El silencio del presidente

Bastaría poner de relieve la estética frentepopulista y anticonstitucional, con profusión de banderas republicanas y eslóganes de la Guerra Civil como «No pasarán», para que la manifestación celebrada el sábado en Madrid en apoyo a Garzón se descalificara por sí misma y no mereciera mejor consideración que la convocada, unos metros más allá, por la Falange.

En ambos casos se trató de una mirada hacia atrás con ira, una apología del guerracivilismo y una reivindicación rabiosa del revanchismo. Sin embargo, no cabe ignorar que la movilización de la izquierda radical forma parte de una brutal campaña contra las instituciones judiciales, sobre todo el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, columna vertebral del Estado de Derecho puesto en pie hace treinta años en virtud de un pacto de reconciliación entre los españoles. Con el pretexto de sostener a un juez tres veces encausado por un delito de prevaricación, esa izquierda que va desde el PSOE hasta los antisistema, pasando por los independentistas y los nostálgicos comunistas, se ha arrogado la representación de todas las víctimas republicanas de la Guerra Civil, a las que utiliza para deslegitimar a los más altos tribunales y para presentar al PP como el heredero directo de los verdugos.

Para estos guerracivilistas, la Ley de Aministía no fue más que una claudicación ante la amenaza golpista, como si de ella no se hubieran beneficiado notorios criminales de la República y terroristas de ETA, alguno de los cuales no tuvo empacho en encabezar la manifestación del sábado. Asistimos, por tanto, a una radicalización de la izquierda, que ha encontrado en la guerra fratricida su principal alimento intelectual y moral. Nada de todo esto debería preocupar a la sociedad española, instalada en la moderación e identificada con la Monarquía constitucional que encabeza el Estado de Derecho. Pero resulta que el PSOE y el propio Gobierno, lejos de apartarse de esta izquierda rabiosa y de descalificar sus oníricos viajes al pasado español más sangriento, se han dedicado a justificarla y alentarla. Ayer mismo, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se sumaba sin rebozo alguno a la campaña contra el Tribunal Supremo; y el ministro de Fomento, José Blanco, cometía la insidia de ligar al PP con los falangistas. Es evidente que si la izquierda se está radicalizando hacia el frentismo populista es porque la pésima situación económica, con más de cuatro millones y medio de parados, está golpeando especialmente a sus militantes. Pero en vez de reclamar al PSOE, prefiere agitar el espantajo de Franco para aglutinar a los frustrados y movilizar a los desencantados.

De ahí que el Gobierno vea con simpatía la sucesión de aquelarres guerracivilistas y manifestaciones de estética apolillada y reaccionaria.
España tiene muchos problemas, pero entre ellos no está el franquismo. Y si las víctimas de aquel régimen aún están pendientes de reparación, a quien hay que pedirle cuentas es al Gobierno que hizo una ley de Memoria Histórica ridícula, inservible y crispante. La culpa no la tiene el Supremo, sino un Gobierno que se esconde tras millones de parados y un presidente que calla y otorga.

La Razón - Editorial