Qué hay que hacer con Grecia. Por Emilio J. González

Si han cometido el error de prestar a quien no estaba en disposición de devolver, entonces ellos también tienen que asumir las consecuencias.

La operación de salvamento de Grecia se ha convertido en un elemento clave para el futuro de la unión monetaria europea. Por ello, y a pesar de la fuerte oposición del Banco Central Europeo, debería salir adelante la idea de que el sector privado participe en la misma, por mucho que ello pueda interpretarse como una suspensión de pagos. ¿Por qué?

El problema fundamental en la crisis griega es que, a pesar de que el país ha incumplido sistemáticamente todos los años el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –al tener déficits presupuestarios superiores al 3%–, los bancos privados le han seguido prestando dinero y suscribiendo sus títulos de deuda pública porque estaban convencidos de que, aunque el Tratado de Maastricht contiene un artículo que prohíbe las operaciones de salvamento de cualquier país perteneciente al euro que tenga problemas de solvencia, al final siempre habría operaciones de rescate de darse esta circunstancia. Su forma de pensar viene precedida por todo un rosario de antecedentes que han desencadenado esta situación de riesgo moral. Por una parte, la Reserva Federal estadounidense lleva salvando a la banca del país sistemáticamente en todas las crisis financieras que ha habido desde la del peso mexicano de 1994 y la banca internacional ha pensado que la Unión Europea haría lo mismo. Por otro, porque los propios europeos ya han dado ejemplo de su disposición a intervenir en caso de dificultades de los bancos en la crisis financiera que se desencadenó en 1997. Con estos precedentes, ¿por qué no arriesgar prestando a Grecia?

Esto es lo que han pensado los bancos y, por ello, el sector privado debe involucrarse en la operación de salvamento de Grecia, que no es otra cosa, en última instancia, que salvarlos también a ellos. Si han cometido el error de prestar a quien no estaba en disposición de devolver, a quien durante años ha venido manifestando una actitud displicente hacia todo lo que significara ajustar sus cuentas públicas, entonces ellos también tienen que asumir las consecuencias, a través de una quita de la deuda o de la forma que sea. De esta manera, serán mucho más cuidadosos de cara al futuro. Y si esto se interpreta como una suspensión de pagos de Grecia, que, además, pudiera ser el antecedente de un hecho semejante en España y Portugal, pues mejor, porque así ambos gobiernos encontrarán la voluntad política que les falta para hacer lo que tienen que hacer, en vez de seguir mareando la perdiz con reformas y ajustes más de boquilla que reales. Si ahora no aprendemos la lección, en la próxima crisis de un país del euro volveremos a las mismas. Eso no puede suceder otra vez.

Libertad Digital - Opinión

Peter Rubalcaba. Por José María Carrascal

¿Está alcanzando Rubalcaba el Principio de Peter, ese que dice que, escalón a escalón, los ejecutivos acaban por acceder a su nivel de incompetencia?

¡PUES sí que está luciéndose el flamannes! Desde que se perfiló como presidente in pectore, ha ocurrido lo siguiente:

—Bildu fue legalizado, lo que le ha permitido irrumpir en ayuntamientos, diputaciones y cámaras vascas como una manada de búfalos.

—Los «indignados» han tomado calles y plazas españolas con la aquiescencia de las autoridades, llegando a cercar el Parlamento catalán y agredir verbal y físicamente a sus miembros.

—Los filoetarras tendrán acceso a los datos fiscales de todos los españoles, gracias al acuerdo del Gobierno con el PNV, para pasar los próximos presupuestos.

Cuadro que se completa con la invasión de Madrid por parte de columnas de «indignados» llegados de toda España, que tendrá lugar hoy. No un mal currículo para alguien que se postula para sortear la crisis, garantizar la tranquilidad de los españoles y devolvernos a la cabecera de Europa. Más bien para lo contrario: para alejar a los inversores, enfrentar aún más a los españoles y hundirnos en la miseria. De seguir las cosas así, terminaremos añorando a Zapatero, todo un record de Ginness, pues al menos tenía mejor pinta y nos divertía con sus chiquilladas. ¿Está alcanzando Rubalcaba el Principio de Peter, ese que dice que, escalón a escalón, los ejecutivos acaban por acceder a su nivel de incompetencia? Eso parece, pues hasta ahora lo había hecho bastante bien en los muy diversos cargos que ocupó. Pero el de «máximo líder» se le resiste. Lo suyo es el juego tras bastidores, la conspiración tenebrosa y la insidia solapada. Bajo los focos, en cambio, ofrece una imagen pobre y lo único que se le ha ocurrido para acercarse al gran público es pedir que le llamen Alfredo. Tampoco le ha salido bien su «prudencia» con los «indignados» ni la luz verde a Bildu, confiando en que los primeros arremeterían contra el PP y los segundos reconducirán a ETA hacia la democracia. Se equivocó en ambos supuestos. Los «indignados» arremeten contra todo poder constituido y Bildu no necesita convencer a ETA de nada, pues ya ha conseguido todo lo que buscaba: estar en las instituciones. Es lo malo que tiene montarse en un tigre: que uno no puede descabalgarse so pena de ser devorado. Y Rubalcaba se ha montado no en uno, sino en dos tigres.

Así que se dedica a hacer lo que ha hecho siempre, lo único que sabe: oposición, incluso desde el gobierno, al PP, olvidándose de la crisis que nos acosa por todas partes. Es decir, no gobernar. Diría más: dando facilidades a los que quieren subvertir el orden constitucional. Si comprende, como dice, las razones de los «indignados» ¿por qué no deja el Gobierno y se une a ellos? El aprendiz de brujo, no por nada es químico, Alfredo Peter Rubalcaba.

ABC - Opinión

Patriotismo alimentario. Por Alfonso Ussía

¡Pelegrí que te vi! Otro paleto contemplando su ombligo. Locuaz aldeano. Se ha inventado el patriotismo alimentario. José María Pelegrí, consejero de Agricultura del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. El patriotismo alimentario, Pelegrí que te vi, lo practicamos todos los españoles que consumimos productos catalanes. Son nuestros productos. Hace cuatro años, por unas declaraciones necias de Carod Rovira, en muchos lugares de España se boicoteó el cava. Me sumé al boicot. No consumí cava en aquellas fiestas navideñas. La verdad es que mi boicot fue mentiroso. No he probado el cava en mi vida, y tampoco me gusta su hermano mayor, el champagne o champán o como Pelegrí que te vi guste llamarlo. Mi boicot a Cataluña se resume en el cava y los caracoles, esa asquerosidad. El resto lo como, lo bebo y me nutre. Pelegrí que te vi ha dicho que si un catalán pide en un restaurante una botella de vino de Rioja no está ayudando a los empresarios catalanes. Sólo eso, pero ya es bastante. A los empresarios del resto de España que los ayude su tía. Pelegrí que te vi, si de él dependiera, prohibiría a los catalanes consumir productos de otras regiones de España. Pero si en la etiquetación se crea una confusión de origen, el producto sería aceptable y digno de ingresar en las bocas catalanas. Por ejemplo, el jamón de Jabugo. Intolerable que un catalán consuma jamón de Jabugo –a Pujol le encanta–, pero si en la etiqueta se lee «Pernil de Jabuig», el catalán consumidor en lugar de pecar mortalmente lo hace con carácter venial. Como se ponga de moda entre los independentistas lo del patriotismo alimentario el barullo puede ser de aúpa. La pregunta del millón a Pelegrí que te vi es la siguiente: ¿le molestaría igual que un consumidor catalán pidiera una botella de Burdeos o de Borgoña? Que responda Pelegrí que te vi. ¿Se permitiría a los ciudadanos catalanes o residentes en Cataluña consumir caviar iraní o ruso, o tan sólo se prohibiría el de Riofrío, Granada, que sale buenísimo? En cuanto al pescado, ¿sólo se admitirían los peces del Mediterráneo? El Mediterráneo, el mar sabio y cultural, el mar de las civilizaciones, el «Mare Nostrum», es bellísimo y cambiante, pero da unos percebes que parecen alfileres de modista. ¿Prohibidos los percebes gallegos? ¿Y las anchoas de Santoña? ¿Y las morcillas de Burgos? Tanta buitifarra cansa y hace peligrar los límites del colesterol. Pelegrí que te vi, hay que analizarse el colesterol. Y con todos los respetos que me merecen los vinos del Penedés, no existe comparación posible con los de la Rioja o la Ribera del Duero. El patriotismo alimentario que propugna este peculiar merluzo carece de buen fin. El mejor cliente de Cataluña es el resto de España. De imponer tan ridícula restricción, y si el resto de los españoles actuaran de manera similar, el negocio agrícola, ganadero y de alimentación de Cataluña se rompería los piños en el primer encontronazo. ¿Por qué son tan antipáticos estos nacionalistas con quienes no lo son? Además de la antipatía, pésimamente educados, alejados de la cortesía por razones incomprensibles. Voy a seguir cumpliendo con mi patriotismo alimentario. Comprando productos de Madrid, del País Vasco, de las dos Castillas, de Cantabria, de la Rioja, de Andalucía, de Canarias, de Baleares, de Valencia, de Murcia, de Aragón, de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Navarra, de Ceuta, de Melilla, y claro está, de Cataluña. Productos de España, Pelegrí que te vi, tontet del culet.

