No al velo islamista, sí a la libertad. Por Federico Jiménez Losantos

Hay varios equívocos que conviene aclarar cuando se habla del velo islamista y el primero es que es precisamente eso, islamista, no simplemente islámico.

El sentido religioso, político y social del velo no es una reminiscencia o una tradición de sociedades tradicionalmente islámicas sino una reivindicación islamista, no es un acto de libertad individual sino un reto colectivo, no es un uso de las libertades occidentales sino una forma de aprovecharlas para subvertirlas y liquidarlas. Y si no se entiende esto, que está clarísimo, será difícil aclararnos en todo lo demás.

Por supuesto, el Gobierno de ZP usa al Islam para devaluar la posición del catolicismo, pero sería un error fatal para el catolicismo –sea la jerarquía o los fieles quienes así lo crean– identificarse con el islamismo como si en ambos casos se estuviera defendiendo la libertad de conciencia o incluso la libertad de religión. No hay tal libertad donde impera el Islam. Un católico puede serlo o no serlo, puede dejar de serlo y nadie lo persigue. En una sociedad islámica está prohibido, so pena de muerte, dejar el Islam. ¿Cuántos datos, cuántos hechos necesitan los católicos para entender que el islamismo y el catolicismo son incompatibles, no ya como dogma religioso o Revelación sino, lo que más importa a todos, como simple civilización?

Disparate mayúsculo es tomar un reglamento interno de un instituto de Segunda Enseñanza como algo que debe subordinarse nada menos que a la Constitución. Lo que establece claramente la Constitución es que una persona no puede ser discriminada por razón de sexo, y las mujeres bajo el islamismo lo están. ¿Que también subvierte Aída tal precepto con la maldita Ley de Igualdad? Pues eso será para echar a Aída, no para admitir la discriminación sexual, atroz, implacable y creciente en el islamismo contra las mujeres. ¿Qué libertad tiene la niña del disputado velo ante su padre, que es algo así como imán de Pozuelo? La misma que concede a las demás mujeres: limitada, escasa e incompatible con la libertad occidental. ¿Cómo se nos quiere colar como libertad de conciencia lo que no es sino negación de esa libertad, cómo hay quien no ve que el pañuelo no es nada privado sino un alarde público, que por añadidura busca el enfrentamiento entre una sociedad de infieles, la nuestra, con otra sumisa a las leyes de Mahoma, a la larga –y a la corta- incompatible con nuestra supervivencia?

Si el pañuelo islámico fuera un capricho privado, ni el imán ni la criatura buscarían que les echaran del Instituto por vulnerar su reglamento interno. Y si corren ese riesgo es porque estamos ante una operación de propaganda liberticida y no ante un ejercicio de libertad individual. Que los islamistas reciban el apoyo del PSOE es, dada la degeneración política de la Izquierda europea, lamentable pero normal. Que algunos católicos y encima liberales parezcan coincidir con los islamistas y nada menos que en nombre de la libertad y de la lucha contra el PSOE es uno de esos disparates reservados para sociedades desnortadas o en quiebra. La española, sin ir más lejos.

El blog de Federico

"Esta vez no pasarán"

(Gritos en la manifestación de los de la ceja)

Es tremendo. Es que es leer y no creértelo. Se han desatado completamente, han perdido la cabeza, la razón y la cordura.

La izquierda ha decidido que quiere ganar la guerra civil que perdió hace más de 70 años. La progresía actual, acomodada, acostumbrada a la subvención y al halago de los políticos, tiene remordimientos de conciencia. Sus abuelos realmente lucharon por una causa que creían justa, y dieron su vida por ellos. Estos, los Almodovar, Sacristán, toda esta turba siniestra como mucho salen a pasear y a chillar. Luego se vuelven a sus mansiones, compradas con el dinero generado por el capitalismo que tanto odian y critican.

Hace tiempo que no veíamos un caso así de sectarismo. ¿Quieren ustedes desenterrar a las víctimas que están por las cunetas de las carreteras españolas? Háganlo, pero sin mirarles el carnet. Sin preguntarse de qué bando eran. Presenten una proposición en el parlamento, para que se debata si se quiere acabar la amnistía de la transición. Háganlo sin miedo.

Pero mientras esa Ley exista, todo el mundo está sujeto a ella, incluyendo Garzón. Y la Falange, por muy detestable que nos parezca, tiene derecho a presentar las denuncias que quiera, pues faltaría más. ¿Acaso no las presenta la extrema izquierda española? Pues la extrema derecha tiene el mismo derecho.

Naturalmente, todo estó está organizado por el gobierno. Es Zapatero el que está detrás de todo, para intentar que la gente se olvide del desastre económico en que se ha convertido la España del socialismo zapateril. Otra maniobra más, ayudados por los del régimen, los de la secta progre, para desviar atenciones. Que cosa tan siniestra y repugnante.

La Frase Progre

El velo y la izquierda. Por José María Carrascal

LA cosa se reduce a una pregunta: ¿es el velo un símbolo religioso o no lo es?

Si es un símbolo religioso, no tiene nada que hacer en una escuela occidental. Si se trata de una mera prenda de ropa, entra dentro de las normas de vestuario que tenga establecidas cada centro escolar. Con lo que todo el lío armado en torno a la niña de Pozuelo es artificial. Si quiere llevar velo, tendrá que ir a la escuela que se lo permita. Y si quiere seguir en la misma, tendrá que quitárselo. Tan simple como eso.

Lo que late al fondo de la controversia, en cambio, es algo mucho más complejo. No me refiero al intento islámico de subvertir Europa desde dentro, aprovechando sus inmigrantes para acabar con las libertades que hemos conquistado, como Irán y Ben Laden intentan usar la tecnología occidental para acabar con Occidente. Me refiero a nuestra izquierda, que después de haber perdido la batalla política, está perdiendo la de las ideas. Sobre todo en España, más atrasada en ideas que en economía, que ya es decir. Ahí tienen a nuestro presidente, abogando por una «Alianza de Civilizaciones» con el islamismo en plena ofensiva.

Ahí tienen a nuestra izquierda buscando alianzas con el nacionalismo más retrógrado. Ahí tienen a nuestra progresía defendiéndole el velo islámico en la escuelas públicas. ¿Tan poco seso tienen? ¿Tan poca memoria? Hubo un tiempo, y no tan lejano, en el que la izquierda era internacionalista -¿recuerdan las famosas «internacionales»?-, laica -partidaria de la completa separación de Iglesia y Estado-, proindustrial -convencida de que ese era el camino para el desarrollo de los pueblos-, y ahí la tenemos unida al ecologismo más militante, incluso disfrazada a veces de «verde», al darle vergüenza el «rojo». Sólo le faltaba ponerse a defender el velo islámico, y ya lo hemos tenido. ¿Dónde? Naturalmente, en España, donde todo llega tarde y a menudo, averiado.

El velo no es un «símbolo de identidad» e incluso si lo fuese, no tendría cabida en una escuela pública, verdadero crisol de ciudadanía, donde los alumnos aprenden, o deberían aprender, la igualdad de derechos y deberes de todos ellos. Y, menos aún es un «símbolo de la personalidad» de una niña. Es justo lo contrario: el símbolo del sometimiento a que la someten una religión, una cultura y una sociedad que consideran inferiores a las mujeres. Una religión, una cultura y una sociedad que, si pudieran, las metería en un burka, como si fueran bultos, detrás de sus padres, esposos y hermanos. Que es lo que hacen allí donde pueden. Donde no pueden, se limitan al pañuelo, pero es lo mismo: no un símbolo de libertad individual, sino un símbolo de opresión colectiva. Y ahí tenemos a nuestra izquierda defendiéndolo. Para eso nos sirve el Ministerio de Igualdad.

