Presunto inocente. Por Ignacio Camacho

EL Estado de Derecho ha suspendido de funciones al juez Garzón hasta que la justicia decida si ha aplicado de forma torticera las leyes a cuyo servicio se debe.

Ésta es la única realidad objetiva del monumental alboroto político y mediático que ayer llegó a encabezar el trending topic de ciertas redes sociales de Internet. Alboroto legítimo: las interpretaciones sentimentales -incluso las ideológicas, porque la ideología surge a menudo de los sentimientos y forma parte de ellos- no tienen por qué atenerse a la lógica jurídica. Pero la lógica judicial sí ha de abstraerse de la influencia emotiva: por no hacerlo está procesado el magistrado más famoso de España, al que el sistema ha tratado con la más escrupulosa de las garantías. Garzón ha tenido oportunidad de acogerse a todos los recursos que le permite el derecho procesal, y continúa amparado por la presunción de inocencia. No ha sido declarado culpable; simplemente suspendido de su ejercicio jurisdiccional hasta que su caso se sustancie en un juicio justo.

Todo ese complejo mecanismo jurídico desaparece en la esfera política y social soslayado por la pasión subjetiva. Ahí se impone la potencia esquemática de la propaganda, tanto más eficaz cuanto más simple resulte su formulación retórica. Lo que importa es que el efecto argumental solidifique los prejuicios con una explicación lineal, somera y sin matices. Ésta, por ejemplo: Garzón ha sido sancionado por tratar de investigar los crímenes del franquismo en un país cuyas estructuras permanecen dominadas por los herederos de la dictadura. Una interpretación más falsa que sesgada, más embustera que parcial, pero dotada de la retorcida efectividad que Lenin, Goebbels y otros estrategas de la demagogia atribuían a la repetición de la mentira, capaz de moldear una realidad ficticia con enorme poder de divulgación creativa. Una maquinaria implacable para crear estados artificiales de conciencia colectiva.

Contra esa eficacia aplastante, contra ese arrollador dispositivo de energía simbólica, la justicia no tiene más antídoto que el ejercicio de su independencia soberana, blindada a la influencia de la opinión pública desde la que Garzón, habilísimo manipulador de resortes emocionales y de efectismos publicitarios, ha trazado parte de su estrategia defensiva. No encontrará el aparato judicial un ápice de comprensión en el agitado bando que cuestiona sus decisiones como fruto de una conspiración pervertida. En el plano del debate político y la agitación mediática no tiene una sola baza persuasiva. Sólo dispone de la convicción en las bases de su propia legitimidad como poder democrático, que son las que fundamentan su ejercicio. Derecho contra propaganda, verdad jurídica contra falsificación política. Estado de leyes contra estado de opiniones; un interesante pulso que mide la firmeza de los principios de la democracia frente a su espejo de reacciones públicas.

ABC - Opinión

Aprovecha tu oportunidad. Por Maite Nolla

Los dirigentes de ERC ya han dicho que el resto de España se ha fundido la solidaridad catalana y que tantos años de déficit fiscal justifican que los recortes los paguen otros.

Desde que España ha entrado en concurso de acreedores y Europa y Estados Unidos nos han colocado algo parecido a una administración concursal, los políticos han encontrado una oportunidad, un filón, para venderse como los más austeros y los que más arriman el hombro. En eso son admirables, porque, como buenos supervivientes, muchos de ellos pueden incluso acabar sacando partido de la situación. Eso sí, a veces con un exceso de entusiasmo en los anuncios. En concreto me refiero a la divertida anécdota –divertida, por decir algo– que recoge el periodista Daniel Tercero en su blog, publicada por La Voz de Barcelona, y que afecta a la señora Sánchez-Camacho: mientras ella anunciaba en rueda de prensa la petición de que se reduzcan las consejerías del Gobierno de la Generalitat –agrupándolas al modo que pidió Rajoy el pasado miércoles con los ministerios–, un diputado popular pedía en el Parlament la creación de una consejería de Turismo.

La cuestión es que los anuncios de gran austeridad, siempre a toro pasado por cierto, van acompañados de campañas de publicidad periodística, a veces en términos de estricta obediencia, a veces queriendo agradar de forma incomprensible. Por ejemplo, volviendo al tema de la semana pasada sobre las flechas hacia arriba y hacia abajo, otro periódico de tirada nacional premia al alcalde Lérida por rebajarse el sueldo y el de sus cargos, a lo que yo objeto dos cosas: primera, si realmente la medida era necesaria y posible, ¿por qué no se tomó antes? Y, segunda, que es mentira, porque el primer edil leridano sigue utilizando su bonito coche oficial para acudir a sus actividades más privadas, incluidos los oficios religiosos. De verdad, ¿pero de quién fue idea esto de las flechas? Y, lo más importante, ¿quién las pone?

De todas formas, la publicidad más grotesca fue la de TVE, que a la hora de hablar de las comunidades autónomas diferenció entre las comunidades socialistas, las populares y las demás. Por supuesto, según TVE las comunidades socialistas, con Montilla a la cabeza, iban a ser las primeras en arrimarse el cinturón y apretarse el hombro, o algo así. También lo iban a hacer "otras comunidades" como la Canaria –aunque gobierne el PP en coalición– o la cántabra del hortera Revilla. Mientras, las comunidades del PP iban a aceptar las medidas con matices. Y para ello, en TVE ilustraron la información con un vídeo de Feijóo diciendo que los gallegos no tenían por qué pagar el despilfarro de Zapatero, cosa que nos devuelve al viejo debate de la unidad del PP y de si es austracista o simplemente Galeuscat.

Como les decía, los políticos van a competir en austeridad, excepto los nacionalistas catalanes, que van a competir en eso, en nacionalismo, porque también ven en esto una oportunidad. Los dirigentes de ERC, que tanto celebraron la única medida económica de Zapatero que fue la aprobación del sistema de financiación autonómico, ya han dicho que el resto de España se ha fundido la solidaridad catalana y que tantos años de déficit fiscal justifican que los recortes los paguen otros. Perdón por la autocita, pero cuando decíamos que el sistema de financiación autonómico era injusto e insolidario, es porque sus principales beneficiarios, con Puigcercós a la cabeza, quieren que sea injusto e insolidario.

Libertad Digtal - Opinión

Justicia a Garzón quitado. Por Tomás Cuesta

EL desplome del ínclito Baltasar Garzón en el pozo sin fondo de sus propias trampas no es la última victoria del franquismo aunque los corifeos de la causa (tantas veces perdida por motivos espurios o por incompetencia temeraria) sostengan lo contrario a tumba abierta y a fantasmón quitado. Si alguien sale ganando es el Estado de Derecho que se ha respetado lo bastante como para impedir que alguien hiciera de su toga un sayo. Que no se ha dejado acoquinar por quienes acostumbran a trampear con leyes y a legalizar las trampas. Que ha diferenciado entre la justicia y la venganza. En resumen, que ha aplicado el código como mandan los cánones.

En este país, tan dado a los refranes, se considera de mal gusto dar leñazos a los restos del árbol fulminado. De ahí que un par de compañeros de fatigas mediáticas y unos cuantos funcionarios esquilmados le dedicaran ayer algún aplauso al abandonar la plaza. Emotiva escena, sin duda, amén de progresista y solidaria. Los magistrados Pedraz y Andreu están más que dispuestos a tomar el relevo y a que no decaiga aunque es harto improbable que tengan interés en remover las sepulturas tal y como anda el patio. No se trata sólo de los múltiples argumentos jurídicos, históricos, políticos y morales que hacían del empeño de su colega una tarea ridícula, sino de la natural y vocacional tendencia de los jueces a dedicarse a aquello que les compete por jurisdicción y dimensión espacio temporal, perspectiva que Garzón había perdido de vista probablemente desde que pensó que se podía saltar de la Audiencia a la política y viceversa sin pasar una mínima cuarentena, un periodo de desintoxicación. Pero, por mucho que Pedraz, Andreu y la compaña se empeñen en respetar lo que su ilustre ex compañero ha dejado a su paso, tendrán que hacer leña, qué remedio, del colmo viejo y hendido por el rayo.

En cualquier caso, hombre refranero, hombre majadero y a estos magistrados se les avecina una sobrecarga de trabajo que tiene a medio país en vilo: faisanes, pretorianos, correas, batasunos, traficantes y otros mochuelos; es decir, una fauna de lo más variado espera al reparto del lunes para saber en qué manos queda lo suyo. De seguro que la suspensión del superjuez es para ellos una buena noticia, aunque siempre cabía la posibilidad de que un despiste de personaje tan ocupado les pusiera de patitas en la rue por incomparecencia del juez ante el calendario, esa enojosa cuestión de los plazos, que en los tribunales, no se crean, es cuestión de años, así de ocupado iba don Baltasar, dando charlas por medio mundo, desfaciendo entuertos y dando lecciones morales allá donde requerían sus servicios.

Habrá quien piense que un gran vacío se abre a los pies de la justicia en España tras la expulsión del único juez que salía en los papeles. Sin embargo, fuentes bien informadas aseguran que el desastre judicial español no es cosa de una sola persona. Al contrario, cientos de jueces anónimos, probos funcionarios, esforzados juristas, alérgicos a la fama, comprensivos, compasivos, rigurosos, atentos a los plazos, duros o humanitarios, rígidos o flexibles, según convenga, estrictos, humildes, pacientes y silenciosos siguen al pie del cañón, sin que las aventuras de Garzón les descompongan y ni siquiera les distraigan. Que saben que cuanto más anónimo más relevante es su trabajo. Y que no han olvidado que la legalidad se fundamenta en el rigor jurídico y no en los titulares. O sea, que hay que dictar sentencias y no pregonar cruzadas.