La Razón - Opinión

Crisis. Don Valeriano opta por el paro. Por José T. Raga

Encarecer el trabajo, señor ministro, es una forma de reducir su demanda en el mercado. Este principio lo conocen todos los que tratan de ofrecer algo en no importa qué mercado; los ministros no, porque no tienen nada que ofrecer.

No ha cumplido siete meses desde su toma de posesión como ministro de Trabajo e Inmigración y ya se ha hecho acreedor a pasar a la historia como el ministro que más desafueros ha cometido en menos tiempo y, en su levedad, mayor daño ha causado a los trabajadores y a la economía de esta nación. Era difícil también pensar otra cosa.

El presidente Rodríguez Zapatero, que entre las facultades que no tiene está la capacidad para la selección de personas, le invitó a formar parte del Gobierno, suponemos que para llevar a cabo la reforma laboral que España necesitaba y que veían con claridad nuestros vecinos; esos vecinos que piensan libremente en lugar de vender su primogenitura a la adicción ideológica, por perversa que esta pueda ser. El mérito para la elección era bien determinante y por lo tanto indubitado su acierto: el elegido había encabezado la manifestación, pancarta en mano, contra reforma laboral. ¿Qué otro mérito mayor podríamos desear?

Puesto a la labor, no ha podido desarrollar mayor torpeza. Normas varias, con un mérito difícil de conseguir, y es que todas han sido criticadas por todos: patronal, sindicatos, profesionales del ámbito laboral –juristas y economistas–, inversores, organismos e instituciones nacionales e internacionales, etc. El resultado se ha hecho bien presente: el paro crece, los mercados desconfían, España se endeuda, la Seguridad Social se enfrenta a una quiebra técnica, etc.

Llevamos ya a las espaldas de nuestro flamante minis-tante (contracción de ministro-manifestante) una primera reforma del mercado laboral, que no pasa de ser un papel mojado, que nada aporta a la mejora del mercado de trabajo ni a la condición de los parados como buscadores de puestos de trabajo. Una segunda, cumplido el trámite del Consejo de Ministros, empeora la situación creada por la anterior, pues en este caso insufla vitalidad al cáncer de nuestra economía y de nuestro empleo, que es la intervención sindical en el proceso negociador de los convenios; pero ya dejó entender que él mira por los ojos de los sindicatos (al fin y al cabo son los compañeros de pancarta).

Entre las dos, una disposición a la chita callando por la que se prohíbe en adelante la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el ejercicio de una actividad profesional; no tiene dinero para pagar y es una forma de ahorrar en pensiones. Pero la pensión es un derecho adquirido por una cotización, no una dádiva del Estado providente.

Y ahora amenaza con subir las cotizaciones sociales y el salario mínimo interprofesional. Es exactamente lo que necesitamos para contabilizar medio millón de parados más en los próximos dos años, o quizá antes. Encarecer el trabajo, señor ministro, no mejorando su calidad, es una forma de reducir su demanda en el mercado. Este principio lo conocen todos los que tratan de ofrecer algo en no importa qué mercado; los ministros no, porque no tienen nada que ofrecer.

Libertad Digital - Opinión

Éxodo. Por Ignacio Camacho

Asesores financieros vascos han comenzado a recibir de sus clientes instrucciones de desempadronamiento fiscal.

A un simple teclazo, a un click de ordenador. El simple acceso de Bildu a la Diputación Foral de Guipúzcoa —en la que además puede gobernar si el PNV no lo impide— ha dejado la información fiscal de cualquier ciudadano vasco al alcance de los continuadores de Batasuna. La interconexión de las haciendas forales permitirá a cualquier juntero de la coalición, o a sus asesores y colaboradores, asomarse a los datos de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, un retrato financiero completo de los habitantes de la comunidad vasca, convenientemente cruzado con el correspondiente perfil personal, domiciliario y familiar. Y todo el mundo sabe en Euskadi lo que significa quedar expuesto a ese escrutinio.

Ha cundido el pánico. Empresas de asesoría financiera han comenzado ya a recibir de sus clientes, empresarios y profesionales, instrucciones para proceder al desempadronamiento fiscal. Algunos han optado por solicitar el traslado de sus expedientes a Vizcaya con la esperanza de que el PNV establezca en sus dominios cortafuegos a la fuga de información; otros prefieren tributar fuera del País Vasco aun a costa de renunciar a los beneficios del concierto. De lo que nadie duda es del potencial de riesgo que supone la irrupción de Bildu en las instituciones con una ETA agazapada aunque sea en paro técnico. (Una inactividad relativa; acaban de detener a un tipo cargado de material para la fabricación de bombas-lapa). En un territorio en el que todos se conocen, los casuismos jurídicos sobre la falta de relación demostrable entre la banda y su nueva y tuneada franquicia política son irrelevantes. Don Pascual Sala y sus cinco colegas del Constitucional podrán decir lo que quieran; a efectos prácticos, los vascos saben que quienes acaban de adquirir el derecho a administrar y escudriñar sus datos confidenciales son los herederos de Batasuna. Los amigos más o menos cercanos —más bien más— de ETA.

Como mínimo, la hegemonía guipuzcoana de Bildu supone un repliegue territorial del régimen de libertades, un éxodo interior cargado de desesperanza. «He ido a comer a San Sebastián para despedirme de ella», me confesaba esta semana un empresario vizcaíno con un rictus de ironía amarga. Pero la sensación de retroceso general es patente incluso para los más esperanzados: el reloj de la normalización ha retrocedido quince años. El Gobierno constitucionalista se ha convertido en un espejismo. Y ya no es un problema de principios, de haber entregado el poder sin contrapartidas, de haber pasado por encima de las víctimas en una nueva quimera de estrategia fallida. Se trata de una pragmática y desagradable realidad: los continuadores de ETA están ahí, con las manos en los botones del tablero de mandos. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Es un dramático error que tiene responsables, dentro y fuera del País Vasco, aunque algunos se resistan todavía a nombrarlos.

ABC - Opinión

Rubalcaba se empeña en convertirnos en Grecia

El Ministerio del Interior ha preferido hacer dejación de sus funciones, así que las consecuencias del putsch callejero de este domingo tendrán que ser asumidas por su titular.

