La prórroga de la alarma es inaceptable. Vuelta la «normalidad», en un Estado de Derecho no cabe mantenerla de forma preventiva «por si acaso».
EL Gobierno a duras penas ha podido compensar las dudas de legalidad sobre sus decretos de militarización y alarma de la navegación aérea con los inmensos perjuicios que causaron los controladores aéreos a cientos de miles de ciudadanos. Pero, como quedó claro en el debate del pasado jueves, sus responsabilidades políticas por la gestión de este conflicto en los últimos meses no le han sido condonadas. Y tampoco va a poder escabullirse de una revisión escrupulosa de toda la argumentación jurídica que está esgrimiendo para, por un lado, perseguir penalmente a los controladores como sospechosos de un delito de sedición; y, por otro, justificar una prórroga del estado de alarma.
En cuanto a lo primero, resulta incomprensible que el Ministerio Fiscal no haya llevado a los tribunales a todos los controladores implicados y, en su lugar, esté tomando estériles declaraciones que solo consiguen dilatar la necesaria intervención judicial. La Fiscalía no puede tomarse su propia investigación como un pretexto para mantener sobre los controladores la espada de Damocles del delito de sedición, retrasando la toma del caso por los jueces competentes. Delito de sedición que, por otro lado, es de dudosa aplicación a los controladores porque castiga actos colectivos que impiden la aplicación de las leyes o el ejercicio de funciones públicas. Y en derecho penal no es admisible la analogía en perjuicio del sospechoso.
Por lo que respecta al estado de alarma, es evidente que no existe motivo para ser prorrogado. La ley de 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, ordena que estas situaciones excepcionales cesen en cuanto se haya restablecido la normalidad. Si los controladores están desarrollando sus funciones sin incidentes, el mantenimiento del estado de alarma no podrá fundarse en el temor a nuevos paros masivos, porque estas medidas excepcionales nunca pueden ser preventivas. La prórroga de la alarma no es una discrecionalidad política, sino que está sujeta a requisitos legales estrictos. El Gobierno, impotente, está confiando la paz aérea a la militarización y a la restricción excepcional de derechos individuales. El daño que causaron los controladores no es un cheque en blanco al Gobierno. Otra vez, el problema sigue siendo la inoperancia de un Gobierno que se resiste a aceptar que es él quien está en prórroga.
En cuanto a lo primero, resulta incomprensible que el Ministerio Fiscal no haya llevado a los tribunales a todos los controladores implicados y, en su lugar, esté tomando estériles declaraciones que solo consiguen dilatar la necesaria intervención judicial. La Fiscalía no puede tomarse su propia investigación como un pretexto para mantener sobre los controladores la espada de Damocles del delito de sedición, retrasando la toma del caso por los jueces competentes. Delito de sedición que, por otro lado, es de dudosa aplicación a los controladores porque castiga actos colectivos que impiden la aplicación de las leyes o el ejercicio de funciones públicas. Y en derecho penal no es admisible la analogía en perjuicio del sospechoso.
Por lo que respecta al estado de alarma, es evidente que no existe motivo para ser prorrogado. La ley de 1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, ordena que estas situaciones excepcionales cesen en cuanto se haya restablecido la normalidad. Si los controladores están desarrollando sus funciones sin incidentes, el mantenimiento del estado de alarma no podrá fundarse en el temor a nuevos paros masivos, porque estas medidas excepcionales nunca pueden ser preventivas. La prórroga de la alarma no es una discrecionalidad política, sino que está sujeta a requisitos legales estrictos. El Gobierno, impotente, está confiando la paz aérea a la militarización y a la restricción excepcional de derechos individuales. El daño que causaron los controladores no es un cheque en blanco al Gobierno. Otra vez, el problema sigue siendo la inoperancia de un Gobierno que se resiste a aceptar que es él quien está en prórroga.
ABC - Editorial
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