Cancelada la cita de Vistalegre, el PSOE persevera en la estrategia y sigue ocultando a su líder en los mítines de la campaña del 22-M.
EL debate sobre la sucesión de Zapatero es un virus que contamina la vida política y difumina los asuntos importantes para una sociedad con una crisis económica histórica, inmersa en una tasa de paro superior al 20 por ciento, en un endeudamiento asfixiante y sin datos consolidados de reactivación de la actividad productiva y de las economías familiares. Lo que para las grandes empresas y bancos pueden ser síntomas de recuperación, para los ciudadanos que pierden empleos y viviendas no dejan de ser meras ilusiones de macroeconomía, que no se traducen en nuevos puestos de trabajo, ni en créditos para financiar sus empresas y evitar quiebras. Tanto el PSOE como el Gobierno están lastrados por la carga de las especulaciones que impulsó la frivolidad de Zapatero cuando, en Navidad, anunció que ya había decidido lo que iba a hacer, y que sólo lo sabían su mujer y un miembro del PSOE. Su partido ha ido desfigurándose en unas primarias encubiertas, con precandidatos identificados, y mezcladas con la ansiedad de sus «barones» territoriales por el advenimiento de una derrota el 22-M, que puede ser masiva. Y pese a no desvelar quién será el candidato, el partido sigue escondiendo a su líder. Ayer, se pudo ver en actos electorales a Rubalcaba, Blanco, Bono, Chaves, Griñán, Barreda, Jiménez, Gómez, Vara, Iglesias, Alarte... La supresión de Vistalegre no fue una casualidad, sino el principio de esta operación de encubrimiento.
A pocos días del Comité Federal, en el que muchos confiaban en que Zapatero clarificaría su futuro, el Gobierno ha traspasado a la clase empresarial la carga del debate sucesorio. Así es como Zapatero transformó su segundo encuentro con los principales empresarios y banqueros españoles en una mezcla de «photocall» y sanedrín electoral, cuyo principal mensaje oficial es que la banca y las finanzas no quieren que Zapatero dimita, ni convoque elecciones. Unas elecciones anticipadas no son un problema para una democracia asentada, y económicamente pueden ser un revulsivo imprescindible. Además, si España tuviera un gobierno centrado en una agenda de reformas reales, y no de boquilla, sería comprensible el temor a una paralización por el adelanto electoral. Pero, como esto no sucede, el tiempo que llevaría el proceso electoral y el paso de un gobierno a otro se vería compensado con los beneficios de una confianza social renovada y de un programa de reformas refrendado en las urnas, no improvisado día a día.
ABC - Editorial
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