El presidente del Gobierno desveló ayer oficialmente en Oslo que entre sus planes inmediatos figura el envío al Congreso de la reforma del sistema público de pensiones. Antes de que termine el año, empezará el trámite parlamentario y el contenido de la propuesta se basará en el informe elaborado por la Comisión del Pacto de Toledo, instancia en la que están representadas las principales fuerzas políticas. Aunque Zapatero no quiso ser más explícito en su comparecencia, tras participar en el Foro del FMI y la OIT sobre crecimiento y empleo, sí aseveró que «si un gobernante sabe, con los datos de que dispone, que dentro de diez o quince años nuestro sistema de pensiones, que es la columna de la cohesión social, puede tener problemas, hay que actuar. Y vamos a actuar». Todo apunta, por tanto, a que siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, el Gobierno propondrá un retraso de dos años de la edad de jubilación, que pasará de 65 a 67 años a partir de 2020-2025. Al mismo tiempo, el cálculo de la prestación se hará no sólo con los últimos quince años de vida laboral, sino que se ampliará a veinte o más. En suma, los españoles se jubilarán más tarde y cobrarán menos pensión. No es, desde luego, una reforma popular ni estimulante, pero sí necesaria. Las estimaciones demográficas, que prevén una progresiva disminución de los cotizantes y un envejecimiento mayor de la población, aconsejan introducir medidas correctoras con antelación so pena de que el sistema quiebre y se colapse uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. Además, si se tiene en cuenta que los tiempos de bonanza para la caja de la Seguridad Social tardarán bastantes años en volver y que el altísimo paro causa una incesante hemorragia a todo el sistema, sería temerario oponerse a una reforma que haga viables las pensiones del futuro. Es comprensible que disguste a los sindicatos y que suscite fuertes protestas, como se vio la semana pasada en Francia. Incluso es pertinente que se abra un debate sobre las alternativas razonables que pudieran existir a las medidas rigoristas, como por ejemplo dando paso a fórmulas de capitalización a medida, mayores incentivos a los planes privados y unos programas a la carta que aliviaran la carga sobre el sistema público y, al mismo tiempo, favorecieran las expectativas del futuro jubilado. En este sentido, sería conveniente impulsar de manera efectiva el aplazamiento voluntario del retiro mediante estímulos salariales, y al mismo tiempo penalizar las prejubilaciones sin causas suficientemente justificadas. En una sociedad y un mercado laboral tan versátiles es posible darle alternativas al cotizante para que elija entre una gama de opciones. Al igual que en la legislación laboral, también aquí es posible y deseable una mayor flexibilidad que redunde en beneficio de las partes. En todo caso, es muy necesaria la reforma anunciada por Zapatero, que, unida a la del sistema financiero y a la del mercado de trabajo, otorga a España un marco regulatorio fiable y tranquilizador para el inversor extranjero. Lo que no es poca cosa para un país con 4,5 millones de parados y que todavía sigue en recesión, según afirmó ayer la Comisión Europea.
La Razón - Editorial
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