Tiempo de sacrificios

La factura de la crisis sólo se puede pagar con austeridad y control de gastos, reformas estructurales y una revisión del concepto de bienestar social y de seguridad en el empleo.

EL debate sobre quiénes deben pagar los platos rotos de la crisis ha velado problemas de fondo en la estructuración de las sociedades europeas, acomodadas en la convicción de que cada vez se podía vivir mejor sin necesidad de aportaciones nuevas y más esforzadas al crecimiento económico y a la situación fiscal de los Estados. Es evidente que la crisis financiera tiene causas principales en ciertas prácticas especulativas y en la voracidad de los mercados, con la colaboración imprescindible de la ineficacia de unos sistemas estatales de prevención y control, que ni previnieron ni controlaron los acontecimientos que están arruinando a media Europa. Incluso los peores escenarios simulados para las pruebas de estrés bancario, que ayer se dieron a conocer, están por debajo de los actuales niveles de presión sobre las deudas soberanas. Pero nunca hay crisis que pueda descartarse de antemano. Cuestión distinta es su gravedad o sus causas.

Por eso, superado esta implosión fiscal de los países ricos, dentro de varias décadas vendrá otra, y se cumplirá el carácter cíclico de los tiempos de bonanza y de depresión. Lo que importa es aprender la lección de que no se puede organizar la vida de una sociedad y de sus generaciones venideras como si el tiempo de bonanza fuera eterno. Esto ha sucedido en Europa y, por supuesto, en España, con la consecuencia de que la factura de la crisis sólo se puede pagar con austeridad y control de gastos, reformas estructurales y una revisión del concepto de bienestar social y de seguridad en el empleo. Italia ha implantado una serie de medidas drásticas para ahorrar y convencer a los mercados de su solvencia. Serán medidas discutibles en todo o en parte, pero no se habrían tomado si en Europa no empezara a haber conciencia de que la viabilidad del Estado de bienestar exige su revisión.

La cuestión ya no es si se debe o no abordar el fin del «gratis total» en determinados servicios, sino cómo sustituirlo por otro que combine la generalidad de su prestación con un cuota de financiación a cargo del ciudadano. Qué cuota y qué ciudadanos son las variables que deben despejarse. Seguir como hasta ahora no es posible. Estamos en un tiempo de sacrificios, que exigirá renuncias para iniciar una recuperación que permita llegar a niveles de bienestar que ya no serán como los anteriores a 2007, pero serán los únicos a disposición de unos Estados endeudados a largo plazo y de unas sociedades inevitablemente mucho menos ricas.

ABC - Editorial

¿A qué?. Por Alfonso Ussía

Después de conocer el procesamiento de la cúpula policial de Pérez Rubalcaba por colaboración con banda armada, me asalta una pregunta: ¿a qué presenta don Alfredo su candidatura? ¿A la presidencia del Gobierno o a la trena? Un procesado no es culpable hasta que se demuestra su delito y es condenado, pero el juez Ruz ha reunido en el auto una docena de indicios más que preocupantes por su gravedad. Preocupantes para los procesados, para los superiores de los procesados –Rubalcaba y Camacho–, para el PSOE y para todos los españoles. Entiendo que el auto de procesamiento del juez Ruz puede resultar inoportuno para los socialistas. De golpe, se han quedado sin candidato. Rubalcaba no puede optar a nada. Se tiene que ir. Y Camacho con él. La gravedad, la vileza de los presumibles delitos que se imputan al ex director de la Policía García Hidalgo, el jefe Superior de la Policía en el País Vasco, Pamies, y al inspector Ballesteros obligan a Rubalcaba y Camacho a separarse de la política y la acción pública para siempre.

No es imaginable que tres altos cargos policiales hayan colaborado con la ETA por su cuenta. No es imaginable que tres miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado protagonicen semejante traición sin el apoyo de sus superiores. El caso «GAL» nada tiene que ver con el caso «Faisán». También se movía Rubalcaba por ahí. En el «GAL» hubo un ministro que terminó en la cárcel con sobrada gallardía para asumir la responsabilidad y no implicar al entonces Presidente del Gobierno. El «GAL» fue terrorismo de Estado, pero contó con la benevolencia de la mayoría de una sociedad que estaba harta del terrorismo etarra. El Estado mató a asesinos, se equivocó con otros y los fondos reservados enriquecieron a unos cuantos. Eso, el enriquecimiento súbito de algunos de sus principales actores es lo que más escandalizó a los españoles. Barrionuevo no se metió ni una peseta en el bolsillo. El caso «Faisán» representa lo contrario. La Policía avisa a los terroristas para que se pongan a salvo a cambio de una negociación política con la banda impulsada por el Gobierno. La Policía colabora con los asesinos, con los delincuentes, con los terroristas. Semejante podredumbre, tan inmunda porquería, se expande desde el Ministerio del Interior. Rubalcaba y Camacho no pueden permanecer ni un minuto más, por decencia, por ética y estética ni en la candidatura a la presidencia del Gobierno el primero, ni en el Ministerio del Interior el segundo. Si estaban al tanto de los hechos, porque completarían el grupo de los presumibles delincuentes. Si ignoraban las presuntas actividades de sus subordinados, por incompetentes, ineficaces e inútiles. La incompetencia, la ineficacia y la inutilidad no se contemplan como actos delictivos en el Código Penal. Es la mejor salida que pueden encontrar en el laberinto de su situación.

El auto del juez Ruz aniquila, sin mencionarlos, a Zapatero, a Rubalcaba y a Camacho. No es figurable tamaña tropelía ni traición tan deleznable. Si en el juicio se demuestra que tres altos cargos de nuestra Policía han colaborado, cumpliendo órdenes superiores, con la banda terrorista ETA, ni Zapatero ni Rubalcaba ni Camacho van a irse de rositas. La legalización de Bildu es el precio del silencio etarra. Pero ya no es fundamental ese silencio. La Guardia Civil, la Policía y la Justicia han encontrado su voz. Lo siento por los planes socialistas, pero tienen que buscarse otro Alfredo, o una Carmen o un José. El actual ya no sirve.

La Razón - Opinión

Exigencias democráticas

La democracia se asienta en principios de exigencia para los representantes de la soberanía nacional. Los gobernantes, los políticos, están obligados a rendir cuentas de su gestión pública. Buena parte del descrédito actual de nuestra clase política ante la ciudadanía parte precisamente de haber desvirtuado hasta difuminarlo el precepto de la responsabilidad y la ejemplaridad. El «caso Faisán» ha sido la última prueba de ello. El procesamiento de tres antiguos alto mandos policiales del Ministerio del Interior que dirigían Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho –por su presunta participación en el chivatazo a ETA que evitó la caída del aparato de extorsión de la banda terrorista en 2006– constituye, sin duda, uno de los episodios más graves de la historia de la democracia. En estas páginas pedimos ayer que el ex vicepresidente y ex ministro del Interior abandonara su actitud esquiva de estos años y diera las explicaciones públicas después de la decisión del juez Pablo Ruz. Sin embargo, Pérez Rubalcaba apostó ayer por parapetarse tras un discurso insuficiente. Aseguró que si no hubiera sido ministro «no se habría producido tal escándalo político» y precisó que no tiene nada que «esconder» ni de lo que «arrepentirse». El Gobierno habló incluso de un asunto alentado por el miedo del PP al candidato Rubalcaba.

Habría sido mejor el silencio. Abordar la presunta colaboración con ETA desde el Ministerio del Interior como algo casi anecdótico que habría pasado inadvertido si no afectara al ex vicepresidente es un despropósito impropio de una personalidad política como la de Rubalcaba. Sus probados recursos para la distracción no sirven cuando existe un auto judicial con al menos doce indicios concluyentes de actividades con responsabilidad criminal por parte de sus inmediatos subordinados. Hasta los sindicatos policiales han coincidido en que resulta imposible que los mandos implicados abordaran una operación así sin una orden explícita de sus superiores. En cuanto al «temor» del PP al candidato del PSOE, entendemos que un Ejecutivo serio debería ser capaz de dar una réplica más airosa.

El PSOE y el Gobierno intentaron también desacreditar el trabajo del juez Ruz. El propio Rubalcaba habló de una instrucción judicial con «fallos jurídicos» y otros ministros lo describieron como un auto repleto de «especulaciones». La estrategia de desprestigiar la labor de los magistrados ha sido habitual en los socialistas en otros tiempos de dificultades con la Justicia, pero no dejan de ser manotazos cuando en democracia se requieren respuestas.

La ofensiva parlamentaria del Grupo Popular por el «Faisán», con preguntas y una interpelación, está más que justificada y responde a una necesidad política de conocer la verdad sobre la implicación del Ministerio del Interior. Insistimos en que Pérez Rubalcaba y el Gobierno tienen el deber político y moral de responder y aclarar todas las circunstancias del chivatazo a ETA en el contexto de la negociación con la banda. No podrán mirar para otra parte indefinidamente. La democracia requiere ejemplaridad y más aún en quien pretende pedir su confianza a los españoles en unos meses.