ABC - Opinión

Y Franco se fue de rositas. Por Pablo Molina

No subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

La oleada de cariño desatada en torno a un funcionario suspendido por la autoridad judicial a causa de sus supuestos desmanes jurídicos, es uno de esos detalles que nos permite conocer el punto exacto de cocción de la progresía española, en estos momentos cercano a la ebullición.

De nada sirve explicar que las decisiones del Consejo General del Poder Judicial o de los instructores de las causas abiertas contra Garzón en el Tribunal Supremo no tienen absolutamente nada que ver con su intención de juzgar los crímenes del franquismo. Se trata simplemente de que existen sospechas de que ha violado las normas procesales con contumacia instruyendo causas para las que no era competente, y cerrando otras ante las que se tendría que haber abstenido por sus relaciones con los acusados.

Pues bien, como el progresismo es refractario al pensamiento complejo, el expediente político de apoyo a Garzón se ha resuelto con la proclamación de un mantra asequible para todos los niveles, según el cual Garzón es una nueva víctima del franquismo.

No exactamente del franquismo como tal, puesto que ya pasó a la historia, pero sí de sus herederos que básicamente son la Falange, los implicados en el caso Gürtel con el Bigotes de sargento chusquero, los que no llevamos permanentemente un ejemplar de Público bajo el brazo y, finalmente, todos y cada uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que de forma unánime ha empurado a D. Baltasar, órgano por cierto del que jamás hubiéramos sospechado que estaba tan infiltrado por fascistas y torturadores.

Las movilizaciones, algaradas y concentraciones anunciadas para defender a un funcionario presuntamente prevaricador tienen como elemento aglutinador el mensaje de que estamos ante un combate singular entre Garzón y Franco, en el que éste último finalmente se ha ido "de rositas". La expresión recuerda a aquellas otras puestas en circulación tras los atentados del 11 de marzo de 2004, convocadas a golpe de mensajes de teléfono móvil, instando a la gloriosa infantería del progresismo a evitar que Aznar se fuera de la misma guisa que ahora lo ha hecho Franco.

Con Aznar consiguieron su objetivo. Con Franco lo tienen más difícil porque, ay, decidió morirse minutos antes de que la resistencia antifranquista, que ya lo tenía todo a punto, le expulsara del poder. No obstante, no subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

Libertad Digital - Opinión

El alguacil alguacilado. Por M. Martín Ferrand

HAY en Jaén un guitarrista excelente, Pepe Justicia, que le afanó el apodo a Baltasar Garzón.

Lo de «Baltasar Justicia» hubiera quedado bien en las crónicas ditirámbicas que ha promovido el juez a quien acaba de suspender en sus funciones el Consejo General del Poder Judicial. Su ego elefantiásico, sin fronteras, hubiera engordado con tal bautismo y el personaje, entre el drama y la farsa, encaramado sobre sus propios hombros, habría parecido un gigante de la equidad. Garzón es un personaje único. No será fácil encontrar en todo el Continente alguien como él. Alguien capaz de, en unos pocos meses, recorrer los tres poderes del Estado como hizo, en pleno felipismo, al saltar de la Audiencia Nacional, en la que se encaraba con el GAL, a guardaespaldas electoral de Felipe González y, ya integrante del Legislativo, descontento con su promoción al Ejecutivo, en Interior, volver al Judicial. De aquellos polvos vienen los lodos actuales, los que han servido para moldear una figurilla confusa que, con la pretensión de juez justiciero, fue perejil en más salsas de las debidas y gran histrión en el ruedo de los acontecimientos nacionales.

La suspensión de Garzón se sustenta en sus presuntas prevaricaciones y ya nos dirá el Tribunal Supremo, cuando corresponda, de su culpabilidad o inocencia; pero, en el terreno de los valores morales y en el marco de la actualidad, con prevaricación o sin ella, lo que resulta repugnante en la figura del juez suspenso es su desparpajo para, con desprecio al dolor de las víctimas del franquismo, elevar en unos cuantos palmos el megalómano pedestal de su insaciable vanidad. Escuchar las conversaciones de un letrado con su defendido -algo grave-, cobrar o no cobrar de terceros para sufragar su turismo académico -algo feo- y medir con distintas varas los excesos de las dos Españas de la Guerra Civil -algo tremendo- es, en lo moral, menos grave que su desprecio a las familias de una de esas mitades y el uso de las de la otra mitad.

Garzón se queda compuesto y sin ir a La Haya. Su gran capacidad maniobrera trataba de organizar una brillante fuga de sí mismo, pero la diligencia de un juez de la vieja escuela, de los discretos -progresista para mayor inri-, Luciano Varela, ha disparado los mecanismos de defensa que tiene el Estado y las instituciones, tan resquebrajadas, han quedado a salvo. La Justicia es ciega; pero no manca, ni boba.

ABC - Opinión

Cambio de rumbo. Por José María Marco

Lo que ha anunciado Rodríguez Zapatero se parece bastante a lo que habría hecho el PP. Recurrir a lo "social" para discutir el ajuste es hacerle publicidad al PSOE. ¿De verdad piensa el PP que alguna vez va a ser más social que los socialistas?

El mismo día en el que Rodríguez Zapatero anunció su plan de austeridad hubo manifestación delante de Ferraz. Ocurrió por la tarde, era muy poca gente, y alternaban los insultos a Zapatero con los gritos y los cánticos a la mayor gloria del Atlético de Madrid. La escena anticipó la respuesta de los sindicatos de clase, tan templada y circunspecta que han convocado al funcionariado al paro... en semana de puente. Está claro que no quieren molestar mucho.

El plan de Rodríguez Zapatero, que tal vez venga seguido de más medidas de austeridad, ha sido acogido como el final del zapaterismo en lo ideológico, por así decirlo, y como el preludio del fin político de su promotor, que habría cavado su propia tumba y se habría alienado definitivamente los sectores sociales de izquierda que hasta aquí habían sido su más firmes apoyos. La esperanza tal vez sea verosímil en lo ideológico, aunque caben muchos reparos. En lo político, en cambio, es probable que con su maniobra Rodríguez Zapatero haya ganado las próximas elecciones.

Sin duda que es un gesto improvisado de arriba abajo y forzado desde fuera. Aun así, eso mismo tiene valor, porque le proporciona a Rodríguez Zapatero la coartada exterior que siempre ha sido necesaria para poner en marcha las reformas internas. Los españoles, tan antojadizos y mudables en tantas cosas, son extremadamente conservadora en otras. Ningún gobernante en democracia se ha atrevido nunca a iniciar reformas económicas de algún calado sin contar con un motivo exterior. Ahora Rodríguez Zapatero lo ha encontrado. Además, gana prestigio fuera, aunque sea de boquilla. Acaba de nacer el estadista. De hecho, su presidencia de la Unión, fracasada en todo, acaba de inaugurar, aunque sea a pesar suyo, el nuevo espacio económico europeo.

Lo fundamental, en cualquier caso, es que Rodríguez Zapatero ha empezado a hacer lo que tenía que hacer si no quería suicidarse. Y a pesar de la impresionante improvisación, no lo ha hecho a ciegas. Siempre podrá presumir de haber subido las pensiones como ningún otro gobernante español en tiempos recientes, y también de haberles subido el sueldo a los funcionarios, en el último presupuesto, por encima de la subida del nivel de vida. El ajuste, por tanto, es menos doloroso de lo que se está diciendo y además no afectará a muchos pensionistas. También el "cheque bebé", ahora retirado, fue una iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero...

Los recortes en inversiones y en transferencias a las comunidades no tienen, por su parte, ninguna trascendencia social inmediata. Y además, no parece que se vayan a tocar las subvenciones a los sindicatos ni a los ideólogos y compañeros de la ceja. Los socialistas saben lo que valen los amigos y la política cultural, es decir la propaganda. Nunca la han descuidado, nunca se la han dejado al adversario y nadie, en ese terreno, les va a poner dificultades. Al contrario. ¿Huelga general? Paro sectorial, y en vísperas de puente.

El PP, ante todo esto, queda en posición deslucida. Ni las comunidades ni los ayuntamientos que gobierna son particularmente austeros, al contrario. Tampoco ha habido una estrategia clara de contención desde Génova, o al menos no ha traslucido. El partido sigue enfrascado en lo que más parece gustarle, que es la cocina interna, los tejemanejes, los rifirrafes entre baronías y los casos como Gürtel. Y además, como no se esfuerza por tener unas ideas propias, se ha quedado sin argumentos. Lo que ha anunciado Rodríguez Zapatero se parece bastante a lo que habría hecho el PP. Recurrir a lo "social" para discutir el ajuste es hacerle publicidad al PSOE. ¿De verdad piensa el PP que alguna vez va a ser más social que los socialistas?

En fin, ahora sí que Rodríguez Zapatero puede resistir dos años, y con el viento a favor.

Libertad Digital - Opinión

Despilfarro en el Senado

MIENTRAS el Gobierno impone grandes sacrificios económicos a los ciudadanos, el Senado parece estar empeñado en malgastar el dinero de todos con iniciativas que, no por ser legítimas, dejan de ser sorprendentes y hasta irritantes.

La Cámara alta pretende maquillar su escaso peso político a través de una farsa lingüística que a buen seguro indignará a los millones de funcionarios y jubilados que se verán afectados por el «tijeretazo» de Rodríguez Zapatero. En efecto, el próximo 24 de mayo está previsto que el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, acuda a la Cámara alta y se dirija a los senadores en catalán. Su intervención será objeto de traducción simultánea al vascuence, catalán, gallego y valenciano con un coste de 6.500 euros para el presupuesto de la Cámara. Pero en tiempos de emergencia económica, este despilfarro es mucho más que una simple anécdota. Javier Rojo, presidente del Senado, es el responsable último de un disparate que tiene su origen en el afán electoralista del PSOE.

