El turno de las víctimas

Las víctimas de ETA fueron arrinconadas en una estrategia perfectamente definida para legitimar el diálogo emprendido entre la banda y el Gobierno.

DESPUÉS de varias semanas pendientes de cada palabra, gesto o acto de Sortu, de ETA o de cualesquiera dirigentes proetarras que decidieran coger un micrófono para hacer su aportación al nuevo engaño de los terroristas, las víctimas de ETA piden la palabra de nuevo, porque otra vez se sienten preocupadas y están indignadas. Temen que se las traicione otra vez. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero frenó el movimiento cívico que impulsaron las víctimas de ETA en las legislaturas de José María Aznar e hizo cuanto pudo para debilitar su ejemplaridad ética contra la negociación con los etarras. Fueron manipuladas, arrinconadas y enfrentadas a las víctimas del 11-M, en una estrategia perfectamente definida para legitimar el diálogo emprendido entre ETA y el Gobierno. Estas víctimas, que ven ahora con estupor cómo se confirman sus denuncias contra el engaño masivo de la anterior negociación entre 2005 y 2007, volverán a manifestarse legítima y justificadamente el próximo día 9, en Madrid, para exigir que ETA se quede fuera de las instituciones. Y lo piden como contrapunto a la toma de postura de muy significados representantes del socialismo vasco a favor de la legalización de Sortu, secundados por mensajes a medias y discursos contradictorios de responsables nacionales del PSOE e incluso de miembros del Gobierno. No son el Partido Popular ni las víctimas a quienes el Gobierno ha de demandar unidad frente a ETA, sino al presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y otros dirigentes del partido, que son quienes con diferente intensidad han asumido el papel de avalistas públicos de Sortu.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha desmentido las bondades estatutarias de Sortu y lo ha situado en su escenario natural, que es ETA. Pero no se puede ignorar la división que existe en la Sala —otra división, otra fractura que puede anotar Zapatero en su paso por el Gobierno—, porque es trasunto de la falta de coherencia en un Gobierno que defiende una cosa en las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, pero que no se recata en utilizar espontáneos para dejar caer que desea otra. Con toda razón el Tribunal Constitucional se sitúa ahora en el centro de la atención pública y de las víctimas, en especial, porque entre el doble lenguaje del PSOE y la falta de unanimidad en el Supremo nunca ha tenido ETA tantas posibilidades de sacar adelante un recurso de amparo contra la Ley de Partidos Políticos. Las víctimas vuelven a tener razón.

ABC - Editorial