La Razón - Editorial

Rubalcaba. El caso Faisán y la reacción del PP. Por Agapito Maestre

¿Quedará todo el caso Faisán en una operación de desgaste electoral del PSOE o se llevará hasta sus últimas consecuencias la posible colaboración del gobierno socialista con una banda armada? Sospecho lo peor.

El caso Faisán es de tal gravedad que incluso la reacción del PP me parece tibia. Eso me lleva a preguntar: ¿quedará todo el caso Faisán en una operación de desgaste electoral del PSOE o se llevará hasta sus últimas consecuencias la posible colaboración del gobierno socialista con una banda armada? Sospecho lo peor. El "sistema" político, o mejor, la casta política no llegará hasta el final, más aún creo que será tapada la indignidad de Zapatero de haber negociado y, sobre todo, colaborado con los terroristas para que no sean apresados. Mis dudas vienen no sólo del PSOE sino del PP. En efecto, si el auto del juez Pablo Ruz contra la cúpula del ministerio del Interior es tal y como desentraña el editorial de ayer de El Mundo, entonces no entiendo por qué el PP ha actuado con tanta displicencia en el Congreso de los Diputados a la hora de arrinconar al antiguo ministro del Interior e incluso al propio presidente del Gobierno.

Lo instruido ahora por este juez y vislumbrando, durante casi tres años, por un sector del PP, especialmente representado por el señor Gil Lázaro en el Parlamento, no es sino la indigna consecuencia de una política de negociación del gobierno de Zapatero con la banda criminal ETA. Si la cosa es tan evidente, y así lo explica y expresa brillantemente el editorial de El Mundo, estamos ante un caso de flagrante colaboración del gobierno con una banda armada. Pero, a pesar de ser tan grave la acusación, la reacción del PP, aunque retóricamente seria y responsable, no deja de ser un tanto tímida: sólo actuará, según su portavoz Esteban González Pons, en el Parlamento. Eso es poco.

Naturalmente, si desconfío de la reacción del PP, es porque, en mi opinión, llueve sobre mojado; aparte de que el PP no ha actuado con la suficiente contundencia en las preguntas formuladas a Rubalcaba en el Congreso de los Diputados, pues que, a veces, parecía que se trataba de una cuestión casi personal entre el señor Gil Lázaro, diputado del PP, y el antiguo ministro Rubalcaba, ahora, cuando el juez Pablo Ruz ha procesado a tres altos cargos de Interior, el PP dice que no hará otra cosa que acciones parlamentarias. Eso no sólo es poco sin raro. Rarísimo. Un partido político de la entidad del PP, que posiblemente gobernará en la próxima legislatura, ya tenía que haber hecho algo más para desgastar al PSOE y su candidato. El señor Rajoy tendría que haber salido ya a la palestra para pedir responsabilidades y dimisiones a Zapatero.

Múltiples son las acciones que pudiera hacer el PP para mostrar la gravedad de esta situación. He aquí dos inmediatas: en primer lugar, debería haber puesto en cuestión toda la política antiterrorista del Gobierno retirándole el apoyo al gobierno socialista del País Vasco. En segundo lugar, el PP ya tendría que haberse querellado con el juez que tuvo paralizada la investigación del caso Faisán durante más tres años. Hay algo en el caso Faisán que, a pesar de la instrucción "perfecta" del juez Pablo Ruz, no veo con claridad. Hay algo rugoso que no consigo alisar. Ese algo, en mi opinión, le impide al PP tirarse al ruedo y tratar de torear con valentía. En fin, quizá esa dificultad tenga que ver con la propia instrucción de Ruz, por ejemplo, ¿imagínese que uno de los procesados, pensemos en el señor Ballesteros, no fuera el responsable de las llamadas registradas con el resto de procesados? ¿La sustitución de un nombre por otro podría cargarse toda la argumentación de la instrucción para todos los procesados?

El caso Faisán no es tan plano como parece.

Libertad Digital - Opinión

El rapto de la justicia. Por José María Carrascal

Hemos puesto la Justicia en manos de los políticos. Eso es pegarse un tiro, no en el pie, sino en la cabeza

Si en España hubiera cincuenta jueces como don Pablo Ruz, se arreglarían todos sus problemas. ¿Todos? Sí, todos, pues nuestro problema de fondo es que nos hemos cargado el tercer puntal de la democracia, el poder judicial, así anda el pobre, cojitranco y desvaído. El secuestro de la Justicia por parte de los partidos políticos no sólo impide a ésta cumplir sus funciones —ahí tienen a sus órganos rectores sin renovar—, sino también contribuye al deterioro gradual de todas las instituciones del Estado y a la corrupción en todos sus rincones, al ser la Justicia la garante de la igualdad, libertad y prosperidad de la vida ciudadana. Como he dicho más de una vez en estas columnas, un país puede vivir sin gobierno, sin cámaras, sin medios de comunicación, pero no puede vivir sin justicia independiente. Mejor dicho, puede vivir, pero en degradación continua, que termina impidiendo el desarrollo normal y la convivencia civilizada. Si queremos entender por qué no somos capaces de salir de la crisis, de acabar con el terrorismo, de unirnos a los países punteros y de confiar en el futuro, no debemos buscar fuera ni lejos. Nos basta pensar que hemos puesto la Justicia en manos de los políticos. Eso es pegarse un tiro, no en el pie, sino en la cabeza.

Y ahora, déjenme explicarles qué entiendo por juez Ruz. Pues un juez a secas, sin adjetivos, que no se siente progresista ni conservador. Un juez cuya única ideología es el código que tiene que aplicar, que no contempla otro papel en la sociedad que el que le asigna su cargo. Un juez que no se deja influir por nada ni por nadie, incluidas sus propias tendencias o prejuicios. Un juez, en fin, sin otra agenda, ambición o guía que hacer cumplir la ley. Con cincuenta jueces de este estilo, los políticos españoles sabrían que tendrían que dar cuenta de lo que hacen, los poderosos sabrían que nadie les salvaría de sus desmanes y los españoles sabríamos que las leyes están para cumplirse. Pues el principal, el último problema de España es que no se cumple la ley siempre que se puede, y a menudo, cuando no se puede. Nada de extraño el atasco en nuestros juzgados y el poco interés en desatascarlos. Así no hay forma de avanzar, así no vamos a ninguna parte. Mejor dicho, vamos adonde Grecia.

Déjenme decir, por último, que estoy seguro de que en España hay bastantes más de cincuenta jueces como don Pablo Ruz, pero que por una causa u otra, no han tenido ocasión de advertir a los poderosos de que la ley es igual para todos y de que no hay excusa alguna para no cumplirla, incluidos los llamados «intereses superiores». Nada es superior a la ley. Espero tan sólo que el ejemplo de este juez que quiere ser juez, sólo juez y nada más que juez, les anime a seguir su senda, la más excelsa y crucial en una democracia.

ABC - Opinión

Caso Faisán. Indicios especulativos. Por Emilio Campmany

Un indicio basado en la especulación no es un indicio, es una sospecha. Probablemente, lo que Jáuregui quería decir es que el auto se basa más en especulaciones que en indicios, pero ya cansa tener que estar constantemente adivinándoles los pensamientos.

Caray con nuestros socialistas. Son inefables, inenarrables, inaprensibles, incomprensibles, y algunos, sólo algunos, intocables. Zapatero llama a Raúl del Pozo, que debe ser ya el único que se le pone al teléfono, para decirle, casi para jurarle, que agotará la legislatura. Y ya ni el bueno de Raúl le cree.

Rubalcaba va y dice con fatuidad que "si existe hoy más que nunca [el caso Faisán] es porque yo soy candidato". Nos ha "merengao". Y Ruz es un fascista por no haber condenado el régimen de Franco. El caso Faisán existe desde mucho antes de que Freddy fuera candidato y, si tiene relevancia política, es porque lo salpica directamente a él, que aspira a ser presidente del Gobierno, y al actual ministro del Interior, por no hablar de que Víctor García Hidalgo, procesado en el auto, sigue siendo secretario de organización del PSE en Álava. Hoy la resolución judicial no ocuparía titulares de primera página si Freddy, Camacho y García Hidalgo estuvieran dedicados al cultivo del viñedo o a la práctica del windsurf. Y este sujeto se proclama como la gran esperanza roja. Apañados van.

A otro socialista, un senador menos conocido, lo detienen en Madrid de madrugada tras graves alteraciones del orden en una sauna por haberle faltado a un policía, que habrá que preguntarle a Alfonso Ussía si tan edificante conducta se corresponde con la fase "tuteo a la autoridad" o a la más avanzada "insulto al clero".

