Sería un error que este golpe a los sicarios políticos de ETA pretendiera proteger a los mal llamados «posibilistas» del mundo batasuno, es decir, a los que ahora abogan por «vías políticas».
LA detención de la nueva dirección de EKIN, trama etarra que asume el comisariado político de la banda en la izquierda abertzale, es un golpe policial de extraordinaria importancia, tanto por la dimensión de la operación como por el momento en que se produce. Hace poco más de una semana, ETA anunció un alto el fuego con el que quería descargar sobre el Gobierno la responsabilidad de evitar nuevos atentados mediante una negociación política. La detención de la cúpula de EKIN es la respuesta que merecían los terroristas, porque desmiente que haya tentaciones de aprovechar esta nueva farsa de tregua para iniciar otro diálogo político. Al menos, esto es lo que debería ser, porque el descabezamiento de EKIN no ha de servir a otro propósito que la derrota incondicional de ETA y, más en concreto, a la erradicación de su entramado político. Dicho con otras palabras: detener para derrotar, no para negociar. También sería un error que este golpe a los sicarios políticos de ETA pretendiera proteger a los mal llamados «posibilistas» del mundo batasuno, es decir, a los que ahora abogan por «vías exclusivamente políticas». A estas alturas, de la misma manera que se sabe que ETA no ofrece treguas de buena fe, tampoco hay razón para creer que existe una Batasuna «moderada» con capacidad para disuadir a los pistoleros.
Por otro lado, es evidente que ETA quiere reconstituir sus frentes desmantelados por la Justicia. Por eso ahora es imprescindible que esta lucha policial se vea complementada con un apuntalamiento del Gobierno vasco, que debería quedar preservado de cualquier negociación entre el Ejecutivo central y el PNV, porque sólo el afianzamiento a largo plazo de una alternativa no nacionalista permitirá las reformas necesarias para deslegitimar definitivamente a ETA. Igualmente es irrenunciable la aplicación de la Ley de Partidos Políticos a las listas, blancas o de color, que estén contaminadas por ETA, aunque las presente un partido legal, como Eusko Alkartasuna. Hace cuatro años, la Fiscalía General del Estado solicitó la nulidad de candidaturas de ANV, sin necesidad de instar previamente la ilegalización de este partido. Por tanto, la legalidad en la que se encuentra EA es compatible, según la doctrina de Conde-Pumpido, con la actuación judicial contra sus listas contaminadas. Si hay determinación política, es posible cercar a ETA y llevarla hasta su derrota, pero con compromisos y estrategias para las que el Gobierno necesariamente debe contar con el Partido Popular, incluyendo la estabilidad del Ejecutivo de Patxi López.
ABC - Editorial
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