Con la reforma de las pensiones, el Ejecutivo quiere jugar a todas las barajas y entretener a la opinión pública con apariencias de consenso.
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EL primer paso de la reforma de las pensiones por la comisión del Pacto de Toledo y el pleno del Congreso se ha cerrado con unos consensos políticos carentes de compromisos y de agenda para abordar una reforma que resulta inaplazable. La obsesión del Gobierno por ganar tiempo y aparentar fuerza lo está llevando a conformarse con espejismos de pactos, que le sirven para cosechar victorias parlamentarias convertidas en un fin en sí mismas, aunque su eficacia práctica sea escasa, cuando no nula. A un día de que el Consejo de Ministros apruebe la reforma de las pensiones y la jubilación, no es posible saber si ha recibido el apoyo del Congreso para subir o no la edad de jubilación a los 67 años y aumentar o no el período de vida laboral para cotizar por la pensión máxima. En definitiva, lo importante era ganar una votación «como sea». Sin embargo, la negociación sobre la reforma de la jubilación y las pensiones sí está dejando huella en el Gobierno. Por lo pronto, ha supuesto la exclusión del ministro de Trabajo de las conversaciones con los sindicatos, asumidas por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque sin resultados. Poco ha durado el efecto renovador del cambio en Trabajo. Algo similar ha sucedido en el grupo parlamentario, cuya portavoz en la reforma de las pensiones ha sido sustituida a última hora por el ex ministro Jesús Caldera. A la falta de ideas claras, el Gobierno ha sumado la improvisación en sus interlocutores.
Todo estos despropósitos se producen pese a que el presidente del Gobierno anunció en diciembre que la edad de jubilación se situaría en los 67 años y que esta reforma entraría en vigor progresivamente hasta hacerse efectiva en 2027. Tras fijar este desenlace, lo razonable sería llegar a él cuanto antes, porque estancarse en procesos de negociación superficial o imposible afianza la imagen de un Gobierno perdido en los acontecimientos. El Ejecutivo socialista quiere jugar a todas las barajas, con los grupos parlamentarios, por un lado, y con los sindicatos, por otro; lanzar un mensaje y su contrario, y entretener a la opinión pública con apariencias de consenso. A estas alturas no se puede seguir escondiendo la realidad de que España necesita reformas urgentes y profundas, porque, además, el Gobierno sabe que está bajo observación de las principales economías europeas, que esperan que España deje de ser un socio inestable.
ABC - Editorial
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