Como esto es poco, va Jáuregui y decide aparecerse a los pobres estudiantes matriculados en la Escuela de Verano de la Universidad Católica de Ávila, que me pregunto yo qué pecado habrán podido cometer allí para merecer semejante castigo. Y como es inaudito e insólito, amén de imposible y que no puede ser, que un socialista se siente en el banquillo, dice que el auto del juez Ruz es disparatado. ¿Y por qué es disparatado? Pues porque "es una suma de indicios más bien especulativos", o sea, indicios apoyados en especulaciones. Qué bonito oxímoron. Porque un indicio basado en la especulación no es un indicio, es una sospecha. Probablemente, lo que Jáuregui quería decir es que el auto se basa más en especulaciones que en indicios, pero ya cansa tener que estar constantemente adivinándoles los pensamientos y traduciéndoles las declaraciones.

Menos mal que Antonio Camacho nos ha hecho la caridad de no decir nada. Será porque es fiscal y sabe que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. O será porque se lo ha aconsejado su abogado. De momento, el auto de procesamiento del caso Faisán ha demostrado, a las pocas horas, cuán grande ha sido el error de nombrar ministro del Interior al único socialista que, junto al ministro saliente, corre serio peligro de verse empitonado por el caso. No lo hacen peor porque no entrenan.

Y esto, en tan sólo veinticuatro horas. Si tenemos que llegar así hasta marzo lo que van a terminar siendo es inaguantables.

Libertad Digital - Opinión

Déficit autonómico. Cospedal eleva el perfil bajo de Rajoy. Por Guillermo Dupuy

No hay peor señal para los mercados que la sospecha de que el Gobierno y las autonomías llegan a una componenda para rebajar artificialmente la gravedad del problema del déficit. Como bien dice Cospedal: "Lo que no aguantan los mercados son las mentiras".

Menos mal que Cospedal ha hecho público el informe sobre el estado de las cuentas públicas en Castilla-.La Mancha, que revela que el importe de las facturas sin pagar asciende a 1.742 millones de euros; es decir, casi el triple de lo declarado por Barreda en el proceso de traspaso de poderes. Y digo "menos mal", porque, según publicó El Mundo el pasado 9 de junio, la ministra Salgado habría logrado de Rajoy el compromiso de no hablar de "déficit ocultos", de "rebajar la crítica" a los excesos autonómicos y de no avalar declaraciones que pudiesen "crear alarma en los mercados".

Algunos dirán que lo que revela la denuncia de Cospedal es la falsedad de ese supuesto compromiso del líder de la oposición con la ministra de Hacienda; pero lo cierto es que nadie desmintió en su momento la noticia y que Rajoy ha seguido manteniendo un perfil bajo respecto al decisivo asunto del déficit y endeudamiento autonómicos, tanto oficial como oculto. Rajoy es tan capaz de eso como de no pedir –ni siquiera ahora– dimisión alguna por el caso Faisán. Y eso que la crisis económica parece que es lo único que le importa.

Pues bien: entender que uno de los mayores –si no el principal– problema económico de nuestro país es que las administraciones públicas, en general, y las autonómicas, muy en particular, son incapaces de ajustar sus gastos a sus ingresos es vital para generar confianza. Y no hay peor señal para los mercados que la sospecha de que el partido gobernante y el principal de la oposición llegan a una componenda para rebajar artificialmente la gravedad del problema. Como bien ha dicho Cospedal: "lo que no aguantan los mercados son las mentiras". Esperemos que sea ese respeto a la verdad, y no el incumplimiento de Salgado a transferir recursos extra para tapar el agujero heredado, lo que haya llevado a Cospedal a levantar la liebre.

En cualquier caso, el supuesto "Acuerdo entre PSOE y PP para bajar la tensión en el debate del déficit de las autonomías" lejos de ser un acto de "prudencia" o de "sentido de Estado", es un monumental acto de irresponsabilidad por parte de una clase política que todavía no acaba de entender que tiene que apretarse el cinturón y que tiene que hacerlo, además, de manera radical. Aunque Rajoy se haya comprometido con inconcretos "techos de gasto", no debe haber más "techo" de gasto que el que procuren los ingresos. Pero antes de hablar de techos, conviene mirar debajo de las alfombras.

Libertad Digital - Opinión

El pajarito. Por Ignacio Camacho

El caso Faisán estorba los tiempos de Rubalcaba y le impide abrirse huecos para su proyecto de candidatura

Rubalcaba llegó a los GAL tarde y con las manos limpias, aunque se las manchó enfangándose como portavoz en defensa de un Gobierno cercado por las evidencias. El caso Faisán, sin embargo, le alcanza en sus responsabilidades políticas porque por poco tiempo que llevase en el Ministerio del Interior fue un delito que ocurrió bajo su guardia. La existencia del chivatazo es palmaria más allá de la delimitación de culpas penales, y la época en que sucedió —en pleno proceso de negociación con ETA, objetivo central de la primera legislatura de Zapatero— avala la sospecha racional de que obedeció a un criterio político. El mismo con el que el presidente minimizaba el atentado —«accidente»— de Barajas o revestía de melifluas intenciones pacifistas a los batasunos. Las rectificaciones posteriores honran a sus autores en la misma medida en que demuestran lo equivocados que estaban cuando adoptaron el camino opuesto.

En sentido estricto, el procesamiento de la antigua cúpula policial añade poco a un debate político centrado en el hecho esencial, conocido hace tiempo pero nunca explicado satisfactoriamente, de que la detención de una trama etarra fue desbaratada por un soplo difícil de entender sin el conocimiento, la aquiescencia o la orden de superior instancia. Lo que sí hace el auto judicial es marcar los tiempos de un modo incómodo para el ahora candidato socialista y su sucesor en el Ministerio, al que el juez Ruz ha enviado un fastidioso regalo de bienvenida. Rubalcaba no encuentra el modo de abrirse a sí mismo huecos para proponer un proyecto de candidatura; haga lo que haga termina hallándose frente a la incómoda sombra del escándalo, sometido a la petición de explicaciones y perseguido por preguntas impertinentes a las que no ofrece respuestas. Su única línea de defensa consiste en exaltar el trabajo policial contra ETA, que precisamente es lo que la ignominiosa delación puso en solfa. En todo caso, los éxitos antiterroristas han tenido lugar cuando las Fuerzas de Seguridad han hecho lo contrario que en el bar de Irún: atrapar a los etarras en vez de facilitarles la fuga.

El curso del sumario acecha la carrera de Rubalcaba como un acreedor pertinaz que le reclamase una antigua factura pendiente. Es su particular cobrador del frac, el testimonio de una deuda del pasado, aunque de un pasado no tan remoto para que se pierda en la memoria de la opinión pública. Cada avatar procesal le pone delante de un engorroso expediente que no puede afrontar sin remover el comprometedor período de la frustrada y peligrosa luna de miel con ETA y su entorno, una herida política que no acaba de cicatrizar porque sus consecuencias siguen supurando. De ahí su patente enojo ante la evidencia de que, vaya donde vaya, se va a ver obligado a esquivar al embarazoso pajarito.

ABC - Opinión

Intención y contexto en los procesados del caso Faisán. Por Antonio Casado

Dice el juez en el auto de procesamiento sobre el caso Faisán que los indicios sugieren un comportamiento delictivo al margen de la intención que tuviesen los procesados. Lógico. El juez no quiere, ni puede, ni debe, entrar en las motivaciones de un supuesto delincuente. Sobre todo cuando la política está por medio.

Pero como está la política por medio, en el ruido político y mediático los procesos de intención van y vienen. El juez no puede, so pena de hacer malversación del principio de legalidad, pero los políticos y los periodistas pueden y deben, a la luz del principio de oportunidad.

Por lo tanto, claro que importa la intención en los ámbitos no estrictamente judiciales. La intención relacionada, lógicamente, con el contexto. El contexto: una operación de diálogo con los terroristas decidida por el Ejecutivo y autorizada por el Parlamento. La intención: poner fin a la historia criminal de ETA.

Este planteamiento nos lleva a vincular las dos cosas. Contexto e intención. Aplíquese a los nunca bien contados encuentros de Javier Moscoso, Gómez Benítez y Jesús Eguiguren con los máximos dirigentes de la banda terrorista a lo largo de 2006, el mismo año del ‘chivatazo’ (o “delación policial”, como dice el auto).

Ahí es donde cabe preguntarse, ¿no es un comportamiento delictivo, parecido al de la colaboración con banda armada, sentarse a negociar con unos terroristas sin mover un dedo para que se produzca su inmediata detención? No se trata de lamentar que no ocurriesen así las cosas. Únicamente reclamo la puesta en valor de las intenciones de los procesados, y de sus representantes políticos, en relación con las circunstancias que rodearon su presunta conducta delictiva.

«Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.»

La doctrina del Tribunal Supremo es muy clara en relación al delito con banda armada. No es lo mismo colaborar con banda armada para ayudarle a conseguir sus fines que colaborar con banda armada para acabar con ella. El espionaje, el contraespionaje y la infiltración son viejas herramientas en la lucha contra el mal. Y a veces pasa por colaborar con los malos o crear esa apariencia.

