A medida que van desapareciendo los escombros del parking de la T-4, parece cada vez más difícil que el presidente Zapatero dé marcha atrás en sus planteamientos y vuelva al consenso con el PP en la lucha antiterrorista. Tres episodios evidenciaron ayer hasta qué punto será complicado que los grandes partidos retomen la unidad que reclama la mayoría de los ciudadanos.
El primero tiene que ver con la moción aprobada en mayo de 2005 por el Congreso -con la única oposición de los populares- que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA si se producían «las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia». Rajoy anunció ayer que solicitará a la Cámara que la revoque, puesto que estas premisas ya no se cumplen. Podrá alegarse que de la literalidad de la resolución se deduce que en estos momentos está tan «suspendida» como el conjunto del proceso, pero fue ese texto el que disparó las expectativas de ETA e hizo trizas el consenso con el PP. Anularla formalmente sería una buena señal en la dirección contraria. Sin embargo, y aunque el Gobierno ha dicho estos días que la resolución era papel mojado, Rubalcaba adelantó ayer su oposición a la iniciativa con el débil argumento de que no ha de ser ETA quien marque la agenda y con la falsa premisa de que no debe romperse «lo que estaba unido». ¿De qué unidad habla el ministro? ¿De la de todos contra el PP?
Si ese primer paso que propone Rajoy parece difícil, aún más lejano se antoja el retorno al Pacto Antiterrorista, al que la vicepresidenta se refirió ayer como «un papelito», en un lapsus rectificado pero tremendamente revelador. Lo cierto es que, 12 días después del atentado, el Gobierno sigue sin aclarar su postura oficial en relación con la vigencia del pacto. Si piensa como Izquierda Unida que es «un instrumento del pasado», debería decírselo cuanto antes a los ciudadanos. Y si lo que quiere como se empieza a insinuar es incorporar al acuerdo al PNV, lo primero que debe hacer es reunir la comisión de seguimiento y tomar su texto como base para cualquier retoque. Basta una lectura detenida del texto para comprobar cómo -al margen de un preámbulo que es hijo del contexto de Estella y que hoy puede resultar anacrónico- los 10 puntos del acuerdo los pueden asumir todas las fuerzas políticas democráticas. ¿O acaso ya no son válidos el respaldo a las víctimas y el rechazo a que los terroristas obtengan ningún rédito político?
Mientras Zapatero no acepte desandar sus pasos y vuelva al único camino posible para derrotar a ETA, será imposible un escenario de unidad en la calle, como revela el tercer episodio de ayer: la polémica en torno a la manifestación del sábado. La marcha, convocada inicialmente por las asociaciones de ecuatorianos, nació con vocación de consenso, pero algunos desacuerdos la han enturbiado. En concreto es lamentable que UGT se negara a introducir en el lema -Por la paz, contra el terrorismo- la palabra libertad, como pedían el PP, CCOO y el Foro de Ermua. A Rajoy le habían puesto ante una encrucijada diabólica: si respaldaba la marcha, se arriesgaba a ser víctima de una encerrona; si no lo hacía -como así ha sucedido- siempre podrán acusarle de insolidaridad con los ecuatorianos y de no querer movilizarse más que contra el Gobierno. De cualquier forma, Aguirre y Gallardón deberían asistir a la marcha como autoridades que representan al conjunto de los madrileños. Pero en el fondo la polémica carece de relevancia y no es más que el reflejo de la ausencia de un consenso político, ése sí verdaderamente importante.
Editorial de El Mundo, 11-01-2007
El primero tiene que ver con la moción aprobada en mayo de 2005 por el Congreso -con la única oposición de los populares- que autorizaba al Gobierno a negociar con ETA si se producían «las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia». Rajoy anunció ayer que solicitará a la Cámara que la revoque, puesto que estas premisas ya no se cumplen. Podrá alegarse que de la literalidad de la resolución se deduce que en estos momentos está tan «suspendida» como el conjunto del proceso, pero fue ese texto el que disparó las expectativas de ETA e hizo trizas el consenso con el PP. Anularla formalmente sería una buena señal en la dirección contraria. Sin embargo, y aunque el Gobierno ha dicho estos días que la resolución era papel mojado, Rubalcaba adelantó ayer su oposición a la iniciativa con el débil argumento de que no ha de ser ETA quien marque la agenda y con la falsa premisa de que no debe romperse «lo que estaba unido». ¿De qué unidad habla el ministro? ¿De la de todos contra el PP?
Si ese primer paso que propone Rajoy parece difícil, aún más lejano se antoja el retorno al Pacto Antiterrorista, al que la vicepresidenta se refirió ayer como «un papelito», en un lapsus rectificado pero tremendamente revelador. Lo cierto es que, 12 días después del atentado, el Gobierno sigue sin aclarar su postura oficial en relación con la vigencia del pacto. Si piensa como Izquierda Unida que es «un instrumento del pasado», debería decírselo cuanto antes a los ciudadanos. Y si lo que quiere como se empieza a insinuar es incorporar al acuerdo al PNV, lo primero que debe hacer es reunir la comisión de seguimiento y tomar su texto como base para cualquier retoque. Basta una lectura detenida del texto para comprobar cómo -al margen de un preámbulo que es hijo del contexto de Estella y que hoy puede resultar anacrónico- los 10 puntos del acuerdo los pueden asumir todas las fuerzas políticas democráticas. ¿O acaso ya no son válidos el respaldo a las víctimas y el rechazo a que los terroristas obtengan ningún rédito político?
Mientras Zapatero no acepte desandar sus pasos y vuelva al único camino posible para derrotar a ETA, será imposible un escenario de unidad en la calle, como revela el tercer episodio de ayer: la polémica en torno a la manifestación del sábado. La marcha, convocada inicialmente por las asociaciones de ecuatorianos, nació con vocación de consenso, pero algunos desacuerdos la han enturbiado. En concreto es lamentable que UGT se negara a introducir en el lema -Por la paz, contra el terrorismo- la palabra libertad, como pedían el PP, CCOO y el Foro de Ermua. A Rajoy le habían puesto ante una encrucijada diabólica: si respaldaba la marcha, se arriesgaba a ser víctima de una encerrona; si no lo hacía -como así ha sucedido- siempre podrán acusarle de insolidaridad con los ecuatorianos y de no querer movilizarse más que contra el Gobierno. De cualquier forma, Aguirre y Gallardón deberían asistir a la marcha como autoridades que representan al conjunto de los madrileños. Pero en el fondo la polémica carece de relevancia y no es más que el reflejo de la ausencia de un consenso político, ése sí verdaderamente importante.
Editorial de El Mundo, 11-01-2007
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