La ofensiva nacionalista contra la Justicia suscitó ayer la reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, de forma unánime, acusó al lehendakari Ibarretxe de «hostigar» y «presionar» a los magistrados para que archiven la causa en la que está imputado por reunirse con la dirección de Batasuna.
Tras la manifestación en la que decenas de miles de personas en Bilbao pidieron que la Justicia «no controle» al presidente del Gobierno vasco, todos los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ -y hay que subrayarlo- se pusieron de acuerdo para solicitar «el cese inmediato de las campañas para deslegitimar a los jueces» en esa comunidad.
El CGPJ recuerda en su comunicado que la independencia judicial no es «un privilegio» sino «una garantía ciudadana» y se lamenta de «la situación de acoso y de peligro físico» que han padecido los magistrados en el País Vasco ante el silencio de los Gobiernos nacionalistas.
Así es. Lo que cualquier demócrata podría exigir de las autoridades vascas es que se movilizaran en defensa de la independencia de los jueces frente al chantaje de ETA. Pero siempre que han salido a la calle lo han hecho para pedir impunidad para sus líderes, como en el caso Atutxa. Resulta patético a este respecto el comunicado de ayer del Gobierno vasco, en el que afirma que el CGPJ carece de autoridad para valorar la conducta de Ibarretxe y que el lehendakari «no es un ciudadano más». ¿Quiere decir que está por encima de la crítica y de las leyes? ¿Que no responde ni siquiera ante los tribunales?
Ibarretxe y el PNV siguen sin entender que la separación de poderes es uno de los principios esenciales de una democracia y que ningún dirigente político está al margen o por encima de la legalidad.
Zapatero daba a entender ayer que los manifestantes de Bilbao ejercían «su libertad de crítica». No es cierto. Movilizar a las masas no es criticar ni argumentar. Es sencillamente «presionar», como muy bien dice el CGPJ. El problema del PNV con la Justicia es que se trata del único poder que no controla, y eso saca de quicio a Ibarretxe y sus compañeros.
Aunque el Supremo haya considerado que reunirse con Batasuna no es delito, Ibarretxe -citado hoy a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)- tiene que respetar los procedimientos de la Justicia, máxime cuando el instructor considera que el hecho de que el encuentro con Otegi tuviera lugar en Ajuria Enea constituye un factor esencial para imputarlo.
No resulta, pues, extraño que Batasuna adopte la misma estrategia de deslegitimación del Estado de Derecho. Arnaldo Otegi, acusado de un delito de desobediencia, calificó ayer al TSJPV de «tribunal de excepción» que funciona como en «el franquismo». Casi al mismo tiempo, el sanguinario Henri Parot -condenado por 82 asesinatos- aseguraba que no reconoce la autoridad que le juzga por enviar una carta en la que instaba a atentar contra «edificios vitales» del Estado. ¿Pretende acaso que le condecoren por sus amenazas?
La actitud de Parot y Otegi entra dentro de su lógica política, pero resulta inconcebible que un partido que se llama democrático, como el PNV, incurra -como denuncia el CGPJ de forma clara- en este desprecio a uno de los pilares del Estado.
Editorial de El Mundo, 31-01-2007
Tras la manifestación en la que decenas de miles de personas en Bilbao pidieron que la Justicia «no controle» al presidente del Gobierno vasco, todos los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ -y hay que subrayarlo- se pusieron de acuerdo para solicitar «el cese inmediato de las campañas para deslegitimar a los jueces» en esa comunidad.
El CGPJ recuerda en su comunicado que la independencia judicial no es «un privilegio» sino «una garantía ciudadana» y se lamenta de «la situación de acoso y de peligro físico» que han padecido los magistrados en el País Vasco ante el silencio de los Gobiernos nacionalistas.
Así es. Lo que cualquier demócrata podría exigir de las autoridades vascas es que se movilizaran en defensa de la independencia de los jueces frente al chantaje de ETA. Pero siempre que han salido a la calle lo han hecho para pedir impunidad para sus líderes, como en el caso Atutxa. Resulta patético a este respecto el comunicado de ayer del Gobierno vasco, en el que afirma que el CGPJ carece de autoridad para valorar la conducta de Ibarretxe y que el lehendakari «no es un ciudadano más». ¿Quiere decir que está por encima de la crítica y de las leyes? ¿Que no responde ni siquiera ante los tribunales?
Ibarretxe y el PNV siguen sin entender que la separación de poderes es uno de los principios esenciales de una democracia y que ningún dirigente político está al margen o por encima de la legalidad.
Zapatero daba a entender ayer que los manifestantes de Bilbao ejercían «su libertad de crítica». No es cierto. Movilizar a las masas no es criticar ni argumentar. Es sencillamente «presionar», como muy bien dice el CGPJ. El problema del PNV con la Justicia es que se trata del único poder que no controla, y eso saca de quicio a Ibarretxe y sus compañeros.
Aunque el Supremo haya considerado que reunirse con Batasuna no es delito, Ibarretxe -citado hoy a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)- tiene que respetar los procedimientos de la Justicia, máxime cuando el instructor considera que el hecho de que el encuentro con Otegi tuviera lugar en Ajuria Enea constituye un factor esencial para imputarlo.
No resulta, pues, extraño que Batasuna adopte la misma estrategia de deslegitimación del Estado de Derecho. Arnaldo Otegi, acusado de un delito de desobediencia, calificó ayer al TSJPV de «tribunal de excepción» que funciona como en «el franquismo». Casi al mismo tiempo, el sanguinario Henri Parot -condenado por 82 asesinatos- aseguraba que no reconoce la autoridad que le juzga por enviar una carta en la que instaba a atentar contra «edificios vitales» del Estado. ¿Pretende acaso que le condecoren por sus amenazas?
La actitud de Parot y Otegi entra dentro de su lógica política, pero resulta inconcebible que un partido que se llama democrático, como el PNV, incurra -como denuncia el CGPJ de forma clara- en este desprecio a uno de los pilares del Estado.
Editorial de El Mundo, 31-01-2007
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