En todo caso, lo que pudo ocurrir en el famoso bar Faisán, fuese lo que fuese, ocurrió en el contexto de la política antiterrorista dictada por el Gobierno. Una política de Estado llevada a cabo por servidores del Estado. Y personalmente espero que la conducta de Hidalgo, Pamiés y Ballesteros no se asimile a la de tres vulgares delincuentes solo porque otros, en el campo político y mediático -no en el judicial, ojo-, los necesitan como excusa para liquidar políticamente al candidato socialista a la Moncloa, el ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Reitero mi argumento de ayer. Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.

El Confidencial - Opinión

Caso Faisán. Los héroes del chivatazo. Por Cristina Losada

Las asombrosas virtudes de los mentados no desmienten, sin embargo, los tristes y tozudos hechos, que o son o no son, sin vuelta de hoja. Cuántos delitos cometen personas a las que se tenía por honradas e intachables.

Sean cuales sean los argumentos de los abogados de la cúpula policial procesada por colaborar con ETA, las claves de su defensa política ya han quedado expuestas. Veamos. Se trata, imparte el ministro Jáuregui, de tres individuos que llevan toda la vida luchando contra el terrorismo e incluso han sido víctimas de la violencia. Su historial esforzado y heroico basta para no arrojar sobre ellos ni una sombra de sospecha. ¿Cómo van a ser colaboradores de la banda si eran sus tenaces combatientes? En cuanto a Rubalcaba, más de lo mismo: sus méritos como perseguidor de la ETA le absuelven de todo y, además, el Faisán sólo está vivito y coleando por motivos de política rastrera: "si existe hoy... es porque yo soy el candidato". O la importancia de llamarse Alfredo. En resumidas cuentas, hay que hacerles un homenaje y pedirles perdón por mancillar su honor con acusaciones horrendas.

Las asombrosas virtudes de los mentados no desmienten, sin embargo, los tristes y tozudos hechos, que o son o no son, sin vuelta de hoja. Cuántos delitos cometen personas a las que se tenía por honradas e intachables. Y de los hechos habla el auto de un juez que ha dedicado al caso pacientes investigaciones de continuo obstaculizadas por el ejemplar Gobierno y el suspendido Garzón, perejil de toda turbia salsa. Pero junto a esa defensa previsible, que parte de negarlo todo, ha aparecido otra inesperada, que parte de reconocerlo. Así, el diario más próximo a Rubalcaba, por salir a defenderlos, los ha declarado culpables. Les ha hecho una confesión a fin de exculparlos por la bondad de sus propósitos. Pues esos hombres rectos e intrépidos avisaron a la red de extorsión de ETA de su inminente captura por el supremo bien de "acabar con la violencia en Euskadi". Sacrificaron la ley a un ideal y eso, en tales latitudes, no merece reproche sino aplauso.

El fin justifica los medios es, en pocas palabras, el retórico parapeto moral de esta y otras incursiones en el fango de Gobiernos socialistas. Y el nexo de unión entre el chivatazo y los GAL. Cumplir la ley es monserga de leguleyos: hay objetivos superiores. Siempre, claro está, que los infractores sean los buenos. No la derecha, no Bush ni Thatcher. Ni siquiera Obama disfruta de ese privilegio. Sólo ellos.

Libertad Digital - Opinión

El desprestigio de la verdad. Por Hermann Tertsch

Este miércoles hemos dado un paso de gigante hacia la conquista de una verdad de las muchas que nos debe este siniestro periodo.

Las verdades no matan, por mucho que se use el dicho. Muchas verdades molestan. Y otras hieren profundamente. Se puede vivir en la ocultación permanente de ciertas verdades. Como también puede una sociedad vivir bien acomodada en mentiras consensuadas por uno u otro motivo. Pero cuando existen discrepancias parece lógico que una sociedad sana pugne porque la verdad se imponga a la mentira. Porque con las opiniones podemos litigar eternamente. Lo triste y disparatado es que litiguemos por los hechos y ya también por los números. En esta realidad líquida o, más aun, evanescente, de la era Alicia/Atila, todo es discutido y discutible, desde la nación española a las facturas impagadas por el señor Barreda antes de quedarse sin cortijo. Las cosas nunca pasan por primera vez, porque el mundo es muy viejo. Eso es lo que no saben los adanistas como Zapatero que siempre están inventándolo de nuevo. Hay mil ejemplos de lucha consecuente y enfurecida contra verdades palmarias. Pero lo que vemos últimamente por estos lares es una campaña de desprestigio contra la verdad en general. Véase un ejemplo. Las voces más gritonas del socialismo patrio, muchas por el nerviosismo imperante, han querido estos días enviar a la hoguera a la nueva presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Su delito, atreverse a decir la verdad. Dice que son 1.700 millones el hueco de impagados detectado en el maltrecho cortijo manchego tras el abandono forzoso por sus moradores socialistas. Leyendo los medios socialistas, que cada vez se parecen más los unos a los otros, dan ganas de acusar a Cospedal de haber causado la crisis de la deuda europea con su osadía e impertinencia al comunicarnos un dato. Y permitir así que el Wall Street Journal—tenebrosa hoja yanqui manipulada por Aznar contra la política de la alegría socialista— cargara las tintas sobre la crítica situación española. Parece que aquí nos vamos a tener que cuidar de decir una verdad no nos vayan a oír fuera. En realidad, estos medios, cada vez más pedestres e histriónicos, sólo obedecen al lema que Alicia/Atila nos viene repitiendo desde que, hasta para él, la crisis es crisis y no puede ocultarla. Alguien podría pensar que es una osadía pedir a quienes fueron tanto tiempo engañados por sus mentiras que, ahora que saben la verdad, le ayuden a seguir mintiendo para engañar a los de fuera. Pero es que este hombre es así. Complicidad nos pide tras hundir al país en la miseria. La verdad en el debate mismo le parece alta traición. Anti patriotismo es pedir las cuentas claras y decir en voz alta esa verdad maldita.

Y ya que hablamos de traición y de anti patriotismo, tratemos otras verdades que también resultan lesivas e impronunciables para los voceros de la secta. Este miércoles hemos dado un paso de gigante hacia la conquista de una verdad de las muchas que nos debe este siniestro periodo de nuestra historia. Tan sólo revelará la verdad de un capítulo de una larguísima serie de ignominias que se han producido al amparo del secretismo de los acuerdos clandestinos del muy mal llamado «proceso de paz». Hay tres estrechos colaboradores de Rubalcaba y Camacho procesados por colaborar con el principal enemigo del Estado de Derecho y de España. Nos dicen que la verdad no importa. Es más, que es mala. No, señores. Repugnante no es la verdad. Lo son los hechos. Y la conducta de sus autores. Por eso necesitamos esta verdad y muchas otras. Para sanar de la sobredosis de mentira y ocultación que han inoculado a la sociedad española en este septenio negro.

ABC - Opinión

Ausencias culpables

El acuerdo sobre el rescate griego es urgente para no dañar el crecimiento de España e Italia.

Europa ha dejado en manos de los Gobiernos nacionales la gestión de su profunda crisis de la deuda. El Senado italiano aprobó ayer un plan de austeridad económica que implica, entre recortes presupuestarios, subidas de impuestos, privatizaciones y aplicación de un fuerte copago sanitario (que puede alcanzar hasta 10 euros por visita y 25 por urgencias), en total unos 70.000 millones de euros hasta 2014. El plan parece ambicioso, aunque debe ser corregido atendiendo a la tendencia de la Administración italiana a la contabilidad creativa, y refleja con exactitud el miedo que ha causado en Italia el desbordamiento de su prima de riesgo. Su economía no responde a la retórica expresión de solidez que vendió Silvio Berlusconi, poco ducho en otras finanzas que no sean las suyas. De hecho, soporta el pesado lastre, bien calibrado por sus acreedores, de que ha crecido muy poco en los últimos 10 años y no tiene mejores expectativas para el próximo decenio.

Desgraciadamente, las posibles virtudes del plan italiano (las Bolsas y la deuda italiana y española parecen haberse calmado moderadamente) palidecen ante dos ausencias políticas insólitas e irresponsables. La de Berlusconi, desaparecido en el peor momento de la tempestad financiera, confirma su incapacidad para ejercer sus responsabilidades. El desorden político desatado por Berlusconi (en el que hay que incluir algún grueso desacuerdo con el ministro de Economía, Tremonti) no es el mejor aval para dar credibilidad a los ajustes en Bruselas y ante los mercados.

Pero la ausencia más peligrosa es la de Europa. Alemania se resiste a aceptar una cumbre extraordinaria del Eurogrupo para poner orden en la caótica situación de las deudas nacionales europeas. Lo sorprendente no es la reticencia en sí; ya se sabe que Angela Merkel y sus satélites (Países Bajos, Austria) verían con más simpatía una liga hanseática (si fuera posible resucitarla) que una moneda común en la que participan españoles, portugueses y griegos. La perplejidad nace del argumento esgrimido para bloquear la iniciativa del complaciente Van Rompuy: "Grecia cuenta con financiación suficiente hasta septiembre y no hay necesidad de acelerar un segundo rescate". Pero eso es precisamente lo que piden los inversores: que Europa demuestre aquí y ahora que tiene una idea para salvar a Grecia y evitar los segundos rescates de Irlanda y Portugal.

