jueves, 11 de diciembre de 2008

A vueltas con la ilegalización de ANV

Libertad Digital: ¿Por qué no se disuelven las alcaldías de ANV si el Supremo declaró ilegal el partido?

El Supremo declaró ilegal a la agrupación proetarra ANV hace 3 meses. Sin embargo, sus grupos municipales no se han disuelto. ¿Por qué? El motivo es que la sentencia no se ejecuta porque ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal lo han solicitado.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo declaró ilegal ANV por su colaboración “reiterada” con Batasuna, el brazo político de ETA. Sin embargo, ANV sigue actuando como partido político, y sus concejales continúan ocupando sus cargos en 42 ayuntamientos en País Vasco y Navarra. El motivo legal es que la sentencia de ilegalización aún no ha sido ejecutada. Tal y como señala el diario ABC, nadie lo ha pedido. Ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Fiscal, partes demandantes en este proceso.

Fuentes del Tribunal Supremo han confirmado al periódico de Vocento que la sentencia está notificada (es decir, conocen el texto en su integridad los partidos ilegalizados, el fiscal y el abogado del Estado), pero no ejecutada, pues este trámite se inicia por ley a petición de las partes, y a día de hoy ninguna de ellas lo ha hecho.

En este caso, el Alto Tribunal tampoco lo ha iniciado de oficio porque con la ley en la mano debe esperar a que se lo pidan los demandantes. Si la notificación tiene efectos sobre los dos partidos ilegalizados; la ejecución sólo la tendría sobre sus grupos municipales. La sentencia del Tribunal Supremo en ningún caso supondrá la pérdida del cargo de concejal o de diputado, que es personal.

Los ayuntamientos proetarras no tiene constancia judicial de su ilegalización

La primera consecuencia de que no haya comenzado la fase de ejecución de la sentencia es que las instituciones a las que afecta la ilegalización de los dos partidos no tienen constancia oficial del fallo y no pueden hacerlo efectivo. Es decir, ni el Parlamento vasco (donde PCTV tiene nueve diputados) ni los 42 ayuntamientos vascos y navarros en los que ANV gobierna tienen la sentencia.

Y son esas instituciones las que deberán proceder a la disolución de los grupos municipales y parlamentarios para que dejen de actuar bajo las siglas de un partido declarado ilegal por su integración en ETA. Pero no lo harán hasta que la «Sala del 61» se lo ordene cuando, a su vez, lo pida la Abogacía del Estado o el Ministerio Fiscal.

Fuentes judiciales aseguran que el recurso de amparo de ANV, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (el del PCTV fue rechazado) no impide que se empiece a hacer efectiva la sentencia, pese a que el TC aún tiene que resolver si la ejecución debe o no paralizarse, tal y como ha solicitado el partido ilegalizado. La propia Fiscalía es contraria a que se bloquee la ejecución y todo parece indicar que el Tribunal desestime la pretensión de los proetarras.


Libertad Digital: La Abogacía pide al TC que no suspenda la sentencia de ilegalización de ANV

La Abogacía del Estado ha presentado en nombre del Gobierno un recurso en el que solicita al Tribunal Constitucional que no suspenda la ejecución de la sentencia de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) mientras se tramita el recurso de amparo de los proetarras.
La Abogacía del Estado presentó este miércoles en nombre del Gobierno un recurso en el que solicita al Tribunal Constitucional que no suspenda la ejecución de la sentencia de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) mientras se tramita el recurso de amparo que ese partido político ha presentado por la agrupación al guardián de la Constitución.

"El fundamento de la oposición estriba en que no es posible permitir que Acción Nacionalista Vasca vuelva a la normalidad y que pueda actuar en la vida política a la vista del contenido de los pronunciamientos que hizo el Tribunal Supremo al estimar la demanda de ilegalización planteada por el Gobierno", señalan fuentes del Minsiterio de Justicia.

La Fiscalía también se mostró contraria a que se bloquee la ejecución. Todo parece indicar que el Tribunal desestime la pretensión de los proetarras. A pesar de sendos recursos, a día de hoy ni la Fiscalía y la Abogacía han pedido a la Sala del 61 del Tribunal Supremo que ejecute la sentencia de la ilegalización.

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