Atrapado en una absurda ratonera

La causa abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra Francisco Camps coloca al presidente de la comunidad valenciana en el abismo político.

LA CAUSA abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra Francisco Camps dio ayer un importante salto cualitativo. El juez que instruye el caso dictó un auto en el que considera que existen serios indicios del llamado cohecho impropio y que, por ello, debe celebrarse una vista previa el próximo día 15 de julio para decidir si Camps y el resto de los imputados tienen que sentarse en el banquillo.

Ello coloca a Camps al borde del abismo político, ya que se vería abocado al penoso calvario de someterse a un juicio con jurado popular si, como es muy probable, el instructor decide seguir adelante con el proceso. Algo muy difícilmente compatible con el cargo público que ocupa. No resulta extraño, pues, que Camps se sienta atrapado en una absurda ratonera, como el roedor que mira en la fotografía que publicamos en nuestra portada.

El juez explica en el auto que todo apunta a que Camps no pagó cuatro trajes y unos zapatos, pero subraya también que no hay ningún indicio de que el presidente de la Generalitat Valenciana favoreciera a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez. Por tanto, acusa a Camps de haber vulnerado el artículo 426 del Código Penal, que tipifica el cohecho impropio, que consiste en «aceptar regalos en función del cargo para la consecución de un acto no prohibido legalmente».

El delito de cohecho impropio está castigado con una multa de tres a seis meses -unos dos o tres mil euros, según se calcula-, una de las sanciones más benévolas del Código Penal. Y, además, se da la paradoja de que sólo considera delictiva la conducta del funcionario que acepta el regalo pero no la del particular que lo entrega. Por ello, el juez instructor no ha imputado a Álvaro Pérez y su socio Pablo Crespo, que ordenaron el pago de esas prendas, según el auto.

Ello plantea la cuestión de si tiene sentido este artículo del Código Penal que exime de responsabilidad al que busca un trato de favor de la Administración y castiga al funcionario aunque no exista ese trato de favor. La redacción del artículo 426 roza lo surrealista, pero nada cabe reprocharle al juez que se ha limitado en este caso a aplicar la norma vigente, por absurda que pueda parecer.

A este respecto, el instructor señala en su auto que «no es posible llegar a la conclusión de que los hechos no hayan existido» y que la acusación encierra «una verosimilitud» que le impide archivar la causa.

Este párrafo sugiere que el juez cree que Camps no ha pagado los trajes. Y de hecho esa es la tesis que sustenta en base a la documentación incautada, a los testimonios que obran en el sumario y a los tickets de caja del establecimiento. Camps estaba convencido de que el juez archivaría la causa tras escuchar su versión, pero ha sucedido lo contrario. Ello le coloca en una difícil situación, ya que empeñó además su palabra públicamente en que había pagado sus trajes. Le queda, sin embargo, el recurso ante la Sala de lo Penal, que podría archivar la causa si Camps logra desmontar la tesis acusatoria. No es imposible, por lo que conviene aplazar cualquier valoración a ese desenlace.

Dolores de Cospedal y otros dirigentes del PP insistieron ayer en la presunción de inocencia de Camps, pero el asunto se les ha escapado de las manos, ya que si no gana ese recurso, el presidente de una institución como el Gobierno valenciano tendrá que sentarse seguramente en el banquillo y ser juzgado por los ciudadanos. ¿Cómo va a reclutar el tribunal esos nueve hombres justos y sin prejuicios que van a decidir sobre el futuro de quien lidera el principal partido de la Comunidad?

A Camps no se le acusa de corrupción, pero sí de un comportamiento impropio, más censurable probablemente desde el punto de vista ético que jurídico. Pero hoy por hoy se trata de un delito y, por kafkiana que parezca su situación, a nadie se le escapa la erosión que para el prestigio de la clase política supondría ver al presidente de la Generalitat juzgado por sus conciudadanos a cuenta de si pagó o no los trajes.

Camps siempre ha demostrado su sentido institucional, por lo que estamos convencidos de que renunciaría al cargo si los jueces decidieran que tiene que afrontar una vista oral de esas características.

El Mundo - Editorial