Dice el juez en el auto de procesamiento sobre el caso Faisán que los indicios sugieren un comportamiento delictivo al margen de la intención que tuviesen los procesados. Lógico. El juez no quiere, ni puede, ni debe, entrar en las motivaciones de un supuesto delincuente. Sobre todo cuando la política está por medio.
Pero como está la política por medio, en el ruido político y mediático los procesos de intención van y vienen. El juez no puede, so pena de hacer malversación del principio de legalidad, pero los políticos y los periodistas pueden y deben, a la luz del principio de oportunidad.
Por lo tanto, claro que importa la intención en los ámbitos no estrictamente judiciales. La intención relacionada, lógicamente, con el contexto. El contexto: una operación de diálogo con los terroristas decidida por el Ejecutivo y autorizada por el Parlamento. La intención: poner fin a la historia criminal de ETA.
Este planteamiento nos lleva a vincular las dos cosas. Contexto e intención. Aplíquese a los nunca bien contados encuentros de Javier Moscoso, Gómez Benítez y Jesús Eguiguren con los máximos dirigentes de la banda terrorista a lo largo de 2006, el mismo año del ‘chivatazo’ (o “delación policial”, como dice el auto).
Pero como está la política por medio, en el ruido político y mediático los procesos de intención van y vienen. El juez no puede, so pena de hacer malversación del principio de legalidad, pero los políticos y los periodistas pueden y deben, a la luz del principio de oportunidad.
Por lo tanto, claro que importa la intención en los ámbitos no estrictamente judiciales. La intención relacionada, lógicamente, con el contexto. El contexto: una operación de diálogo con los terroristas decidida por el Ejecutivo y autorizada por el Parlamento. La intención: poner fin a la historia criminal de ETA.
Este planteamiento nos lleva a vincular las dos cosas. Contexto e intención. Aplíquese a los nunca bien contados encuentros de Javier Moscoso, Gómez Benítez y Jesús Eguiguren con los máximos dirigentes de la banda terrorista a lo largo de 2006, el mismo año del ‘chivatazo’ (o “delación policial”, como dice el auto).
Ahí es donde cabe preguntarse, ¿no es un comportamiento delictivo, parecido al de la colaboración con banda armada, sentarse a negociar con unos terroristas sin mover un dedo para que se produzca su inmediata detención? No se trata de lamentar que no ocurriesen así las cosas. Únicamente reclamo la puesta en valor de las intenciones de los procesados, y de sus representantes políticos, en relación con las circunstancias que rodearon su presunta conducta delictiva.
En todo caso, lo que pudo ocurrir en el famoso bar Faisán, fuese lo que fuese, ocurrió en el contexto de la política antiterrorista dictada por el Gobierno. Una política de Estado llevada a cabo por servidores del Estado. Y personalmente espero que la conducta de Hidalgo, Pamiés y Ballesteros no se asimile a la de tres vulgares delincuentes solo porque otros, en el campo político y mediático -no en el judicial, ojo-, los necesitan como excusa para liquidar políticamente al candidato socialista a la Moncloa, el ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Reitero mi argumento de ayer. Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.
«Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.»La doctrina del Tribunal Supremo es muy clara en relación al delito con banda armada. No es lo mismo colaborar con banda armada para ayudarle a conseguir sus fines que colaborar con banda armada para acabar con ella. El espionaje, el contraespionaje y la infiltración son viejas herramientas en la lucha contra el mal. Y a veces pasa por colaborar con los malos o crear esa apariencia.
En todo caso, lo que pudo ocurrir en el famoso bar Faisán, fuese lo que fuese, ocurrió en el contexto de la política antiterrorista dictada por el Gobierno. Una política de Estado llevada a cabo por servidores del Estado. Y personalmente espero que la conducta de Hidalgo, Pamiés y Ballesteros no se asimile a la de tres vulgares delincuentes solo porque otros, en el campo político y mediático -no en el judicial, ojo-, los necesitan como excusa para liquidar políticamente al candidato socialista a la Moncloa, el ex ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Reitero mi argumento de ayer. Nadie en su sano juicio puede sostener seriamente que los máximos responsables políticos y policiales de la lucha antiterrorista enloquecieron de la noche a la mañana y se pasaron al bando de los malos solo por unos días.
El Confidencial - Opinión
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