Aunque peor es el burka mental en que están metidos.

ABC - opinión

Moción de censura. Por M. Martín Ferrand

LOS hechos y los días van demostrando lo que, siendo evidente, no quiere admitir la cúspide del PP. Por ejemplo, la incompatibilidad -no sólo material- de asistir a la procesión política de Castilla-La Mancha mientras se trata de ejercer, y no se ejerce, la Secretaría general del partido: el campanario que orienta a los militantes, crecientemente desorientados; redobla los pregones de la sigla, hoy débiles e inconcretos, y hace saber las líneas de conducta que a cada cual corresponden en función de una estrategia -¿inexistente?- capaz de generar victorias electorales. María Dolores de Cospedal, de tanto querer multiplicarse, está haciéndolo por cero, como Bart Simpson prescribe a sus enemigos.

No entraré, por evitar el alipori, en el ridículo escarceo que, unos y otros, se traen a cuenta del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una nueva pieza ajurídica que bebe en las desbordadas fuentes constitucionales al tiempo que pretende impedir que otros lo hagan en las que se derivan de la idea del Estado y el respeto a la Nación. ¿Así pretende ganar Cospedal las autonómicas de su jurisdicción? Rajoy no dice nada al respecto y, al igual que acepta ya, con irresponsable pasividad, los resultados de las catalanas del próximo otoño, no aborda con la debida resolución las de mayo del año venidero, la única pista de lanzamiento para el cohete que pueda conducirle a La Moncloa. Si es que, verdaderamente, lo pretende; algo que niega su conducta reservona.

Tras el ruinoso sexenio de Zapatero, viendo pelar las barbas de nuestros vecinos griegos y mientras crecen sin coto el paro, el déficit y la deuda, en el principal partido de la oposición sólo cabe una decisión solvente, por arriesgada que sea: la moción de censura. Dada la incapacidad de Rajoy y sus pretorianos para hacer amigos, sería una moción perdida; pero necesaria para, definitivamente, hacernos saber a los ciudadanos cuál es la fórmula alternativa del PP, cuáles sus proyectos y programas en todos los segmentos de la gobernación del Estado. ¿Quién ha dicho, y desde qué supuestos de eficacia, que las mociones de censura solo son válidas para ganarlas? Poner en evidencia el fracaso de un Gobierno y demostrar fehacientemente la potencialidad de otro venidero no es algo baladí. Sin moción, la catástrofe popular no llegará con las legislativas del 12, sino con las autonómicas del 11.

ABC - Opinión

Berzotas. Por Alfonso Ussía

Creo que entre todos, con la mejor voluntad, debemos suavizar la crispación andante y dominante con el uso de una adjetivación más amable. Reconozco mis culpas. Con motivo de los ridículos actos promovidos en defensa del juez Garzón –promovidos entre otros, por el propio juez Garzón, que no los ha desautorizado–, he calificado a sus promotores e intervinientes de estalinistas. No es correcto. Stalin ha sido el mayor criminal de la Historia Contemporánea, y los individuos que se han apostado al lado de Garzón no han matado a nadie.

Desde Villarejo a Pilar Bardem pasando por Berzosa, los cejeros, Felipe González y compañía, el calificativo de estalinistas se me antoja exagerado. Son simplemente unos berzotas. Mengua la tensión y se abre la sonrisa. El juez Varela ha expulsado a la Falange de la causa contra Garzón, o mejor escrito, de una de las tres causas. El argumento principal de los berzotas se ha desmoronado. Claro, que la educación del sosiego también hay que exigírsela a los garzoninos. Jiménez Villarejo, el tío de doña Trinidad y Fiscal durante el franquismo que juró los Principios del Movimiento –no todos lo hicieron–, haría muy bien en rebajar su insulto de «torturadores» a los magistrados del Tribunal Supremo. Pero no intuyo en Jiménez la posibilidad de reconocer su felón calificativo abrazándose a la buena educación.

Y quedan mal. No leen, no saben nada, usan de los tópicos progres, viven de lugares comunes y mensajes entreverados, y hacen el panoli. Prueba de ello, la divertida intervención del portavoz comunista en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, en la que exigía a la Presidenta Aguirre la condena del franquismo y el apoyo a Garzón. Y Aguirre, que sí ha leído y conoce nuestra reciente Historia mucho mejor que Gordo, le ha replicado exigiendo al berzotas la condena del Golpe de Estado del Frente Popular de 1934 –ahí comenzó la Guerra Civil–, y el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de la Policía, y en concreto, de los escoltas de Indalecio Prieto. Y Gordo quedó mudo, por aquello de la ignorancia y la falta de argumentos para replicar en su oquedad parlamentaria.

Aprovechar las carencias intelectuales de Gordo para definirlo con hiriente crueldad resulta sencillo. Pero ahí nace la buena voluntad del sosiego, el afán de suavizar las relaciones entre los unos y los otros y la buena educación. Se le aplica el calificativo de berzotas y nadie puede protestar por el uso de un lenguaje frontal y «guerracivilista», que se ha puesto de moda últimamente utilizando como coartada la figura de un juez. Porque el juez Garzón, como persona y como juez, les importa a los berzotas la mitad de un pimiento, aunque les resulte útil para ensalzar la calamitosa Segunda República, devolvernos al enfrentamiento y regar los rencores del pasado. Por eso mismo, por creerse el protagonista de un movimiento social justo y reivindicativo, por considerarse el centro del debate nacional y todas esas cosas que conforman el muro de vanidad y soberbia del juez imputado por prevaricación, también Garzón se está comportando como un berzotas. Al poco tiempo de ser apartado de la carrera judicial, nadie se acordará de él. Y la conclusión, ciertamente, es triste.

La Razón - Opinión

Clima de desguace. Por Ignacio Camacho

ESTA irresponsable agitación radical la vamos a pagar, y no va ser a un precio barato. Una democracia no puede cuestionar sin costes la legitimidad de su propia estructura legal, porque eso equivale a impugnarse a sí misma.

La movilización de la izquierda española contra el proceso a Baltasar Garzón ha rebasado de largo la razonable expresión de un respaldo cívico al juez para alcanzar el paroxismo de un rechazo global a las instituciones de la justicia. El horizonte penal del magistrado -cuyo derecho a la defensa está plenamente garantizado y en ejercicio- es ya sólo el pretexto para una exaltada refutación ideológica de las bases del régimen constitucional, de sus principios jurídicos y del pacto social y político que permitió alumbrar la Transición democrática. En cierta forma constituye la reclamación de un proceso de ruptura que pretende anular los consensos civiles de los últimos treinta años y la legalidad que de ellos se ha derivado. Es decir, del sistema vigente, de sus mecanismos de garantías y de sus equilibrios de poder.

Todo eso no puede resultar inocuo. Un zarandeo institucional de esa clase deja una secuela de desconfianza que no va a recuperarse de cualquier modo. El ataque frontal y simultáneo contra la legitimidad del Tribunal Supremo y del Constitucional representa una campaña de desestabilización que afecta al principio de la independencia judicial y de la supremacía de la ley. Desde que Zapatero permitió o alentó una reforma encubierta de la Constitución a través del Estatuto de Cataluña no se había producido en España un cuestionamiento tan grave y profundo de los fundamentos del régimen democrático. Lo que la izquierda está pidiendo en su ofensiva de opinión pública es la abolición de la justicia igualitaria y reglada y su sustitución por una nueva legitimidad de base ideológica. Y eso sucede con el respaldo más o menos pasivo de un Gobierno que simpatiza inequívocamente con las pretensiones revisionistas por culpa de un frívolo tacticismo que le lleva a creer en la posibilidad de obtener un rédito político inmediato de la algarada.