Las marchas convocadas por el grupúsculo totalitario arracimado en torno a las siglas del 15-M, en Madrid pero también en las principales ciudades españolas, tendrían que haber recibido la necesaria respuesta del Estado de Derecho antes de consumarse este domingo para estupor de unos ciudadanos que van a ver hoy restringidos sus derechos sin que nadie les haya explicado cuál es la razón de esta bula prototalitaria. El Ministerio del Interior ha preferido hacer dejación de sus funciones, así que las consecuencias de este asombroso putsch callejero tendrán que ser asumidas por su titular aunque, como es sabido, no sea esta la costumbre de un Rubalcaba cada día más desvergonzado.

El candidato Alfredo ha preferido anteponer su interés como postulante a la sucesión de ZP al de los habitantes de estas grandes ciudades que van a ver desfilar por sus calles a los representantes de la izquierda más radical, y eso es algo que no debería quedar sin la sanción ciudadana correspondiente.

La principal razón de ser de un Gobierno es la necesidad de preservar los derechos individuales de los ciudadanos y entre ellos el de moverse libremente por los espacios públicos. Las autoridades socialistas a las órdenes del candidato Alfredo, en cambio, han decidido permitir que las grandes ciudades españolas sean tomadas prácticamente al asalto por extremistas para los que la libertad individual es una entelequia que conviene eliminar de la esfera pública.

No hay precedentes de un desfile callejero autorizado que rodee prácticamente la capital de España, pues, como es sabido, cuando se convoca legalmente una manifestación, tanto el recorrido como su duración son aspectos tasados por las respectivas delegaciones del gobierno en el ejercicio precisamente de sus funciones. Que le pregunten a los responsables de las asociaciones en defensas de las víctimas del terrorismo, si es que alguien tiene alguna duda, cómo se las gastan esas mismas autoridades cuando una concentración ciudadana de estas características se desvía siquiera unos metros de los parámetros previstos en un principio.

Por eso mismo sorprende que se haya dado carta de naturaleza a una especie de operación callejera destinada a paralizar las principales ciudades españolas. Mejor dicho, estando Rubalcaba al frente del organismo del que depende la defensa de nuestros derechos ciudadanos no sorprende en absoluto, aunque a partir de mañana lunes el todavía gobierno de España va a tener que dar abundantes explicaciones para tratar de corregir el efecto de unas imágenes que nos van a avergonzar, de nuevo, ante el resto del mundo.

Zapatero se empeña en asegurar a quien quiere escucharle que "España no es Grecia". Pues bien, que se lo explique a su ministro del Interior, a ver si consigue que el candidato Alfredo cumpla siquiera un día con las obligaciones para las que los españoles les pagamos el sueldo. No tendremos tanta suerte.

Libertad Digital - Editorial

Patrimonio alimentario. Por Martín Ferrand

Si el catalanismo consiste en «consumir productos de aquí», los catalanes tienen un futuro muy incierto.

ENTRE los grandes pensadores políticos contemporáneos, junto a Karl Popper e Isaiah Berlin, debemos considerar con el máximo respeto a Josep María Pelegrí, ocasionalmente consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural en el Govern de Artur Mas. Este sabio ilerdense, militante de Unió Democrática de Catalunya desde los 18 años de edad, es el creador de una teoría que, para simplificar, ha rotulado como «patriotismo alimentario». En tiempos en que el encefalograma político tiende a ser plano, como la mar en calma, el de tan significado personaje parece el perfil del Himalaya. «Si entramos en un restaurante y consumimos vino de La Rioja, asegura Pelegrí, no estamos ayudando al empresariado catalán».

¿Qué vino debieran beber los catalanes para ser buenos ciudadanos y reforzar su identidad? Personalmente confieso mi devoción, en lo que a los caldos catalanes respecta, por los del Priorato; pero, ¿le conviene a Cataluña que insista en ellos o serviría mejor los intereses lugareños con el consumo de los del Penedés? ¿Cuenta también el cava? Sin salir de las cuatro provincias que conforman el territorio vinicultor que protege Pelegrí tenemos una docena de denominaciones de origen y otros tantos vinos, muy aceptables, que carecen de ella, ¿será alguno específico para catalanes y otros más convenientes para quienes no lo somos? Es posible, incluso, que la «teoría Pelegrí» obligue a un criterio de máxima cercanía en el consumo. Por ejemplo, en su condición de natural de Lérida, ¿Pelegrí debe anteponer los caldos de Costers del Segre a los de Alella o los de Terra Alta?

Si el catalanismo consiste en «consumir productos de aquí», como predica el buen Pelegrí sin que nadie le desautorice, los catalanes tienen un futuro muy incierto. Malo en el sentido de la limitación liliputiense del mercado catalán dentro del total del español y ridículo a escala mundial. Peor, ya dentro del consumo interior y en pleno arrebato de gozo nacionalista, puesto que limita su horizonte cultural y su muestrario de sensaciones. ¿Dónde reclutarán los partidos a tipos como Pelegrí? Porque lo dramático es que no estamos ante un caso aislado, un borrón de los que echan los mejores escribanos, sino que se trata de algo frecuente. Ahí está, en el mismo Govern, el consejero de Interior, Felip Puig, que centra su crítica a los «indignados» en que tienen una visión «muy de carácter universal o, en algunos casos, muy española». Lo bueno debe ser, después de hartarse con un buen vino de L´Empordá, o del Montsant, cocerse en su propio jugo hasta conseguir la suprema reducción de catalanidad.

ABC - Opinión

Mohamed VI se queda corto

La reforma constitucional que el rey de Marruecos ha propuesto a sus súbditos supone un apreciable avance en la senda hacia la democratización del régimen, pero arrastra todavía diversas rémoras absolutistas que ni calman las protestas de los jóvenes ni colman las ansias reformadoras de amplios sectores de la sociedad. El hecho de que el llamado movimiento 20-F, de corte similar a los que en Túnez y en Egipto han tumbado a sus respectivos gobernantes autoritarios, haya convocado para hoy manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país pone de manifiesto la insatisfacción ante una reforma que se considera corta e insuficiente. También son reveladoras, por lo que tienen de acto reflejo de los viejos usos semifeudales, las manifestaciones organizadas desde Palacio a favor del nuevo texto constitucional. Resulta inverosímil una explosión de júbilo porque el rey pase de ser «sagrado» a «inviolable». Cierto es que, si bien la división de poderes y la independencia judicial brillan por su ausencia, los cambios impulsados por Mohamed VI son positivos, pues dan cierta autonomía al primer ministro para nombrar a los ministros, salvo el de Defensa; refuerzan la Cámara de Representantes, que podrá reformar la Constitución, decretar amnistías o formar comisiones de investigación; y recortan al rey pequeñas parcelas de poder, aunque sigue dirigiendo las Fuerzas Armadas y la política exterior, amén de apuntalar su papel como cabeza religiosa o «comendador de los creyentes» musulmanes. Precisamente es en este terreno, en el religioso, donde la nueva Constitución marroquí hace agua estrepitosamente y muestra sus graves carencias democráticas, hasta el punto de que no se pueda homologar a los estándares occidentales. Es verdad que se reconoce la libertad de culto, que ya existía anteriormente, pero se declara el islam como religión del Estado y no se admite la llamada libertad de conciencia, en virtud de la cual el ciudadano es muy libre de practicar la religión que desee, cambiarla o, simplemente, no practicar ninguna ni someterse a sus ritos públicos. En el anteproyecto de reforma se recogía esta salvaguarda de conciencia, pero las amenazas de los islamistas llevaron a Mohamed VI a suprimirla. Precisamente porque en Marruecos no hay libertad de conciencia, lo que convierte en papel mojado la libertad religiosa, el régimen ha expulsado ya a casi dos centenares de cristianos, la mayoría evangelistas, pero también sacerdores católicos, bajo la acusación de hacer proselitismo e incitar a la conversión de musulmanes al cristianismo. Pero más allá de esta política represiva, destinada a satisfacer a los radicales, la cuestión de fondo es que la nueva Constitución niega la libertad individual de la persona en el ámbito religioso, de modo que es obligada a practicar la religión del Estado y a no convertirse a otra confesión, pues de hacerlo incurriría en grave delito legal. En resumen, al prohibir la libertad de conciencia, Mohamed VI sigue tratando a los marroquíes como súbditos, en vez de como ciudadanos libres e iguales. Mucho camino le queda aún al régimen alauita para ser tenido como democrático.

