles de Madrid con el propósito de que ningún partido afín a Batasuna esté presente en las elecciones. O lo que es igual, para que ETA no regrese a las instituciones. Se presume una movilización masiva, y no sólo porque la sociedad mantiene una lealtad y un apego afectivos a esos cientos de compatriotas que constituyen un referente moral para todos, sino porque una mayoría comparte las motivaciones de la protesta. Las víctimas se han ganado el respeto, pero también la confianza en sus pronunciamientos. Están avaladas por décadas de responsabilidad y de saber estar a la altura de las circunstancias.
Por eso entendemos las razones del colectivo para manifestarse. Vivimos una etapa de confusión y las víctimas temen que la banda terrorista pueda colarse en los ayuntamientos y las Juntas Generales. Hay un clima político distinto al de hace unos meses. Hoy, parece imposible asegurar que una marca proetarra no estará presente en las elecciones y ése es un motivo suficiente de alarma. Hay episodios que abonan esa incertidumbre. En primer lugar, el voto particular de siete magistrados del Supremo –casi la mitad– que dieron crédito a las palabras de Sortu y no a los documentos presentados por la Fiscalía y la Abogacía, ni a los informes de la Guardia Civil y la Policía. Que esos magistrados pertenezcan a la misma corriente ideológica que una mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional que decidirá sobre el recurso de Sortu dispara las dudas.
Por eso entendemos las razones del colectivo para manifestarse. Vivimos una etapa de confusión y las víctimas temen que la banda terrorista pueda colarse en los ayuntamientos y las Juntas Generales. Hay un clima político distinto al de hace unos meses. Hoy, parece imposible asegurar que una marca proetarra no estará presente en las elecciones y ése es un motivo suficiente de alarma. Hay episodios que abonan esa incertidumbre. En primer lugar, el voto particular de siete magistrados del Supremo –casi la mitad– que dieron crédito a las palabras de Sortu y no a los documentos presentados por la Fiscalía y la Abogacía, ni a los informes de la Guardia Civil y la Policía. Que esos magistrados pertenezcan a la misma corriente ideológica que una mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional que decidirá sobre el recurso de Sortu dispara las dudas.
Después, la posición de los socialistas vascos, que se han alineado con los criterios de esa minoría discrepante con el fallo que desmontó la trampa etarra en el Supremo. No sólo ha sido el presunto verso suelto de Jesús Eguiguren, sino que el partido, por medio de su portavoz, José Antonio Pastor, lo ha expresado con claridad. Que las tesis de Eguiguren se hayan impuesto supone caminar hacia la equidistancia, el borrón y cuenta nueva y el olvido, lo que es inaceptable. Las víctimas tomarán las calles mientras en el Congreso la Ley de Solidaridad con el colectivo lleva congelada desde octubre sin que se conozcan los motivos y a la espera de que los grupos se decidan a reactivar la tramitación. Esta situación es un escándalo y una burla a las víctimas, que no se merecen el enredo parlamentario de los dos grandes partidos que ha permitido, por ejemplo, 24 prórrogas en el plazo de entrega de enmiendas.
El presidente del Gobierno prometió esta ley en 2006 y las víctimas la esperan cinco años después. Ni el Gobierno ni el PSOE acudirán a la manifestación. Esta actitud distante y fría ha sido un error crónico de la izquierda y lo peor es que no hay propósito de enmienda. El PP estará con una importante representación. Es un deber moral, pero también, una convicción. La protesta, por tanto, está sustentada en sólidos fundamentos. Las víctimas desconfían porque la pasada negociación con ETA está demasiado presente en mensajes y protagonistas. Hasta la fecha, el Gobierno se mantiene firme en la política de la derrota y es de justicia reconocerlo. Como lo es también recordar que los socialistas mantienen viva la resolución parlamentaria de 2005 que autoriza al Ejecutivo a dialogar con los terroristas.
El presidente del Gobierno prometió esta ley en 2006 y las víctimas la esperan cinco años después. Ni el Gobierno ni el PSOE acudirán a la manifestación. Esta actitud distante y fría ha sido un error crónico de la izquierda y lo peor es que no hay propósito de enmienda. El PP estará con una importante representación. Es un deber moral, pero también, una convicción. La protesta, por tanto, está sustentada en sólidos fundamentos. Las víctimas desconfían porque la pasada negociación con ETA está demasiado presente en mensajes y protagonistas. Hasta la fecha, el Gobierno se mantiene firme en la política de la derrota y es de justicia reconocerlo. Como lo es también recordar que los socialistas mantienen viva la resolución parlamentaria de 2005 que autoriza al Ejecutivo a dialogar con los terroristas.
La Razón - Editorial
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