Para colmo de males, la reciente moción aprobada por socialistas y nacionalistas permitirá consolidar el esperpento de que los senadores que representan al pueblo español tengan que utilizar auriculares para seguir los discursos pronunciados en lenguas de uso territorial. Javier Rojo pretende justificar lo injustificable apelando a una supuesta «normalidad» en el uso de las lenguas cooficiales en su ámbito respectivo, una falacia que intenta ocultar la triste realidad de que el PSOE prefiere ofender al sentido común a cambio de hacer guiños al nacionalismo.

José Montilla es un político nacido en la provincia de Córdoba que se explica mucho mejor en castellano que en catalán. Su insistencia en defender el Estatuto le lleva desde hace tiempo a ejercer una presión inaceptable sobre el TC y a plantear ahora un debate artificial en la Cámara Alta. De este modo, predominan los objetivos partidistas de un PSC en apuros sobre el sentido institucional y el respeto a la lógica. Sin embargo, está claro que todo vale con tal de arañar algún voto, aunque se trate de una maniobra tan burda que produce una fuerte incomodidad a muchos dirigentes socialistas.

ABC - Editorial

Garzón llegó a su destino

EL Consejo General del Poder Judicial, lejos de fracturarse por el «caso Garzón», se pronunció ayer por unanimidad a favor de suspender en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional.

La unidad de criterio del presidente y los vocales del CGPJ fue producto de la estricta aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ordena suspender a todo juez o magistrado en cuanto sea imputado o procesado. Y Garzón está imputado y a un paso del banquillo por un delito de prevaricación. Sus defensores mediáticos y políticos no entienden que se ha llegado a este resultado por los principios de legalidad e igualdad. Garzón, que tantas veces hizo un uso extravagante de la ley, no está por encima de esa misma ley y ni uno solo de sus méritos, por loables que sean -y muchos lo son- le eximen de responder por sus actos.

Es lamentable la manipulación que se está produciendo en torno al sumario de la «memoria histórica» y al proceso instruido por el magistrado Luciano Varela. Pero la verdad ha dejado de importar al coro de seguidores que rodea a Garzón. Lo relevante es convertirlo en la última coartada de una izquierda huérfana de ideología y referencias. Quienes creen que Garzón investigó el franquismo, y que por esto mismo ha sido imputado, viven en el más absoluto de los engaños. Es Garzón el único juez español que ha dado carpetazo a un proceso contra crímenes del franquismo, porque fue Garzón el que declaró extinguidas las responsabilidades penales de sus dirigentes por causa de su fallecimiento. Con este precedente no hay tribunal extranjero o internacional que legalmente pueda abrir una causa contra el franquismo. Garzón ha creado el precedente judicial que lo impide.

Los agónicos intentos de evitar la suspensión han sido inútiles, pero de todos ellos el más osado es la oferta que recibió Garzón de su amigo Luis Moreno Ocampo para incorporarse como «asesor» de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al final, la treta no impidió la suspensión. De todos modos, la Comisión Permanente del CGPJ decidió dejar en el aire durante varios días más su aval para permitir a Garzón acceder a ese cargo. Si finalmente el CGPJ accede, será una indignidad para España porque no es de recibo que un juez suspendido, acusado e imputado se integre en una Corte internacional, aunque sea como asesor de otra estrella del firmamento judicial, como es Moreno Ocampo. Hay en España excelentes jueces y fiscales especializados en cooperación jurídica internacional y mucho más idóneos para trabajar en la CPI o en cualquier organismo similar.

ABC - Editorial

Adiós a Garzón

Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido, de forma unánime, cumplir la ley y suspender temporalmente a Garzón de su juzgado. No podía ser de otro modo, pues una vez rechazadas las maniobras dilatorias del abogado del ex número 2 en la lista del PSOE por Madrid su suspensión era automática, según marca la ley. Los miembros del CGPJ podían haber optado por apartarlo antes, pero han preferido no hacerlo hasta que no hubiera más opción. No les librará de las iras de la izquierda, cada día más sectaria, iletrada y emocional.

En Libertad Digital hemos mantenido durante años, mucho antes de que se abriera ninguna de las tres causas que tiene actualmente en el Supremo, que Garzón era indigno de vestir toga. Antes de que abriéramos nuestras puertas, el juez estrella ya había dado muestras de su concepción de la Justicia y su desmedido ego, cuando tras acusar al Gobierno socialista de terrorismo de estado no tuvo problemas en presentarse en las listas del PSOE. Sólo cuando le negaron un ministerio abandonó el parlamento y volvió a su juzgado para intentar procesar a quienes poco antes consideró dignos compañeros de partido. Pese a sus meritorios esfuerzos en su lucha contra ETA, volvió a dejarse llevar por su afán de protagonismo con su empeño de encarcelar a dictadores extranjeros de extrema derecha, mientras rechazaba las demandas interpuestas contra dictadores de extrema izquierda.

Fue por aquel entonces cuando rechazó una querella contra Carrillo, en justa aplicación de la Ley de Amnistía. Siendo el ex responsable de las checas madrileñas de extrema izquierda, no consideró que hubiera razón jurídica para encausarlo. Cerca del final de la segunda legislatura de Aznar comenzó a significarse escribiendo, como juez, contra el apoyo de España a la guerra de Irak. Una vez llegado al poder Zapatero, fue el principal valedor del proceso de rendición ante el terrorismo, manchando su toga, no ya en el polvo, sino en el barro del camino; su actuación en el caso Faisán, siendo la más escandalosa, no fue la única.

Pero a lo largo de estos años, su fama y el corporativismo le permitieron salir de rositas en más de una investigación. Ha tenido que ocurrir algo tan claro como su doble vara de medir en su causa general contra el franquismo, en que no sólo se desdijo de todos sus argumentos jurídicos para no encausar a Carrillo, sino que tuvo que subvertir el proceso penal para continuar con la causa pese a que las personas que quería encausar estaban muy notoriamente muertas.

Careciendo de argumentos jurídicos para defender al juez estrella, la izquierda se ha dedicado a lo único que sabe hacer: agitar emociones. Garzón estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por atreverse a investigar el franquismo. Pero lo único que sucedía es que se le encausaba porque, siendo juez, nada más y nada menos que juez, había violado la ley. Aquellos que se sumaron al linchamiento de Gómez de Liaño –que tuvo que irse a Europa para lograr que se hiciera justicia–, acusaron al Supremo y en concreto al juez Luciano Varela, de izquierdas, de ser nada menos que franquistas. Esa es nuestra izquierda: la más cavernícola de los países de nuestro entorno.

Aunque resulte arriesgada cualquier predicción relacionada con Garzón, parece improbable que regrese a la Audiencia Nacional. Raro sería que con tres causas abiertas por prevaricación ninguna acabara en condena, lo que conlleva una pena de diez a veinte años de inhabilitación. Teniendo Garzón cincuenta y cuatro años de edad, sólo un indulto le impediría jubilarse fuera de la judicatura. Si así sucedieran, no seremos nosotros quien lo echemos de menos. En Libertad Digital creemos que los jueces deben cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como está escrita y aprobada en un parlamento democrático, sin inventarla a cada paso ni violarla por una causa que consideren superior. Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

Libertad Digital - Editorial

Emergencia máxima. Por Alvaro Delgado-Gal

A lo largo de los últimos treinta días, se han producido dos hechos cuya proyección en el futuro inmediato no podemos ponderar aún. Ambos son gravísimos, y aunque inconexos, podrían entrar en sintonía de aquí a no mucho.

Voy por orden. A mediados de abril sindicatos, actores, un secretario de Estado, miembros del PSOE e IU, y algunos puntos fuertes del progresismo de carril, se reunieron en la Facultad de Medicina de la Complutense para desautorizar al Tribunal Supremo y exigir justicia democrática. Entendámonos bien, una justicia más alta, más urgente, que la emanada de los procedimientos y la aplicación de la ley por los jueces. Un ex fiscal vociferante llamó a los magistrados de la Sala Segunda torturadores y fascistas. Zapatero pidió, al día siguiente, respeto para el Tribunal. No obstante, se hace invencible la sospecha de que el Gobierno toleró en el mejor de los casos, y alentó en el peor, el infeliz aquelarre. Súmense dos y dos: no es verosímil que el rector ofreciera hospitalidad a los asistentes sin tantear antes el terreno; concurrieron los mismos que han apoyado al Gobierno cada vez que éste ha decidido mover la calle; no se explica qué pintaba allí el señor Zarrías, secretario de Estado y figura de mucho peso en el PSOE; y resultó revelador que casi todos los ministros, mientras callaba el de Justicia, mostrasen su comprensión hacia el acto tremendo.

