La intimidación nacionalista

Casi 23 años antes de que el presidente Ibarretxe echara a sus masas contra los jueces, lo hizo Jordi Pujol, gran estadista o español del año, que de ambas maneras puede y debe ser recordado. La tarde del 30 de mayo de 1984 unos cuantos miles de personas se apostaron en el camino que va del Parlament de Cataluña a la sede de la Generalitat exigiendo inmunidad para el presidente recién investido. La manifestación era el punto culminante de una campaña de movilización del nacionalismo ante la querella presentada contra Pujol y otros directivos de Banca Catalana por apropiación indebida.

La intimidación generalizada (de la que la manifestación fue sólo su versión pública) acabó con el fiscal general Luis Burón y no digamos con el apesadumbrado juez instructor Ignacio de Lecea; dejó prácticamente inútiles a los fiscales Mena y Villarejo, incapaces de dar puntada con hilo ante cualquier asunto que se pusiera ante sus ojos, y entre los asuntos hubo magnitudes como la del juez Estevill; ahormó al periodismo catalán, por si fuese necesario, e hizo mudos y/o serviles a políticos, escritores, artistas y pintureros locales con la excepción honrosísima del ponente constitucional Jordi Solé Tura.

Pero, por suerte, aún había un Gobierno en España y el ministro Tomás de la Quadra advertía a Pujol, a los pocos días del aquelarre, que ése no era el camino. La situación contrasta con la de hoy. No por parte de los nacionalistas, desde luego. Los nacionalistas consideran que los jueces son extranjeros y que actúan fuera de su jurisdicción cuando intervienen en los negocios patrióticos. Cuando intervienen quiere decir cuando les perjudican sus decisiones. Ibarretxe, los venerables Garaikoetxea y Ardanza, y los que les siguieron en la calle sólo creen en la democracia vasca, es decir, en una democracia adjetivada. Pero el problema fundamental no es éste. El problema es el contraste que ofrecen las palabras de ayer del ministro De la Quadra y las del presidente Zapatero de hoy, cuando dice que las decisiones judiciales pueden ser criticadas. No podemos esperar que el presidente comprenda la diferencia entre una opinión y una acción, ni entre la crítica y el hostigamiento. Tampoco que advierta la quiebra fundamental que se produce cuando un Ejecutivo denosta la decisión judicial y extiende sobre los jueces una sombra deslegitimadora a la que cualquier ciudadano podrá triunfalmente adherirse. Pero entre lo que no podemos esperar prima esta imposibilidad: la de que actúe, en fondo y forma, como la máxima autoridad democrática del Estado.

Coda: «Creo que ése es un camino equivocado», añadió De la Quadra, «y no debe seguirlo nadie y mucho menos el presidente de una comunidad autónoma. Interferir la acción de la Justicia sería entrar en un mal camino, entrar en ese camino del insulto y de la descalificación carentes de todo sentido». (El País, 2 de junio de 1984).

Arcadi Espada
El Mundo, 31-01-2007