La situación actual es mucho peor que cuando el Manifiesto de los 2.300 vio la luz porque ese mismo problema que denunciaban sus firmantes, circunscrito a Cataluña, ha adquirido carta de naturaleza también en otras comunidades autónomas.
Para cualquiera que examine aunque sea someramente la realidad actual de Cataluña, resulta más que evidente que las denuncias contenidas en el Manifiesto de los 2.300 y sus lúgubres vaticinios no sólo tienen vigencia treinta años después, sino que, como afirma uno de sus firmantes más destacados, los redactores del documento se quedaron bastante cortos.
La valentía cívica de los firmantes del original, algunos de ellos a un alto precio, hizo posible que la sociedad española entera conociera los avatares de la comunidad lingüística castellanohablante en Cataluña, cuyos miembros eran despreciados por una incipiente casta nacionalista que, treinta años después, no se ha civilizado en lo que atañe al respeto del derecho individual del uso de la lengua materna en materia educativa, sino que ha culminado el proyecto del pujolismo consistente en erradicar la lengua española de la esfera pública a toda costa.
La valentía cívica de los firmantes del original, algunos de ellos a un alto precio, hizo posible que la sociedad española entera conociera los avatares de la comunidad lingüística castellanohablante en Cataluña, cuyos miembros eran despreciados por una incipiente casta nacionalista que, treinta años después, no se ha civilizado en lo que atañe al respeto del derecho individual del uso de la lengua materna en materia educativa, sino que ha culminado el proyecto del pujolismo consistente en erradicar la lengua española de la esfera pública a toda costa.
Pero la situación actual es mucho peor que cuando el Manifiesto de los 2.300 vio la luz, porque ese mismo problema que denunciaban sus firmantes, circunscrito a Cataluña, ha adquirido carta de naturaleza también en otras comunidades autónomas en las que el proyecto de erradicación de la lengua común de todos los españoles avanza a pasos acelerados. Y es que no sólo son las comunidades autónomas que han sido gobernadas largamente por partidos nacionalistas las que han perpetrado esta coacción intolerable hacia los derechos individuales de la mayoría de su población, sino también otras como Galicia o Baleares, en las que los nacionalistas sólo han formado parte de coaliciones durante cortos periodos. En la Comunidad Valenciana es aún más sangrante ya que allí donde no han gobernado jamás los nacionalistas y, a pesar de ello, para vergüenza de sus dirigentes, también resulta un trámite heroico intentar que los niños castellanohablantes se eduquen en su lengua materna, o que las relaciones con la administración puedan mantenerse en castellano tal y como exige la Constitución.
Pero este viejo proyecto nacionalista de construir un Estado independiente suprimiendo previamente cualquier vínculo emocional con la patria española, con la lengua común en primer lugar, no hubiera triunfado sin la cooperación necesaria de unas instituciones políticas nacionales que llevan más de treinta años evadiéndose de su obligación de garantizar los derechos individuales de todos los españoles, sin distinción del territorio en el que vivan.
La complicidad de las instituciones culturales y los medios de comunicación de masas ha sido también de tales dimensiones que, incluso hoy, treinta años y un día después del histórico documento, aquellos que han querido dedicar un sencillo homenaje a la efeméride han tenido serios problemas para encontrar un espacio público que albergara el acto.
El 12 de marzo de 1981, 2.300 españoles cumplieron con su deber exigiendo respeto para los derechos individuales de sus conciudadanos. Sirva su ejemplo para que la libertad no quede nunca huérfana de defensores, por más que arrecien los vientos totalitarios. En eso estamos.
Pero este viejo proyecto nacionalista de construir un Estado independiente suprimiendo previamente cualquier vínculo emocional con la patria española, con la lengua común en primer lugar, no hubiera triunfado sin la cooperación necesaria de unas instituciones políticas nacionales que llevan más de treinta años evadiéndose de su obligación de garantizar los derechos individuales de todos los españoles, sin distinción del territorio en el que vivan.
La complicidad de las instituciones culturales y los medios de comunicación de masas ha sido también de tales dimensiones que, incluso hoy, treinta años y un día después del histórico documento, aquellos que han querido dedicar un sencillo homenaje a la efeméride han tenido serios problemas para encontrar un espacio público que albergara el acto.
El 12 de marzo de 1981, 2.300 españoles cumplieron con su deber exigiendo respeto para los derechos individuales de sus conciudadanos. Sirva su ejemplo para que la libertad no quede nunca huérfana de defensores, por más que arrecien los vientos totalitarios. En eso estamos.
Libertad Digital - Editorial
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