Estos días se ha empezado a ver la reacción alarmada de una cierta socialdemocracia responsable. Los Jáuregui, Leguina, Bono y otros han comenzado a advertir del riesgo de esta crecida atolondrada con la que el zapaterismo vuelve a jugar a aprendiz de brujo. Una característica de la posmodernidad política es la creencia de que ante la volatilidad de la opinión pública cualquier maniobra oportunista sale gratis. Error; no se pueden licuar los principios que articulan un pacto de convivencia sin poner en peligro la estabilidad del sistema. Que lo hagan en las calles unos extremistas es preocupante, pero no esencial. Lo crítico es que sean las instituciones las que propicien un clima de desguace de sí mismas.

ABC - Opinión

El caos renovable

LA intención del Ministerio de Industria de modificar la retribución de las energías renovables con carácter retroactivo ha provocado un auténtico terremoto cuyas consecuencias inmediatas han sido la caída en Bolsa de las empresas del sector y la huida de los inversores internacionales, espantados por el clima de inseguridad jurídica que generan los continuos cambios regulatorios.

El nuevo bandazo regulatorio del ministro Sebastián sigue insistiendo en hacer amalgama de todas las tecnologías renovables sin distinción de su grado de madurez ni de su contribución real a la producción eléctrica española. La eólica se ha consolidado como una tecnología madura, promovida principalmente por las compañías eléctricas, que aporta un 18 por ciento de la producción con un coste del 19 por ciento. La industria eólica española, presente en toda la cadena de valor del negocio, se ha convertido en un referente internacional, con empresas líderes mundiales y con una demostrada capacidad para impulsar la actividad industrial, crear decenas de miles de puestos de trabajo, contribuir al autoabastecimiento energético y la reducción de emisiones. Por el contrario, la generosa retribución a las tecnologías solares ha provocado un crecimiento insostenible de las fotovoltaicas y la creación de una burbuja especulativa alentada principalmente por agentes ajenos al sector eléctrico, que han acabado convirtiéndola en un producto financiero.

La producción fotovoltaica estimada en España para 2012 supondrá un 3 por ciento de la producción total, con un coste del 15 por ciento, y la termosolar aportará un 2 por ciento, con un coste del 8 por ciento. Este exceso retributivo ya se había identificado con antelación, pero el ministro Sebastián no llevó a cabo ningún ajuste y permitió la instalación de más de 3.000 MW, cuando el objetivo del PER era de 471 MW, con un coste anual para los consumidores de 2.500 millones de euros.

No podemos seguir pretendiendo tener mayor capacidad fotovoltaica que Estados Unidos ni seguir pagando con el dinero de todos la curva de aprendizaje de una tecnología que importa masivamente los paneles solares de China. La rectificación del Gobierno debe pasar por una regulación estable y una planificación energética ordenada y con visión de largo plazo, que abarate el precio de la energía para las empresas y los consumidores.

ABC - Opinión

Laicismo, pero sólo contra los católicos

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra el cristianismo, mientras se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si son tan opresoras y arcaicas como la islámica.

La polémica por el uso del velo islámico en los centros de enseñanza, como ha ocurrido recientemente en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, es un ejemplo, otro más, de cómo la coacción institucional provoca más problemas que los que pretende resolver.

Vaya por delante nuestro respeto a las decisiones individuales de los ciudadanos respecto a su indumentaria o sus prácticas religiosas, si bien es cierto que en el caso del velo musulmán portado por niñas resulta difícil determinar hasta qué punto es una decisión de las jóvenes o una imposición parental para respetar determinados usos socioreligiosos. En todo caso, estas cuestiones no se resuelven con la redacción de nuevas leyes para imponer una regla uniforme según el particular criterio del partido en el poder, sino, como ha hecho acertadamente la Comunidad Autónoma de Madrid, dejando que los propios centros, de forma independiente, decidan sobre las normas internas que deben regular la convivencia de la comunidad escolar. En última instancia, esa decisión equivale a permitir que los padres decidan el modelo de contexto educacional que quieren para sus hijos, y nada hay más sano ni más apropiado que los propios ciudadanos decidan libremente cómo quieren ordenar su vida y la de los suyos.

Ahora bien, dicho esto, es también necesario constatar, una vez más, la profunda hipocresía de los socialistas a la hora de tratar asuntos que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en todo lo que se refiere a las creencias religiosas particulares y el respeto que el estado debe observar hacia ellas.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está inmerso en una cruzada permanente contra los principios y valores que informan nuestra civilización, imposibles de desligar del legado cristiano sedimentado a través del paso de los siglos, mientras que se muestra extraordinariamente próvido con otras culturas, incluso si hacen gala de un profundo desprecio por los derechos y libertades de las personas, como ocurre con el Islam. Si el laicismo radical de Zapatero exige la supresión de toda manifestación pública de la religión según las arcaicas tácticas del marxismo, debería explicar el por qué de su docilidad hacia una confesión teocrática como el Islam que exige la sumisión de la vida civil a los preceptos de su fundador, lo que incluye el menosprecio hacia la mujer en todas las esferas. El perfectamente inútil ministerio de Igualdad también podría ilustrarnos sobre la curiosa forma en que sus grupos subvencionados de presión se felicitan de la existencia de nuestro país de unas prácticas que, sobre el papel, deberían ser los primeros interesados en erradicar.

Es necesario exigir al gobierno que deje de meter las manos en asuntos que no le competen como el derecho de los ciudadanos a expresar sus convicciones religiosas, siempre que no dañen los derechos y libertades de terceros. Pero, sobre todo, urge demandarle a Zapatero un mínimo de decencia intelectual. Nuestra herencia helénica, tamizada por Roma y materializada en el cristianismo, es demasiado valiosa para que un puñado de sectarios encaramados al poder la arrasen mientras otorgan carta de naturaleza a creencias foráneas que, estas sí, suponen un retroceso brutal en el camino de civilización que tanto esfuerzo nos ha costado recorrer.

Libertad Digital - Editorial

El perdón que se dio España

LA polémica sobre la ley de amnistía de 1977 es un artificio de una parte de la izquierda para mantener vivo el estado de crispación y enfrentamiento en el que encuentra su única forma de vivir en la política actual.

La evidente pérdida de referencias ideológicas tras el colapso del Telón de Acero y la renuncia de la sociedad española a opciones extremistas se han traducido en un vacío de ideas que llena con desesperados intentos de resucitar causas pasadas, aun cuando el esfuerzo requiera la manipulación de la historia y la estafa a los ciudadanos. En esto están los sectores de izquierda que, escondiéndose tras la causa de Garzón, cargan ahora contra la ley de Amnistía de 1977, que es su manera de hacer ilegítima la Transición de la dictadura a la democracia y de renegar del pacto constitucional de 1978. Como bien dijo el Fiscal de la Audiencia Nacional al juez Garzón, es «un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de «ley de impunidad»».

Esto último es bien cierto, porque el diario de sesiones del Congreso refleja la voluntad de los partidos de izquierda que promovieron la Amnistía. «Pedimos amnistía para todo, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie», dijo el portavoz del Partido Comunista de España. «Casi todas las fuerzas políticas de esta Cámara -¡ojalá fueran todas!- tienen la voluntad de enterrar un pasado triste para la Historia de España», añadía el portavoz socialista. Aquella ley fue aprobada por un parlamento democrático y con ella España se daba a sí misma el perdón por un pasado fratricida. Los que ahora quieren derogar la ley de 1977 desprecian la dolorosa historia que la hizo necesaria y son los que están obligando a traerla a la memoria, como tuvo que hacer Esperanza Aguirre en el Parlamento madrileño para recordar a IU que nadie estuvo libre de culpa, que la II República fue traicionada por la izquierda en el fracasado golpe de Estado de 1934 y que pedir cuentas permitiría preguntar a la izquierda de hoy si condena el asesinato de José Calvo-Sotelo.

