«Ciudadanos», operación fallida

LOS partidos políticos son elementos básicos en los sistemas democráticos contemporáneos. Los partidos verdaderamente representativos son formaciones complejas, que mueven notables recursos humanos y materiales y cuentan con miles de afiliados y simpatizantes. No es fácil improvisar una organización de este tipo y, por ello, es frecuente el fracaso de determinadas operaciones que obtienen al principio un cierto apoyo social. ABC advirtió en su día sobre los riesgos que implicaba el modelo «Ciutadans», impulsado por un grupo de intelectuales de reconocido prestigio y que logró un buen resultado en las elecciones catalanas.

Merecen el mayor elogio los promotores de esta plataforma cívica, personas con notable influencia en la opinión pública y que han tenido el mérito de llamar la atención sobre ciertas deficiencias del sistema de partidos. Sin embargo, cumplida su tarea, ellos mismos dieron un paso atrás y «Ciudadanos» quedó en manos de personajes dispuestos a ganar fama y notoriedad aunque fuera a costa de alejarse del espíritu fundacional. Algo de esto quedó ya patente en la campaña electoral a la vista de la peculiar forma de atraer el interés de los votantes por parte del cabeza de lista y todavía líder del grupo político. Se confirma ahora la crisis interna, en la que se han reproducido los comportamientos más tópicos de la lucha por el poder y el reparto de influencias, es decir, lo mismo que se reprocha a los partidos tradicionales con el agravante de la falta de equilibrios estatutarios e ideológicos. En la práctica, se ha producido incluso la ruptura de la unidad entre los intelectuales que pusieron en marcha la operación, de manera que se sitúan ahora en opciones diferentes que parecen irreconciliables.
No se trata sólo de un problema de organización. La cuestión de fondo reside en que «ciutadans» pretende ocupar un espacio político que ya está ocupado. Más allá del debate estéril sobre las personas, el PP representa en Cataluña esa opción moderada y centrista que defiende sin rodeos el sistema constitucional y denuncia los excesos del nacionalismo. Si los impulsores y votantes de «ciudadanos» quieren, como es el caso, plantar cara al sectarismo imperante, lo que deben hacer es apoyar el proyecto popular y hacer pública está decisión. La reflexión es válida también para el País Vasco o para una eventual operación a escala nacional, según el modelo -ya muy cuestionado después de la crisis- de este movimiento cívico catalán. De lo contrario, el mecanismo electoral puede producir graves perjuicios a la única opción que a día de hoy defiende sin matices la teoría y la práctica de la España constitucional. El puñado de votos que se escapan por esta vía refuerza a partidos como los nacionalistas que no dejan escapar ningún sufragio y, por esta vía indirecta, sale ganando ese socialismo dispuesto a pactar en todas partes en nombre de una llamada «España plural» que encubre en realidad la ruptura del modelo territorial vigente.

ABC. Editorial