¿Qué provocó el remolino? En esencia, la admisión por la Sala Segunda de una querella contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Conviene diferenciar tres extremos: el contenido de la investigación, la circunstancia de que el querellante sea Falange Española y la oportunidad de la admisión desde un punto de vista técnico. Sobre lo último existen serias dudas, formuladas en su momento por el Ministerio Fiscal. A lo que parece, no está claro que la figura conocida como «Acción Popular» contemple como querellante a un partido político, para más señas, a un partido que no es víctima en el caso que se está investigando. El hecho de que ese partido fuera Falange añadió leña al fuego. Pero no nos engañemos. Los entusiastas de la Complutense no pusieron el grito en el cielo armados de la Constitución y sus posibles acepciones. El asunto discurrió por otros cauces, por llamarlos de alguna manera. Recuperando la consigna jacobina del complot de los aristócratas, se postuló una vasta conspiración judicial de signo fascista, siendo así que lo único que consta, hasta la fecha, es una discutible decisión del juez instructor, animado por un celo que algunos estiman más proporcionado a las otras dos querellas que pesan sobre Garzón. Se inhabilitó el Estado de Derecho, y se desencadenó una ofensiva cuyo remate ha sido la impugnación de la Transición y de la Monarquía. Conclusiones, las últimas, brutales, aunque coherentes dentro de su simplicidad. Reconstruida la historia de nuestra democracia en clave paranoica, todo encaja. La Transición se verificó por una claudicación de la izquierda, cautiva o intimidada por un Ejército de profesión franquista; las instituciones surgidas de esa claudicación no son, en consecuencia, legítimas; no lo es la Monarquía; y a fin de cuentas, no lo es el PP, cuya ilegalización fue urgida, días más tarde, en una manifestación en Madrid.

No creo en absoluto que el Gobierno deseara llegar a donde han llegado sus palmeros más bozales. Su propósito era juntar fuerzas, recitar conjuros, resucitar la unidad ensayada cuando lo del chapapote, lo de Irak y todo eso. Ahora bien, tampoco creo que advierta, con la lucidez deseable, qué peligroso es lo que ha ocurrido. Zapatero ha corroborado su propensión a salirse del perímetro en que se encierran las reglas de juego. No es la primera vez que lo hace, pero nunca se había forzado el motor tanto como ahora. El segundo hecho nos remite al miércoles 12 de mayo. Apelando a las tormentas financieras, y sin mayores explicaciones, el presidente anunció un plan de austeridad que contradice sus diagnósticos económicos de los dos últimos años y anula sus compromisos políticos más solemnes. La causa de esta volte-face es perfectamente conocida. El remolino griego amenazaba con tragarse también a España, España es demasiado grande, y los que mandan más que nuestro presidente le han leído la cartilla y le han impuesto, que no sugerido, un recorte inmediato -y no será el único- del gasto público. El Gobierno, sin tiempo para hilar más fino, ha metido el bisturí en las partidas que controla de modo directo: Obras Públicas, pensiones y salarios de los funcionarios. ¿Cómo ha reaccionado la opinión?

Con algunas excepciones, como la de este diario, de modo decepcionante. Para ser más precisos: con unas maneras, y unos argumentos, que revelan una asombrosa, y temo que genuina, ignorancia de lo que es una democracia. Seamos claros: el problema fundamental no está en que las medidas sean necesarias, que lo son, hasta el punto de que no sólo son necesarias, sino insuficientes.

El problema no está tampoco en atinar con la combinación parlamentaria que permita aprobar el recorte en el Congreso. Ni está en las oportunidades que la terrible emergencia abre a la oposición, o a tal o cual partido minoritario y agazapado. El problema está en que el sentido democrático más elemental exige que Zapatero deje las riendas a otro, preferiblemente de su mismo partido. En democracia existe lo que los ingleses denominan accountability, responsabilidad personal frente a los ciudadanos. La responsabilidad exige coherencia moral, y la coherencia moral no se preserva con maniobras en el Parlamento, sea cual fuere el buen éxito de éstas. Es un valor más básico. Quien se desmiente aparatosamente, o gira y enseña una cara que nadie reconoce, carece de títulos para liderar lo contrario de lo que representaba ante sus electores o el conjunto de la nación.

Hemos dado pruebas, en el espacio de treinta días, de una inmadurez colectiva que corta el resuello. Los partidos, en su conjunto, tienen el deber de ponerse a la altura de los acontecimientos. El pueblo también, por supuesto. Pero el demos tiende a inhibirse en las etapas de bonanza, o a estallar en erupciones erráticas en los momentos de emergencia. Si la oferta política no se corrige, habremos dado un paso serio hacia la desnaturalización irreversible de la democracia. El peor de los escenarios, espero que no confirmado por el desarrollo de las cosas que están por venir, sería aquel en que abril se superpusiera a mayo. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de que los mismos que han alentado la discordia a impulsos de un oportunismo miope y rutinario intenten salvar la cara frente a su parroquia menos ilustrada atizando causas radicales en el terreno de los símbolos. La necesidad en que el PSOE se encuentra de contar con el PP opera en contra de esa contingencia terrorífica. Pero no sabemos aún de qué lado caerá la moneda, o si el propio PP sabrá distinguir entre lo verdaderamente importante y los cortocircuitos que atajan el camino hacia el poder. Todos dependen de todos, o, si se quiere, todos dependemos de todos. Aunque no todos somos iguales. Debiera estar claro a quién corresponde dar el primer paso.

ABC - Opinión

Quiero estrellarme con Zapatero. Por Emilio Campmany

Si Zapatero quiere estrellarnos y los españoles lo elegimos para que lo haga y no se lo impedimos, tenemos todo el derecho del mundo a estamparnos contra lo que nos dé la gana.

¡Qué vergüenza! Vernos así, colonizados, amansados, envilecidos, adocenados, cabizbajos, postrados, obedientes y humillados. Obligados por potencias extranjeras a hacer lo que se supone que no queremos hacer, conminados a recortar lo que no queremos recortar, doblegada nuestra voluntad de gastar cuanto nos pete hasta que Dios y Obama quisieran sacarnos de la crisis. ¡Qué humillación! ¡Qué baldón! ¿Es este un país soberano? Sabíamos que no éramos serios y que nos fatigamos con facilidad, pero, para bien o para mal, siempre hicimos lo que nos salió.

Nunca me gustó la política económica de Zapatero por demagógica y errática, por populista y falsa, por ser dócil con los bancos y severa con la clase media, pero era la política económica de mi presidente, la del que habíamos elegido entre todos los españoles, incluso quienes no le votamos. Es más, fue presidente por prometer esa política. Si Zapatero quiere estrellarnos y los españoles lo elegimos para que lo haga y no se lo impedimos, tenemos todo el derecho del mundo a estamparnos contra lo que nos dé la gana. Y es obligación de nuestro presidente imponerse para que fuera nos dejen suicidarnos como queramos. Zapatero, por no tener grandeza, ni para conducirnos al desastre la tiene.

Desde los tiempos de los romanos no se hacía en España lo que ordenaba una capital extranjera. Ni siquiera en tiempos de la ocupación musulmana ocurrió una cosa así, pues el Emirato Independiente se proclamó al poco de la invasión. Ha tenido que llegar Zapatero para que veamos adoptar en el Consejo de Ministros acuerdos impuestos desde Washington, París, Berlín y quizá también Pekín, que al parecer aquí ya manda cualquiera que venga de fuera.

Se me dirá que el mundo de hoy está muy interrelacionado, que nadie puede todo sobre nadie, que la globalización no permite llevar una política económica independiente, que cualquier acontecimiento en cualquier parte del globo tiene repercusiones en muchos y muy remotos lugares. Bien, no lo niego. Pero al menos deberíamos disimular. Si nos van a obligar desde fuera a hacer lo que se supone que no queremos hacer, habría al menos que haber cambiado a la persona que lo va a hacer para aparentar que no nos gusta lo que hacía el anterior y que hemos elegido a otro para que haga algo diferente. Permitiendo que sea el mismo Zapatero el que sirva un día para una cosa y al siguiente para la contraria ponemos en evidencia que estamos a órdenes y que las obedecemos a toque de corneta dándonos con los talones en el trasero.

Y lo peor es que, encima de bajarnos los pantalones y dejar que nos mande hasta El Tato, a Zapatero le podrá su inclinación trilera y tratará de engañar a los nuevos amos de España en la letra pequeña de los reales decretos que tiene que aprobar. Se descubrirá el pastel, la bolsa se dará otro costalazo y a ver en qué estado llegamos a 2012, si llegamos. Para eso, más valdría que pusiera los brazos en jarras y les dijera a norteamericanos, franceses y alemanes que los españoles con nuestro dinero hacemos lo que nos sale y que si quieren bajarnos el rating, que nos lo bajen y que si nos arrojan a las fauces de los especuladores, que nos arrojen y que si nos quieren expulsar del euro, que nos expulsen y que con su pan se lo coman. Pero, este Zapatero ni para eso vale.

Libertad Digital - Opinión

La conjunción planetaria. Por José María Carrascal

Ante el agravarse de la situación griega y el ataque masivo al euro en las bolsas, los jefe de gobierno europeos deciden actuar conjuntamente, dejando que sus ministros de economía formulen el plan.

Sábado, 8. La respuesta no convence a los mercados, dadas las vacilaciones alemanas sobre su participación en el rescate, corriendo el rumor de que al abrirse el lunes las bolsas, sobrevendrá un desplome general.

Domingo, 9. Ahora ya no se teme sólo el contagio de Grecia a otras economías europeas, sino el del euro al dólar. Obama telefonea a Merkel, pidiéndola un esfuerzo extra alemán. La cancillera le dice que Alemania sola no puede salvar el euro si otros países, España el más grande de ellos, no colaboran en la operación rescate. Obama le asegura que intervendrá personalmente para que España coopere.

Madrugada del lunes 10. Los ministros de Economía europea crean un fondo de 750.000 euros para apuntalar las economías más débiles. España dice que colaborará, sin especificar todavía detalles.

Martes, 11. Obama telefonea a Zapatero para decirle que España necesita adoptar medidas decisivas para que sus problemas no se extiendan a la zona euro, haciendo peligrar el plan de rescate.