La Razón - Editorial

Espiral afgana

El nuevo ataque sufrido por tropas españolas engrosa la sangría diaria del auge talibán.

El ataque ayer contra un blindado español en Afganistán, con varios heridos graves, ilustra el imparable recrudecimiento de la guerra que se libra en el país centroasiático. En el mismo día en que el Lince saltaba por los aires junto a una de nuestras bases en el noroeste del país, tres terroristas suicidas uniformados daban muerte a nueve personas en una comisaría de Kabul, segundo atentado relevante talibán en la fortificada capital en un mes. Otros seis muertos, dos de ellos soldados de la OTAN en el sur de Afganistán, engrosaron ayer el callado parte diario de bajas que facilita la Alianza.

La violencia aumenta 10 años después de la invasión estadounidense que derrocó al Gobierno talibán. EE UU y sus socios de la OTAN, pese a la formidable maquinaria propagandística que pretende hacer creer lo contrario, han perdido la esperanza de emerger victoriosos de la ciénaga afgana. Barack Obama va a anunciar el mes próximo la magnitud de la primera retirada de sus tropas, que según el compromiso presidencial debe concluir en 2014. En la década transcurrida, el incremento progresivo de las fuerzas aliadas (hay 35.000 soldados estadounidenses más que cuando Obama tomó posesión, en 2009) no ha logrado, pese a los reiterados anuncios sobre su inminencia, asestar un golpe decisivo a la pinza talibán-Al Qaeda que permita alentar la esperanza de un vuelco decisivo en la guerra.

Por el contrario, la moral occidental ha ido decayendo y aumentando la desgana entre los Gobiernos, especialmente europeos, sobre la naturaleza y propósito de una misión a la que no se ve final. En correspondencia, crece la resolución de los fundamentalistas islámicos, que encuentran en la vasta frontera con el vecino Pakistán -un teórico aliado de Washington- tanto cobijo ideológico como apoyo logístico. La última y espectacular hazaña talibán ocurrió en abril, con la fuga de casi 500 militantes y terroristas convictos de la prisión de Kandahar, segunda ciudad del país. Una evasión que, por sus características, implicaba la complicidad de las autoridades y ponía de relieve la fragilidad del corrompido andamiaje oficial y la manifiesta incapacidad del Gobierno de Hamid Karzai para hacerse cargo de la seguridad del país.

En este contexto de descomposición adquieren sentido las revelaciones ayer del presidente Karzai -no desmentidas-, según las cuales, Washington mantiene contacto indirecto con líderes talibanes sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra. Dentro del núcleo duro estadounidense, solo el ministro de Defensa saliente, Robert Gates, había insinuado que podría haber conversaciones con los talibanes buenos a finales de año. Tan balbuciente como se quiera, ese diálogo, cuya concreción en compromisos firmes puede llevar años, parece el único camino razonable. La situación actual de no victoria y no derrota es una opción que pueden permitirse los yihadistas afganos, pero no la desgastada coalición internacional.

El País - Editorial

La crispación de la izquierda

Lo que era un queja social, ahora es una protesta que amenaza violencia y, por tanto, se ha convertido en un problema de orden público.

MADRID se va a convertir en el escenario de cinco marchas convocadas por los grupos de protesta surgidos contra el sistema institucional y los partidos. La benevolencia con la que han sido tratados les ha permitido actuar como si fueran representantes del estado de malestar en la sociedad, pese a que sus actuales expresiones de protesta se caracterizan —en buena parte— por la violencia física y verbal contra los únicos legítimos representantes de la soberanía nacional. Si Madrid fue el lugar elegido para iniciar la protesta emblemática de estos movimientos, Madrid volverá a ser hoy campo de experimentación de estas muestras de protesta, que ya no encarnan la frustración de una sociedad golpeada por el paro y el desánimo, sino una opción ideológica de extrema izquierda que, en ocasiones y no por todos los que la integran, está recurriendo a la violencia. Ahora bien, es lamentable que incluso ante actos tan inaceptables como las agresiones físicas y verbales a los parlamentarios catalanes, todavía haya sectores supuestamente democráticos de la izquierda política y cultural que no dudan en alternar condenas y comprensiones hacia estos actos de violencia.

Lo que era un queja social, ahora es una protesta que amenaza violencia y, por tanto, se ha convertido claramente en un problema de orden público. La responsabilidad política de lo que hoy suceda o deje de suceder será del Gobierno y, en particular, del ministro del Interior. Entre las contemplaciones oficiales por el pacifismo de los acampados, y el desdén del presidente del Gobierno hacia la violencia en el Parlamento catalán, este movimiento se ve legitimado para alzarse como representante de quienes no le han votado, negando la legitimidad de los únicos y verdaderos representantes de los ciudadanos, y para atreverse a paralizar desahucios ordenados judicialmente, como un contrapoder que pasa por encima del imperio de la ley.

Cada vez resulta más evidente la sincronización de estos movimientos de protesta con la crítica situación de la izquierda. Nada más oportuno que deslegitimar, justo ahora, el sistema que ha dado al centro-derecha el poder municipal y autonómico, y que probablemente le entregue el gobierno de la Nación. Es una forma de tensión como táctica electoral, similar a la que defendía un descuidado Rodríguez Zapatero a micrófono abierto. Es otra vez la crispación de la izquierda en las calles.

ABC - Editorial

Indignados. El cuento de las lecheras. Por Maite Nolla

Rubalcaba ha autorizado una manifestación en Madrid que nadie duda de que acabará como lo de Barcelona; así que Rubalcaba, como con lo de Bildu, tendrá la vergüenza y ningún resultado que le sirva.

Visto lo de Sol, la lógica y los precedentes nos deberían haber hecho sospechar que era cuestión de horas que en Barcelona a un ciego le intentaran robar el perro, porque, aunque ciego, era convergente y diputado. Es decir, la misma violencia, que cuando desemboca en Barcelona se descontrola porque aquí nuestros indignados están como los toros de las fiestas populares: resabiados.

Nunca pensó nuestra querida clase política que el enemigo estuviera en casa. Mucho advertir de los ataques de Madrid contra Cataluña y, al final, las lecheras de los mossos han tenido que salvar al Parlament de los que querían saquearlo al grito de "¡os habéis cargado ochenta leyes de un plumazo!". Ése era el grito de guerra de una de las que empaitaba al angustiado diputado de CiU que pedía auxilio. Otra cosa es que la sujeta supiera explicarlo; aunque ciertamente le daba igual, porque de lo que se trataba era de pluridelinquir contra los diputados.

El periodismo nacionalista moderado ha cerrado filas, incluso contra las directoras de cine que han justificado las agresiones a los que le pagaron el miguelito. Lo que pasa es que para demostrar que han aprendido la lección es de esperar que nadie vuelva a reír la gracia de llamar a Boadella "feixista" o de echar estiércol ante las sedes del PP. Poca solidaridad encontramos algunas y algunos cuando en Manresa o en Lérida se celebraban actos de Ciudadanos con más mossos que oyentes, o cuando en Gerona intentaron agredir a Victoria Prego y a Arcadi Espada. Superado el trauma, no se exige un perdón, pero sí un propósito de enmienda de cara al futuro. Nadie entendería bromitas sobre el parlamenticidio, como se hicieron en el pasado.

