LA peregrinación europea de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y de su secretario de Estado, José Manuel Campa, para convencer a los inversores extranjeros de la solvencia económica de España arrancó ayer envuelta por dos nuevo malos datos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE), la tasa de paro en España llegó en 2009 al 19,5 por ciento. La segunda mala noticia fue el incremento dramático respecto a 2008 de los concursos de acreedores -lo que antes se denominaba suspensión de pagos- entre familias (un 132,2 por ciento) y empresas (79,6 por ciento). Estas cifras reflejan las consecuencias del desempleo, la caída del consumo y, sobre todo, las dificultades de acceso al crédito. Por eso, no estará de más que el presidente del Gobierno exponga en el Parlamento a los ciudadanos españoles, en un debate con la oposición, las razones que Salgado y Campa sí están dando a los inversores extranjeros para confiar en su política económica. El problema del Gobierno, a estas alturas, es que las palabras no bastan y que sus interlocutores, nacionales o europeos, ya están escarmentados de las explicaciones del Ejecutivo socialista presidido por Rodríguez Zapatero. Los analistas financieros, los medios especializados y los organismos internacionales pueden incurrir en errores de apreciación, incluso en exageraciones injustas sobre la situación de nuestro país, pero, al margen de estos excesos, no hablan de oídas. Conocen los graves problemas de paro, déficit y financiación que tiene España y, también, la falta de respuestas del Gobierno. Una ronda de buenas palabras de la vicepresidenta Salgado no va a cambiar las cosas. En dos años sólo se ha tomado una medida concreta: subir impuestos, pero no hay decisiones publicadas en el BOE de reducción del gasto público y de reforma laboral.
La solución no es buscar otro chivo expiatorio para esta temporada 2010. Bien está que el Gobierno se emplee a fondo para proteger la marca España y replique las descalificaciones que están lanzando contra nuestro país. Pero de ahí a denunciar una conspiración contra España media un trecho tan amplio que saltarlo es una temeridad y, además, empeora la imagen de nuestro país en el exterior. El ministro de Fomento, José Blanco, apuntó ayer esa tesis conspirativa y denunció una campaña para «demonizar a Zapatero». No hay tal cosa, sino la responsabilidad democrática que le incumbe por una muy mala gestión de la crisis.
ABC - Editorial
0 comentarios:
Publicar un comentario