Martes, 12. Zapatero anuncia un recorte histórico del gasto público, incluyendo el social, desdiciéndose de cuanto había dicho hasta entonces.

Esta ha sido la «conjunción planetaria» anunciada por Leire Pajín: el planeta grande se come al pequeño. Llámenle ustedes como quieran: salto cuántico, caída del caballo, bajada de pantalones, huida hacia delante, el caso es que el paladín social se ha convertido en ogro neoliberal. Sin excusarse ni reconocerlo, desde luego. Pero eso sí que iría contra su naturaleza.

Pero lo peor no es eso, a fin de cuentas se trata sólo del destino de un hombre. Lo peor es que tanta rectificación, tanto dolor y tanta amargura pueden no alcanzar sus objetivos. Los recortes anunciados son medidas de choque, como el torniquete para cortar la hemorragia. Pero no cauteriza el foco de la misma, Zapatero no ha dicho ni hecho nada sobre la recuperación, sobre los problemas de fondo de la economía española, sobre el paro, la productividad, la competitividad, sobre la reforma del mercado laboral, sin la que no volverá a crearse empleo. Y sin la creación de empleo, nunca disminuirá el déficit, porque los gastos continuarán mientras los ingresos no crecen. Como sin el aumento de la productividad nunca volveremos a ser competitivos.

¿Tendrán que ser también Bruselas y Obama quienes nos señalen el camino de la recuperación económica? Si no lo hacen ellos, lo hará la realidad. La realidad, sí, eso que ese hombre que nos gobierna, mejor dicho, no nos gobierna, nunca se ha tomado en serio, montado en su frivolidad, su demagogia, su autismo, su sectarismo, su irresponsabilidad y en la buena estrella que cree tener. Un cóctel peligroso siempre, pero sobre todo al frente de un país. Su estrella ha sido devorada por otra mayor. Aunque Zapatero no se ha estrellado por eso sólo. Se ha estrellado, y nos ha estrellado, por su ignorancia. Algo que puede tolerarse en un político cualquiera. No en un jefe de gobierno.

Por lo que habrá que empezar a preguntarse si con su última pirueta, no habrá puesto fin a su carrera política. Si su último salto mortal no habrá sido mortal de verdad. Un político está autorizado a mentir a los demás, a traicionar a los rivales. Se toma incluso como muestra de su destreza. Pero ningún político está autorizado a traicionar a los suyos, a sus votantes. Y esto precisamente es lo que ha hecho Zapatero. Por orden de Bruselas o de Obama, desde luego. Pero lo ha hecho, inflingiendo con ello una de las primeras normas de la política. En cualquier país, estaría acabado. En el nuestro le queda sólo aquello de «Spain is different».

ABC - Opinión

Por fin estalló. Por Florentino Portero

¿Se imaginan el escenario en el que nos encontraríamos si estuviéramos fuera del euro? Podemos optar entre el despotismo alemán en el seno del Eurogrupo o el peronismo de vuelta a la peseta.

Lo reconozco. Entre mis virtudes, porque alguna tengo, no está la paciencia. Hacía demasiado tiempo que sabía que tanto el euro como la solvencia española estaban condenados a la crisis y se me hacía interminable la espera. Para mí ha sido una liberación ver al Eurogrupo teniendo que sacar adelante el Plan de Rescate y a nuestro presidente, quintaesencia de la irresponsabilidad y la osadía, reconociendo, por la vía de los hechos, que su política era una autopista hacia la ruina.

Se ha repetido y sé que no voy a ser original, pero es evidente que ni el Plan de Rescate ni las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero van a resolver nada. Son primeros pasos, pero lo fundamental serán las reformas que pronto habrá que afrontar.

La Unión Económica y Monetaria, el marco jurídico sobre el que se sustenta la moneda común, se apoya en dos pilares: el Banco Central Europeo y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El primero emite la moneda y trata de controlar su valor. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones que adoptan sus autoridades, pero parece indiscutible que actúan con profesionalidad y coherencia. El segundo hace referencia a un proceso político por el que los gobiernos que forman parte del Eurogrupo se comprometen a actuar dentro de unos márgenes aprobados de común acuerdo, para dotar así tanto a la moneda como al área económica de estabilidad y garantías de progreso ¿Puede sobrevivir en estas condiciones una divisa de referencia mundial? Hoy sabemos que la respuesta es no.

La moneda es una de las primeras competencias que adoptó el Estado moderno. La ceca, "casa donde se labra la moneda" según la Academia, era física y políticamente uno de los símbolos de la soberanía del Estado. ¿Puede una moneda ser el símbolo o representación de un conjunto de soberanías? Si, como es previsible, los intereses no son plenamente coincidentes, la respuesta vuelve a ser no. Si una moneda lo es de varios Estados, los intereses de unos tendrán que prevalecer sobre los de otros.

La primera lección de la presente crisis de solvencia de la zona euro es que no se puede confiar en un acuerdo entre gobiernos para asegurar la estabilidad. La segunda, bastante evidente, es que no se puede aceptar en el grupo a Estados con gobiernos irresponsables. En palabras de Marx "I would not join any club that would have someone like me for a member". El Eurogrupo se equivocó al primar criterios políticos a la hora de aceptar miembros. Estaban tan obsesionados con la idea de que estaban construyendo la nueva Europa Unida que se olvidaron de que la política monetaria requiere de exquisito rigor. Facilitaron el acceso a Estados como España, con las consecuencias que están a la vista. Los españoles son capaces de poner en manos de gente como Zapatero, Pajín, Blanco... el futuro de sus pensiones, de su sistema de salud o la educación de sus hijos y, consiguientemente, se merecen los más que previsibles resultados de tal opción. Pero eso no quiere decir que los alemanes, franceses u holandeses estén dispuestos a hipotecar su futuro compartiendo su destino con tan privilegiadas mentes.

El euro será viable si se abandona el Pacto, tal como está hoy definido, para avanzar hacia un "gobierno económico", lo que supondría mayor intervencionismo del Consejo sobre las políticas económicas nacionales. Al final tanto el Banco Central Europeo como "el gobierno económico" tendrán que supeditarse a unas prioridades y dudo mucho que en este terreno Alemania esté dispuesta a transigir. El futuro del euro será alemán o no será. Alemania es el país europeo que más seriamente ha afrontado el giro político aprobado en Maastricht, pero todo tiene un límite. Merkel va a jugar fuerte en este terreno, porque no tiene otra opción y eso va a tener consecuencias de trascendencia histórica, en uno u otro sentido. O abandonamos el euro, o se reduce el Eurogrupo o se avanza en el "gobierno económico".

En la nueva zona euro a la que vamos no tiene cabida el modelo de financiación español de las distintas administraciones. No sólo hay un problema jurídico-constitucional, además tenemos un problema de solvencia. No hay dinero para pagar ese derroche y no nos van a dejar que sigamos endeudándonos. Ha llegado el momento de ajustar el presupuesto. ¿Se imaginan el escenario en el que nos encontraríamos si estuviéramos fuera del euro? Podemos optar entre el despotismo alemán en el seno del Eurogrupo o el peronismo de vuelta a la peseta. No nos engañemos, porque no damos para mucho más y a los hechos me remito. Yo voto por lo primero.

Libertad Digital - Opinión

Efectos colaterales. Por M. Martín Ferrand

MARIANO Rajoy, como les ocurre a los turistas japoneses de visita en un tablao, tiene problemas para colocar el olé donde corresponde: sin romper la cadencia del cante, la emoción de la copla o el ritmo de los bailaores. Aplaude cuando no debe, como acaba de pasarle con Francisco Camps, y patea cuando no corresponde, como hizo con José Luis Rodríguez Zapatero en la solemne ocasión en que el líder planetario abdicó de sus ideas -y hasta de sí mismo- para repetir la sabia letanía que venía predicando el de la gaviota. Es una lástima porque un olé a destiempo, además de deslucir la actuación del artista, desacredita al insensato que lo lanza al aire sin mayor cautela.

Cuando Zapatero, apretado por las circunstancias y empujado por los líderes de medio mundo, cantó la palinodia y se tragó toda su doctrina previa sin que le temblaran las carnes, Rajoy perdió la oportunidad de oro para demostrar su condición de maestro y su voluntad patriótica. No se entiende su desmelenamiento ante el hecho, por tardío y escaso que resulte, de que su adversario y jefe del Ejecutivo se aviniera a sus propias razones y pasara por el aro de un plan de austeridad y recortes en el gasto público. El derecho al pataleo es inalienable; pero, como el olé, tiene su tiempo y sus modos. Patalear a destiempo es, en sus efectos, lo mismo que un aplauso y, en lo que respecta a la estética parlamentaria, un desafuero.

Según el establecido reparto de poderes en la parodia democrática española, a quienes les correspondía patear las propuestas del líder socialista es a los sindicatos, no al PP. Los inevitables recortes que anuncia el Gobierno, seguramente anticipo de otros mayores y fiscalmente más dolorosos, son la piedra de toque que demostrará la impostura sindical que padecemos. Su escasa representatividad, su encallecimiento funcionarial y la costumbre de la sopa boba presupuestaria han hecho de CC OO y UGT unos entes fantasmales que, hasta ahora, servían como terminal ejecutiva de la voluntad del PSOE. Uno de los efectos colaterales, con sus ventajas e inconvenientes, de la nueva política económica y social del Gobierno reside en el inevitable languidecimiento de quienes Baura definió como caciques obreros y que, en el último sexenio, revestidos como «agentes sociales» y con la voluntad de parapetar al Gobierno, han reforzado su caciquismo y olvidado su procedencia personal e histórica.

ABC - Opinión

Un sencillo plan para acabar con el déficit. Por Juan Ramón Rallo

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario.

