Puede que el propósito de fondo que anima al Gobierno sea una justicia débil, fragmentada y sin instituciones fuertes, pero el resultado es un deterioro inaceptable del sistema judicial.
LA apertura del año judicial estuvo ayer protagonizada por las críticas unánimes de jueces y fiscales a la política del Gobierno sobre el Poder Judicial, aunque la Asociación Profesional de la Magistratura prefirió responsablemente no implicar el acto solemne presidido por Su Majestad el Rey con la reivindicaciones de las demás asociaciones. En todo caso, se trata de una unanimidad sin antecedentes que pone de manifiesto el descontento general entre los profesionales de la Justicia. Razones no les faltan porque la Justicia ha sido para el Gobierno socialista, ante todo, un campo de batalla política, desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo, pasando por las elecciones a las Salas de Gobierno de los órganos colegiados o al Consejo Fiscal, sin olvidar las presiones al Consejo General del Poder Judicial. Transcurridos más de seis años de mandato socialista, la reforma legal de la Justicia sólo se apunta el asalto al CGPJ en diciembre de 2004 para cambiar las reglas de nombramiento de magistrados del Supremo y la nueva oficina judicial, en 2009, cuya implantación, a día de hoy, es valorada negativamente. Por otro lado, el impacto de la crisis económica ha hecho mella en la justicia civil, mercantil y laboral, con un incremento de asuntos ingresados y pendientes que habría requerido medidas de choque, y no sólo nuevos proyectos de ley, a plazo indefinido, sobre mediación o arbitraje.
En este contexto de críticas justificadas de jueces y fiscales, el Gobierno sigue su agenda y ha lanzado dos objetivos claramente políticos para la Justicia: traspasar a los fiscales la instrucción de los procesos penales y buscar sucedáneos legales al Estatuto de Cataluña, después de que el TC eliminara gran parte del proyecto de segregación judicial que se encerraba en esa norma estatutaria. Ni el desapoderamiento de los jueces de instrucción ni la creación de Consejos autonómicos de Justicia que compitan con el CGPJ son necesidades urgentes ni estructurales de la Administración de Justicia en España. Incluso son contraproducentes y, en el caso de los Consejos autonómicos, tienen un claro riesgo de inconstitucionalidad. Más urgente es estabilizar la oficina judicial con plantillas profesionalizadas, desarrollar procedimientos de trabajo que agilicen la burocracia judicial y atender, en la medida que permita el ajuste del gasto público, sus demandas profesionales. Puede que el propósito de fondo que anima al Gobierno sea una justicia débil, fragmentada y sin instituciones centrales fuertes, pero el resultado es un deterioro inaceptable del sistema judicial.
ABC - Editorial
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