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Batasuna fue puesta fuera de la ley en una operación de Estado iniciada en el año 2002 (Ley de Partidos Políticos) con directa implicación de sus tres poderes. El Ejecutivo se lo propuso al Legislativo. El Parlamento legisló para evitar la participación política de organizaciones vinculadas al terrorismo. Y el Poder Judicial aplicó la ley. En estos momentos, Batasuna es una organización ilegal, según sentencia del Tribunal Supremo ratificada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Por lo que los miembros de dicha organización hacen y no por lo que piensan.
¿Toda esa arquitectura jurídica y política debe ser desmontada de un día para otro porque de un día para otro los dirigentes de Batasuna retocan sus estatutos hasta hacerlos encajar en la letra de la Ley de Partidos Políticos?
Así no se despacha una vieja complicidad de cuarenta años con una banda terrorista cuyo rastro de sangre sigue fresco en el dolor de miles de familias y en la memoria de todos los españoles. Sería un disparate que el Ministerio tramitase sin más la inscripción, sólo porque el ideario y los estatutos del partido presentado ayer en Bilbao se ajustan formalmente, a la letra de la Ley de los Partidos Políticos (ver artículo 9).
Sería como encargarle el mayor edificio de la ciudad a un arquitecto con el título recién estrenado. Como devolverle el carnet de conducir a un alcohólico porque supera las pruebas técnicas en un pasajero estado de sobriedad. Como fiarse de un maltratador por un minuto de arrepentimiento tras veinte años de reincidencias. O como permitir decir misa a un desconocido sólo porque lleva puesta una sotana, que es lo que le ha ocurrido al Ejército colombiano con el falso cura de Yopal.
En consecuencia, al Gobierno no le queda otra que atenerse a las generales de la ley. Es decir, recibir la solicitud de inscripción en el Ministerio del Interior y ponerla en manos de la Fiscalía para que la impugne en incidente de ejecución de sentencia (sentencia de ilegalización aplicable a Batasuna y a quienes traten de sucederla). Que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo. También en el caso de la izquierda abertzale el propósito de la enmienda tiene que ser general y verificable. Pero la verificación no le corresponde a Zapatero, ni a Rubalcaba, ni al lehendakari López, ni a Urkullu, ni a Rajoy, sino a los tribunales, en tanto ETA siga viva y Batasuna siga siendo una organización ilegal.
«Así no se despacha una vieja complicidad de cuarenta años con una banda terrorista cuyo rastro de sangre sigue fresco en el dolor de miles de familias y en la memoria de todos los españoles.»No, rotundamente, no. No sin un tiempo de prueba. Al menos mientras ETA siga existiendo en su delirante pretensión de tutelar el futuro del País Vasco. Hechos son amores y, por ahora, como dice Rubalcaba, “la credibilidad de Batasuna está bajo mínimos”. Rufi Echevarría e Iñigo Iruin, dirigentes de la Batasuna proscrita por el Estado de Derecho, ofrecen palabras, dichos, anuncios, intenciones, promesas, hilvanados en su novedoso rechazo a la violencia. Esperan que sea suficiente hacer expresa renuncia al terrorismo, como resorte político, para merecer la inscripción en el Registro del Ministerio del Interior.
Así no se despacha una vieja complicidad de cuarenta años con una banda terrorista cuyo rastro de sangre sigue fresco en el dolor de miles de familias y en la memoria de todos los españoles. Sería un disparate que el Ministerio tramitase sin más la inscripción, sólo porque el ideario y los estatutos del partido presentado ayer en Bilbao se ajustan formalmente, a la letra de la Ley de los Partidos Políticos (ver artículo 9).
Sería como encargarle el mayor edificio de la ciudad a un arquitecto con el título recién estrenado. Como devolverle el carnet de conducir a un alcohólico porque supera las pruebas técnicas en un pasajero estado de sobriedad. Como fiarse de un maltratador por un minuto de arrepentimiento tras veinte años de reincidencias. O como permitir decir misa a un desconocido sólo porque lleva puesta una sotana, que es lo que le ha ocurrido al Ejército colombiano con el falso cura de Yopal.
En consecuencia, al Gobierno no le queda otra que atenerse a las generales de la ley. Es decir, recibir la solicitud de inscripción en el Ministerio del Interior y ponerla en manos de la Fiscalía para que la impugne en incidente de ejecución de sentencia (sentencia de ilegalización aplicable a Batasuna y a quienes traten de sucederla). Que la última palabra la tenga el Tribunal Supremo. También en el caso de la izquierda abertzale el propósito de la enmienda tiene que ser general y verificable. Pero la verificación no le corresponde a Zapatero, ni a Rubalcaba, ni al lehendakari López, ni a Urkullu, ni a Rajoy, sino a los tribunales, en tanto ETA siga viva y Batasuna siga siendo una organización ilegal.
El Confidencial - Opinión
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