Cunde la alarma

El Gobierno no sabe o no puede demostrar que la prórroga de la alarma no es más que una medida desproporcionada, preventiva y puramente política.

DESPUÉS de unos días de amagos continuos y sondeos a la opinión pública, el Gobierno aprobó ayer pedir al Congreso la prórroga del estado de alarma que tiene militarizados a los controladores aéreos. El argumento principal del Gobierno es un monumento a su impotencia y no protege su decisión frente a su probable inconstitucionalidad. Dice que no se fía de los controladores y compra el apoyo de los ciudadanos con el discurso de que no habrá más bloqueos en Navidad. Sin embargo, el problema no depende de que el Gobierno pueda o no fiarse. Esta iniciativa depende de una circunstancia tan concreta como es la recuperación o no de la normalidad en la prestación del control aéreo. Por tanto, si el Gobierno se fiara de los controladores tampoco sería argumento —siguiendo su lógica— para derogar el estado de alarma si realmente el servicio no se hubiera restablecido. Por otro lado, la militarización garantiza, por supuesto, el funcionamiento del control aéreo y de cualquier otro servicio público, desde el transporte ferroviario al sanitario. Si se trata de ser eficaces, la militarización suele ser óptima: suprime derechos sindicales y políticos y somete a los afectados a los tribunales militares. La coerción es perfecta. Pero así no se funciona en una democracia avanzada, sistema que, por su propia definición, opta por la negociación, el equilibrio y las soluciones legales propiciadas por el funcionamiento normal de las instituciones civiles, dejando las medidas de restricción de derechos —no digamos las militares— a situaciones extremas, ninguna de las cuales puede apreciarse, a día de hoy, en el control aéreo.

La comparecencia del ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados fue una repetición plana del mismo discurso empleado en los últimos diez meses. Y este es el problema: que nada ha cambiado, y al pretender afear, aún más, a los controladores con su tendencia al chantaje, lo que está haciendo el Gobierno es demostrar su incapacidad para cambiar la situación. Inoperancia igualmente notoria cada vez que recuerda el convenio laboral de 1999 firmado por el PP con los controladores, porque desde diciembre de 2004 la responsabilidad de que se mantuvieran los privilegios económicos y laborales de los controladores es íntegra y exclusivamente del Gobierno socialista. Sencillamente, el Gobierno no pudo o no supo ser convincente a la hora de demostrar que la prórroga acordada ayer no es más que una medida desproporcionada, preventiva y ahora ya puramente política.

ABC - Editorial