EL comportamiento de muchos bancos norteamericanos, que han seguido remunerando a sus ejecutivos con sumas faraónicas después de haber recibido fondos del Gobierno para evitar su quiebra, resulta sencillamente inmoral. No se puede justificar que aquéllos cuyas temerarias operaciones financieras estuvieron en gran medida en el origen de la crisis puedan hacer eso con las ayudas públicas, como si los millones de personas que han perdido su puesto de trabajo fueran un mero incidente estadístico. La indignación de Barack Obama es comprensible y seguramente la comparte la inmensa mayoría de los ciudadanos, para quienes es muy difícil aceptar que con los impuestos que tendrán que pagar durante muchos años ciertos bancos cuadren sus balances con beneficios estratosféricos y premien a sus gestores.
Lo que no dice Obama -cuya ofensiva fue ayer respaldada desde Europa, aunque con matices- es que esas ayudas no les cayeron del cielo, sino que fue él mismo quien se las concedió sin poner las debidas condiciones, que ahora reclama con tanta contundencia. Cuando llegó a la Casa Blanca, hace ahora un año, escogió la opción de inyectar dinero público para salvar a los bancos, endeudando aún más unas finanzas públicas que ya estaban exhaustas. Lo que está viendo ahora son los efectos de aquella política concreta, de la que es directamente responsable, para lo bueno y para lo malo. El dinero no se lo dieron los ciudadanos a los bancos, como dice, sino que pertenece a los ciudadanos; a los bancos -resulta innegable-se lo dio él. Tal vez ahora que empieza a conocer las hieles del desencanto y navega con las encuestas en contra, Obama pueda estar pensando en un gesto populista para recuperar el electorado que le ha abandonado. Después de la derrota demócrata en Massachusetts, lo único que ha quedado claro es que todos sus planes de reforma pueden saltar por los aires en las elecciones legislativas parciales de este año, y que si antes de noviembre no ha sido capaz de cambiar esta tendencia puede tener que hacer frente a una espinosa segunda parte de su mandato. Sin embargo, el mensaje que le envían los electores no es pedirle que radicalice su agenda de reformas, sino, precisamente, todo lo contrario.
ABC - Editorial
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