El plan de Zapatero para acabar con el déficit público ha generado mucha polémica por recortar unos presuntos derechos sociales que, no deberíamos olvidarlo, fueron incrementos del insostenible Estado de Bienestar propio de la socialdemocracia europea que ni nos podemos permitir ni es la mejor de las alternativas económicas.

Sin embargo, las medidas anunciadas se quedan cortas y mantienen numerosas transferencias de renta a las típicas castas amamantadas por el poder político que sería justo y necesario desaparecieran. Además, Zapatero ya ha amenazado con la posibilidad de subir impuestos, no porque sea imprescindible para eliminar el déficit, sino porque debe contentar a su electorado de ultraizquierda a costa de expoliar a las clases medias españolas. Una receta segura para el descalabro económico.

Estando como estamos en un momento de cambio, voy a esbozar mi propuesta de plan de ajuste, alternativa a la planteada por Zapatero. Mis sugerencias permitirían eliminar el déficit de la Administración Central en uno o dos años sin subir impuestos y por tanto colocaría a nuestro país en una posición idónea para encarar la reducción del endeudamiento privado y las distorsiones en la estructura productiva provocadas desde 2002 por la expansión crediticia de los bancos centrales.

Me basaré en las cifras del presupuesto ejecutado en 2009, que arrojó un déficit público de 87.000 millones de euros: la diferencia entre unos ingresos de 102.000 millones y unos gastos de 189.000 millones. A este objetivo, hay que tener en cuenta que el último ejercicio fue desastroso para el déficit, ya que aumentó en 68.000 millones con respecto a 2008 (momento en el que cerramos con un déficit del 1,8% del PIB), pues los ingresos se desmoronaron en 27.000 millones de euros y los gastos crecieron en 41.000.

Mi objetivo es, pues, reducir esa brecha en las cuentas públicas de la Administración Central de 87.000 millones de euros y para ello deben atacarse las siguientes partidas:

• Primero, reforma laboral: De nada sirve ajustar el presupuesto si una parte de la sociedad española (más del 20%) se encuentra ociosa en casa, sobreviviendo gracias a un subsidio del Estado. Los parados no generan rentas con las que obtener ingresos fiscales y además incrementan de manera muy sustancial el gasto público (no agrandan la tarta de la riqueza de la economía, sino que consumen partes crecientes de la tarta cada vez más pequeña del sector productivo). En 2009 la recaudación por IRPF cayó en 8.000 y, mientras tanto, los subsidios de desempleo aumentaron en 20.000 millones. Volver a tasas de paro europeas –unido a una progresiva terminación de los subsidios– permitiría reducir el gasto en esos 19.000 y aumentar los ingresos, tirando por lo bajo, en 6.000. Con la reforma laboral, por consiguiente, puede reducirse el déficit directamente en 26.000 millones.
• Las transferencias autonómicas, después: El sistema fiscal español, en el que se centralizan los ingresos y se descentraliza el gasto promueve un déficit estructural en el conjunto de las Administraciones Públicas: las autonomías gastan y el Estado no sube los impuestos para financiar ese gasto. O se centralizan ingresos y gastos o se descentralizan ambos (particularmente prefiero esta segunda opción, pues favorece la competencia fiscal), pero mantener el sistema actual es suicida. Mientras ello suceda, las transferencias corrientes que reciben las autonomías deben reducirse proporcionalmente con las cantidades realmente recaudadas por la Administración central. No es admisible que el Estado se endeude para que las autonomías gasten sin freno. En 2009, los ingresos totales cayeron en 26.000 millones, sin embargo, las comunidades autónomas recibieron 1.000 millones más que en 2008 y, por tanto, la Administración Central 27.000 millones menos. Una reducción proporcional de la menor recaudación hubiese supuesto unos 10.000 millones menos de ingresos para las autonomías y 16.000 menos para el Estado central. Con lo cual, por esta vía, el Estado se ahorraría en gasto 10.000 millones.
• No más planes E: En 2009, el Plan E, una medida contraproducente para el reajuste de la economía, supuso un gasto de 8.000 millones. No repitiendo ruinosos experimentos keynesianos, nos ahorraríamos este importe.
• Cursos de formación de parados: Los gestionan con dudosa eficacia los sindicatos y no tienen demasiado sentido existiendo contratos de aprendiz o de prácticas. Acarrean un gasto de 7.500 millones de euros.
• Supresión del gasto público en I+D: Es un mito, bastante caro, que el Estado tenga que promover las inversiones en investigación y desarrollo. Son las empresas las que, conociendo las particularidades de su negocio, las oportunidades de beneficio y las posibilidades de innovación, deben investigar o no hacerlo. De aquí se extrae un ahorro de 6.000 millones.
• Paralización de la inversión pública en Fomento e Industria: Siguiendo con la idea anterior, la política industrial no consiste en mantener industrias que no sobrevivirían en el libre mercado, sino dejar en que sean las propias empresas las que se orienten para servir a los consumidores de la mejor manera posible. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno, de donde se ahorran 6.000 millones.
• Acabar con la ayuda al desarrollo de dictadores: Por dejar de sufragar los gastos de las tiranías tercermundistas podemos ahorrarnos 2.900 millones.
• Reducción del gasto en personal: Los funcionarios han ganado un 16% de poder adquisitivo desde 1999, amén de tener su puesto garantizado por el Estado. En medio de un aquelarre laboral en el que han perdido su empleo más de cinco millones de personas –precisamente porque sus salarios eran demasiado elevados– debería resultar razonable que vieran recortadas sus retribuciones, al menos hasta que los ingresos tributarios vuelvan a aumentar. Es lo que sucedería en cualquier empresa privada. El Gobierno ha propuesto un recorte del 5%, pero debería ser al menos del 10%. Con ello, la Administración central se ahorraría 2.700 millones.
• No al cheque bebé: La natalidad puede ser beneficiosa para una sociedad, pero no a costa de subvencionarla por el Estado. Suprimiendo esta partida, de dudosa eficacia, nos ahorramos 1.500 millones de euros.
• Fin de ayudas a la vivienda: La mejor ayuda es dejar de sostener a los promotores y permitir que los precios del enorme stock de viviendas sobrante caigan. 1.500 millones menos de gasto.
• Acabar con las subvenciones a lobbys diversos (partidos políticos, sindicatos, patronal, mundo de la cultura): Aparte de sostener a un lobby caracterizado en buena parte por apoyar al presidente del Gobierno que nos ha llevado a esta situación crítica, ni las subvenciones a la cultura sirven para ello –¿qué cultura hace falta subvencionar en EEUU para que sea la primera potencial mundial en la transmisión del American Way of Life– ni las ayudas a los agentes sociales permiten otra cosa que cebar a quienes son responsables de la sangría laboral. Que cada palo aguante su vela, es decir, que cada afiliado sostenga a su organización. Evitamos gastarnos 700 millones.
• Otros: Suprimir el Ministerio de Igualdad, eliminar el cajón de sastre que representan los "imprevistos y funciones no clasificadas" y reducir de verdad los altos cargos y los asesores, unos 2.300 millones de euros.
• Reducción proporcional del resto del presupuesto: Para alcanzar el equilibrio presupuestario nos faltan 12.000 millones de euros (apenas un 1,2% de déficit público). Sin meternos a analizar otras partidas concretas, hay una manera bastante sencilla de lograrlo y que tomo prestada de Carlos Rodríguez Braun: reducir proporcionalmente el resto de partidas que no hemos tocado. Tras adelgazar como hemos visto el gasto de la Administración, todavía quedarán unos 84.000 millones de euros (excluyendo el gasto en personal para no aplicarles una rebaja adicional). Basta con que reduzcamos menos de un 15% todas las restantes partidas, para minorar el gasto en el importe que nos falta.

Fijémonos que con esta reducción del gasto, ni siquiera sería necesario implementar el incremento del IVA y de la tributación de las plusvalías previsto para julio de este año o, al menos, podrían reducirse paralelamente otros impuestos. Asimismo, salvo para el caso del IRPF, asumo que todas estas medidas no producirán una reactivación económica que aumente la recaudación vía otras figuras tributarias como Sociedades o IVA.

Por otro lado, se me podrá objetar que la segunda medida –menores transferencias autonómicas– reduce el déficit del Estado a costa de aumentar el de las comunidades autónomas (desde los 20.000 millones a los 30.000). Este punto es cierto, pero desde luego no es el Estado quien tiene que cargar con el despilfarro de los políticos autonómicos. El mismo análisis que hemos efectuado con los Presupuestos Generales, podríamos realizarlo con cada presupuesto autonómico, de donde a buen seguro sería posible reducir enormes cuantías de dinero. El estudio de la Fundación UPyD sirve, como mínimo, para encender las luces de alarma: cada año, las comunidades autónomas despilfarran en duplicidades que no prestan función alguna 26.000 millones de euros. Es decir, con medidas como las que propone UPyD, prácticamente eliminaríamos el déficit autonómico de 30.000 millones.

Por último, el volumen de deuda acumulada durante los últimos años –que si bien no es todavía excesiva, sí que ha dificultado la capacidad de adaptación del sector privado– debería amortizarse a través de la venta de activos del sector público: a saber, privatizaciones de todo lo privatizable (empezando por las televisiones públicas y terminando por las participaciones en empresas).

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario. Lástima que tanto socialista esté amenazando con poner el país patas arriba a la helena simplemente por el tímido recorte del gasto de Zapatero. Por lo visto, prefieren la quiebra hoy y la miseria mañana. Claro que por algo son socialistas.