Merkel y el pelotón de los resistentes parecen no darse cuenta de que Grecia no puede vivir meses de interinidad; no aceptan que esa interinidad, además de cercenar el futuro de Grecia y comprometer el de Portugal e Irlanda, ahoga las posibilidades de crecimiento de España o Italia. Mientras Alemania se encastilla en la ideología de que cada país es responsable de sus excesos y se resiste a aceptar los eurobonos, la economía española, sujeta a un férreo programa de restricción fiscal, observa cómo se disparan sus costes financieros por culpa de la indecisión europea. Cada punto básico que sube el diferencial cuesta millones en intereses; y ese encarecimiento financiero acabará por devorar cualquier margen presupuestario. La miopía de Berlín está costando mucho dinero y empleo en Madrid y en Roma.

El País - Editorial

La rapiña socialista de Castilla-La Mancha

Es de agradecer que, cuando tantos políticos prefieren barrer los pecados de sus antecesores bajo la alfombra, pensando quizá en que así sus sucesores harán lo propio, la nueva presidenta de Castilla-La Mancha lance la voz de alarma.

Existe la desnortada convicción de que el Estado y la política son entes benéficos cuya acción permite evitar los abusos de los realmente poderosos, los banqueros, grandes empresarios y especuladores que, al parecer de algunos, rigen nuestros destinos. Esta idea parte de dos premisas igualmente equivocadas. Bill Gates tiene mucho menos poder sobre nuestras vidas que nuestro alcalde, por pequeño que sea la localidad donde vivamos, ya que podemos ignorar los productos que ofrece el magnate pero no los bandos del regidor, que son de obligado cumplimiento. Y los destinos del sector público están dirigidos por personas de carne y hueso, no por ángeles de la guarda; personas con sus propios intereses, muchas veces distintos a los del electorado.

José María Barreda tenía todos los incentivos del mundo para ocultar las deudas que había contraído Castilla-La Mancha bajo su mandato. No le convenía electoralmente mostrarse como un gobernante manirroto y derrochador que se había pulido el dinero de los contribuyentes. Así que, como tantos antes que él y otros harán después, decidió mentir. Ahora toca mentir, y como no está tan dotado como Rubalcaba para ese arte, ha puesto la patética excusa de que la "tensión política y económica" ha llevado a que en dos meses y medio las facturas sin pagar se hayan multiplicado por más de dos, de unos setecientos millones a 1.742.

María Dolores de Cospedal hace bien en denunciarlo, como hará bien si cumple con su promesa de ir desgranando los despilfarros concretos cometidos por el equipo de gobierno del PSOE. Pero no tendrá consecuencia alguna para Barreda. Los políticos se llenan la boca cuando de lo que hablan es de controlar a las empresas, asegurarse de que no estafan a los consumidores o a sus propios accionistas, incorporando en el Código Penal algunas de las faltas más graves. Pero no son tan rigurosos consigo mismos.

Lo cometido por Barreda es un fraude. En este caso ha perdido las elecciones, pero de haberlas ganado hubiera seguido en la poltrona pese a haberla mantenido al más puro estilo SGAE. Es de agradecer que, cuando tantos políticos prefieren barrer los pecados de sus antecesores bajo la alfombra, pensando quizá en que así sus sucesores harán lo propio, la nueva presidenta de Castilla-La Mancha lance la voz de alarma. Da miedo pensar en lo que puede encontrarse en otros feudos socialistas como Andalucía o Extremadura.

Algunos dirán que es antipatriota denunciar estos desmanes porque pueden reducir la confianza en España. Pero la realidad es la contraria, pues permite albergar alguna esperanza de que el país pueda cambiar de dirección con un cambio de gobierno.

Libertad Digital - Editorial

Rubalcaba y Camacho

Que las reglas de la responsabilidad de los políticos sean laxas en España no quiere decir que el «caso Faisán» no sea un escándalo sin paliativos.

ALGUNAS de las críticas lanzadas contra el auto de procesamiento dictado por el juez Ruz en el «caso Faisán» recuerdan a las que utilizó el PSOE para defenderse de las acusaciones por la guerra sucia contra ETA en los gobiernos de Felipe González. Se acusa al juez de oportunismo político, se escandalizan algunos de que altos responsables de la lucha contra ETA sean procesados, se clama por una conspiración contra el candidato socialista. Y así toda una cadena de argumentos que constituyen un viaje al pasado. Aunque sea imprescindible respetar la presunción de inocencia y la provisionalidad de la imputación judicial, conviene recordar, sobre todo al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien tachó el auto de «especulativo» y «disparatado», que hasta el Ministerio Fiscal acepta la comisión de un delito en el chivatazo a la red de extorsión de ETA instalada en el bar Faisán. La diferencia con el criterio del juez es que, para la Fiscalía, se trataría de un delito de revelación de secretos, mucho menos grave que el de colaboración con banda armada, por el que han sido procesados los mandos policiales del ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

También se repite, como a principios de los noventa, la historia de un final de mandato socialista marcado por la ilegalidad en la lucha contra ETA, aunque en el caso del bar Faisán se utilice cínicamente el argumento de que los chivatos protegían el «proceso de paz». Protegerlo ¿del juez Grande-Marlaska? ¿favoreciendo la destrucción de pruebas y la desaparición de dinero procedente de la extorsión? En cierto sentido, el «proceso de paz» fue protegido con mentiras y engaños, de principio a fin. Pero lo del bar Faisán ha superado todos los límites imaginables, porque ni en el más retorcido de los guiones cabría imaginar a un alto cargo de Interior y a dos mandos policiales alertando a terroristas de una operación judicial contra ellos. Por lógica política, la onda expansiva del procesamiento ha alcanzado de lleno al actual ministro del Interior y a su predecesor. Y por el hecho de que las reglas de la responsabilidad de los políticos sean laxas en España y no provoquen el cese y la renuncia de Camacho y Rubalcaba, respectivamente, no quiere decir que el «caso Faisán» no sea un escándalo sin paliativos, que abochorna por su indignidad y corrompe principios elementales del Estado de Derecho. Sólo quiere decir que hay cargos que no están a la altura de sus responsabilidades.

ABC - Editorial

Ferrusola. Cuando las lenguas caminan en libertad. Por Eva Miquel Subías

Lo que hoy creo muy sinceramente es que, en este asunto, Twitter podría dar alguna que otra lección a tipas como la señora Ferrusola. Y ya de paso, enseñarle modales. Como a otros tantos.

No voy a caer. De verdad, no quiero entrar en ninguna provocación. En ésta, no. Así que voy a seguir con mi propósito inicial obviando las ofensivas palabras de la esposa de quien fuera galardonado como "español del año" por el diario ABC. Corrían los años ochenta y Marta Ferrusola ya apuntaba maneras. No tan zafias, como las de ahora, pero enseñaba la patita. Me gustaría que pudiera explicarnos el significado de "los españoles ya tienen los toros y las manolas", justo después de sentenciar que le parecería "horroroso" que la marca España patrocinara al FC Barcelona.

Pero como ya les he advertido, nada va a conseguir apartarme de mi objetivo. Y mucho menos Doña Marta, a quien sin embargo le parece "chachi" que la Qatar Foundation engrase de petrodólares el césped del Nou Camp. Esa hierba húmeda que ella conoce tan bien.

Una cosa les diré. El fenómeno Twitter en España habla por sí solo. Un 90% de aumento de cuentas totales desde el mes de septiembre y el país europeo no angloparlante que más crece en número de usuarios. El promedio de nuestro consumidor nacional es el de un varón –aunque cuatro de cada diez son mujeres– joven, urbanita y licenciado.

Y mientras prosigo en mi período de observación desde mi cuenta tuitera comprobando si el interés aumenta, disminuye o si se trata de una tendencia pasajera que podrá o no causarnos algún tipo de disgusto por el camino, quiero compartir con todos ustedes algo que he venido observando desde que me lancé a teclear mi primer y virginal tweet y que por cierto, así rezaba: "Voy de estreno. Nueva en el sendero de twitter y la curiosidad, la misma que mató al gato, probablemente acabe conmigo. Sucumbo".

Lo pensé al leer un artículo al respecto de un profesor de Ciencia de la Computación de la Universidad de Saint Louis, en Estados Unidos, quien muestra su sorpresa al aplicar un programa informático de detección de las lenguas utilizadas en la red, por la cantidad de tweets en lenguas minoritarias de cualquier punto de la geografía que surgen espontaneamente.

Les pondré un ejemplo cercano. El español y el inglés dominan claramente la red de seguidores en nuestro país. De vez en cuando aparece algún link con un artículo en francés o en italiano, pero en menor medida. Con alguno de mis followers, sin embargo, o con otros a los que sigue una servidora, se entremezcla también el catalán. Depende, en ocasiones, de si el mensaje es directo o público, pero no pocas veces queda "expuesto" a todo el mundo, en función del asunto en cuestión.