Esta izquierda sectaria y gritona debe asumir el tiempo en el que vive España y adaptarse a los valores constitucionales, porque su momento histórico ha caducado, como bien se encargan de recordar ellos mismos cuando lanzan el «no pasarán» que sonaba en el Madrid de 1936, con la diferencia de que, en 2010, todos hemos pasado ya a la democracia y a la libertad gracias a la Constitución de 1978.

ABC - Editorial

Ahora la ley no actúa. Por Maite Nolla

Las leyes amparan, protegen y garantizan que los políticos como el señor Mas puedan hacer de la política un medio de vida. La ley les otorga unos privilegios que están muy por encima de su productividad, en muchos casos limitada al propio beneficio.

En el resto de España deben tener ustedes una mezcla de sentimientos con lo que les llega de Cataluña. Deben estar entre hartos, fritos, asombrados, asustados y con ganas de crear un grupo en Facebook de apoyo a Boadella para dar a Cataluña la independencia con sólo enviar un sms. Los que vivimos aquí ya estamos acostumbrados. Curiosamente, el mejor ejemplo de la descomposición de la clase política catalana no son las declaraciones de Artur Mas, o las de Jordi Pujol, o las de Joan Herrera o la nueva legalidad que quiere crear Joan Puigcercós. El mejor ejemplo de que los políticos que nos han caído en suerte funcionan con un fusible averiado, es ver a Manuela de Madre apoyando al juez que ha metido en la cárcel a su sucesor en la alcaldía de Santa Coloma y que, hasta hace dos días, era el segundo de su señor esposo en la diputación de Barcelona. Al pobre Bartu le tiene que haber sentado regular. Garzón fue responsable de la imagen del alcalde de Santa Coloma esposado recogiendo una bolsa de basura; Manuela de Madre estaba en primera fila aplaudiendo a los trasnochados que apoyan a Garzón.

Entiendo que son más importantes las declaraciones de Artur Mas, aunque hasta eso podamos discutirlo. Para empezar, ni siquiera es una idea original suya. En octubre del año pasado, Joan Ridao ya registró una solicitud similar. Entonces pasó desapercibida, pero ya dijo Ridao que quería sustraer al Constitucional del enjuiciamiento de los estatutos de especial singularidad, como el vasco y el catalán. Sirva este artículo como denuncia y que la SGAE le pase la factura a CiU. Pero es que además de estar copiada, la propuesta del señor Mas no es muy diferente de la teoría sobre la presunción de constitucionalidad que creó el ministro Caamaño y que, al menos, suena un poco más suave que lo de acabar con las atribuciones del Constitucional. "Es constitucional lo que hemos aprobado nosotros" es más amable que "no podéis revisar lo que hemos aprobado nosotros", aunque sea lo mismo.

El problema al señor Mas le viene cuando se mete a elucubrar sobre la prevalencia entre la ley y la voluntad del pueblo. Dar prevalencia a la voluntad de un pueblo, parte de otro, sin contar con ese otro y por encima de la ley, es una propuesta que Artur Mas no puede sostener. Por ejemplo, la ley permite regularizar las deudas tributarias a los que han recurrido a los paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Sin duda, la voluntad popular hubiera llevado al defraudador a la cárcel y si hubiera tenido un hijo consejero de Economía, a éste al paro.

Las leyes amparan, protegen y garantizan que los políticos como el señor Mas puedan hacer de la política un medio de vida. La ley les otorga unos privilegios que están muy por encima de su productividad, en muchos casos limitada al propio beneficio. De verdad, no les conviene abrir algunos melones. No quieran saber cuál es la voluntad popular.

Libertad Digital - Opinión

El español en España. Por Ignacio Camacho

LA víspera del Día de Cervantes, el ministro de Educación y los responsables de la enseñanza en las autonomías discutían con la mayor naturalidad y el menor consenso sobre las dificultades para normalizar la enseñanza del español en España.

Algo grave ha pasado en este país para que la lengua nativa de cuatrocientos millones de hablantes represente un conflicto político capaz de bloquear un elemental acuerdo de bases educativas en la misma nación que le da nombre. Un conflicto absurdo, errático, disparatado y febril, que niega en su propia formulación la existencia de una memoria de expresión colectiva que ni siquiera nos pertenece a los españoles en la medida en que no somos más que una pequeña, aunque esencial, parte de esa inmensa comunidad social que encuentra en el castellano el eje vertebrador de su cultura. Un debate estéril que nos enreda en estúpidas controversias y nos aleja del orgullo de liderar el segundo idioma del planeta, cuestionado en su propia tierra de origen por un aberrante prurito de particularismo identitario.

«La lengua en que nací es mi única riqueza». Son palabras aún frescas de José Emilio Pacheco, el último Premio Cervantes, un poeta mexicano de irrebatible compromiso moral y sentimental con los ideales de la izquierda. Palabras lúcidas de un hombre dolorido y pesimista que apenas si confiesa encontrar ante la tristeza del mundo otro consuelo que el compartir con millones de personas la posibilidad de expresarse en una misma lengua. La de Quevedo y Neruda. La de Antonio Machado y Octavio Paz. La de Galdós y García Márquez. La de Cernuda y Borges. La de Juan Ramón Jiménez y Miguel Ángel Asturias. La que se habla en los rutilantes rascacielos del nuevo Madrid y en las deprimidas villas-miseria del Gran Buenos Aires. Una patria común y abierta, integradora y libre; un tesoro gratuito, extenso y versátil cuyo disfrute integral se deniega o se cercena a los estudiantes en algunos territorios de España por culpa de un delirio fragmentario que ha troceado la universalidad del castellano en un desquiciado puzle de aldeanismos y desigualdades.

Esta descabellada incongruencia, que dilapida sin lógica ni razón un caudal expresivo y cultural impagable, es posible debido a una rendija de confianza que quedó abierta en la Constitución por un exceso de lealtad mal correspondida. Por ese resquicio se ha colado el designio miope de ciertos nacionalismos hasta convertirlo en una zanja de convivencia donde puede quedar enterrada parte de nuestra más viva cultura. Cada vez parece más claro que los padres constituyentes se dejaron abierto un grifo por el que está vaciando no sólo la integridad territorial del Estado, sino el patrimonio inmaterial más valioso que nos ha legado la Historia.

ABC - Opinión

Un Gobierno muy piadoso. Por Pablo Molina

Para los sociatas, la religión islámica no es el opio del pueblo sino el canuto de grifa de la juventud creyente para socavar el orden establecido. El enemigo no es la religión como hecho cultural y espiritual, sino únicamente la religión católica.

La polémica por el uso del velo en los centros educativos ha permitido a los socialistas blasonar de respeto por las preferencias religiosas de los ciudadanos, siempre que no correspondan a la confesión practicada mayoritariamente por los españoles, en cuyo caso toda traba se les antoja insuficiente.

Vaya por delante el derecho de cualquier mujer musulmana a degradarse cubriendo permanentemente su cabeza en señal de sumisión a Alá y a su maromo (al de ella), pero lo que sorprende es que sean los socialistas, laicos hasta las trancas, los que aplaudan esta expresión de piedad. Aquí algo no cuadra. Quiero decir que el respeto por la religión es algo propio de los practicantes de alguna de ellas, no de los que consideran que la visión trascendente del ser humano es una lacra impuesta por la jerarquía religiosa para sojuzgar al ser humano. Pero es que, para los sociatas, la religión islámica no es el opio del pueblo sino el canuto de grifa de la juventud creyente para socavar el orden establecido. El enemigo no es la religión como hecho cultural y espiritual, sino únicamente la religión católica.