Lo que sucede es que el golpe del miércoles no desvirtúa la idea de que detrás de la mecha está Rubalcaba. Rubalcaba ha querido hacer de esto su particular cuento de la lechera para intentar que el PP no se lo lleve por delante en 2012 y sigue en ello. Indicios sobran; y si no, recuperen los vídeos sobre el tratamiento que TVE dio a la toma de posesión de los alcaldes, y comprueben la insoportable cobertura y el indecente amparo a cualquiera que llevara un cartel e insultara a un concejal. Y los miembros del Gobierno –los que están grogui y los que no– y los dirigentes del PSOE siempre han querido guiñar el ojo a esta gente. Como Tomás Gómez. Si escucharon ustedes con atención la propuesta del derrotado candidato, éste pedía abrir un "proceso de diálogo" con estos amigos de la humanidad. Como con ETA; con la diferencia de que los indignados no han necesitado cuarenta años de delincuencia, sino un mes y unas tiendas de campaña para que algún socialista decida rendirse. Por no recordar a la que podía haber sido presidenta del Gobierno, la señora Chacón. Cuando aún creía que tenía alguna posibilidad, pedía escuchar a esta gente y aceptar sus propuestas. Es de suponer que la señora Tura le pasará la factura de la gabardina. Pero la prueba definitiva de lo que digo es que, después de todo, Rubalcaba ha autorizado una manifestación en Madrid que nadie duda de que acabará como lo de Barcelona; así que Rubalcaba, como con lo de Bildu, tendrá la vergüenza y ningún resultado que le sirva. Vamos, que tendrá su cuento, pero el de las lecheras; las lecheras de la policía.

Libertad Digital - Opinión

En directo, no en vivo. Por M. Martín Ferrand

La muerte convertida en espectáculo es un síntoma evidente de una generalizada corrupción ética y estética.

EN uno de mis tránsitos callejeros por el Madrid mesocrático en el que compiten la suciedad horizontal de las basuras con la vertical del graffiti, me asaltan dos muchachitas de tatuaje y piercing—contemporáneas— para que sume mi nombre a un pretendido manifiesto a favor de la eutanasia y de la muerte digna. ¿Tan mala cara me ven ustedes?, les pregunté. No, me respondieron con la sonoridad sincronizada y el estilo antiguo del Dúo Pimpinela; es que más vale prevenir que curar. Gran sistema asistencial es ese en el que, para evitar males mayores, te privan de la mínima y última esperanza de seguir viviendo. A mayor abundamiento, las jovencitas invocaron la ejemplaridad de la BBC y su reciente —e indignante— transmisión del suicidio asistido del empresario hostelero Peter Smedley.

El debate sobre la eutanasia y su colección de eufemismos embellecedores tiene escaso recorrido para quienes, sin recurrir a argumentos confesionales, anteponemos el derecho a la vida a cualquier otro y, además, sospechamos con cierto fundamento que cualquier circunstancia vital, por adversa y dolorosa que parezca, tiene añadidos sus gozos específicos y reparadores. Lo que resulta nuevo es que un argumento para defender el suicidio asistido, un negocio en auge para el turismo helvético, resida en el hecho de una trasgresión ética, pretendidamente informativa, en una televisión que, como la BBC, es de titularidad pública y tiene como justificación el servicio a los ciudadanos que la financian a través de una tasa específica de obligada aportación.

Aquello tan pragmático y tan grosero de que «el muerto, al hoyo y el vivo, al bollo» ha pasado a ser un manual de conducta internacional. Ha perdido su españolísima esencia y, en aras de la globalización, justifica como función propia del Estado en el Reino Unido la divulgación pública, con cargo al Presupuesto, de los métodos posibles para el mutis definitivo de los ciudadanos. La muerte convertida en espectáculo es un síntoma evidente de una generalizada corrupción ética y estética que, si no hemos perdido la sensibilidad, constituye todo un clarín anunciador de lo que nos espera. Nunca habían utilizado la eutanasia, su propaganda, como elemento en contra de la existencia, independientemente ya de sus contenidos, en las televisiones públicas; pero es, por mortuorio, un argumento total que exige respuestas igualmente drásticas y rotundas. La BBC, durante décadas pionera y modelo, ha sido capaz de convertir en «culturales» programas como La Noriay otros engendros equivalentes. ¿Tiene algún sentido, ya en el XXI, la existencia de televisiones públicas?

ABC - Opinión

El paleto. Por Alfonso Ussía

Se inauguraba en Barcelona el nuevo edificio de AGBAR, un intrépido, estético y majestuoso rascacielos apepinado. Tiempos del Tripartito. Era Presidente de la Generalidad de Cataluña Pascual Maragall, y Carod Rovira el que mandaba. Tomaban un refrigerio o un cava –prohibido lo del «vino español»– después del acto cuando el señor Maragall preguntó a uno de los aparejadores de la gran obra. –¿Qué idioma usaban ustedes para dar las instrucciones?–; El aparejador, para no defraudar al Presidente, piadosamente mentiroso, le respondió:–El catalán–. Y a Maragall y Carod les rodaron dos límpidas lágrimas de emoción por las mejillas. El ingenio arquitectónico de AGBAR pasó a un segundo plano. El que fuera miembro del Consejo General del Poder Judicial, el extravagante independentista Alfons López Tena, hoy enrolado en el grupo de Laporta, sufrió como todos los parlamentarios catalanes toda suerte de insultos y vejaciones por parte de los llamados «indignados». López Tena no respondió a los exabruptos de los antisistema porque éstos le insultaron en español y él no acostumbra rebajarse a contestar en ese idioma.

López Tena no respondió a los insultos porque corría como un conejo, no le llegaba la camisa al cuerpo y los dídimos por corbata le impedían la emisión de cualquier sonido, lo cual es natural y comprensible, porque fue víctima de un ataque violento. Pero escudarse en la paletería del idioma se me antoja una necedad malintencionada. Lo que ha querido decir López con el Tena después, es que los violentos no eran catalanes de pro, sino «españolistas» –como ellos dicen– infiltrados. Lo que no ha dicho es en qué idioma, español o catalán, hablaron los empujones, las pintadas, los agarrones y los escupitajos. Como era de esperar, el diario «Avui» ha tomado buena nota de la inteligente reflexión del señor López Tena, don Alfons, de niño Alfonsito López. Todo responde a esa manía de los independentistas de intentar molestar hasta en los detalles más insignificantes. Para él, lo grave no fue que unos desalmados violentos usurparan la voluntad popular y el ejercicio de la soberanía nacido de las urnas. Para él lo grave no fue que unos desalmados violentos incurrieran en un grave delito contra la Carta Magna impidiendo la reunión de un parlamento autonómico. Para él lo grave no fue que lo insultaran, zarandearan y vejaran. Para López Tena, don Alfons, de niño Alfonsito López, es que lo insultaran en español, porque en tal caso la grosería triplica la gravedad y la importancia del insulto. Y si así lo piensa y lo siente, es muy dueño de hacerlo y manifestarlo, pero no puede pretender, después de emitir tan exótica afirmación, que la voz «paleto» no se caiga de nuestra boca. Gratuito, absurdo, aldeano y hasta divertido, si se interpreta desde el sobrevuelo que concede el sentido del humor, ese sentido tan lejano al dogmatismo del jurista separatista. Lamento, como en todos los parlamentarios catalanes, las humillaciones sufridas. Y los insultos. Y las pintadas, y las agresiones. Y me sitúo, sin duda alguna, del lado de López Tena, que ha sido elegido por los catalanes en las urnas. Le envío desde estas líneas mi plena y total solidaridad, sea lo que sea y piense lo que piense. Sus ideas no son las mías, pero las respeto y defiendo como si fueran coincidentes. Sólo espero que no se sienta insultado con mis palabras por escribírselas en español. Lo hago con mi mejor voluntad. Alguien sabrá traducírselas.

La Razón - Opinión

Las virtudes de la angustia. Por Hermann Tertsch

Muchos serán los que desprecien con cansado mohín las nuevas promesas de apertura y reforma del Rey Mohammed VI.

