Tras recibir el rechazo frontal de los expertos, de la opinión pública y de un importante segmento de la oposición a su decisión de limitar la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, el Gobierno aprobó ayer un plan de ahorro energético integrado por 20 iniciativas que buscarán reducir en un 5% las importaciones de petróleo. Según avanzaron el vicepresidente Rubalcaba y el ministro Sebastián, la inversión prevista será de 1.151 millones de euros y estará financiado en un 80% por las eléctricas. Con estas actuaciones, que afectarán al transporte, la iluminación y al consumo eléctrico, el Ejecutivo estima un ahorro de 2.300 millones.
La aprobación de este plan tiene su origen en la posibilidad de que la inestable situación que padece el mundo árabe, y que afecta ya de lleno a algunos países productores de petróleo, desencadene problemas de desabastecimiento. Este escenario tendría consecuencias especialmente negativas para un país que, como España, soporta una dependencia energética del 80%. El Gobierno, que en otras ocasiones ha demostrado una falta de reflejos alarmante a la hora de hacer frente a los problemas, hace bien en anticiparse a esta amenaza. Sin embargo, la cuestión es saber si las medidas puestas en marcha constituyen una solución a largo plazo. Y, ciertamente, un análisis en conjunto del plan de ahorro aporta más incógnitas que certidumbres. No cabe duda, por ejemplo, de que la renovación del alumbrado público en los municipios de más de 25.000 habitantes en los próximos cinco años ayudará a rebajar la abultada factura energética que lastra a las administraciones públicas. Del mismo modo, el establecimiento de una línea ICO para empresas de servicios energéticos o la mejora en la eficiencia del transporte de mercancías suponen pequeños pasos en la dirección adecuada. Pero, al mismo tiempo, son medidas a todas luces insuficientes para un país que no necesita parches en su política energética, sino un cambio de modelo. Porque sólo puede calificarse de parche improvisado la decisión de limitar la circulación a 110 km por hora cuando, en realidad, como demuestra un estudio que hoy publica LA RAZÓN, el ahorro es mayor si se circula a 130. En esta misma línea hay que ubicar el plan de ayudas a la compra de neumáticos eficientes, que sólo afectará al 1,3% de las unidades que se venden cada año. Que a última hora se hayan quedado fuera algunas medidas que el propio Gobierno ya había defendido, como limitar el acceso del tráfico al centro de las ciudades o reducir la velocidad en algunas calles de 50 a 30 kilómetros por hora, no hace sino reforzar el aroma efectista que suele acompañar a sus actuaciones. Una constante que se repite con este plan, cuya inversión, de 1.151 millones, sólo generará un ahorro anual de 2.300 millones. La cerrazón del PSOE en materia nuclear impide a España sentar las bases de un modelo energético de futuro que nos equipare con nuestros socios europeos. En lugar de ello, el Gobierno prefiere buscar culpables. Ayer, casi siete años después de llegar al poder, responsabilizó a los gobiernos del PP del atraso energético español.
La aprobación de este plan tiene su origen en la posibilidad de que la inestable situación que padece el mundo árabe, y que afecta ya de lleno a algunos países productores de petróleo, desencadene problemas de desabastecimiento. Este escenario tendría consecuencias especialmente negativas para un país que, como España, soporta una dependencia energética del 80%. El Gobierno, que en otras ocasiones ha demostrado una falta de reflejos alarmante a la hora de hacer frente a los problemas, hace bien en anticiparse a esta amenaza. Sin embargo, la cuestión es saber si las medidas puestas en marcha constituyen una solución a largo plazo. Y, ciertamente, un análisis en conjunto del plan de ahorro aporta más incógnitas que certidumbres. No cabe duda, por ejemplo, de que la renovación del alumbrado público en los municipios de más de 25.000 habitantes en los próximos cinco años ayudará a rebajar la abultada factura energética que lastra a las administraciones públicas. Del mismo modo, el establecimiento de una línea ICO para empresas de servicios energéticos o la mejora en la eficiencia del transporte de mercancías suponen pequeños pasos en la dirección adecuada. Pero, al mismo tiempo, son medidas a todas luces insuficientes para un país que no necesita parches en su política energética, sino un cambio de modelo. Porque sólo puede calificarse de parche improvisado la decisión de limitar la circulación a 110 km por hora cuando, en realidad, como demuestra un estudio que hoy publica LA RAZÓN, el ahorro es mayor si se circula a 130. En esta misma línea hay que ubicar el plan de ayudas a la compra de neumáticos eficientes, que sólo afectará al 1,3% de las unidades que se venden cada año. Que a última hora se hayan quedado fuera algunas medidas que el propio Gobierno ya había defendido, como limitar el acceso del tráfico al centro de las ciudades o reducir la velocidad en algunas calles de 50 a 30 kilómetros por hora, no hace sino reforzar el aroma efectista que suele acompañar a sus actuaciones. Una constante que se repite con este plan, cuya inversión, de 1.151 millones, sólo generará un ahorro anual de 2.300 millones. La cerrazón del PSOE en materia nuclear impide a España sentar las bases de un modelo energético de futuro que nos equipare con nuestros socios europeos. En lugar de ello, el Gobierno prefiere buscar culpables. Ayer, casi siete años después de llegar al poder, responsabilizó a los gobiernos del PP del atraso energético español.
La Razón - Editorial
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