El error Haidar. Por Ignacio Camacho

PUEDE que Marruecos nunca se arrepienta bastante del error que cometió con Aminatu Haidar. Fuese por un gesto de excesiva prepotencia o por un defecto de cálculo en su confianza respecto al Gobierno español, la crisis que provoco el desafío de la activista ha tumbado dos décadas de política de hechos consumados en el Sáhara y ha revivido un estado de opinión pública negativo para los intereses de la monarquía alauita. Las autoridades marroquíes lo saben, aunque no puedan admitirlo. Saben, y les preocupa, que han dado un paso atrás. Y que han resucitado un problema que tenían muy bien embocado a su favor.

El protagonismo paralelo de Haidar en la cumbre euromarroquí de Granada es un síntoma de ese atasco. La lucha sacrificial de Aminatu ha despertado la simpatía de la ciudadanía española por la olvidada causa saharaui, que Marruecos había situado en vía muerta con la complicidad del zapaterismo. El Gobierno de Mohamed VI ha sabido trabajar con astucia; ha llenado de colonos mestizos el territorio en disputa, ha estancado las soluciones de la ONU, ha complicado el censo de un hipotético referéndum, ha pactado con disidentes polisarios, ha aglutinado a todas las tendencias internas y estaba a punto de desactivar el ya lánguido compromiso español cuando minusvaloró la resistencia de esa menuda mujer llena de determinación y coraje. En el mes de huelga de hambre, Aminatu ha vuelto a aglutinar a la izquierda española y ha agitado un estado de opinión desmayado. Alas para el Polisario, plomo para el plan de autonomía controlada que Rabat impulsa como sucedáneo de salida para un conflicto imposible.

Ahora el desperezado activismo saharaui compromete incluso el discurso reformista de Mohamed Sexto. Los líderes de la Unión Europea, que lo necesitan como socio preferente en el delicado tablero del Magreb, le han exigido en Granada avances en los derechos humanos, un aspecto sensible en el que Marruecos se esfuerza por aparentar regeneración al punto de haber constituido incluso una Comisión de la Verdad que ha indemnizado a víctimas de la represión de Hassan II. El caso Haidar minimiza esos empeños y endurece la imagen de una Corona que, en efecto, ha emprendido reformas estructurales sólidas, pero a cuyo camino hacia la normalidad democrática le falta aún mucho recorrido. Y además ha maniatado la colaboración del Gobierno español, al que le apuntan por la izquierda flecos de disidencia que ya no puede tapar sin generar antipatía ciudadana. Aminatu ha ganado mucho más que una batalla de dignidad; ha reequilibrado un pulso político y diplomático que su bando tenía prácticamente perdido.

A veces, una sola persona puede cruzarse en un designio histórico. Marruecos -quizá tampoco España- no lo comprendió cuando decidió impedir el regreso desafiante de Aminatu Haidar. Ahora su Rey camina con un pedrusco del desierto incrustado en su babucha.

ABC - Opinión

Entre Chávez y Parot. Por Emilio Campmany

¿Por qué será que a los españoles apenas nos sorprende que el Gobierno de Zapatero proteja a ETA?

En el Berlín de la primavera de 1945, la seguridad del desastre era tal, que para sobreponerse al terror que les provocaba pensar en el futuro los berlineses llegaron a reírse de su porvenir con chistes de tan dudoso gusto como el que decía: "Sé práctico, cómprate un ataúd". Los desastres que nos asolan son de tales proporciones que nuestro Gobierno parece igualmente empeñado en hacer chistes sobre su propia incompetencia. Después de que una investigación judicial descubriera inequívocas conexiones de Chávez con la ETA, no contento con pedirle perdón al dictador porque lo que era un secreto a voces se supiera, va nuestro Gobierno y hace un comunicado conjunto con el venezolano para eximir a éste de toda responsabilidad. Es como si, tras el 11-S y viendo que Al Qaeda goza de la protección de los talibanes, el Mulá Omar y Bush hubieran hecho un comunicado conjunto para afirmar que Kabul no tiene ninguna culpa de lo ocurrido. Es para partirse.

