El Gobierno ha pasado de la coartada del diálogo social a la imposición de prerrogativas que no le están reconocidas para utilizar abusivamente.
El Gobierno ya ha dado indicios de por dónde va a construir el andamiaje político de este último año de legislatura efectiva, en el que se va a ver obligado a un difícil equilibrio entre las urgencias electorales de su partido y las imposiciones de las grandes economías europeas y de los mercados financieros. Se mantendrá la proscripción de cualquier posible acuerdo con el Partido Popular porque ahora más que nunca el PSOE tiene que evitar todo gesto que implique a la oposición en una dinámica de pactos de Estado. El mensaje oficial de los socialistas sobre el PP seguirá siendo que a Rajoy le gusta la crisis, aunque esta propaganda ya resulte poco o nada eficaz ante una opinión pública muy asentada en la necesidad de cambio político.
Pese a todo, 2011 será un año en el que el Gobierno tendrá que adoptar medidas y aprobar leyes. Para asegurarse su tramitación, evitando en la medida de lo posible la confrontación parlamentaria, el Ejecutivo hará uso de sus pactos con PNV y Coalición Canaria, a los que puede unirse Convergencia i Unió si Artur Mas cree que hay una mínima posibilidad de participar en la subasta organizada por Zapatero para sumar los votos que necesita hasta el final de legislatura. Sin embargo, los nacionalistas pueden variar su actitud si comprueban, a medida que se acerquen las elecciones de mayo, que el presidente del Gobierno es un incómodo compañero de viaje —algunos barones socialistas ya lo saben— y que el apoyo que le prestan puede empezar a no ser neutral ante sus propios electores.
Y, como ya sucediera en 2010, el Gobierno no dudará en acudir al veto parlamentario y a la legislación por decreto para hurtar a la crisis los debates políticos que tanto necesita. Este Gobierno ha pasado de la coartada del diálogo social para justificar su inoperancia a la imposición reglamentista de unas prerrogativas que no le están reconocidas para utilizar abusivamente. Es obvio que el Gobierno tiene que corresponder a su responsabilidad directiva de la política nacional con los procedimientos que le concede la Constitución, pero a quien tanto tardó, como Zapatero, en reconocer la crisis, y tanto como él denigró la imposición de reformas sin acuerdo, le es exigible que emplee algo de tiempo en propiciar acuerdos estables con el principal partido de la oposición, y que lo haga en el Parlamento. Algo que, a estas alturas, entra en el terreno de la ciencia ficción.
Y, como ya sucediera en 2010, el Gobierno no dudará en acudir al veto parlamentario y a la legislación por decreto para hurtar a la crisis los debates políticos que tanto necesita. Este Gobierno ha pasado de la coartada del diálogo social para justificar su inoperancia a la imposición reglamentista de unas prerrogativas que no le están reconocidas para utilizar abusivamente. Es obvio que el Gobierno tiene que corresponder a su responsabilidad directiva de la política nacional con los procedimientos que le concede la Constitución, pero a quien tanto tardó, como Zapatero, en reconocer la crisis, y tanto como él denigró la imposición de reformas sin acuerdo, le es exigible que emplee algo de tiempo en propiciar acuerdos estables con el principal partido de la oposición, y que lo haga en el Parlamento. Algo que, a estas alturas, entra en el terreno de la ciencia ficción.
ABC - Editorial
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