PIRATAS SANOS, SALVOS Y LIBRES

ES incomprensible que la captura de siete piratas somalíes por un buque de la Armada Española, en vez de desarrollarse como un ejemplo de buen hacer de nuestras tropas y de las administraciones públicas de nuestro país, se haya convertido en un conflicto entre poderes del Estado y no en un problema para esta banda de delincuentes. La sucesión de hechos parece un sainete. Primero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a instancias de la Fiscalía, ordena el ingreso en prisión provisional de los piratas y su traslado a España para ser juzgados por un delito de piratería, que está comprendido entre los que pueden juzgar los tribunales españoles aunque se cometan fuera de su jurisdicción. Poco después, el fiscal rectifica su criterio y, apelando a un reciente canje de notas entre la Unión Europea -responsable del despliegue militar en la zona- y Kenia, pide al juez Andreu que ordene la entrega de los piratas a este país africano. El tercer episodio ha sido un auto del juez Andreu que pone a los piratas en libertad y hace caso omiso a la petición del fiscal, porque alega que un canje de notas no es una norma jurídica aplicable a sospechosos detenidos bajo jurisdicción española.

Este despliegue militar en el Índico está comprometiendo a decenas de países. Estados Unidos resolvió expeditivamente el secuestro de un buque americano. Francia no negocia y asalta los buques de su bandera en manos de piratas y persigue a éstos incluso en tierra. Es fácil imaginar qué pensarán estos y otros países acerca la actuación española por la liberación de siete piratas. En cualquier caso, lo que este bochornoso espectáculo acredita es la improvisación y la descoordinación con que se planificó la iniciativa contra la piratería. Parece que nadie en el Gobierno -ministerios de Presidencia, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores- se preguntó qué habría que hacer con los piratas que fueran detenidos y nadie se preocupó de estudiar y avisar de la relevancia jurídica de un canje de notas que está publicado por el Diario Oficial de la Unión Europea desde 23 de marzo de este año.

La torpeza política se ha traducido en chapuza judicial. Un canje de notas entre la UE y Kenia no es una norma vinculante para los tribunales españoles, y menos aún sustituye un procedimiento reglado y garantista de extradición a un tercer país. Los piratas estaban sometidos a una autoridad militar española por un delito perseguible por la Audiencia Nacional. La decisión política de la UE de entregar los piratas a Kenia no es suficiente para crear una inmunidad frente a la Justicia española. Por otro lado, es inevitable reflexionar sobre el contrasentido de que la Audiencia Nacional esté abriendo sumarios de justicia universal contra responsables que nunca se sentarán en el banquillo, y para una vez que los posible autores del delito no sólo están localizados sino detenidos por un buque de la Armada, al final quedan en libertad. Pocas dudas caben de que la opción más realista para combatir la piratería sea la disuasión, el uso de la fuerza y, cuando sea posible, la detención de los piratas y su entrega al país que, por su nacionalidad, corresponda juzgarlos. Mientras el Gobierno pone orden legal y diplomático en esta chapuza, parece razonable que el Congreso de los Diputados reciba una explicación política por este despropósito.

ABC - Opinión