Encima, por si eso no fuera poco, nos enteramos de que el abnegado servidor del Estado, el catedrático Gómez Benítez, ofreció a la banda terrorista un giro en la aplicación de la doctrina Parot. Para quienes no la recuerden, tal doctrina establece que las redenciones de penas, cuando se tenga derecho a ellas, no se aplican sobre el tiempo máximo que uno puede estar en la cárcel, sino sobre cada una de las condenas que uno haya sufrido. Así, el etarra que, como Henri Parot, es condenado por varios asesinatos a miles de años de prisión, pero que sólo cumplirá el máximo legal, no puede descontar las redenciones a que tenga derecho de ese máximo legal, sino que tiene que hacerlo de los miles de años a los que fue condenado. La doctrina significa en la práctica que, cuando alguien es condenado a muchos más años de los que legalmente puede permanecer en la cárcel, tendrá que estar allí hasta cumplir el máximo establecido por más años que redima.

Pues bien, al parecer Gómez Benítez ofreció a la ETA dar un vuelco a esta doctrina. No se sabe si lo iba a hacer convenciendo a los magistrados del Supremo o a los del Constitucional, que todavía están pendientes de resolver el recurso de Henri Parot. Lo probable es que se refiriera al Constitucional por varias razones. La primera es que tal Tribunal todavía no se ha pronunciado sobre el asunto, con lo que no tiene que desdecirse para hacer caso a Gómez Benítez. Además, el Constitucional es más sensible que el Supremo a las influencias del Ejecutivo. Y, finalmente, porque es posible, aunque no obvio, que la doctrina Parot sea en efecto inconstitucional.

En ambas historias puede contemplarse a nuestro Gobierno protegiendo a la ETA. En Venezuela, evitando que la obvia conexión venezolana con la organización terrorista tenga consecuencias judiciales y diplomáticas. Y en la negociación con la banda, ofreciendo lo que constitucionalmente no tiene capacidad de hacer, esto es, torcer la mano de los jueces en beneficio de los asesinos. Y, sin embargo, ¿por qué será que a los españoles apenas nos sorprende que el Gobierno de Zapatero haga esta clase de cosas?

Hemos llegado a un punto de resignación similar al de los berlineses de 1945. Es verdad que todavía no tememos por nuestras vidas, sino sólo por nuestras haciendas y por nuestro país, pero por lo demás, el desánimo es parecido. Pronto haremos chistes del tipo: "Sé práctico, nacionalízate australiano".

Libertad Digital - Opinión

¿Cuándo se torció la democracia?. Por Gabriel Albiac

¿CUÁNDO empezó a torcerse todo? Porque se torció, no hay duda. Hasta llegar a este cínico malvivir, soportando a una impune casta de políticos corruptos que acumula en sus manos todos los poderes. Sin contrapeso.


Que un grupo numeroso de jueces haya hecho explícito lo que es la maldición de este país puede que sea el acontecimiento moral más serio de estos años. Porque lo que los 1.400 proclaman en su Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial es seca constancia de aquello sobre lo cual se han erigido los ya tres decenios de corrupción, y sobre cuyo blindaje se asienta el privilegio de los partidos. También, la ruina de la nación. En lo moral como en lo económico.

Nada extraordinariamente nuevo dice este Manifiesto. Fecha el punto de inflexión. Es todo. 1 de julio de 1985. Ley Orgánica del Poder Judicial. A la medida del PSOE de un Felipe González cuya mayoría absoluta se maquinaba entonces ilimitada en el tiempo. Hasta ese día, la Constitución de 1978 había logrado salvar, al menos, esa tabla del colectivo naufragio abierto por el populismo neoperonista que teorizara Alfonso Guerra, al llamar a poner en marcha la máquina de hacer decretos y a enterrar, de una vez, a Montesquieu y su maldito constitucionalismo.