Libertad Digital

Ricino. Por Ignacio Camacho

ESTO va a acabar en una subida de impuestos.

Con la coherencia habitual, parte del Gobierno la descarta (Salgado) y otra parte la anuncia (Chaves y Blanco), síntoma nada extraño en un equipo tan coordinado que la mitad se enteró del tijeretazo al mismo tiempo que el resto de los españoles. Pero la lógica de la situación apunta a un incremento de la presión fiscal, y más de la directa que de la indirecta. Por un lado porque puede que el plan de ahorro resulte insuficiente para frenar el déficit, habida cuenta de que aún tienen que llegar los recortes del recorte; la congelación de las pensiones está protegida por el Pacto de Toledo y puede quedar sin efecto si Zapatero no encuentra apoyos para modificarlo, y además queda por ver si la resistencia sindical no termina surtiendo algún tipo de efecto en la rebaja salarial del funcionariado. Pero sobre todo, porque un presidente tan preocupado por su imagen no va a retratarse sólo metiendo mano en la cartera de los más débiles. La segunda parte del ajuste está por llegar e incluirá probablemente medidas que el zapaterismo pueda vender como progresistas; el mantra de los ricos y las rentas altas -es decir, la clase media- aún no ha aparecido y cuando lo haga será con toda la farfolla retórica al uso en los mítines mineros de Rodiezmo. La sedicente socialdemocracia no va a tragarse sin rechistar este ricino liberal recetado por Merkel y Obama. Necesita lucir el encogido músculo populista, marcarse guiños urgentes a la izquierda, recuperar las complicidades que han quedado rotas en medio de una crisis de desamor forzoso que compromete el romance ideológico y disipa con amarga rudeza el sueño indoloro de las proclamas proteccionistas tan recientes y tan enfáticas.

Para reconstruir siquiera un poco su maltrecho perfil de apóstol de los desheredados el presidente tiene que urdir gestos simbólicos significativos, y un apretón fiscal ofrece la oportunidad de desempolvar el discurso del reparto de los sacrificios. Si no son los impuestos, algo hará para arreglar el espejo cuarteado por la sacudida de su volantazo. El viraje ha sido tan abrupto que no sólo le crea a su autor serios problemas de identidad política, sino que ha causado estupor en unos sindicatos a los que se les ha quedado cara de amantes traicionados, como si su benéfico protector les hubiese puesto los cuernos con los especuladores. Ayer fueron a Moncloa con expresión de contrito desconcierto, en plan cómo-has-podido-hacernos esto-a-nosotros. Están perplejos y han caído en manos del subconsciente; su reacción de convocar un paro del sector público es un reflejo clientelar ante esos funcionarios que son el grueso de su fuerza activa. Porque de los pensionistas congelados, convertidos en paganos de la improvisación zapaterista, nadie se acuerda en este debate, y menos de los casi cinco millones de desempleados que no tienen trabajo del que declararse en huelga.

ABC - Opinión

El entierro de la sardina. Por Cristina Losada

Ahora que Zapatero va a dejar de ser de izquierdas, el peligro es que se nos haga de izquierdas la derecha. Porque una cosa es poner al presidente ante sus contradicciones y otra, dar por sentado que su política era social.

Gracias a las esquelas que anuncian el entierro de la política social de Zapatero, una se ha enterado de que existió (la política social, no Zapatero). ¿Cómo va a ser sosial una política que deja como herencia casi cinco millones de parados? Sin duda, se confunde lo social con lo estatal y se toma la pura propaganda por la impura realidad. El presidente, cierto, acaba de hacer lo que dijo que nunca haría. Juró y perjuró que se podía tirar del gasto público sin límite y creyó e hizo creer que había inventado la máquina del movimiento perpetuo. Pero siempre hay que pagar. A la izquierda eso no le gusta, pues sigue sin entender que en una economía de mercado no hay nada parecido a una cena gratis. Cual Robin Hood preescolar, cree que basta con quitarles a los ricos para que ya no haya pobres. Así lo repetía el amado líder hasta que los hechos que negaba con escapista tozudez le han puesto entre la espada de Merkel y la pared de Obama.

El muy parcial plan de ajuste anunciado in rigor mortis ha provocado un diluvio de lágrimas de cocodrilo en la Santa Compaña zapaterina. Los viejos espectros de la izquierda tienen estómago para encajar giros copernicanos. No ha mucho, pasaron sin sobresaltos de apoyar el Pacto Antiterrorista a respaldar el pacto con los terroristas. De modo que bien pueden asumir el tijeretazo con ayuda del digestivo adecuado. Y es que él no quería, oiga. Si por Zapatero fuera, el déficit nos seguiría importando un pimiento. Han sido los tiburones, los chacales, los lobos, los neoliberales o los marcianos. Se han confabulado contra un Gobierno de izquierdas. La historia habitual: los socialistas no fracasan por su culpa, sino porque sus enemigos se empeñan en fracasarlos.

Ahora que Zapatero va a dejar de ser de izquierdas, el peligro es que se nos haga de izquierdas la derecha. Porque una cosa es poner al presidente ante sus contradicciones y otra, dar por sentado que su política –el chavismo con hombreras y sonrisa– era social y sus cheques sin fondos para bebés sin futuro, un avance. No vaya a ser que la derecha denuncie ahora a Rodríguez por traicionar a Zapatero. Ayer, al fin, los socialistas enterraron la sardina. Se acabó el Carnaval y ha llegado la Cuaresma.

Libertad Digital - Opinión

Sindicatos en la encrucijada

LOS dirigentes de los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, se reunieron ayer en La Moncloa para recibir de Rodríguez Zapatero explicaciones sobre las medidas anticrisis anunciadas el miércoles en el Congreso.

El encuentro fue precedido por una ronda de intervenciones de los dirigentes sindicales en la Prensa. Zapatero pudo saber así de antemano que CC.OO. y UGT estaban enfadados por las medidas de recorte, pero no iban a ponerle en un brete con declaraciones incendiarias ni con una convocatoria inmediata de huelga general. Sin embargo, la Federación de Servicios Públicos de UGT se descolgó con un paro general en la función pública el 2 de junio, probablemente para evitar que el sindicato mayoritario entre los funcionarios, CSIF, se adelantara con una iniciativa similar. Esta huelga general de la función pública, convocada sin que los dos líderes sindicales dieran un expreso respaldo personal al paro porque su único objetivo era tratar de salvar la cara ante Zapatero, es la primera consecuencia social importante de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno y rompe lo que hasta ahora había sido una ficticia «paz social». Sin embargo, las organizaciones sindicales dejan fuera de su respuesta los recortes en las pensiones y la dependencia, que tanto defendieron en su momento.

Este cambio en la política económica del Gobierno va a obligar a los sindicatos a decidir qué papel quieren asumir ante la sociedad española y, sobre todo, qué contenido van a dar en lo sucesivo a su interlocución con el Gobierno, toda vez que la posibilidad de lograr una reforma laboral consensuada queda absolutamente en el aire. No se puede estar más de acuerdo con el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, en que no es momento para huelgas generales. Tampoco lo era cuando la economía española y el empleo iban viento en popa en junio de 2002, lo que no impidió una huelga general contra el Gobierno de José María Aznar. La prudencia sindical no parece haber sido hasta ahora una apuesta por la responsabilidad, sino un acto de complicidad ideológica con un Gobierno de izquierda que ha tenido que desmantelar buena parte de su política «social». La superación de la crisis exige el esfuerzo colectivo de ciudadanos, empresas, poderes públicos y sindicatos. Pero no hay que dejarse arrastrar por la fuerza retórica de las frases tópicas. La responsabilidad del Gobierno y, por supuesto, de los propios sindicatos por su parálisis ante la crisis es muy superior a la de los ciudadanos y, desde luego, a la del PP, que ve cómo ahora se toman medidas que hasta hace poco eran credenciales de antipatriotismo y capitalismo salvaje.

ABC - Editorial

Una huelga parcial para guardar las apariencias

Lo último que necesita este país es que la crisis económica degenere en una crisis social. Claro que el Gobierno que ha amplificado la debacle económica y ha recurrido a la crispación social no es el más legitimado para pedir prudencia a nadie.

Durante los últimos años, conforme el desempleo aumentaba desde los dos millones de parados hasta los cinco actuales, los sindicatos no han perdido ocasión para mostrar su cariño hacia el Gobierno socialista responsable de esa sangría. Quienes no tuvieron reparos en convocarle una huelga general a Aznar en tiempos de bonanza económica simplemente porque pretendía mejorar de manera muy tímida el mercado laboral, caen rendidos a los pies de Zapatero. Un doble rasero que sólo han podido justificar, más allá de por razones puramente crematísticas, apelando a la llamada "cohesión social": el país se desmoronaba, pero al menos el PSOE era lo bastante sensible como para que los más débiles no sufrieran sus efectos.

Por supuesto no se les ocurrió a los sindicatos –o, si se les ocurrió, las millonarias subvenciones que recibían tuvieron un inmediato efecto amnésico– que la mejor cohesión y política social de la que puede disfrutar una comunidad es que el Gobierno no obstaculice que los ciudadanos se ganen la vida, ya sea buscando y encontrando un puesto de trabajo o construyéndose un patrimonio del que ir extrayendo rentas.

Se trataba, sin duda, de un argumento retorcido que sólo podía convencer a la izquierda más radical y a la derecha más ingenua, pero que por desgracia seguía valiéndoles a demasiados. Sin embargo, tras el recorte del gasto practicado por Zapatero este miércoles, semejante justificación dejaba de ser de utilidad. De ahí que los sindicatos hayan tratado de aparentar una escalada en sus críticas al Gobierno, promoviendo incluso una huelga de funcionarios para el próximo día 2 de junio. Nada que ver, no obstante, con las protestas y disturbios (de huelga general para arriba) que habría padecido un Gobierno moderadamente liberal en caso de haber aplicado rebajas como las de Zapatero.