Muchos serán los que desprecien con cansado mohín las nuevas promesas de apertura y reforma del Rey Mohammed VI. Primero porque en las monarquías absolutistas, y la marroquí lo sigue siendo, las modificaciones en el trato a los súbditos son concesiones y no derechos reclamables. Así ha sido también en Marruecos con este rey como con sus antecesores. Y porque no son pocos los que discuten a este rey la capacidad y autoridad para imponer una voluntad de cambio real, en caso de tenerla. Muchos creen que si vinieran mal dadas y tuviera que enfrentarse a un levantamiento, sería tan reo de su entorno como lo es Bashar Al Asad, ese heredero republicano que lleva meses matando por sobrevivir en Siria.

Y sin embargo, hay motivos para darle crédito a Mohammed VI con esta nueva Constitución que anuncia. De la angustia generada a los poderosos han surgido virtudes inesperadas. Y deberá aplicar con urgencia por la presión que el tsunami emancipador en el mundo árabe ha impuesto a todos. El Rey de Marruecos no es uno mas. No es un arribista golpista ni su heredero, sino la cabeza de una monarquía de tradición centenaria. Quizás por eso le resulte más fácil que a otros dar pasos significativos en forma y contenido sin creer tener que temer una descomposición de su autoridad. Que la persona del Rey deje de ser «sagrada» para ser «inviolable», no es ni mucho menos un paso baladí como pensarán algunos en la descreída Europa. Pero fundamental será en todo caso el trasvase de poder de la Corona al Gobierno, hasta ahora poco menos que un cuerpo administrativo. Si un Gobierno electo pasa a tener poder político estaríamos ante poco menos que una revolución de palacio. Si el Rey renuncia en su favor a la potestad en todos los nombramientos de las autoridades del Estado, el cambio será muy prometedor. Por supuesto que la independencia de la justicia es aun una quimera. Pocas lecciones podremos darles algunos. Y el país será una «monarquía islámica». Pero reconoce por primera vez derechos a su componente amazigh (bereber) así como una referencia expresa al elemento hebreo en Marruecos. Tampoco suena mal que el rey, en su función civil pase a ser «protector de la opción democrática y árbitro entre las instituciones del Estado». Nadie espere milagros y quien se quiera tomar libertades sin esperar los cambios ni guardar las formas comprobará que la voluntad represiva, implacable, sigue intacta. Pero es evidente que el Rey y su entorno han entendido que no basta una declaración de intenciones para desactivar un movimiento histórico que, de ignorarlo ahora, se lo podría llevar por delante no muy tarde.

ABC - Opinión

La factura de Bildu no la puede pagar el PP aunque lo diga San Gil. Por Federico Quevedo

Cuando el fin de semana pasado los proetarras de Bildu amenazaron y acosaron al único concejal del PP en Elorrio, Carlos García, todos –opinión pública y publicada- nos centramos en el hecho en si de los ataques, y pasamos por encima de un hecho esencial que supone un cambio muy notable de la actitud del Partido Popular en el País Vasco, el apoyo que ese mismo concejal del PP en Elorrio dio a la candidata a la Alcaldía del PNV. Dicho de otro modo, para que ustedes me entiendan: eso no habría ocurrido, bajo ninguna circunstancia, en otros tiempos en los que en el PP vasco mandaban otros, tiempos en los que los ‘populares’ se defendían en las trincheras del acoso de lo violentos. Pero desde la llegada de Antonio Basagoiti el PP vasco ha ido orientando su estrategia, ha salido de la trinchera y se dedica a lo que debe dedicarse un partido político: a hacer política, a tener una presencia activa en el País Vasco más allá de la que tenían hasta ahora como víctimas de la violencia. La nueva generación de políticos vascos del PP, encabezada por Basagoiti y que suma en sus filas a gente con Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal, Arantxa Quiroga y el propio Carlos García, nombres tan dignos de respeto y tan sujetos del derecho a defender sus ideas bajo las siglas del Partido Popular como los que antes dirigían ese partido.

Por eso es profundamente injusto que una vez pasadas las elecciones del 22-M, en las que se ha hecho evidente que la estrategia del Gobierno para abrirle a ETA las puertas de los ayuntamientos vascos ha superado las propias expectativas de Rubalcaba, haya quienes como la ex presidenta del PP vasco, María San Gil, le eche la culpa al PP. Lo es porque durante todo este tiempo antes de las elecciones, el PP se ha hartado de denunciar que Bildu era ETA y que el Gobierno estaba abriéndole esa puerta a los amigos de los terroristas. Es verdad que Mariano Rajoy no se pasó la campaña hablando de Bildu –lo cual hubiera sido un verdadero filón para el PSOE-, entre otras cosas porque además de en el País Vasco había también elecciones en el resto de España, y probablemente a un ciudadano de La Coruña le preocupe más su situación personal que Bildu, y lo mismo a otro de Jaén, pero aún así Rajoy expresó por dos veces su absoluto rechazo a la presencia de la coalición proetarra en las urnas. Suficiente teniendo en cuenta la capacidad de maniobra que tiene el PP en este asunto estando en la oposición, pero se ve que no para todo el mundo. Hay quienes, por el contrario, creen que el PP debe echarse al monte y romper todos los pactos, todos los acuerdos que le unen a los socialistas y que tienen mucho que ver con la normalidad del país Vasco y con la lucha contra ETA.

Romper el acuerdo de legislatura que une al PP y al PSE significaría, de entrada, volver a poner a los socialistas en manos de los nacionalistas y dar un paso atrás en ese proceso de normalización no nacionalista que ambos partidos están llevando a cabo en el País Vasco. Pero significaría, además, que el PP tendría que volver a las trincheras, que ya no pintaría nada desde el punto de vista político en el País Vasco. Es verdad que en estas últimas elecciones el PP ha perdido 7.000 votos, lo que podría considerarse casi como un empate respecto a 2007, pero sin embargo hoy el PP en el País Vasco tiene considerablemente más presencia institucional que la que tenía hace cuatro años. La única razón para que eso sea así es que, al igual que está ocurriendo en Cataluña donde el proceso es muy parecido, el Partido Popular ha dejado de ser un partido marginal, al que el resto de las fuerzas políticas y, sobre todo, la ciudadanía, trataban con desprecio, para convertirse en una pieza clave con la que los demás unas veces quieren y otras necesitan contar. Decía al principio que en situaciones anteriores hubiera sido inimaginable que el PP le diera su apoyo a un alcalde del PNV, pero ese salto sobre esa línea roja que la anterior dirección del PP se había marcado, era muy importante darlo para que el PP ganara consistencia y crédito en aquella comunidad.

El equilibrio entre el discurso contundente contra ETA y su entorno, y la búsqueda de espacios para hacer política en el País Vasco, es perfectamente posible. El PSE lo ha hecho durante mucho tiempo, aunque a veces –como ha ocurrido ahora- haya ladeado demasiado hacia la orilla de los abertzales y este sea el momento en el que se está arrepintiendo de esa estrategia que le ha dado muy mal resultado y ha puesto en manos de los proetarras instituciones fundamentales para la normalidad del País Vasco, instituciones con las que ahora va a tener que lidiar el lehendakari Patxi López. Pero es evidente que si el constitucionalismo quiere condicionar la política vasca, lo tiene que hacer participando de ella. Hasta ahora eso solo lo hacían los socialistas, porque el PP simplemente estaba en la trinchera. Ahora lo hace también el PP, y no tardará mucho en llegar el momento en el que los ‘populares’ recojan el fruto de esa estrategia con la confianza de muchos más ciudadanos del País Vasco que dejarán de ver al PP como un partido marginal. Y eso debería de requerir el apoyo de todos lo que durante mucho tiempo han tenido que ver en la dirección del PP vasco, porque irá en beneficio de la normalidad y contribuirá al fin de ETA y será el tributo que el propio PP ofrezca a las víctimas de los asesinos. Pero hacerle pagar injustamente la factura de Bildu es un ejercicio de deslealtad y un insulto a la memoria de las víctimas propias y ajenas.