Siey_s formuló un día de hace más de dos siglos que un Estado que no garantiza y blinda la autonomía de los poderes no posee Constitución; todo lo más, un remedo o una máscara. Es, con toda exactitud, lo que aquella nefasta Ley Orgánica puso en pie frente al texto constitucional que, en el 78, garantizaba la elección por los jueces de su órgano de gobierno. A partir del 85, el Consejo General del Poder Judicial fue nombrado directamente por los partidos con representación parlamentaria, en proporción exacta a sus propios escaños. Con las palabras, ahora, de los 1.400 jueces, «la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 procedió a desposeer a los jueces y magistrados de su originario derecho a elegir a 12 de los 21 miembros integrantes del CGPJ (derecho que ya venían efectivamente ejerciendo conforme a su precedente Ley Orgánica de 1980) transfiriendo íntegramente al parlamento la elección de todos ellos». Y, sí, claro que sí, el Consejo General del Poder Judicial pasó desde ese día a ser eso que el Manifiesto describe como un clon o un calco del mapa parlamentario y un brazo ejecutor de los partidos en él representados.

Todo juez español sabe que el destino de su carrera depende, en muy buena parte, del Consejo. Y que el Consejo pertenece a quien pertenece: a quien nombra a sus miembros. «Los nocivos efectos de este degradado uso partidista del nuevo sistema no se hicieron esperar. Rápidamente fueron quedando impregnadas del mismo tinte político las más relevantes decisiones del órgano así elegido». La locura va camino de consumarse en farsa, mediante su multiplicación por 17, para que también los caciques de cada Comunidad Autónoma se sepan tan invulnerables cuanto sus jefes nacionales.

Podemos jugar a engañarnos. Aunque somos lo bastante adultos como para saber que nos estamos engañando y por qué miedos o intereses lo hacemos. Podemos seguir llamando a esto en lo cual vivimos democracia. Pero sabemos que cuando Moratinos, a las órdenes de su jefe, busca torcer el auto judicial que molesta a un caudillo bananero con el cual se hace jugoso negocio es porque ni siquiera puede pasársele por la cabeza que un juez sea otra cosa que un subordinado del Gobierno. Del cual pende, en cada instante, el futuro -o el no futuro- de su carrera. Sí, en 1985 se torció todo. Hasta llegar al borde del abismo. En donde estamos.

ABC - Opinión

El valiente Garzón. Por José García Domínguez

Será que la suprema prueba de gallardía frente al nacionalismo criminal consiste en hacer vida en Madrid, rodeado de policías, escoltas, coches blindados, cámaras de seguridad y focos de televisión.

Siempre a la vanguardia de los zapadores empecinados en dinamitar el orden constitucional, el feliz ejemplo de acoso a la Justicia de los catalanistas, al fin, ha abierto la veda del Tribunal Supremo. Y es que, hasta la llegada de Zapatero, en el pim, pam, pum contra los cimientos mismos del Estado, por lo menos, se respetaban las apariencias. Ahora, ni eso. Así, el montepío de los abajofirmantes de guardia con momio en el pesebre ya no muestra el menor recato antes de lanzar públicos avisos a navegantes contra jueces y magistrados díscolos. Al siciliano modo, o a la catalana forma, que tanto monta, el Tribunal llamado a juzgar a Garzón se ve sometido a directa, indisimulada coacción con tal de que exonere a su reo de obedecer el mandato de la Ley.