Y no es que estemos reclamando represalias sindicales en esa línea, sino que tan sólo constatamos algo que ya debería resultar evidente a todo el mundo: los sindicatos, lejos de defender a los trabajadores, sólo se preocupan por conservar sus prebendas aupando y manteniendo en el poder a partidos políticos cuyo reclamo electoral pasa precisamente por espolear las mismas consignas obreristas de las que beben esos sindicatos. Una relación de sinergia de la que suelen salir perjudicados, al final, el conjunto de los trabajadores.

En este caso, la huelga parcial de los funcionarios es una muestra más de cómo la propaganda cortoplacista y frentista que emplean las centrales sindicales puede terminar causando importantes daños al conjunto de los españoles. No negaremos que la gravedad de la situación actual sea en su mayor parte responsabilidad directa de Zapatero, o que al mismo tiempo que insta a otros ciudadanos a apretarse el cinturón, mantiene gastos cuya única utilidad es reconfortar sus dogmas progres. Pero tampoco podemos olvidar que España necesita de un fuerte ajuste colectivo del que debemos responsabilizarnos todos. Cinco millones de personas ya lo han hecho perdiendo su empleo y no pudiendo volverlo a encontrar por los bloqueos sindicales a la reforma laboral. Los empleados públicos no deberían ser una excepción a ese correctivo colectivo por mucho que su salario lo fije el Estado al margen de las condiciones del mercado; no en vano, sus retribuciones aumentaron un 3% en 2009 aun cuando el año vino marcado por una ligera deflación.

Lo anterior adquiere particular importancia en el caso de los funcionarios, cuyo empleo está garantizado incluso en coyunturas tan adversas como la actual. Esa seguridad es una retribución no monetaria que perciben estos trabajadores y de la que no deberían olvidarse cuando protestan por ganar menos que en puestos equivalentes en el sector privado. El sacrificio que les ha impuesto Zapatero no es tan sustancial como para que amenacen al resto de la sociedad con ir a una huelga y, de hecho, es bastante posible que en el futuro sea necesario algún recorte adicional si es que el PSOE no adopta ahora mismo muchas otras medidas de contención del gasto.

Lo último que necesita este país es que la crisis económica degenere en una crisis social. Claro que el Gobierno que ha amplificado la debacle económica y ha empleado la crispación social para alcanzar el poder no es el más legitimado para pedir prudencia a nadie. Ese sí que sería un buen motivo por el que empleados públicos y los sindicatos podrían protestar y con toda la razón del mundo. El problema es que los primeros parecen no comprender la gravedad de la situación actual y los segundos prefieren ver quebrar al país antes de renunciar a su muy cómodo y subvencionado estilo de vida.

Libertad Digital - Opinión

Situación excepcional. Por Fernando Fernández Méndez de Andrés

José Luis Rodríguez Zapatero presentó el miércoles el mayor programa de ajuste fiscal de la democracia española. Nunca antes se había reducido el sueldo a más de tres millones de trabajadores ni se habían congelado las pensiones incumpliendo el pacto de Toledo.

Para un presidente que ha hecho de los derechos sociales el núcleo central de su programa y que una semana antes se comprometía solemnemente a que nunca haría un ajuste fiscal rápido ni drástico, supone un giro verdaderamente planetario hecho a espaldas de todos los agentes sociales y políticos. Empieza una nueva legislatura, haya o no elecciones anticipadas, porque ha surgido en el escenario político Zapatero II el reformista y es obvio que ha de cambiar sus apoyos parlamentarios. Se entiende la reacción de la oposición, que se siente una vez más engañada y tiene razón cuando insiste en que el empecinamiento del presidente en negar la realidad les va a costar a los españoles sangre, sudor y lágrimas innecesarias. El ajuste fiscal no es, como la nube volcánica, un suceso natural inevitable. La crisis de la economía española, su completa pérdida de credibilidad internacional y la urgencia de un programa de estabilización no son un accidente, son responsabilidad directa, por acción y omisión, de una gestión económica lamentable, lastrada por prejuicios ideológicos, carente de dirección, presa de un activismo sin sustancia y víctima de las ocurrencias presidenciales. Pero es la hora de la grandeza, de la visión de Estado, porque estamos en una situación excepcional.

La Unión Monetaria estuvo a punto de romperse la semana pasada, literalmente. Y estuvo a punto de romperse por España. Fue la convicción de las autoridades europeas -autoridades políticas, económicas y monetarias- de que España se encaminaba a una suspensión de pagos la que hizo saltar todas las alarmas y provocó un arriesgado salto cualitativo en la construcción europea. Tan arriesgado que ha consolidado definitivamente las dos Europas; la de la Unión Monetaria que avanza inevitablemente a la Unión política y la de la Unión Económica, Comercial y Aduanera. España corrió el riesgo de quedarse una vez más aislada de Europa por la incapacidad de sus actuales gobernantes, que estuvieron a punto de echar al traste con cuarenta años de esfuerzo nacional por derribar los Pirineos mentales. Como consecuencia de sus errores, tuvo que aceptar un protectorado fiscal que el Gobierno intenta disimular como un reforzamiento de la disciplina presupuestaria europea. Es comprensible, pero no es importante. Lo relevante es que España, como Grecia, Portugal e Irlanda, está a todos los efectos como si tuviese en vigor un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Zapatero no quiso convocar unos nuevos Pactos de la Moncloa y ha tenido que aceptar una segunda edición del programa de estabilización de 1958. Con la misma dependencia y subordinación al amigo americano.

Un programa de estabilización es mucho más que un ajuste fiscal; requiere de reformas estructurales que posibiliten el crecimiento. El objetivo es recuperar la competitividad perdida, en nuestro caso sin poder devaluar. Se puede hacer si hay suficiente voluntad política -siempre un interrogante con este presidente que nunca ha creído en la economía de mercado- y consenso social. En contra de lo que puede pensar el líder del Ejecutivo, el miércoles hizo la parte más fácil, aplicar una sin duda dolorosa tijera a los presupuestos. Pero no se modificó la estructura de los mismos; aquella que los hace intrínsecamente vulnerables al ciclo económico y que no es otra que el clientelismo político y un Estado de las Autonomías que ha crecido de manera anárquica. Porque la reducción del gasto en medio punto del PIB este año y un punto el que viene no es suficiente para evitar la quiebra fiscal del Estado ni para recuperar una trayectoria sostenible de la deuda pública. Lo sabe el Gobierno, aunque calla su coste y amaga con subidas de impuestos. Habrá concesiones a su electorado en los tramos altos del IRPF, pero eso no rinde fiscalmente y habrá que volver a subir el IVA, tabaco y gasolina. A menos que el Gobierno socialista haya abandonado sus obsesiones y se atreva, según el modelo sueco, a buscar servicios públicos justos y eficientes mediante la introducción de mecanismos de copago y la participación de entidades privadas en su gestión. Subir impuestos o reducir gasto sin perder servicios se convertirá en el centro de la discusión fiscal.

El presidente citó expresamente en el debate los otros dos ámbitos de reforma urgente, la financiera y la laboral, aunque les dio un tratamiento diferente. La primera la considera en marcha, en esto aún no ha recuperado el sentido de la realidad ni la más mínima sensibilidad económica, aunque hay que decir inmediatamente en su descargo que no se diferencia mucho de la oposición. Las fusiones de Cajas de Ahorros avanzan inexorablemente hacia las fusiones intrarregionales tras el precedente catalán. Es una receta segura para el desastre económico, tendremos una crisis mucho más larga y eventualmente habrá que rescatarlas de nuevo con dinero público, y para el desastre político, porque una vez más el Gobierno central quedará desnudo ante los gobiernos autonómicos que mantendrán su instrumento financiero con el que eludir las consecuencias del ajuste del gasto público. Es además difícil imaginar cómo podrán las Cajas en esas condiciones aumentar su capital propio para adaptarse a las nuevas exigencias internacionales.

Pero es en la reforma laboral, y en la energética y en una nueva trasposición de la directiva de servicios, donde verdaderamente España se la juega. Porque lo que está verdaderamente en discusión en nuestro caso es si podremos volver a recuperar tasas de crecimiento razonables sin salirnos del euro. Modificar la negociación colectiva, avanzar hacia el contrato único, reducir el coste del despido, evitar que el seguro de desempleo desincentive la búsqueda de empleo, desjudicializar las relaciones laborales, eliminar la ultraactividad de los convenios y sobre todo fomentar la movilidad funcional y geográfica no crea por sí solo empleos. Pero todo ello es condición necesaria para que se puedan crear. Para progresar habrá que romper con los sindicatos, o al menos que vean enfrente a un Gobierno que ha renunciado a ponerse a sus pies. ¿Habrá llegado a tanto la conversión reformista de Zapatero? Lo sabremos en los próximos días. Y las consecuencias también, porque quien quiera que le haya convencido en su camino a Damasco seguirá vigilando.

El presidente ha abandonado el país de las maravillas. Una democracia madura le exigiría elecciones anticipadas. Una economía en situación de emergencia requeriría un gran consenso nacional y probablemente un Gobierno de gran coalición. No habrá probablemente ninguna de las dos, porque el presidente insiste en que son las circunstancias y no él las que han cambiado. Su irresponsabilidad no exime del deber de grandeza a la oposición ni de la altura de miras suficiente para acompañarle en esta increíble conversión a la racionalidad económica.

ABC - Opinión