OTRA vez la huelga de trabajadores del Metro de Madrid supone un grave obstáculo para la vida diaria de millones de personas.
OTRA vez la huelga de trabajadores del Metro de Madrid supone un grave obstáculo para la vida diaria de millones de personas. Crece la indignación lógica de los ciudadanos ante un planteamiento sindical de tono radical y con elementos puramente políticos, porque resulta difícil de creer que sea inaceptable la última propuesta de la empresa: una reducción del salario base del 1.5 por ciento, lo que supone una media de 30 euros al mes. Esta actitud insolidaria se suma a una violencia latente hacia los medios de comunicación que han sido insultados y expulsados de las asambleas en medio de una gran tensión. Por otra parte, aceptar el cumplimiento de los servicios mínimos no es una concesión generosa por parte de los huelguistas, sino el obligado cumplimento de la normativa vigente, empezando por la Constitución, que impide la práctica de una huelga salvaje.
Resulta muy sospechoso que unas organizaciones sindicales que han permanecido pasivas durante mucho tiempo ante la subida imparable del paro a escala nacional se muestren ahora intransigentes cuando se trata de un gobierno autonómico del PP. Los huelguistas han perdido toda su legitimidad ante los ciudadanos, ya que se trata de una reducción muy limitada de sus sueldos, justificada por la situación de crisis, frente a la cual no es lícito invocar el convenio colectivo como si fuera una ley inmutable y perpetua. La gente se indigna y busca soluciones para desplazarse por la capital de España en un ambiente de notorio malestar por una actitud que carece de justificación objetiva. Mientras llega la imprescindible ley orgánica reguladora del derecho de huelga, hay que cumplir las normas básicas del ordenamiento laboral que exigen una negociación leal que tenga en cuenta el interés general.
ABC - Opinión
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