El Confidencial - Opinión

Epidemia griega. Por Ignacio Camacho

El fraude consistía en crear un Estado del bienestar ficticio a cuenta de emitir deuda y ocultarla en los balances.

CASI todo lo que dejaron por inventar los chinos lo inventaron los griegos: el teatro, los juegos olímpicos, la trigonometría, los efebos, las musas, la depilación, el yogur, la democracia. Los griegos antiguos, claro; los clásicos. Sus sucesores modernos son menos afortunados y están a punto de reinventar la bancarrota de Estado. El recorrido histórico que va de Pericles a Karamanlis es el que va de la ciudad-nación al fraude-nación y del brillante estadista al oscuro manipulador de estadísticas. Pericles fue el hijo ilustre de un político, Jantipo, y Karamanlis la oveja negra de otra estirpe de próceres, igual que este torpe Papandreu desciende de un Papandreu algo más listo. La degeneración dinástica no es un invento griego pero hay que reconocer que en los últimos tiempos lo han perfeccionado bastante.

El colosal fraude heleno se puede llevar por delante el euro y hasta la Unión Europea tal como la conocemos. La técnica del engaño se basaba en crear un Estado del bienestar ficticio a cuenta de emitir deuda y ocultarla en los balances. Un viejo procedimiento socialdemócrata que en Grecia adoptaron también los conservadores. Crearon subsidios, dádivas asistenciales y pensiones vitalicias que seguían cobrando los muertos. Multiplicaron los funcionarios de una administración corrupta y camuflaron el gigantesco déficit con un birlibirloque de ingeniería financiera. Cuando se descubrió el pastel el país estaba en quiebra irreversible, y ya ni urbanizando la Acrópolis podía pagar el rescate con que la UE acudió en defensa de su propia estabilidad monetaria. Los inversores que han prestado dinero en ese agujero sin fondo están a punto de palmar la inversión y empiezan a desconfiar de todo el mundo. En eso consiste el contagio griego: los acreedores son presa del recelo y están empezando a mirarnos a nosotros, los españoles, con cara de muy mala leche.

España no es Grecia, claro, pero convendría además no parecerlo. La sospecha de una deuda autonómica escondida y la dudosa contabilidad de las cajas de ahorros evocan los fantasmas atenienses, y este reciente clamor de indignadoscallejeros tiene un aire —por ahora menos virulento— a la protesta popular de los griegos que se rebelan contra banqueros y políticos. La gente que ha vivido por encima de sus posibilidades no está dispuesta a admitir la dolorosa realidad de un ajuste duro y se rebela contra los recortes que tratan de embridar el dispendio. En Grecia quizá sea ya demasiado tarde; está de hecho en suspensión de pagos y el ministro de Defensa se ha hecho cargo de las finanzas para implantar una economía de guerra. Huele a fracaso-país, a Estado fallido. Aquí aún estamos a tiempo de evitar el barquinazo, pero la terapia va a doler y no hay anestesia. Quizá se trate de elegir entre la indignación y la ruina antes de tener que apechar con las dos cosas al mismo tiempo.

ABC - Opinión

Autonomías. 121.420 millones de razones. Por Pablo Molina

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos.

El mayor error cometido por los políticos españoles en los últimos quinientos años ha sido, sin duda, la creación del Estado autonómico. Sin ningún precedente conocido en la historia de los procesos constitucionales, los trujamanes de la transición endilgaron a los españoles un aborto jurídico-político ante el que no tienen derecho a la disculpa, porque todos ellos, gente con experiencia acreditada, sabían de sobra la desgracia que hacían recaer en sus compatriotas con el Título VIII de la Nicolasa.

El Estado autonómico, que la casta política, con el Rey a la cabeza, sigue defendiendo como la mayor conquista de nuestra democracia, ha servido para exacerbar los delirios separatistas de las regiones con presencia de partidos nacionalistas, para provocar enfrentamientos entre regiones limítrofes, para fraccionar un mercado ya de por sí pequeño convirtiéndolo en una maraña de regulaciones que ahuyenta al inversor extranjero y para multiplicar por varios factores el gasto público que hemos de soportar los contribuyentes actuales y las dos generaciones siguientes como mínimo. Si este es el éxito del que todos debemos felicitarnos, qué considerará la casta gobernante un fracaso colectivo.

Convertidas en corralitos al servicio de los políticos periféricos más desvergonzados, ni siquiera tienen suficiente con los recursos que se les entrega anualmente gracias al esfuerzo de todos los españoles. No les basta. Por eso necesitan pedir prestado en nuestro nombre una cantidad monstruosa de dinero al exterior, que en estos momentos ya supone casi el 12 por ciento de la riqueza nacional.

121.420 millones de euros deben las autonomías de los cuales casi 35.000 millones corresponden a la comunidad catalana, que a pesar de la exclusividad tribal de que hace gala su clase dirigente no van a ser devueltos por los ciudadanos de tan noble región sino por todos los españoles que, además, hemos de soportar los insultos de los Carod de turno. Nos vacían el bolsillo, piden prestado a cargo de todos los españoles un dineral para colocar a los hermanos tontitos y al resto de la esquerrada y no sólo no están contentos sino que acusan a los que financiamos sus francachelas de oprimirlos una barbaridad. Desde luego porque ellos quieren, porque resulta dudoso que el día que declaren la independencia del estat catalá desde la plaza de San Jaime las lágrimas del resto de España lleguen a formar ni un riachuelo. Qué pena que les falten huevos para dar ese paso.

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos, convertidos en víctimas de un sistema territorial inasumible. Hay que acabar con todas ellas y enviar a los políticos autonómicos al paro, no sólo por dignidad nacional, que ya sería motivo de peso, sino por una mera cuestión de supervivencia. La de nuestros hijos.

Libertad Digital - Opinión

España castiga a los disidentes de Cuba. Por Mary Anastasia O'Grady

A pesar del 21 por ciento de parados y de la crisis de la deuda que se avecina, España sigue estando considerada como uno de los grandes destinos de viaje del mundo.

A pesar del 21 por ciento de parados y de la crisis de la deuda que se avecina, España sigue estando considerada como uno de los grandes destinos de viaje del mundo. A menos, claro está, que uno sea un preso de conciencia cubano deportado y soltado en España por la dictadura militar de La Habana. En ese caso, la vida como extranjero en la soleada Península Ibérica es económica y psicológicamente penosa.

A lo largo de los últimos 11 meses, el régimen cubano ha sacado de golpe a 115 presos políticos de sus celdas carcelarias y los ha desterrado a España, denominando a ese exilio «liberación». Muchos de ellos forman parte de un grupo conocido como «los 75», que fueron detenidos en marzo de 2003 por actividades como recoger firmas para una petición de democracia, encabezar manifestaciones pacíficas o escribir para periódicos independientes.

Me he reunido con 10 de ellos en España. Sus historias sobre los años en las mazmorras de Cuba y la represión generalizada en toda la isla son espeluznantes. Uno de ellos me mostró unas fotos clandestinas del interior de la famosa cárcel Combinado del Este, una instalación mugrienta e infecta no apta para animales. Algunos presos de conciencia se han pasado años allí.

Al cabo de tres días de entrevistas, empecé a hundirme bajo el peso de la realidad cubana. Pero el nubarrón que ensombrecía mi espíritu no se debía a nada que estos patriotas hubiesen revelado sobre ese lugar de mala muerte conocido como Cuba. Conozco muy bien el historial de Castro en derechos humanos. La parte verdaderamente alarmante de las historias de los presos es el papel absolutamente amoral que ha desempeñado el Gobierno socialista del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a la dictadura cubana a disfrazar la deportación de «liberación». Es lo que uno podría esperar de los que mandan en Birmania, Corea del Norte o Irán.