El respeto, la comprensión e incluso alguna duda sobre el significado de un vocablo en concreto ha sido la tónica habitual por parte de todos los usuarios. Con lo que hay que llegar inevitablemente a la conclusión de que cuando una lengua fluye de manera espontanea y como simple herramienta de comunicación no entraña el más mínimo problema.

Otra cosa es cuando ésta cae en manos del político de turno que la utiliza como arma arrojadiza para reafirmarse en su posición nacionalista y doméstica, siendo las personas las únicas responsables de generar discrepancias, como apuntó hace poco José Manuel Blecua. En cuanto a su protección, no puedo más que dudar, desde una óptica liberal, sobre la idoneidad de la misma. Pero esa es otra cuestión.

Lo que hoy creo muy sinceramente es que, en este asunto, Twitter podría dar alguna que otra lección a tipas como la señora Ferrusola. Y ya de paso, enseñarle modales. Como a otros tantos.

Libertad Digital - Opinión

Artisteo. Teddy, Joan Baez y otros idealistas. Por Cristina Losada

La influencia y la osadía políticas de clanes como el de la Ceja son impensables sin el mito de su idealismo contrapuesto al del corriente afán de lucro. El mito alcanzó su apogeo con los cantautores que pergeñaron los himnos revolucionarios de los sesenta.

El ocaso de Teddy Bautista ha coincidido, casual, con el crepúsculo del canon digital, pero hay otros cánones imbricados en el sórdido affaire de la SGAE. Quiere el tópico cultivado por ciertos cantantes, ornados con la leyenda "progresista", que lo suyo no es hacer dinero, que enriquecerse es vulgaridad de plutócratas y mercaderes. Y no, sus aspiraciones son mucho más elevadas. Como revela, por ejemplo, la trama descubierta en los entresijos de la Sociedad. Pero al "artista comprometido" le enfada sobremanera el recordatorio de que es tan aurívoro como ese tiburón de Wall Street del que se siente a una infinita distancia moral. Así, el cabreo de John Lennon durante uno de sus bed-in, cuando Al Capp le dice que escribe canciones –y monta numeritos– por la misma razón por la que él dibuja comics, esto es, por dinero. Vale, quien más se irrita es Yoko.

Ha habido aquí una simbiosis entre el sector abajofirmante del artisteo y el socialismo gobernante, en la que es difícil decidir quién parasita a quién. Ambos han obtenido beneficios de su asociación y algunos, como Fermín Cabal, sospechan que el partido se aprovechó de fondos de la SGAE. Pero eso está por ver, mientras que el capital político de la "alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura" ha estado a la vista. Y qué es el dinero, más el del contribuyente, cuando se trata de mantener la vieja y rentable ecuación de que Izquierda es igual a Cultura y viceversa. Los ministros reniegan hoy de los lazos con la Sociedad que acaudillaba Bautista y le cargan el muerto a la Comunidad de Madrid y a la que se tercie. ¡Qué desleales, qué judas!

La influencia y la osadía políticas de clanes como el de la Ceja son impensables sin el mito de su idealismo contrapuesto al del corriente afán de lucro. El mito alcanzó su apogeo con los cantautores que pergeñaron los himnos revolucionarios de los sesenta. Al respecto, cuenta un testigo la entrevista entre Joan Baez y el anciano Bertrand Russell, que esperaba sacar de la acaudalada cantante algún dinero para su Fundación. Pero la estrella llegó en su limusina, le soltó una cháchara sobre gurúes y meditación al último exponente vivo del racionalismo y, fiel a su "no nos moverán", se fue sin aflojar un dólar. Ay, el idealismo. Al menos, Teddy no fue una figura de la canción protesta. Igual se lanza ahora, que hay motivo.

Libertad Digital - Opinión

ETA en el poder. Por Ignacio Camacho

ETA celebra el triunfo electoral de Bildu como un claro paso adelante en su proyecto de conquista del poder

EL peor legado del zapaterismo no van a ser los casi cinco millones de parados, que al fin y al cabo no constituyen una herencia voluntaria por más que sean en gran medida fruto de la incompetencia y del mal gobierno. El lastre más grave de esta etapa desdichada lo constituye la legalización de Bildu, siniestra consecuencia del llamado Proceso de Paz que ha entregado el poder a los representantes de ETA, ha retrocedido una década la lucha antiterrorista y ha acercado el horizonte de la secesión vasca. Por no hablar de la humillación de las víctimas, equiparadas ahora a sus verdugos en el hipócrita lenguaje de estos falsos apóstoles de una reconciliación equidistante que pretenden hacer pasar por apostasía de la violencia. Y todo ello sin que la banda haya hecho siquiera amago de disolución, de rendición o de renuncia, ufanándose por el contrario del indiscutible éxito de su estrategia política.

Por primera vez en catorce años, ETA se ha permitido ocupar el primer plano del aniversario de Miguel Ángel Blanco con una declaración triunfalista y jactanciosa superpuesta a la dolorosa conmemoración del más repudiado de sus crímenes. En su lógica de repugnante pragmatismo la banda celebra el triunfo electoral de Bildu como un paso adelante en su proyecto de conquista del poder y reivindica el papel de la amenaza armada como respaldo de su brazo político. La aquiescencia de la coalición abertzale, incapaz de marcar distancias o señalar la apropiación indebida de su causa, muestra su subordinación estratégica respecto a quienes se proclaman los verdaderos artífices y garantes de su victoria. Más aún, al valorar positivamente el comunicado sus portavoces respaldan de forma implícita la trayectoria de sangre sobre la que se han encaramado a las instituciones vascas.

Porque lo grave de la cuestión es la claridad sobrecogedora con que las dos ramas del conglomerado etarra admiten formar parte de una comunidad de intereses definida por un proyecto de poder. ETA transmite, y Bildu acepta, que la violencia criminal ha sido necesaria para alcanzar sus objetivos, y se reserva la posibilidad de administrarla como garantía de avance en su delirante proceso. Es decir, que los 860 muertos le han servido para obtener una recompensa política con la que en modo alguno están dispuestos a conformarse. De este modo blasonan sin tapujos de aquello que los defensores de la legalización insisten en negar: que el libre acceso a la vía política constituye una contrapartida por el cese temporal de la actividad terrorista, conclusión que desbarata el entramado moral que ha sostenido hasta hoy la resistencia democrática. Porque para llegar a este punto sobraba tanto dolor y tanto luto, y para terminar cediendo de este modo Miguel Ángel Blanco podía haber llegado a ser un aceptable batería de su grupo musical.

ABC - Opinión

Amenazas. Si Europa cae.... Por José García Domínguez

Otra vez, pues, el nacionalismo económico, ese genuino padre de todas las desgracias identitarias que han asolado el continente a lo largo de los dos últimos siglos.

De la agonía final de Europa, algo que acaso esté ocurriendo mientras redacto estos párrafos, uno esperaría al menos la grandeza estética de la decadencia. Aunque no semeja que vaya a ser el caso. Aquel territorio moral alumbrado por Erasmo, por Cervantes, por Voltaire, por Kant, por Goethe, por cuanto aún merece el nombre de civilización, va a eclipsarse, parece, en medio de una reyerta de tenderos. Lo acaba de certificar Gordon Brown, que ha acudido a Churchill para componer un retrato de sus antiguos pares. "Decididos a ser indecisos, inflexibles en su deriva, sólidos en su fluidez y omnipotentes en su impotencia". Así las Merkel, los Sarkozy y demás. Pequeños contables incapaces de comprender que no son posibles los escapismos solipsistas frente al colapso de la Unión.

En su miopía, ajenos a que si dejan caer a Grecia, detrás no solo irán España e Italia: también se desmoronará Adam Smith desde lo alto del pedestal que hoy lo sustenta. Y su lugar volvería a ocuparlo el proteccionismo, ¿quién si no? El proteccionismo armado hasta los dientes con el viejo arsenal de aranceles, contingentes, devaluaciones continuas, reglamentos y mil miserias chovinistas más. Otra vez, pues, el nacionalismo económico, ese genuino padre de todas las desgracias identitarias que han asolado el continente a lo largo de los dos últimos siglos. Una cortedad de miras, la de los líderes presuntos de Europa, que se vuelve todavía más irritante por el manto de moralina calvinista tras el que pretende ocultarse ahora.

Como si el devenir de la deuda de los indolentes PIIGS fuera el justo castigo de la Providencia a sus pecados, empezando por la prodigalidad. Un sambenito que, simplemente, no se compadece con los hechos. Y es que no fue el despilfarro estatal quien provocó la crisis, sino la muy disparatada predisposición a regalar créditos de la banca alemana durante los años de vino y rosas. Por lo demás, el tiempo le ha terminado dando la razón al euroescéptico Brown: para algunos países –España sin ir más lejos– la moneda única acabaría siendo lo que él siempre temió, una camisa de fuerza. Pero ya no hay vuelta atrás. A menos, claro, que, al modo de los primeros surrealistas, se considere que el suicidio es la solución.

