El saldo de más de cuatro millones y medio de parados, con una tasa de paro del 20 por ciento, es imputable a la pasividad del Gobierno, pero también a la complicidad de los sindicatos
EL Consejo de Ministros aprobará hoy una reforma laboral sumida en las máximas incertidumbres sobre su eficacia y sobre los apoyos —por el momento, ninguno— con los que el Gobierno intentará aprobarla en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta reforma aún no aprobada ya ha producido el divorcio, al menos aparente, entre el Gobierno y los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Sea por oportunismo —lo que es probable— o por coherencia —lo que es dudoso—, estas organizaciones sindicales han dado otro paso para distanciarse de un Gobierno al que han servido fielmente durante dos años, precisamente para legitimar ante los trabajadores con una excusa «social» el empecinamiento de Rodríguez Zapatero en no asumir que el mercado de trabajo estaba hundiéndose y era urgente transformarlo de manera estructural. El saldo actual de más de cuatro millones y medio de parados, con una tasa de paro del 20 por ciento, es imputable a la pasividad del Gobierno, pero también a la complicidad de los sindicatos que ahora anuncian una huelga general para el 29 de septiembre, coincidiendo con una jornada de movilizaciones en Europa.
Este largo plazo que marcan los sindicatos para protestar contra una reforma que se aprueba hoy es una muestra evidente de que necesitan tiempo para reinventarse como organizaciones representativas de los trabajadores y desprenderse del papel de escuderos del presidente del Gobierno. También para poner tierra por medio con el fracaso de la huelga en la función pública. Si no es así, anunciar una huelga con más de tres meses de antelación no tiene sentido. Hay, además, un evidente oportunismo en este calendario, porque hará coincidir la huelga con el ambiente electoral de los comicios catalanes y con las primeras discusiones sobre los presupuestos generales de 2011, que tendrán que ser mucho más restrictivos de lo que desearía Zapatero, a la vista del informe que ayer publicó Bruselas sobre el plan anticrisis del Gobierno socialista. Para rematar el cálculo sindical sobre el momento de la huelga, en otoño se prevé un repunte del paro y podrá conocerse el impacto de la subida del IVA durante el verano. La huelga general no será, desde luego, la respuesta que conviene a España en una situación de grave crisis económica. Incluso para amplios sectores sociales carece de legitimidad tras estos años de asociación idílica entre el Gobierno y unos sindicatos que no supieron velar por los trabajadores mientras estos perdían sus trabajos en masa, ni ahora saben cómo reaccionar para que los recuperen.
ABC - Editorial
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