Tras siete años de una horrorosa vida en la cárcel, muchos de «los 75», algunos de los cuales cumplían condenas de más de dos décadas, no daban señales de ceder. Orlando Zapata Tamayo inició una huelga de hambre y murió a manos del régimen en febrero de 2010. Las palizas de los matones de Castro a las Damas de Blanco —las esposas, hermanas y madres de los presos políticos— fueron captadas con los teléfonos móviles y se propagaron como un virus por Internet. Otro disidente en huelga de hambre, Guillermo Fariñas, estaba gravemente enfermo.

«Los 75» se habían convertido en un enorme problema de relaciones públicas para el régimen. A medida que los Gobiernos e intelectuales de todo el mundo condenaban la brutalidad sistemática, quedaba claro que más de medio siglo de propaganda cubana promoviendo la imagen de paraíso socialista corría el peligro de irse al garete. Para minimizar el daño, el régimen no solo tenía que sacar a los presos del país anunciándolo como una «liberación», sino que también tenía que asegurarse de que caerían en el olvido. España accedió a ayudar, ¿y por qué no? El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mantiene una cordial relación con el Gobierno de Castro y era un invitado vip habitual en la isla.

Los familiares, preocupados por que sus seres queridos pudiesen morir en la cárcel, les pidieron que tomasen la salida española. Una vez en España, se dieron cuenta de que les habían engañado. Eran claramente refugiados políticos, y conforme a la ley española tenían derecho a reclamar esa designación. Pero para España, admitir que eran víctimas de la persecución política equivaldría a negar todo el objetivo de la maniobra, que era presentar a Castro como un gran benefactor que les había liberado. Ésta es la razón por la que muchos de aquellos con los que hablé siguen en un limbo legal.

La transición a la democracia en Cuba depende de dos cosas: nuevos dirigentes en el país y la solidaridad internacional con su lucha por la libertad desde el extranjero. Zapatero ha traicionado al pueblo cubano en ambos frentes.

THE WALL STREET JOURNAL © 2011 DOW JONES & COMPANY, INC.

ABC - Opinión

Deuda a excesiva velocidad

Los requerimientos de las instituciones internacionales, como el FMI, o nacionales, como el Banco de España, no surten el efecto deseado en el control financiero de las comunidades autónomas. La deuda de esas administraciones crece imparable y esa tendencia es un serio inconveniente para el proceso de estabilización de las cuentas públicas, no sólo por su volumen, sino por la velocidad a la que aumenta. El primer trimestre del año ha sido otro periodo de explosión de números rojos. La deuda autonómica aumentó un 26,4% hasta marzo y alcanzó los 121.420 millones de euros (el 11,4% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica. Los datos ponen en aprietos a buena parte de los gobiernos regionales. En relación con el ratio deuda/PIB, la Comunidad Valenciana encabeza la lista, con un volumen del 17,4%, seguida de Cataluña (17,2%), Castilla-La Mancha (16,9%) y Baleares (16,3%). La realidad es que el desequilibrio contable no ha parado de crecer a ritmo de récord pese al compromiso de estabilidad presupuestaria de los gobernantes autonómicos, que no parecen dispuestos a cumplir. Pero estos resultados reflejan también el fracaso del Gobierno de la nación en alcanzar el objetivo de que las autonomías cierren el grifo para embridar el déficit público. El Ejecutivo frustró la posibilidad de una respuesta eficiente y real de estas administraciones cuando se les permitieron nuevas emisiones para reestructurar su deuda y hacer caja sin exigirles condiciones tajantes decisivas. El futuro no ofrece mejores perspectivas, pues, con un crecimiento ralentizado como el previsto, habrá menos ingresos y, por tanto, un mayor déficit y más endeudamiento si no existe la determinación de acabar con esta especie de tormenta perfecta de números rojos en que se han transformado las administraciones autonómicas. El discurso de los gobiernos de que carecen de fuentes de financiación para sostener los servicios transferidos y que ello los fuerza a endeudarse tiene parte de razón, pero no puede ser una excusa permanente para no afrontar los ajustes y sacrificios necesarios en una economía de supervivencia. Es preciso demostrar una voluntad férrea de cambiar el guión que nos ha conducido ante la encrucijada actual al convencimiento de que el camino elegido no conduce a salida alguna. Los gobiernos tienen un margen de ajuste suficiente en unos presupuestos excesivos y una desproporcionada estructura administrativa, con múltiples empresas y organismos con su correspondiente volumen de funcionarios y elementos de designación política. Los mercados cuestionan la solvencia española y el descontrol autonómico es un factor que alimenta la desconfianza. España está obligada a tomar decisiones que fortalezcan su credibilidad, pues con una prima de riesgo alta se hace casi imposible la recuperación económica. El Gobierno haría bien en aceptar las propuestas del PP y de Europa, y recuperar los controles que estableció Aznar en 2001 en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, suprimidos por el PSOE. Fijar por ley un techo de gasto y limitar el déficit y la deuda autonómicos también por ley es ya condición necesaria.

La Razón - Editorial

Un respiro vital

El acuerdo de Merkel y Sarkozy sobre la deuda griega aleja el riesgo de una crisis en la zona euro.

Conscientes de que era necesario tomar decisiones rápidas para alejar la catástrofe del impago griego, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy anunciaron ayer a los mercados que Alemania y Francia se han puesto de acuerdo en el modelo de reestructuración de la deuda de Grecia. La participación de las entidades tenedoras de bonos en la quita será voluntaria, de forma que no se trata de un default (impago); cualquier acuerdo será negociado con el Banco Central Europeo y se renueva la deuda griega al vencimiento. Lo más importante del acuerdo, con todo, es que se pone fin al espinoso enfrentamiento entre las instituciones europeas (Alemania y sus aliados, por una parte, y el BCE por otra) que había sembrado el desconcierto entre los inversores y causado la explosión de los diferenciales de deuda de los países periféricos.

Prueba de que la reestructuración voluntaria era lo que esperaban los mercados es que las Bolsas europeas se dispararon como por ensalmo en cuanto Merkel y Sarkozy dieron a conocer la buena nueva y el diferencial de deuda de los países bajo sospecha descendió ligeramente. El triunfo de la tesis del BCE es, aunque le pese a Alemania, el triunfo de la solución más razonable. La quita de la deuda griega ya está en el mercado, porque se sabe que Atenas no puede pagar; que los inversores acepten de forma voluntaria menos dinero por los títulos que poseen evita que las agencias de calificación declaren una incidencia de crédito y salten sucesivamente todas las cláusulas de alarma financiera (por ejemplo, la suspensión inmediata de los créditos cuyo vencimiento está ligado al default de Grecia que incorporan muchas entidades financieras), que hubieran arruinado los mercados europeos, igual que el impago de Lehman detonó el crash global. La concesión de Merkel in extremis, antes de la fecha clave del lunes, ha evitado esa situación límite.

Pero no conviene olvidar que el acuerdo Sarkozy-Merkel es solo un respiro. Muy importante, porque gana tiempo, pero temporal al fin y al cabo. Es la declaración pública de que Grecia no caerá en el impago; pero el acuerdo final todavía no se ha conseguido. La reunión de ministros de Finanzas del lunes debe sancionar el consenso y el BCE y Bruselas tienen que perfilar los detalles del plan de reestructuración. Queda, por añadidura, un nudo que desatar. El acuerdo depende de que el flamante Gobierno de Papandreu presente el nuevo plan de ajuste presupuestario, para que así se transfieran a Grecia los 18.000 millones del quinto tramo previsto en las ayudas europeas.

Y aquí aparece de nuevo la importancia del factor político. La cuestión es si Papandreu y su nuevo Gobierno están en condiciones de respaldar una nueva contracción fiscal en medio de una sociedad en estado de permanente hostilidad a los requerimientos de la Comisión Europea. El acuerdo franco-alemán puede arruinarse si no hay un interlocutor político fiable en Atenas.

El País - Editorial