Cuando el Gobierno decidió por ley retirar los crucifijos de los espacios públicos no pensó en respetar a todos aquellos a los que ese símbolo no les parece insultante. Al contrario, con gran abuso del concepto, decidieron que un Estado aconfesional exige la supresión de toda simbología en las instituciones dependientes del Estado. Sin embargo, el que las niñas musulmanas acudan a los centros públicos exhibiendo ese distintivo de la religión más inflexible que se conoce les parece un canto al multiculturalismo del que ningún grupo social debe ser privado. Que está muy bien, oiga, pero no para que lo diga un laicista de izquierdas como el protocura Gabilondo.

Y es que lo menos que se le puede pedir al Gobierno es que sea coherente en su maldad. Por ejemplo los mapas del clítoris, a cuya confección ha dedicado la ministra de Igualdad numerosos esfuerzos y fondos públicos, serían un excelente medio para liberar a la mujer musulmana, al fin y al cabo tan oprimida como la occidental. Tan sólo es cuestión de enviar a unas cuantas ONGs con folletos a la puerta de las mezquitas para ilustrar a los imanes sobre la riqueza sensorial y cultural de este órgano, tan amenazado por los practicantes más ortodoxos de esa confesión. No será por falta de subvenciones.

Libertad Digital - Opinión

Gabilondo y el Parto Educativo. Por Tomás Cuesta

SE veía venir que lo del Parto Educativo iba a ser una reedición del Pacto de los Montes, y a la viceversa. Se veía venir y, sin embargo, el texto que presentó anteayer don Ángel Gabilondo (en vísperas del Día del Libro, ¿casualmente?) es tan insustancial, tan chirle, tan desestructurado y tan grotesco que, más que mirárselo con lupa, hay que divisarlo con anteojeras.

Ver para no creer: nuestra capacidad de asombro aún no está colmada, pese a lo que sostiene Steiner. El ministro del ramo -o del ramal, puesto que la burricie es de su competencia- ha perpetrado un documento en el que se declara especie protegida al genuino lerdo ibérico y se corre, de paso, un estúpido velo, un «hiyab», por más señas, sobre la incuria del presente. Sesenta y cuatro páginas de jerigonza inane, de aviesos solecismos, de anacolutos héticos y de comatosa verborrea (qué le vamos a hacer si el ágrafo de turno no ha dejado una coma con cabeza), son la última oferta de aquel que fue rector y nunca anduvo recto.

Encampanado y doctoral, el garitero del consenso ha distraído la baraja después de limpiar la mesa. Hasta aquí hemos llegado, advirtió el jueves mismo a la modosa oposición, tensando el ademán y engatillando el ceño. Y ésta -que, al igual que Rimbaud, ha perdido la vida «par délicatesse»-, cuando no se acoquina, al menos titubea. «Pero, jopé, si no hemos llegado a nada: el roce hace el cariño, a lo mejor nos entendemos». No sabe, por supuesto, y ahí le duele, que la nada es el terruño existencial de cualquier hegeliano que se precie. La nada, la pura nada, la ausencia de determinación, el vacío perfecto... ¡A Gabilondo le van a amedrentar con naderías siendo primo carnal de Hegel! Primo por molondro, desaborío y primavera. Carnal porque su padre (el de Gabilondo, claro, no el de Hegel) regentaba una carnicería espléndida. O sea, que la carne se hizo verbo y así, por obra y gracia de la dialéctica, nos retrotraemos al comienzo. Hasta el parto del pacto y a la viceversa.

«Parturient montent, nascetur ridiculus mus», sentenció el viejo Horacio después de aprobar un curso de latín sin esfuerzo. Quién le iba a decir que, al cabo de los siglos, en lugar de un ratón, las cordilleras parturientas traerían al mundo a un topo ciego. Porque ceguera intonsa es, a fin de cuentas, suponer que un Gobierno de necios deslenguados, lamerones impúdicos y cómicos de la lengua está dispuesto a preservar el español cuando ha puesto el solar en almoneda. Heraldos del fascismo de la vulgaridad, urracas del espíritu, truchimanes de almas, tratantes de conciencias, se nutren de la idiocia y en la estupidez prosperan. La ignorancia es sumisa, la inopia agradecida, la miseria moral es el tesoro de los déspotas. ¿Qué interés movería a formar hombres a aquellos que siempre han pretendido criar siervos? ¿A santo de qué desempolvar la alta cultura desempeñándose con tanta habilidad en la bajeza?

Dejémoslo estar y sálvese el que pueda. Lo que es un imposible metafísico, una broma ontológica y un chiste hermenéutico es fiar en que don Ángel Gabilondo redimirá a los memos después de haber dado vía libre a párrafos del jaez de este: «Los poderes públicos determinarán, con la participación de la comunidad educativa, las necesidades de escolarización de las distintas zonas, enseñanzas y etapas educativas en el marco de esta programación; y será en el ámbito de este diálogo con los sectores afectados en el que las Administraciones deberán considerar los distintos condicionantes de la oferta educativa: desarrollo demográfico de una zona y demanda de puestos escolares y de enseñanzas».

¿Solución? La gallina. Turuleta e implume, evidentemente.

ABC - Opinión

Libertad Religiosa. Por José maría Marco

El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo posible por destrozar aquellos pactos, que no sirven a su proyecto político y sobre los que pesa la acusación de reaccionarios y mixtificadores.

Se suele decir que la Transición, y con ella los pactos que condujeron a la Constitución de 1978, resolvieron varias de las cuestiones históricas que tenía pendientes nuestro país. Una de ellas era la cuestión religiosa. Con un amplio respaldo político y social, quedaron deslindados entonces los terrenos de lo religioso y lo político, y se instauró una libertad religiosa que hacía normal en la ley lo que era normal en la calle. Desde entonces hemos vivido de esos pactos, que nos han permitido una libertad muy amplia y han permitido que la sociedad española hiciera realidad su vocación de pluralismo, y eso sin demasiados traumas –más bien al revés–, como corresponde a uno de los países más avanzados y por tanto más complejos del mundo.

El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo posible por destrozar aquellos pactos, que no sirven a su proyecto político y sobre los que pesa la acusación de reaccionarios y mixtificadores. Lo ha conseguido del todo en lo que era el eslabón más frágil del edificio constitucional español, como es el Estado de las Autonomías. Lo está intentando con todas sus fuerzas, que son muchas, en los pactos económicos y en los históricos, los que abrieron definitivamente la economía española y nos reconciliaron con nuestro pasado, de tal pasado que no tuviéramos que seguir pensando el presente como una rectificación de la Historia. (Ver Miguel Ángel Quintanilla, El ángulo ciego: contra un pacto para la ruptura, en Cuadernos de Pensamiento Político, nº 26). Es muy probable que ponga también en marcha su trágica máquina de devastación en la cuestión religiosa.

Es más que probable que en este último caso, el de la cuestión religiosa, el Gobierno socialista no vaya a una confrontación directa, en la que tendría demasiado que perder. Resulta más verosímil pensar que el Gobierno seguirá la estrategia que, de hecho, ya ha puesto en marcha hace tiempo. Se trata de enarbolar el necesario pluralismo, del que el Ejecutivo socialista se hace portaestandarte y representante único, para acorralar a la Iglesia católica, principal presa en toda esta maniobra, y forzarla a refugiarse en una posición que aparezca ante la opinión pública como nostálgica del papel que en algunos momentos del pasado jugó la propia Iglesia, nostálgica también de la unanimidad perdida, de una sociedad ajena al pluralismo.

