La previsible derrota del PSC en las elecciones del 28-N alcanzaría de lleno a Rodríguez Zapatero a cinco meses del resto de comicios autonómicos y locales.
LAS elecciones catalanas del 28 de noviembre tienen una serie de valores políticos añadidos que harán que sus resultados trasciendan a la política nacional, además de constituirse en el juicio ciudadano sobre la tormentosa legislatura que ahora acaba. Quiera o no el PSOE, el 28-N es la primera prueba de fuego para Rodríguez Zapatero, porque a estas elecciones llegan en mal estado dos de sus invenciones políticas más críticas: el Estatuto de 2006 y la fórmula del tripartito socialnacionalista. Estos ejes de la política catalana son producto de la ingeniería de partido puesta en marcha por Zapatero en 2003 para sentar las bases de una consolidación del poder de izquierda en España, lo que exigía un pacto extremista con los nacionalismos radicales contra el PP y una subversión de los principios del Estado de las Autonomías. Ambos objetivos han sido un fracaso, como se vio en Galicia y el País Vasco, donde, respectivamente, el PP gobierna y permite a los socialistas gobernar; y como se ha visto en la sentencia del Tribunal Constitucional, que desmontó buena parte del tinglado confederal urdido por Zapatero. Además, se añade el balance, puro y simple, de la gestión del tripartito de Montilla, lo que pone a los socialistas catalanes en puertas de una derrota previsiblemente abultada, una derrota que alcanzaría a Zapatero a cinco meses del resto de elecciones autonómicas y de los comicios locales, lo que explicaría los mensajes escépticos o críticos de algunos barones territoriales del PSOE sobre la deriva del Ejecutivo central y sus llamamientos bien a una crisis de Gobierno, bien a una mejor comunicación con los ciudadanos. En ambos casos, se trata de síntomas claros de desconfianza, más o menos incipiente, en el factor Zapatero como estímulo electoral.
En relación más inmediata con el electorado catalán, la situación del PSC resulta claramente contraindicada para afrontar unas elecciones tan comprometidas como las del 28-N. Aparte de abandonos sonados, como el del consejero Antoni Castells, la llegada del aún ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no ha propiciado mensajes o imágenes positivas para el futuro candidato Montilla. Por el contrario, ha sido una decisión que garantiza complicaciones para los socialistas en una campaña en la que la economía y el desempleo van a estar muy presentes. Un candidato con el marchamo de una tasa del 20 por ciento de paro es muy vulnerable, y aún le queda la huelga general. El estado del socialismo catalán es manifiestamente defectuoso, internamente inestable y externamente asociado al fracaso de Rodríguez Zapatero en el Estatuto de 2006 y en la gestión de la crisis económica.
ABC - Editorial
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