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CUANDO LLEGÓ al poder hace cinco años, Zapatero reivindicó el concepto de democracia deliberativa y abogó por un Gobierno respetuoso con los dictámenes de los órganos técnicos y las agencias que asesoran a los poderes públicos en los grandes asuntos.
Ya despreció las recomendaciones del Consejo de Estado para reformar la Constitución y ahora ha ignorado el exhaustivo y riguroso informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que concluía que la central nuclear de Garoña podía seguir abierta 10 años más con plenas garantías. Zapatero ha decidido cerrarla el 6 de julio de 2013, sin el más mínimo debate en el Gobierno. Ha optado, como él mismo ha explicado, por ser coherente con su programa electoral en lugar de seguir la recomendación de los expertos del Consejo, cuyo acuerdo era unánime.
Felipe González se lo reprochó ayer, subrayando que el Consejo de Seguridad Nuclear es «la autoridad legal» para decidir hasta cuándo puede llegar la vida útil de una central. González criticó -«nos lo podríamos haber ahorrado»- que el PSOE incluyera en su programa el cierre de las nucleares y subrayó que ello nos condena a depender de Francia. Jamás se había escuchado de labios del ex presidente una desautorización tan expresa y contundente hacia decisiones de Zapatero como la formulada ayer.
No parece que el Gobierno, sin embargo, vaya a dar marcha atrás. La vicepresidenta De la Vega aseguró que el cierre de la central es «irreversible» y «definitivo», pero la realidad es que no lo es porque, si el PP ganara las elecciones en la primavera de 2012, podría paralizar el desmantelamiento de Garoña.
Ello no quita trascendencia a la decisión del Gobierno, que en realidad está mandando el mensaje de que cerrará también las otras cinco centrales existentes cuando concluyan el ciclo de 40 años de vida útil, tal y como figura en el programa del PSOE.
Para justificar la clausura de Garoña, el Gobierno alega que la instalación es prescindible porque sólo genera el 1,3% de la producción nacional de energía eléctrica. Ello es cierto pero también que esa energía tendrá que ser reemplazada por otra que resulta mucho más cara como, por ejemplo, la eólica. El coste del kilovatio de origen nuclear es cuatro veces menor que el eólico.
Al cerrar Garoña, el Gobierno pierde un emplazamiento para albergar una central, algo muy difícil de encontrar en una sociedad con prejuicios hacia la energía nuclear. Pero además su clausura supone la eliminación de más de 1.000 puestos de trabajo en una zona donde no existen otras alternativas de empleo.
El problema de fondo es la falta de una política energética para reducir nuestra dependencia de las importaciones de petróleo, diversificar el suministro y abaratar la generación eléctrica. Zapatero ha seguido la senda trazada por los Gobiernos anteriores, con muy poca previsión de futuro y apostando -eso sí- por la carísima alternativa eólica.
Las centrales nucleares suministran hoy el 18% de la energía eléctrica. La cuestión que la sociedad española debe debatir es si quiere seguir contando con las ventajas de precio y calidad de la energía nuclear o hay que optar por un mayor peso del gas natural y la eólica.
Teniendo en cuenta que los precios del petróleo llegaron a subir a 150 dólares por barril hace poco más de un año, parece una locura aumentar nuestra dependencia del exterior y desdeñar una tecnología como la nuclear, que suministra el 90% de las necesidades en Francia. Pero Zapatero ha hecho de la política energética una cuestión ideológica y sectaria, lo que va a pasar factura a todos los ciudadanos.
El Mundo - Editorial
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