No hay por qué caer en una trampa tan grosera como esta. En España, el catolicismo tiene una presencia pública gigantesca, como corresponde a la historia y a la naturaleza de nuestro país. Que el Gobierno socialista quiera recortar esa presencia en algunos ámbitos de orden político o simbólico –que no son todos los ámbitos públicos, ni mucho menos–, es una cuestión que se puede considerar grave, pero que en última instancia es negociable. (Es posible que el Rey, como jefe del Estado español, heredero y representante de una dinastía católica, tuviera algo que decir en este asunto).

El pluralismo, por otra parte, es un hecho irreversible, y positivo. A veces, por razones casi biográficas, lo relacionamos con una etapa reciente de la vida española, casi con la instauración de la Monarquía parlamentaria o con las consecuencias de la crisis moral de los años sesenta y setenta. Y sin embargo, es un hecho más profundo, que viene de mucho más lejos, y al que la sociedad española, a pesar de las apariencias, a pesar de todo lo que se ha hecho para impedirlo, no ha sido nunca ajena en su historia reciente. Tampoco lo ha sido la Iglesia católica, al menos desde los años sesenta, ni, desde mucho antes, lo ha sido el pensamiento católico. Es posible incluso que los católicos españoles vayan en esto por delante de la jerarquía, hayan asumido con naturalidad una situación en la que se sienten cómodos, y esperen un discurso adecuado a la actual circunstancia. No hay por tanto razón alguna para dejarse encerrar en ese papel tan cómodo para el Gobierno socialista. El Ejecutivo aprovecha una crisis de fondo, de la que se cree protagonista, para adelantar posiciones ideológicas y electorales, pero esta crisis, y el pluralismo actual, también abren oportunidades nuevas para todos.

Libertad Digital - Opinión

Comer y callar. Por M. Martín Ferrand

LUCIANO Varela, el magistrado progresista al que zahieren los progres por no serlo suficientemente, ha expulsado de la causa abierta contra el juez Garzón a uno de sus acusadores: Falange Española y de las JONS.

Hay razones procesales suficientes para ello; pero eso no le quita un ápice de legitimidad a Falange Española -a lo que quede de ella- para personarse allí donde acuerden sus mandos; juzgados, festivales, elecciones o actos públicos. Ya veremos en que termina el triple procedimiento que revisa la conducta de Garzón; pero, de momento, resulta democráticamente inadmisible la descalificación de la acusación de FE contra el juez estrella en razón de su autoría.

Llevado al absurdo, lo que en ocasiones ayuda a recomponer la inteligencia, la diferencia de una dictadura como la franquista y una democracia, aunque sea tan imperfecta como la nuestra, reside en que en las dictaduras no caben los partidos políticos y, por el contrario, en las democracias pueden existir, y hasta disfrutar de subvenciones públicas si alcanzaron el suficiente porcentaje de votos, organizaciones como Falange. Por eso resulta escandaloso que los apasionados defensores de Garzón, muy dueños de serlo, hayan venido descalificando la denuncia falangista no por su contenido, sino por el membrete del papel que la soporta.

Entra todo esto en el ruido, aparentemente provocado e inducido -nada natural-, de las dos Españas enfrentadas entre sí. Algo superado que el zapaterismo ha reverdecido en su propio interés, como máscara y disimulo de su ineficacia. Para quitarle hierro y dolor a tan insensata situación, me permito evocar a Robert Burns, un poeta escocés del XVIII, al que sus paisanos recuerdan únicamente como autor de la letra de una canción -Auld Lang Syne- que, todavía hoy, cantan en las fiestas de despedida. Algo parecido a nuestro «adiós con el corazón, que con el alma no puedo». Burns era un rebelde y acuñó unos versos para bendecir la mesa que molestaron mucho a los calvinistas y, en general, a las gentes de orden de su tiempo. La traigo aquí a manera de bálsamo lenitivo del escozor nacional reinante: «Unos tienen carne y no quieren comerla, / otros, no teniéndola, la quisieran. / Nosotros, que la tenemos y la queremos, / al Señor damos gracias por ella». Es decir, en referencia al abrumador y cansino aire perdonavidas de la izquierda propietaria de la verdad: come y calla.

ABC - Opinión

Merkel: una advertencia que también vale para España

El nivel de vida de los griegos se hundirá porque tendrán que empezar a pagar el derroche pasado de sus políticos. La deuda pública tiene sus consecuencias, no es gratis, y en breve los helenos lo empezarán a comprobar.

Los políticos europeos hacía tiempo que estaban decididos a salvar a Grecia. Después de haber rescatado a sus propios sistemas bancarios, no cabía esperar otro comportamiento de la suspensión de pagos de un socio comunitario que iba a repercutir directamente en las inversiones de sus bancos nacionales. El problema es que la certeza de que un país va a ser rescatado en caso de que quiebre es una llamada a la irresponsabilidad del resto de Estados europeos. Lo mismo sucedía y sucede con los bancos: los fondos de garantía de depósitos incentivan un "riesgo moral" que los lleva a adoptar decisiones irresponsables y muy arriesgadas bajo la perspectiva de que en el futuro papá Estado acudirá con el dinero del contribuyente.

Con tal de aplacar algo esta sensación de impunidad por la que los responsables de cualquier inversión calamitosa no tienen por qué hacerse cargo de sus consecuencias, en ocasiones los políticos tratan de dar una imagen de dureza que no siempre se ve correspondida más tarde por los hechos. El pasado jueves, por ejemplo, Obama anunció un inadecuado plan de reforma del sistema financiero y avisó a los bancos de que a partir de su aprobación ya no se iban a producir más rescates bancarios generalizados. Por supuesto, todo el mundo en Wall Street sabe que el presidente estadounidense iba de farol, porque en caso de que se repitieran acontecimientos como los de 2008 (y el plan elaborado por los demócratas en nada lo impide), Obama haría exactamente lo mismo –o peor– de lo que hizo Bush.

En la zona euro sucedía algo similar. Merkel adoptó una posición muy dura contra la posibilidad de rescatar incondicionadamente a los países que suspendieran pagos: avisó de que podían contar con su auxilio, pero siempre y cuando siguieran un plan serio –y severo– de consolidación fiscal y mejora de la competitividad. Lo que era opinable es si a la hora de la verdad, cuando Grecia realmente estuviera al borde de la quiebra, Merkel mantendría su posición de dureza o se ablandaría para ayudar a los helenos.

No ha sido este último el caso. La canciller alemana ha aceptado las peticiones griegas, pero siempre que corrijan el caos en sus finanzas públicas; objetivo harto complicado después de casi 10 años de un irresponsable despilfarro gubernamental. El ajuste será muy complejo y sufrido, pues con una deuda pública que roza el 120% del PIB, los pagos de intereses pueden absorber prácticamente todo su crecimiento económico nominal. Pensemos que si el tipo de interés medio de su deuda fuera del 5% (el interés prometido por el plan de rescate de la UE-FMI), los pagos en intereses se llevarían para sí todo crecimiento nominal del PIB que fuera inferior al 6%. Una expansión menor de la economía llevaría a que la ratio entre deuda total y PIB no deje de aumentar, volviendo al final impracticable la amortización de todas sus obligaciones.

El panorama es oscuro cuando menos, pues hoy Grecia lejos de crecer, decrece, y la inflación (que podría contribuir a aumentar el crecimiento nominal) ha desaparecido de la escena. Por consiguiente, el país necesitará construir enormes superávits presupuestarios (que pueden ascender al 10% del PIB) partiendo del mayor déficit de la zona del euro (más del 13% del PIB en 2009). Es decir, habrá que reducir salvajemente el gasto público y con mucha probabilidad aumentar en igual medida los impuestos. Al final, pues, el nivel de vida de los griegos se hundirá porque tendrán que empezar a pagar el derroche pasado de sus políticos. La deuda pública tiene sus consecuencias, no es gratis, y en breve los helenos lo empezarán a comprobar, pues la alternativa –la suspensión de pagos– sería aún más dolorosa.

