Aquí resulta más eficaz invocar la ley de la taberna: el que rompe paga y se lleva los vidrios rotos.
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LAS leyes que se tejen en el Parlamento tienden a vaporosas. Su incumplimiento y escasa aplicación son parte del folclore nacional y, si alguna llegara a ser invocada para su aplicación, ya se encargarán los tribunales de aplazar su cumplimiento o retorcer su espíritu con el mecanismo procesal con el que, como gran sustituto de la Justicia verdadera, nos vamos apañando en esta democracia paródica en la que dos hombres, solo dos —José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy—, tienen potestad, salvo en Cataluña y el País Vasco, para decidir quién es el alcalde de cada municipio, el presidente de cada autonomía, los representantes parlamentarios de cada circunscripción y los nombres máximos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Eso es algo tan representativo como queramos admitirlo y da paso a un juego parlamentario distinto del que describen los manuales de la ciencia política y los usos en las naciones de acreditados modos democráticos.
Aquí resulta más eficaz invocar la ley de la taberna: el que rompe paga y se lleva los vidrios rotos. Si esa fuera nuestra manera de enfrentarnos al problema financiero, uno de los más perturbadores y graves entre los asuntos pendientes en la vida nacional, estaríamos a salvo; pero, desgraciadamente, aceptamos el proceloso caldo en el que se entremezclan los intereses de unos, las debilidades de otros, la inconsecuencia del sistema y la conveniencia de los renovados caciques regionales y tenemos a la vista una realidad tan indeseable como inútil para el conveniente desarrollo de la economía y el progreso de las personas.
El hecho de que los contribuyentes, siempre sufridos y amedrentados, paguemos con nuestro dinero el fracaso de las instituciones financieras es moralmente reprobable; políticamente, descalificador del Legislativo y del Ejecutivo y, económicamente, la cimentación de nuevas y mayores catástrofes. El método, auspiciado por el Gobierno, bendecido por el Banco de España y tolerado por el BCE, con el que se están fusionando —amancebando para ocultar responsabilidades— muchas de nuestras Cajas de Ahorro clama al cielo. No solo se mantienen, acumulando la perversiones; sino que se confirman en sus cargos de administración y dirección a quiénes han sido responsables de la situación. Si se les aplicara la Ley de la taberna, su suerte sería muy distinta. También el futuro del sector financiero, la potencialidad del progreso español y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos, ahítos de tanto encubrimiento y mandanga como propician los dos monopolistas, uno por la izquierda y otro por la derecha, del poder en la vida española.
El hecho de que los contribuyentes, siempre sufridos y amedrentados, paguemos con nuestro dinero el fracaso de las instituciones financieras es moralmente reprobable; políticamente, descalificador del Legislativo y del Ejecutivo y, económicamente, la cimentación de nuevas y mayores catástrofes. El método, auspiciado por el Gobierno, bendecido por el Banco de España y tolerado por el BCE, con el que se están fusionando —amancebando para ocultar responsabilidades— muchas de nuestras Cajas de Ahorro clama al cielo. No solo se mantienen, acumulando la perversiones; sino que se confirman en sus cargos de administración y dirección a quiénes han sido responsables de la situación. Si se les aplicara la Ley de la taberna, su suerte sería muy distinta. También el futuro del sector financiero, la potencialidad del progreso español y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos, ahítos de tanto encubrimiento y mandanga como propician los dos monopolistas, uno por la izquierda y otro por la derecha, del poder en la vida española.
ABC - Opinión
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