LA iniciativa del Ayuntamiento de Vic de rechazar el empadronamiento de los inmigrantes ilegales ha desatado algunas reacciones contrarias que llaman la atención por su hipocresía. Por lo pronto, el apoyo de todos los grupos municipales a esta medida, propuesta por una formación ultraderechista también con electos en el Consistorio, demuestra que la realidad de la inmigración empieza a preocupar social y electoralmente a muchos que hasta ahora adornaban el problema con retóricas seráficas. Vic cuenta con 40.000 habitantes y la población inmigrante alcanza el 25 por ciento.
Sociológicamente es un dato que no debe ser ignorado porque afecta directamente a la cohesión y la integración de la comunidad. Por otro lado, las protestas del Gobierno central y del PSOE, calificando como disparate el veto al empadronamiento de inmigrantes ilegales, se producen meses después de que apoyaran en Bruselas una dura directiva de retorno contra la inmigración ilegal y, en el Parlamento español, un aumento del plazo de internamiento -materialmente una detención administrativa- de los inmigrantes sin papeles de 40 a 60 días. Es cierto que el empadronamiento de los inmigrantes ilegales permite saber cuántos son, pero el reverso de este beneficio es que conlleva una apariencia de legalización de situaciones ilegales, debilitando las políticas de disuasión que hay que aplicar en esta materia. Hay que recordar que el empadronamiento fue una fuente de fraudes consentidos por el Gobierno para tramitar la regularización masiva de 2005, origen de muchas de las agravaciones que ha sufrido el fenómeno de la inmigración en España.
Como ayer recogía ABC, el Anuario de Inmigración en España correspondiente a 2009 cifraba en el 28 por ciento la tasa de paro entre los inmigrantes. Otras fuentes calculaban que 180.000 familias iberoamericanas podrían perder su vivienda en España por no poder pagar la hipoteca. Además, la escasa cualificación de la mano de obra y el desincentivo para retornar a sus países hacen probable una tasa de paro alta y constante entre la población inmigrante. Ambas -la iniciativa de Vic, por un lado, el desempleo inmigrante, por otro- son situaciones distintas y en medio siempre debe estar presente la dignidad de las personas, sea cual sea su situación jurídica. Pero la incompetencia de partidos y administraciones abona el terreno a formaciones ultras siempre prestas a abanderar legítimas preocupaciones sociales, desatendidas por quienes, tarde y mal, se abrazan a ellas para no perder votos.
Como ayer recogía ABC, el Anuario de Inmigración en España correspondiente a 2009 cifraba en el 28 por ciento la tasa de paro entre los inmigrantes. Otras fuentes calculaban que 180.000 familias iberoamericanas podrían perder su vivienda en España por no poder pagar la hipoteca. Además, la escasa cualificación de la mano de obra y el desincentivo para retornar a sus países hacen probable una tasa de paro alta y constante entre la población inmigrante. Ambas -la iniciativa de Vic, por un lado, el desempleo inmigrante, por otro- son situaciones distintas y en medio siempre debe estar presente la dignidad de las personas, sea cual sea su situación jurídica. Pero la incompetencia de partidos y administraciones abona el terreno a formaciones ultras siempre prestas a abanderar legítimas preocupaciones sociales, desatendidas por quienes, tarde y mal, se abrazan a ellas para no perder votos.
ABC - Editar
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