La imagen del Ejecutivo es la de un desorden absoluto, que priva a España de una agenda económica realista y planificada.
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AUNQUE el Gobierno anunció ayer a través de su portavoz y vicepresidente primero, Pérez-Rubalcaba, que «va a pelear» por un acuerdo sobre la reforma de las pensiones, lo cierto es que el Ejecutivo ya tiene decidido y proclamado lo que va a hacer y cuándo. Además, buena parte de esta información la ha facilitado el propio presidente del Gobierno al concretar que la nueva edad de jubilación se ampliará a los 67 años. También ha anunciado el Gobierno que ampliará el periodo de vida laboral necesario para percibir una pensión y que la decisión final será tomada por el Consejo de Ministros el 28 de este mes. Fijados el calendario y el contenido de la reforma, el Gobierno pierde el tiempo simulando voluntad de consenso con las fuerzas sindicales, con las que ayer comenzó una ronda de reuniones, porque, además de estar vinculado a los anuncios hechos por Rodríguez Zapatero, ni las grandes economías europeas ni los mercados financieros van a permitirle más amagos o aplazamientos. Para muestra, el comienzo del año 2011, que está siendo muy preocupante para la deuda española. El problema de nuestra economía sigue siendo que no está respaldada por una dirección política fiable.
La reforma de las pensiones tiene una oposición casi total de los sindicatos, que ya han anunciado que la aprobación de los planes del Gobierno justificará una nueva huelga general, con visos de tener mayor respaldo social que la primera. El acuerdo con los sindicatos se presenta prácticamente imposible, salvo que el Gobierno esté poniendo el listón de la negociación muy alto para luego rebajarlo y vender el consenso como un éxito de su política social. Estos experimentos con la situación económica del país no son aconsejables, porque el consenso que se obtenga con los sindicatos puede tener un alto coste en la respuesta de los organismos internacionales y de los mercados. El Gobierno está inmerso en una crisis de identidad, obligado a renunciar desde el 12 de mayo de 2010 a todos los principios económicos de su ortodoxia ideológica, con importantes componentes de deserción de ideales en política internacional, como se ha visto en la relación con Marruecos o en la reciente visita del viceprimer ministro chino. La imagen del Ejecutivo es la de un desorden absoluto, que priva a España de una agenda económica realista y planificada, capaz de generar confianza en el exterior y esperanza en el interior.
ABC - Opinión
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