Aunque el cálculo de los tiempos sea necesario en política, nunca debe ser excusa para poner sordina a la defensa de unos principios que un partido debe mantener en todo momento.
Hay que reconocer –y estoy encantado de hacerlo– que Rajoy no ha consumado, al menos por ahora, esa enorme traición a la Constitución y a los principios y votantes de su partido que hubiera supuesto el respaldo de su partido a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que se arrogaba competencias en materia hídrica que la Constitución reserva exclusivamente al Estado central y que prohibía de facto cualquier trasvase del Tajo.
No menos cierto es, sin embargo, que si Rajoy hubiera ejercido desde el primer momento su liderazgo y hubiera tenido en todo momento presentes los principios de su partido y su tradicional apoyo a los transvases como prueba concreta de su compromiso con la unidad y vertebración de España, nos habría ahorrado el espectáculo de ver durante un tiempo a su partido respaldar en Castilla-La Mancha lo contrario de lo que antes promulgaba a nivel nacional, postura esta última que ha sido la que finalmente ha vuelto a prevalecer.
No menos cierto es, sin embargo, que si Rajoy hubiera ejercido desde el primer momento su liderazgo y hubiera tenido en todo momento presentes los principios de su partido y su tradicional apoyo a los transvases como prueba concreta de su compromiso con la unidad y vertebración de España, nos habría ahorrado el espectáculo de ver durante un tiempo a su partido respaldar en Castilla-La Mancha lo contrario de lo que antes promulgaba a nivel nacional, postura esta última que ha sido la que finalmente ha vuelto a prevalecer.
No quiero insistir en el tema, y sólo lo saco a colación para advertir que si el cálculo de los tiempos en política es necesario –sobr etodo si son buenos cálculos– nunca deben ser excusa para poner sordina a la defensa de unos principios que deben mantenerse en todo momento. Así, me llama poderosamente la atención el clamoroso silencio que está manteniendo la dirección del PP ante las gravísimas proclamas subversivas que está protagonizando el líder de CiU contra el Tribunal Constitucional y sus pretensiones de que sus magistrados se autodeclaren incompetentes para juzgar la constitucionalidad de un estatuto refrendado por las urnas.
Aunque los magistrados del Constitucional no incurriesen en ese delito de prevaricación al que de forma tan clamorosa les incita el dirigente de CiU, y por mucho que terminaran declarando inconstitucional ese estatuto soberanista, de nada servirá la sentencia si luego no se hace efectiva. Es cierto que esa sentencia todavía no se ha emitido y que ni el PP a nivel nacional ni CiU a nivel autonómico tienen todavía las responsabilidades de Gobierno que a ambos les auguran las encuestas. Sin embargo, CiU debería saber desde ya que Rajoy no va aceptar su eventual apoyo de investidura –y menos aun dárselo a Mas en Cataluña– si es a cambio de dejar en "papel mojado" la eventual declaración de inconstitucionalidad del estatuto. Ese, sin embargo, es el mensaje que ya está transmitiendo el PP con su silencio ante las proclamas secesionistas y golpistas de CiU, para desconcierto de los votantes tradicionales del PP y para legítima satisfacción de los dirigentes de UPyD.
Y es que los dirigentes del PP, con Rajoy a la cabeza, son los principales responsables de que esté calando la impresión de que el compromiso de su partido con la Constitución del 78 acabó en el momento de interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto soberanista catalán. Ese compromiso es, ciertamente, papel mojado si no se mantiene y defiende con orgullo y determinación durante su enjuiciamiento por parte del Tribunal Constitucional. También es papel mojado si no se deja claro que una de las principales misiones del Gobierno del PP será cumplir y hacer cumplir la sentencia que declare inconstitucional lo que de facto ya está puesto en marcha.
Desde que interpuso el recurso, Rajoy parece, sin embargo, más preocupado en dejar claro que acatará una eventual declaración de constitucionalidad del estatuto que en dejar clara su determinación por cumplir y hacer cumplir una sentencia que le diese la razón.
Recordemos también que Rajoy ya se escudó indignamente en un "cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar" para no tener que dar su propia opinión sobre el bochornoso "editorial" conjunto en el que doce periódicos catalanes presionaban al Tribunal Constitucional al tiempo que cuestionaban su legitimidad para juzgar la constitucionalidad de las leyes.
Ahora que Mas pretende que sean los propios magistrados del Constitucional quienes cuestionen su propia legitimidad para juzgar las leyes, no sé si Rajoy también valorará esa incitación a la prevaricación con un "cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar". Lo que sé es que ese silencio del principal líder de la oposición pone sordina a unos principios que el PP debería mantener en todo momento y en todo lugar. Y eso también es un error de cálculo.
Aunque los magistrados del Constitucional no incurriesen en ese delito de prevaricación al que de forma tan clamorosa les incita el dirigente de CiU, y por mucho que terminaran declarando inconstitucional ese estatuto soberanista, de nada servirá la sentencia si luego no se hace efectiva. Es cierto que esa sentencia todavía no se ha emitido y que ni el PP a nivel nacional ni CiU a nivel autonómico tienen todavía las responsabilidades de Gobierno que a ambos les auguran las encuestas. Sin embargo, CiU debería saber desde ya que Rajoy no va aceptar su eventual apoyo de investidura –y menos aun dárselo a Mas en Cataluña– si es a cambio de dejar en "papel mojado" la eventual declaración de inconstitucionalidad del estatuto. Ese, sin embargo, es el mensaje que ya está transmitiendo el PP con su silencio ante las proclamas secesionistas y golpistas de CiU, para desconcierto de los votantes tradicionales del PP y para legítima satisfacción de los dirigentes de UPyD.
Y es que los dirigentes del PP, con Rajoy a la cabeza, son los principales responsables de que esté calando la impresión de que el compromiso de su partido con la Constitución del 78 acabó en el momento de interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto soberanista catalán. Ese compromiso es, ciertamente, papel mojado si no se mantiene y defiende con orgullo y determinación durante su enjuiciamiento por parte del Tribunal Constitucional. También es papel mojado si no se deja claro que una de las principales misiones del Gobierno del PP será cumplir y hacer cumplir la sentencia que declare inconstitucional lo que de facto ya está puesto en marcha.
Desde que interpuso el recurso, Rajoy parece, sin embargo, más preocupado en dejar claro que acatará una eventual declaración de constitucionalidad del estatuto que en dejar clara su determinación por cumplir y hacer cumplir una sentencia que le diese la razón.
Recordemos también que Rajoy ya se escudó indignamente en un "cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar" para no tener que dar su propia opinión sobre el bochornoso "editorial" conjunto en el que doce periódicos catalanes presionaban al Tribunal Constitucional al tiempo que cuestionaban su legitimidad para juzgar la constitucionalidad de las leyes.
Ahora que Mas pretende que sean los propios magistrados del Constitucional quienes cuestionen su propia legitimidad para juzgar las leyes, no sé si Rajoy también valorará esa incitación a la prevaricación con un "cada uno puede opinar lo que quiera, hasta ahí podíamos llegar". Lo que sé es que ese silencio del principal líder de la oposición pone sordina a unos principios que el PP debería mantener en todo momento y en todo lugar. Y eso también es un error de cálculo.
Libertad Digital
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