Más vale tarde que nunca, pero al final el Supremo ha condenado a Juan María Atutxa y a los ex miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorpor un delito de desobediencia a autoridad judicial por no disolver Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.Ese es el mensaje que debería mandarse alto y claro a la sociedad: la falta de respeto al Estado de Derecho se paga. El problema es que esta condena debería venir seguida por la de Pachi López, Ibarreche, Imaz y cuantos han violado las resoluciones judiciales dando cancha y posibilitando la actuación política pública de un partido ilegal y terrorista como es Batasuna, llámese como se quiera llamar.
Ahora bien, la multa y a inhabilitación para ejercer cargo público, que se ha impuesto como pena a Atutxa nos parece muy benigna, a la vista del poco arrepentimiento que muestra el separatista vasco. En una entrevista que publicó ayer el diario Deia afirma con rotundidad que él no ha cometido “ningún delito” en ningún momento. Y añade que lo que sí puede garantizar y afirmar es que “si hoy volviese a darse la circustancia del 20 de mayo de 2003, 4 de junio de 2003 y todas aquellas circustancias, con el posicionamiento de la voluntad mayoritaria del Parlamento de la no modificación del reglamento por la vía del procedimiento de resolución de presidencia, este que habla, hoy haría lo mismo que hizo en 2003″.
La sentencia del Tribunal Supremo se ha dictado en contra del criterio de la fiscalía.
No podemos dejar de resaltar que la fiscalía en este proceso ha seguido los mismos criterios de la defensa de Atutxa, que consideraba que la acusación popular carece de legitimación para conseguir la apertura de un juicio. Recordemos que el Ministerio Fiscal no acusó a Atutxa, y ha sido a instancia de la acusación particular de Manos Limpias quien impulsó la continuación del proceso.
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