Libertad Digital - Opinión

La virtud del olvido. Por M. Martín Ferrand

Las dos Españas no tienen sentido cuando el marco circundante, el europeo, nos invita a la unidad de acción

DEL mismo modo que la Guerra de los Cien Años tuvo entretenidos a los franceses y a los ingleses durante dos tercios del siglo XIV y la mitad del XV, la Guerra Civil Española lleva camino de alargar su resaca hasta que la crisis económica produzca un apagón general y las televisiones dejen de emitir, en lamentable alternancia, telediarios sesgados, basuras con pretensiones de divulgación histórica y lamentables espectáculos degradantes de la condición y la dignidad humanas. El próximo lunes se cumplen setenta y cinco años del arranque de la fratricida contienda y, lejos de olvidarlo, insistimos en ello con saña improcedente. Lo que la Transición había conseguido, una reconciliación entre las partes, lo destruyó José Luis Rodríguez Zapatero con un afán revisionista y parcial de la barbarie. Sin venir a cuento y, supongo, a falta de ideas políticas de mayor enjundia y provecho, se puso a desenterrar cadáveres como un poseso en un patológico intento de honrar la memoria de su abuelo. De uno de ellos.

Ahora le toca el turno al otro bando. Lejos de ahuyentar los viejos demonios familiares que nos empujan a una convivencia de garrotazo y tente tieso, Telemadrid acaba de estrenar una serie con pretensiones históricas —«El asesinato de Calvo Sotelo»— que insiste en el espíritu que motivó la contienda y del que, por lo que parece, no conseguimos liberarnos. La serie, a juzgar por su primera entrega, es televisualmente mediocre, históricamente partidaria y políticamente inoportuna. Más aún en tiempos de tribulación y carestía en los que las televisiones públicas, lejos de acometer nuevos fichajes y ambiciosos proyectos, debieran ir organizando su ordenado cierre y su equitativa desaparición. No nos las podemos permitir y, aunque pudiéramos, ni esa es una función del Estado en sus administraciones regionales ni resulta deseable ningún estímulo disolvente de la convivencia nacional.

Cuando una Nación padece la desgracia de un conflicto armado entre sus ciudadanos, la tendencia que señalan los ejemplos de la Historia es la de alargar su memoria. Cada bando guarda su afrenta y su dolor y nunca faltan razones para la efervescencia del recuerdo que avive la herida y la vuelva sangrante y rabiosa. Aquí y ahora, debiéramos compartir el esfuerzo superador de tan mala costumbre. Las dos Españas no tienen sentido cuando el marco circundante, el europeo, nos invita a la unidad de acción y mercado y la realidad política presente se afana en la construcción de diecisiete feudos bien diferenciados y distantes. Necesitamos la elegancia del olvido, no una industria del recuerdo.

ABC - Opinión

Responsabilidades políticas

Cinco años después de los hechos, y tras no pocos obstáculos, un juez de la Audiencia Nacional dictó ayer un auto de procesamiento por el caso del chivatazo a ETA en pleno proceso de negociación del Gobierno con la banda, probablemente uno de los episodios más oscuros y graves de la historia de la democracia en España. Pablo Ruz actuó contra los tres imputados en la causa del bar Faisán: el ex director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo –en la actualidad dirigente de los socialistas vascos–, el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. A los tres los procesó por colaboración con organización terrorista, además de por un delito de revelación de secretos, si bien admite la posibilidad de que la presunta colaboración pueda considerarse un delito de encubrimiento.

El juez Ruz ha reunido hasta una docena de indicios contra los altos cargos policiales del Ministerio del Interior, que dirigía entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, y los considera responsables del chivatazo a ETA, que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, para impedir el desarrollo de una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda terrorista. En su auto, el juez cita las declaraciones de Elosua, el dueño del bar, supuesto jefe de la trama etarra y hombre que recibió el aviso, y el concluyente tráfico de llamadas de los teléfonos móviles en aquellas horas, así como la «clara disfunción en el normal y habitual funcionamiento de la cadena jerárquica de mando» que se produjo el día de los hechos.

Hay que ponderar el trabajo de un juez profesional que ha dirigido con pulso firme una instrucción de enorme complejidad y repercusión pese al legado de Baltasar Garzón, que frenó la causa todo lo que pudo, y con el criterio siempre discrepante de la Fiscalía y, por consiguiente, del propio Gobierno. El auto de procesamiento es el fruto de meses de investigaciones, horas y horas de testimonios, informes periciales y otros procedimientos, lo que le confiere una solidez significativa.

El juez se mueve en el plano jurídico y bajo esos parámetros no va más allá porque así lo entiende. Pero el chivatazo tiene una evidente dimensión política, pues se procesa a tres altos mandos policiales relacionados estrechamente con el ex vicepresidente y ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y con el que fuera su número dos y actual ministro, Antonio Camacho. Algún sindicato policial apuntó ayer que el chivatazo sería imposible sin una orden política y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el auto «inhabilita» a Pérez Rubalcaba «para pedir la confianza a los ciudadanos» en las próximas elecciones generales. El candidato socialista a la presidencia del Gobierno lleva meses eludiendo la explicación que debe a la sociedad sobre un caso de máxima gravedad. Su actitud ha sido esquiva. Y ya no se puede esperar más. Hablamos de una supuesta colaboración con ETA desde el Ministerio que dirigía en un contexto político como la negociación. El Estado de Derecho tiene el deber de perseguir conductas penales, pero también de depurar responsabilidades políticas.

La Razón - Editorial

Otra SGAE

Los nuevos gestores deben introducir los cambios necesarios para transmitir confianza.

Si hace tiempo que era evidente que la gestión de los derechos de autor debía revisarse a fondo, el desmantelamiento de una presunta trama corrupta y la imputación a altos directivos de la SGAE de delitos por apropiación indebida y administración fraudulenta imponen urgencia a esta revisión. Y no solo por higiene societaria. También porque los autores han de tener mecanismos para defender sus legítimos derechos, unos mecanismos claros en su concepción y transparentes en su gestión. No tendría ningún sentido que se aprovechara la depuración de responsabilidades para fragilizar la ya de por sí difícil gestión de los derechos de propiedad intelectual en el nuevo mundo tecnológico.

Los abusos y deficiencias del actual sistema habían sido documentados por organismos públicos nada afectos a discursos líricos sobre la piratería. Ahora los actuales gestores de la SGAE tienen ante sí una tarea descomunal. Deben poner orden y transmitir confianza. Y una de sus urgencias debería ser cambiar un sistema electoral que el propio juez que lleva el caso ve, como mínimo, oscuro, y que da derecho de voto apenas a 8.000 de los 100.000 socios.

Parece obvio que fallaron los controles por parte del Gobierno, que ha esgrimido excusas competenciales para eludir su responsabilidad respecto a lo ocurrido en la SGAE, la entidad de gestión de autores más importante de España, y excusar la desidia de su gestión. Tiene, por ejemplo, dormida una imprescindible revisión de la Ley de Propiedad Intelectual, que requiere más que una actualización. La mayor parte de los grupos parlamentarios pidió ayer a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, una reforma profunda de dicha ley.

Y esa misma dejadez provoca situaciones como la de esta semana. En febrero, el PSOE obtuvo el apoyo del PP para proseguir con la llamada ley Sinde a cambio de una reforma del canon digital para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que lo había rechazado por estimar que es abusivo obligar a pagar a Administraciones y empresas. La Audiencia Nacional, además, sentenció que la orden ministerial que establecía las tarifas contenía un "vicio radical". A pesar de todo ello, el Gobierno no hizo a tiempo la enmienda y el PP ha presentado esta semana una proposición no de ley, que votaron el resto de grupos, incluido el socialista, por el que debe sustituirse el canon "por otras fórmulas menos arbitrarias" de remuneración.

Lo esperpéntico del asunto es que el PSOE interpreta esa proposición como la necesaria revisión del canon, mientras el PP considera que supone su supresión. A la incuria socialista se suma la demagogia del PP, que no detalla las alternativas. Uno de los temas que debería aclarar el PP es qué pasa con la copia privada si desaparece toda compensación, algo que si sucede en el mundo anglosajón es precisamente porque no se permite la copia privada. Los cambios en los usos digitales provocan la rápida obsolescencia normativa y los partidos, sobre todo si están en el Gobierno, deberían responder a ella.

El País - Editorial

¿Acabará Rubalcaba como Barrionuevo?

El hecho es que Rubalcaba y Camacho, lejos de haber presentado sus respectivas dimisiones, han asumido mayores responsabilidades políticas. El tiempo dirá si es una forma de evitar presuntas resposanabilidades penales.

Ignoramos si Alfredo Pérez Rubalcaba terminará siendo procesado por un delito de colaboración con banda armada por haber sido él quien transmitió la orden de dar el soplo al aparato de extorsión de ETA. Lo que nos parecía y sigue pareciendo evidente es que, desde que se supo que unos policías a su mando estuvieron implicados, Rubalcaba debía haber asumido su responsabilidad in vigilando y haber presentado su inmediata dimisión.