La loable firmeza de Merkel debería mover a la reflexión a Zapatero. Durante los últimos meses se especuló con la posibilidad de que el presidente del Gobierno español estuviera esperando a observar las condiciones del rescate griego –a comprobar si al final los alemanes daban su brazo a torcer– para saber a qué atenerse. Pues ya lo sabe: Merkel no cederá ni un milímetro en sus muy razonables exigencias (¿para qué habría de rescatar a un país que se niega a reconducir su errático rumbo?) y el ajuste que Zapatero se niega a implementar tendrá que producirse, sí o sí. La diferencia está en que cuanto antes tenga lugar, más pronto dejaremos de añadir deuda pública a nuestro balance nacional y menos doloroso será ese cambio. De haber empezado en 2008, nos habríamos ahorrado como unos 120.000 millones de euros. No convendría aguardar a 2011 o 2012, porque entonces puede ser muy tarde.

La primera semana de febrero los mercados ya nos lanzaron una advertencia que la verborrea internacional de Zapatero y Salgado logró calmar. En julio toca refinanciar alrededor de 25.000 millones de deuda pública. Veremos qué opinan los inversores internacionales entonces. Convendría haber llegado con unos deberes bien hechos a esa crítica fecha, pero el Gobierno, como los malos estudiantes, sigue dejándolo todo para el próximo curso.

Libertad Digital - Editorial

Cuando las barbas de tu vecino...

GRECIA ha solicitado formalmente a la Unión Europea que haga efectiva la ayuda prometida.

Después de varios intentos fallidos de calmar a sus acreedores con declaraciones retóricas, necesita ahora dinero contante y sonante. Necesita tiempo para no tener que acudir al mercado -próximamente vencen 23.000 millones de euros- y poner en marcha un programa creíble de ajuste fiscal que impondrá nuevos sacrificios. Hay dudas razonables sobre si la sociedad está preparada para ello. Existe también el peligro real de que si los acreedores se salen con la suya -no olvidemos que la última colocación de deuda pública se ha hecho por encima del diez por ciento- se vuelquen sobre su próxima presa. Portugal y España son los más firmes candidatos. No es catastrofismo ni antipatriotismo, sino puro realismo.

No hay una entidad financiera sensata que no esté preparando planes de contingencia. España necesita un shock de credibilidad que despeje cualquier incógnita sobre la capacidad de las finanzas públicas de hacer frente a sus compromisos externos. Y sobre la voluntad del Gobierno de tomar las medidas necesarias. El plan de estabilidad presentado hace pocas semanas a Bruselas, y vendido con gran espectáculo, es ya hoy papel mojado. De las medidas anunciadas sólo queda en pie la subida del IVA, probablemente la más inconveniente.

El retraso de la edad de jubilación y el aumento del período de cómputo en el cálculo de las pensiones duermen en el seno de la Comisión para la reforma del Pacto de Toledo; la reforma laboral sigue empantanada porque el Ejecutivo no se atreve a retirar el derecho de veto a los sindicatos; el presidente se dedica a restarle importancia y urgencia y los distintos Ministerios barajan borradores como si de una tesis doctoral se tratase; la reducción de gasto público, lejos de concretarse, es desmentida a diario con anuncios de nuevas subvenciones y nuevos proyectos de gasto no incluidos en los Presupuestos. Además, las hipótesis de crecimiento y empleo sobre las que se calculaban las necesidades de ajuste, y los tipos de interés a los que España podía esperar financiar su deuda, si eran entonces excesivamente optimistas hoy son sencillamente irresponsables. La capitulación de Grecia es un ejemplo de lo que les espera a los países que siguen instalados en la ficción de que lo peor ha pasado ya y la recuperación es sólo cuestión de tiempo. Es cierto: nuestra situación es mejor que la griega, pero en lugar de aprender de la desgracia ajena, estamos cometiendo algunos de los errores que la han llevado al borde de la quiebra.

ABC - Editorial

Descomposición total. Por Agapito Maestre

No menos chocante es que la campaña antifranquista de los hijos del franquismo (sic), dura, cruel y zarrapastrosa "ideología" de los socialistas en el Gobierno, apenas roce a Samaranch a pesar de su pasado fascista, falangista y franquista.

No hay política democrática en España. Todo es ideología. Prueba mayor de la descomposición total que vivimos es el aquelarre "político" montado en torno a la muerte de Samaranch. No niego la figura de este hombre público, pero creo que es exagerado y, naturalmente, ideológico el tratamiento que el poder político ha hecho de su muerte. Por ejemplo, resulta extraño, e incluso me llena de perplejidad, que el Rey pasara del entierro de Miguel Delibes, pero se haya entregado en cuerpo y alma a cantar las loas de Samaranch en el COI, según dicta el canon socialista. No menos chocante es que la campaña antifranquista de los hijos del franquismo (sic), dura, cruel y zarrapastrosa "ideología" de los socialistas en el Gobierno, apenas roce al muerto a pesar de su pasado fascista, falangista y franquista.

Tiendo, pues, a pensar que el trato dado por el poder político y, por supuesto, por los poderosos medios de comunicación a la muerte de Samaranch, que en cualquier país normal no pasaría de un serio y merecido obituario, dice mucho de la situación por la que pasa España. Las honras fúnebres que los socialistas y nacionalistas dedican a Samaranch, el bochornoso espectáculo de apoyo de los socialistas y nacionalistas contra el procesamiento a Garzón, la campaña socialista a favor del pañuelo de la niña musulmana y otros tantos sucesos son buenas excusas para ocultar lo real: el paro y la crisis económica, la ruptura del Estado-nacional y las altas tasas de fracaso escolar, el "bi-polio" de los partidos que tienen blindado el sistema electoral, millones de españoles que no saben bien su lengua, desigualdades reales y legales entre todos los españoles, etcétera.

Nada de esa cruel realidad parece preocuparle al Gobierno. Pasa de lo real para instalarse, como hicieran los políticos socialistas de la Segunda República, en el ámbito ideológico. El engaño es todo para mantenerse en el poder. Cuanto más se fragmenten la nación y el Estado, elucubra Zapatero, mejor le irá al PSOE y a los nacionalistas. La relectura cainita del pasado y el rencor con el que se dibuja el inmediato futuro son las dos máquinas para mantenerse en el presente. ¿Y enfrente que hay? Poco. Quizá un par de medios de comunicación lo intenten, pero, lo real, es que la discusión pública no tiene lugar en la vida nacional, entre otros motivos porque la nación está destruida.

En efecto, podemos tener mucha fe en el poder intelectual, o mejor, en los medios propios de la vida intelectual, por ejemplo, la crítica, la comunicación pública, la argumentación, la investigación, etcétera, pero nada de eso, reitero, tiene lugar en el espacio público. Y si no existe una vida pública normal en el ámbito intelectual, entonces no vale para nada tener una idea imaginativa, una solución técnica contra la crisis económica o, sencillamente, exhibir el poderío público de un buen argumento. En otras palabras, podemos seguir trabajando por un público vivo, exigente, despierto, pero reconozcamos lo obvio: no se crea opinión pública. La mayoría de los medios de comunicación, incluidas las tertulias políticas radiofónicas o televisivas, lejos de crear una comunicación política sana, están al servicio del Gobierno.

Libertad Digital - Opinión

Catalán, español, universal. Por José maría Carrascal

ESO de que hablen bien de uno tanto la derecha como la izquierda es tan extraño en la España de nuestros días que resulta casi sospechoso. Si además, se ha alcanzado relieve mundial, al frente de una de las organizaciones que más multitudes y dinero mueve, el comentario se hace obligatorio.

