No es creíble que a Montilla no le constase el homenaje a Riera. Su conducta permisiva contrasta con la cruzada impulsada por el socialismo vasco contra todo símbolo proetarra.
CON tantos argumentos jurídicos como de sentido común, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz prohibió ayer los actos de homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera, convocados para hoy por varias organizaciones de ultraizquierda en el barrio barcelonés de Gracia. Riera fue condenada en 2004 a nueve años de cárcel —no cumplidos en su integridad— por un delito de colaboración con el sanguinario «comando Barcelona» de ETA, y a su salida de prisión, que tendrá lugar hoy, iba a ser recibida con una «concentración de bienvenida» a las puertas de la cárcel de Wad-Ras y en una plaza barcelonesa, y con una marcha nocturna de antorchas para pedir la libertad de otras dos etarras, Dolores López Resina y Marina Bernadó. De acuerdo con los argumentos de Dignidad y Justicia y de la Fiscalía, el juez considera que la celebración de estos actos supondría un enaltecimiento del curriculum delictivo de la etarra, una justificación de sus actividades y una exaltación del terrorismo inadmisible en un Estado democrático. Sencillamente, la autorización del homenaje habría sido una hiriente humillación para las víctimas del terrorismo y un aval para convertir las llamadas «fiestas alternativas» del barrio de Gracia en un espacio público para el fomento de la propaganda proetarra y para la legitimación del terrorismo.
Por ello, resulta incomprensible la indolencia demostrada por las autoridades catalanas. Ni la Delegación del Gobierno en Cataluña, ni el alcalde de la ciudad, el socialista Jordi Hereu, que permanece pasivo ante la celebración de las polémicas «fiestas alternativas», ni la propia Generalitat, han instado ante la Audiencia la prohibición del homenaje. Es cierto que ninguna entidad convocante solicitó autorización oficial y que, precisamente para evitar responsabilidades penales, optaron por una organización clandestina y opaca de los actos. Pero también lo es que la aparición de carteles anunciando los homenajes, y las propias denuncias periodísticas sobre la vergonzante cita, eran argumentos más que suficientes para que José Montilla y Jordi Hereu se diesen por enterados y no mirasen hacia otro lado. No es creíble que a Montilla no le constase nada. Su conducta permisiva contrasta con la cruzada impulsada por el socialismo vasco contra todo tipo de homenajes y símbolos proetarras en las calles del País Vasco y, sin ir más lejos, con la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Bilbao de impedir la instalación este año de dos «txoznas» (casetas) proetarras en las fiestas de la ciudad. El socialismo catalán, desnortado y sin reflejos, ha perdido una nueva ocasión para resarcirse de su interminable sucesión de errores políticos.
ABC - Editorial
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