Ignoramos, asimismo, si Antonio Camacho, como autor de unos informes de verificación que ocultaban la incesante actividad extorsionadora de ETA durante la tregua de la primera legislatura de Zapatero, podría llegar a ser procesado por un delito de encubrimiento y colaboración con banda armada. Lo que nos resultaba y nos sigue resultando incuestionable es que el entonces número dos de Interior cometió con esos informes, como mínimo, un error inadmisible al no denunciar en ellos la incesante exigencia del llamado "impuesto revolucionario", extorsión que tanto los empresarios vascos y navarros habían denunciado, como los propios terroristas justificado en Gara por "razones de financiación". Por todo ello, pensamos que Camacho también debía haber presentado hace años su dimisión, tanto por este asunto como también por el del chivatazo en el bar Faisán.

El hecho, sin embargo, es que Rubalcaba y Camacho, lejos de haber presentado sus respectivas dimisiones, han asumido mayores responsabilidades políticas: el primero como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, el segundo como nuevo ministro del Interior. El auto de procesamiento, sin embargo, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acaba de dictar contra los altos cargos policiales a las órdenes de ambos en el momento de perpetrarse el chivatazo, más que hacer inaplazables las dimisiones de Rubalcaba y Camacho, viene a reforzar la ya de por sí lógica hipótesis de que el infame soplo a ETA se produjo, no por falta de responsabilidad in vigilando de los entonces ministro y secretario de Estado, sino por una orden dictada y transmitida por ellos a sus más directos subordinados como son el ex director general de la Policía y la Guardia Civil Víctor García Hidalgo, el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros.

El tiempo dirá si Rubalcaba ha decidido hacerse cargo de un partido en retroceso y de presentarse a unas elecciones que sabe perdidas para blindarse y no tener que acabar, por la paz sucia con ETA, como acabó Barrionuevo por los GAL. El tiempo dirá si Rubalcaba escala en responsabilidades políticas como forma de alejarse de las responsabilidades penales. Pero no sería la primera vez que un ministro del Interior socialista acaba en prisión.

Libertad Digital - Editorial

El riesgo de dar ventaja a ETA

ETA no desaprovecha ninguna oportunidad, ni el «proceso de paz» ni la sentencia del Tribunal Constitucional, para llevar su estrategia política a sus últimas consecuencias.

EL comunicado de ETA publicado por «Gara» es un ejercicio práctico de la teoría de vasos comunicantes de la banda terrorista con la izquierda abertzale. Por este procedimiento, a menor capacidad operativa de los terroristas, mayor es el protagonismo de la izquierda abertzale; y a mayor intensidad de la violencia, menor presencia de Batasuna. Ahora toca la primera opción, porque, en efecto, ETA está débil, pero por esto mismo ha transferido el peso de su estrategia a Bildu, jugándoselo todo a la carta del Constitucional. Y como ganó Bildu, gana ETA, reforzada por los efectos diferidos de un «proceso de paz» que alcanza su mayor grado de indignidad al conocerse el auto que procesa al ex director general de la Policía, al jefe superior de la Policía en el País Vasco y un inspector —dependientes todos del actual ministro de Interior, Antonio Camacho, y del candidato socialista, Pérez Rubalcaba— de los delitos de colaboración con banda terrorista, revelación de secretos y encubrimiento.

Tras beneficiarse de las trampas de un «proceso de paz» cuyos detalles tendrá que aclarar la Justicia, los terroristas consideran que en las elecciones del 22 de mayo se «ha ganado la batalla política e ideológica de la ilegalización». Con la sentencia del TC sobre Bildu, y sin necesidad de atribuir a sus magistrados juicios políticos de intenciones, la estructura legal construida sobre la Ley de Partidos Políticos se ha venido abajo. ETA se jacta de lo mismo que denunciaban los informes policiales y el anterior ministro del Interior: Bildu está en su estrategia. Por tanto, ETA no dijo ayer nada que no hubiera manifestado en los meses previos a la creación de Bildu. De hecho lo reconoce en su comunicado, al relatar todas las iniciativas de la izquierda abertzaley de la propia ETA que han desembocado en este escenario. Pero el problema es que para el TC lo que ETA dijo y ahora vuelve a decir sobre Bildu no es más que «conductas ajenas» a esta coalición, que el Supremo calificó como mera prolongación de ETA/Batasuna. El blindaje legal dado por el TC a Bildu es inexplicable.

ETA no da un paso más en su último comunicado, porque no necesita darlo. Bildu controla Guipúzcoa, es la primera fuerza municipal vasca y lidera el nacionalismo. Y todo esto lo ha conseguido ETA al mismo tiempo que la Ley de Partidos Políticos se venía abajo y el Estado dejaba escapar la oportunidad de acabar, esta vez sí, con la banda terrorista. Su comunicado omite cualquier referencia a un cese definitivo e incondicional de la violencia. Tampoco menciona a las víctimas para pedir su perdón. Por el contrario, no fue casualidad que el comunicado se diera a conocer en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Como si fuera un aviso para incautos y tontos útiles, ETA se ha presentado como tutor del éxito de Bildu y se ríe de todos los españoles.

ABC - Editorial

Catorce años... Nada. Por Gabriel Albiac

Al absurdo no hay modo de acomodarse. Eso estalló en el frío asesinato, con fecha y hora fija, de Miguel Ángel Blanco.

«OH sol, sol, deslumbrante fallo!» La fría matemática de los versos de Paul Valéry fue lo primero, es extraño, que me vino a la cabeza cuando estalló todo nuestro universo convenido. Era verano, al borde de la playa. Yo me había blindado frente a la amarga cosa a la cual llamamos mundo: vacaciones. Todavía hoy me sorprendo al preguntarme cómo supe la noticia. Sin radio, sin ordenador, sin teléfono… Pero la supe. Fue como si algo se hubiera roto en la desidia de sol, playa, verano, gentes que buscan olvidar por unos días. Un disparo. En la cabeza. 1997. ¿Cómo pueden haber pasado catorce años tan deprisa?

No era nueva la presencia de la muerte en el País Vasco. Desde el final de los años sesenta era una recurrente pesadilla. Estaba en nuestras vidas. Pudimos, con ingenuidad, pensar que el final de la dictadura sería también el de aquel delirio. No lo fue. Como en todo lo crónico, la monotonía acabó por sobreponerse incluso a la tragedia. Morían gentes. No queríamos percibirlo. Demasiado amargo.

¿Qué fue lo que hizo quiebra aquel 13 de julio? ¿Por qué a todos nos hirió así el dolor vivir en un país que ha perdido su alma? No era el horror. De eso, a tales alturas, sabíamos demasiado. Fue el absurdo lo que nos dejó como cristalizados en el ámbar de un sol que era, de pronto, el del poema de Valéry: mentira inmensa que nos preserva de ver hasta qué punto nuestro universo «no es más que un fallo en la pureza del no ser».

El absurdo. Un hombre de 22 años que sale de casa para coger el cercanías, acercarse a donde sus amigos lo esperan para un ensayo. El batería no llega, los amigos se preocupan. Y el aviso de ETA. Será «ejecutado» en cuarenta y ocho horas. Todo está demasiado en el límite para que nadie pueda fingir ilusiones. Ortega Lara había sido liberado por la Policía poco antes. Tras un año pudriéndose en un agujero. Miguel Ángel Blanco era el precio al cual ETA necesitaba rescatar aquel fracaso. No había esperanza de piedad. Ni tiempo para una operación de rescate. El partido del joven concejal sabía la tragedia a la cual se enfrentaba. Lo sabía su familia. Hubo algo nuevo entonces. Todos supimos, de pronto, que aquella tragedia no era ni de partido ni de familia. Sólo. Era nuestra. La de la España herida que fue la nuestra. Cada minuto de aquel plazo de muerte nos mataba. Cuando la noticia congeló la indolencia del verano, supimos que algo en nosotros se había roto: la esperanza. Y la amargura de vivir para ver eso fue de todos. Al horror, sí, estábamos habituados: va en lo humano. Al absurdo no hay modo de acomodarse. Eso estalló en el frío asesinato, con fecha y hora fija, de Miguel Ángel Blanco.

Yo había cortado puentes: me creía a salvo de la sobredosis de realidad por unos días. No sirvió. Todo seguía igual: el mar, ante cuya perseverancia nada son nuestras miserias; el sol, a cuyo plomo retorna todo siempre; «la extraña omnipotencia de la Nada».

No escuché la radio, no leí la prensa, no conecté el teléfono… La muerte estaba allí, en cada corro de gentes mudas frente al mar. Traté de abandonarme al sosiego ajeno de las olas. En vano. Nada iba a ser lo mismo tras aquel 13 de julio. Hace ya catorce años. ¿Cómo puede pasar el tiempo tan deprisa?

ABC - Opinión