Juan Antonio Samaranch personifica la Transición española como pocos, no porque la protagonizase, sino por haberla personalizado. Sirvió con igual entrega y eficacia al franquismo y a la democracia, a Cataluña, a España y a la comunidad internacional. Era el más español de los catalanes y el más catalán de los españoles. Nunca se dejó llevar por las ideologías, siempre se guió por los intereses, procurando que todos salieran beneficiados. Era, en fin, un pragmático y como tal, sabía que lo perfecto no existe en este mundo, por lo que se impone encontrar el compromiso entre las distintas opciones. Todo ello lo hizo dentro de la más absoluta normalidad tanto en su persona como en sus actos, algo raro entre nosotros, que tendemos a los extremos, a la búsqueda del ideal, en lo que gastamos la mayor parte de nuestro tiempo y energías. Y a quien me diga que los catalanes no son así, le apuntaré a su actual clase política, empeñada en alcanzar un ideal que sólo existe en su cabeza. Consiguiendo que Cataluña pierda puestos sin avanzar hacia su objetivo, como está ocurriendo con el nuevo estatuto. Nos hubiera gustado saber qué opinaba Samaranch sobre él, pero no lo expresó, posiblemente por considerarlo ocioso y, puede, perjudicial.

Su cualidad más destacada, y a la vez más misteriosa al tratarse de un instinto que va con la persona y nada tiene que ver con la cuna o formación, fue haber sabido en cada momento hacia dónde tiraba la historia. Algo que no es simple oportunismo, sino saber montarse en la ola, como el surfista en su tabla, para aprovechar su fuerza y dirección, hasta llegar al lugar apetecido o al menos el más próximo. No buscando el poder por el poder, sino utilizándolo para encauzar la historia, en vez de oponerse a ella. Parece muy fácil, pero sólo los elegidos lo consiguen, por ese olfato especial para adivinar el futuro, que a veces marcha en sentido contrario a lo que anuncian los titulares de los periódicos.

Samaranch se dio cuenta muy pronto de que el deporte iba a ser uno de los protagonistas del mundo del futuro. Y no sólo el fútbol, sino todos los deportes, incluidos los más humildes, como el hockey sobre patines, a cuyo frente consiguió para Cataluña y España honores que nunca habían conseguido. Ello le valió ser concejal de Deportes de Barcelona y, luego, delegado nacional de Educación Física y Deportes, plataforma que le abriría la puerta de la política. Pero ya en ella surge otra de sus intuiciones: la política que él vivió, tanto la española como la mundial, la política de la confrontación y de los bloques, no era la política del futuro, sino del pasado. El mundo pedía coexistencia, no guerras frías ni calientes. Las únicas guerras que deseaba era en las pistas y los estadios. Su carrera deportiva le abre las puertas de la embajada española en Moscú y la estancia en Moscú le abriría las puertas de la presidencia del Comité Olímpico Internacional, al haber muy pocos hombres que contasen con la confianza de soviéticos y norteamericanos.

Al frente del COI, Samaranch volvió a mostrar su pragmatismo: el viejo ideal olímpico no se sostenía. Era absurdo mantener la división entre atletas profesionales y aficionados, cuando en el Este eran funcionarios del Estado, y en el Oeste, empleados de las grandes marcas deportivas. Ello trajo a las Olimpiadas a las grandes figuras del deporte, al tiempo que las convertía en los mayores acontecimientos deportivos, en una maquina de hacer dinero y en una muestra de la pujanza de un país, por lo que todos se las disputaban.

Algunos se lo han criticado. Pero dio a Barcelona más de lo que Barcelona le dio a él, y quiso dárselo a Madrid, sin conseguirlo, al estar ya en su ocaso. Pero dio a la España democrática más relieve que ninguna otra personalidad -aparte del Rey,como demuestra el obituario a toda página que le dedica el New York Times. A los españoles sólo nos queda la duda de si con él se va el último espíritu de la -imperfecta, pero única posible- Transición.

ABC - Opinión

La proclama golpista de Mas. Por Guillermo Dupuy

Exigír a los miembros del Constitucional que se "auto declararen incompetentes para juzgar la constitucionalidad" del estatuto es, lisa y llanamente, golpismo y una incitación a que los magistrados perpetren un delito de prevaricación.

Ignoro en su literalidad cuáles han sido las declaraciones que el dirigente de CiU, Artur Mas, ha hecho este jueves a Antena 3, pero las que pronunció el miércoles por la noche en el programa de TVE 59 segundos, y en las que exigía a los miembros del Tribunal Constitucional que se "auto declararen incompetentes para juzgar la constitucionalidad" del nuevo estatuto catalán son, lisa y llanamente, una proclama golpista contra nuestro Estado de Derecho y una abierta incitación a que los magistrados perpetren un delito de prevaricación.

Si repugnantes han fueron las numerosas presiones al Tribunal Constitucional para que, más que en nuestra Ley de Leyes, se fije en el respaldo que "el pueblo catalán" ha dado al estatuto soberanista –refrendado en realidad, dicho sea de paso, sólo por una tercera parte de los ciudadanos catalanes con derecho a voto–, lo que ya resulta de juzgado de guardia es que un dirigente público incite abiertamente, y desde una televisión pública, a los magistrados del Constitucional para que dicten a sabiendas una resolución clamorosamente injusta, tal y como sería su delirante autodeclaración de incompetencia, en términos de legitimidad y legalidad, para hacer aquello que la Constitución precisamente les ha encomendado.

El dirigente de CiU argumenta su exigencia arremetiendo también contra esa institución básica de cualquier Estado democrático y de Derecho como es la división de poderes, y que Mas denigra como "choque de legitimidades entre los votantes y un tribunal". El golpe de Mas contra nuestro Estado de Derecho, aunque se enfunde de seda, es de tal dureza que de él saldría liquidado, no ya el Tribunal sino la propia Constitución. Y es que si aceptamos que basta que cualquier mayoría transitoria –incluida la que de forma tan ridícula refrendó el estatuto de marras– apruebe cualquier cosa, por inconstitucional que sea, para que sea definitivamente aceptada, ya me dirán ustedes para qué sirve en este asunto, no ya el Tribunal, sino la propia Constitución.

El Tribunal Constitucional no es que pueda juzgar normas aprobadas por refrendo popular, es que, desactivado el recurso previo de inconstitucionalidad, los únicos estatutos cuya constitucionalidad puede juzgar son precisamente aquellos que han sido aprobados por mayoría en refrendo popular. Y esto es así por la sencilla razón de que si no cuentan con ese apoyo no llegarían a ser aprobados y, por tanto ya no sería necesario que el Tribunal se pronunciara sobre ellos.

Si de verdad Mas no quisiera que el Tribunal Constitucional tuviera que juzgar ningún estatuto ya respaldado por referéndum, lo podría haber hecho legítimamente reclamando algo que jamás ha hecho en este asunto, como es el uso del recurso previo de inconstitucionalidad. Pero lo que hace Mas no es eso sino denigrar el equilibrio de poderes inherente a todo sistema democrático como si de un indebido choque de legitimidades se tratara. De esta forma Mas hace suya, "suaviter in modo", una concepción del derecho político y de la democracia propia del nacional-socialismo.

Esperanza Aguirre dijo en su día, con lúcida ironía británica, que cuestionar la competencia del Tribunal Constitucional para juzgar las leyes era "una idea original, pero antijurídica". Dar el paso, como ha hecho Mas, de exigir a los propios magistrados del Tribunal que sean ellos los que pronuncien en sentencia semejante afrenta contra nuestro ordenamiento jurídico y contra sus propias competencias, no es otra cosa que incitarlos a la prevaricación.

Libertad Digital - Opinión