Pues lo más estupefaciente del asunto es que ni siquiera las barras bravas de Baltasar predican la inocencia del número dos de Mister X. Que el muy improbable becario del Santander haya violentado principios, normas y decencias jurídicas varias, diríase que les trae sin cuidado. De ahí los dos argumentos-chirigota que presiden la campaña de agit prop contra la independencia del Supremo. El primero, regurgitado ad nauseam desde la antesala misma del Consejo de Ministros hasta la última zahúrda mediática de Ferraz, sentencia que la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero... siempre y cuando, claro está, el asunto no afecte al compañero Garzón o en la querella luzca, inaceptable, la rúbrica de Manos Limpias.
Más falaz aún, el segundo acaba de exponerlo Zetapé en persona. Con esa pericia tan suya para siempre mezclar velocidad y tocino, el presidente apela ahora al "valor" mostrado en el proceder administrativo contra ETA como castiza eximente testicular de todas sus trapacerías. Será entonces que el resto de los jueces de la Audiencia Nacional forman una medrosa pandilla de gallinas cluecas. Y que la suprema prueba de gallardía frente al nacionalismo criminal consiste en hacer vida en Madrid, rodeado de policías, escoltas, coches blindados, cámaras de seguridad y focos de televisión. Uf, seguro que ni el Capitán Trueno ni Crispín tendrían agallas suficientes con tal de sobrellevar tan temerarios riesgos cotidianos. Ya lo decían los chicos de Radio Futura: "Hace falta valor...".

Libertad Digital - Opinión

Cuba, la mano que mece la cuna

EL comunicado conjunto emitido por los Gobiernos de España y Venezuela no va a ser suficiente para tapar el escándalo de la cooperación del régimen chavista con la alianza terrorista formada por ETA y las FARC. Rodríguez Zapatero se ha equivocado gravemente al dar la cara por Hugo Chávez y desamparar a la Justicia española. El error no es nuevo para el Gobierno socialista, que en otras ocasiones ya trató de entorpecer o deslegitimar la acción antiterrorista de algunos jueces de la Audiencia Nacional cuando no le convenía políticamente la persecución a ETA. Ahora, la presencia del régimen totalitario de Chávez como muñidor de coaliciones criminales ha hecho que el Gobierno socialista vuelva a pervertir las prioridades que le correspondería defender por interés nacional. Si Zapatero prefiere a Hugo Chávez antes que a la Justicia española, las consecuencias políticas no se harán esperar.

Pero el problema se agrava para el Gobierno, porque detrás del régimen venezolano está la Cuba castrista, reiteradamente aludida en el auto de procesamiento dictado por el juez Eloy Velasco contra varios miembros de ETA y de las FARC. A las pruebas contra el Gobierno de Chávez -correos electrónicos incautados en el ordenador del terrorista Raúl Reyes, declaraciones de ex miembros de las FARC, nombramiento del etarra Arturo Cubillas como alto cargo del Ministerio de Agricultura, apoyo de militares venezolanos a los movimientos de etarras y miembros de las FARC por Venezuela- se unen las que apuntan al régimen comunista de Cuba. En esta isla fue donde algunos etarras deportados idearon a principios de los noventa la colaboración de ETA con las FARC y donde se celebraron los primeros encuentros entre dirigentes de ambas organizaciones, de las que salieron compromisos para el entrenamiento conjunto en campos de los terroristas colombianos en suelo venezolano. Vista la primera reacción del Gobierno español, que pide explicaciones al juez Velasco y no al presunto cooperador de ETA, el Gobierno de Chávez, poco o nada ha de esperarse en relación con Cuba, dictadura mimada de la diplomacia española ante Europa y el resto de la comunidad internacional.

ABC - Editorial

Cuatro minutos. Por Arturo Pérez Reverte

Me llegan, por amigo interpuesto, los comentarios de uno de los infantes de marina que estaban en el Índico durante el secuestro del Alakrana –del que, por cierto, nadie explicó de modo satisfactorio qué bandera llevaba izada, o no, cuando le dijeron buenos días–. El citado mílite es uno de los que intervinieron en la persecución de los piratas somalíes cuando éstos, después de trincar la pasta, salieron a toda leche para refugiarse en la costa. Viniendo de donde vienen, no es raro que los comentarios revelen insatisfacción por las órdenes recibidas y por el grotesco desenlace. Desde su comprensible anonimato, el infante de marina se desahoga, contando que los malevos estuvieron a tiro, pero las órdenes eran no disparar bajo ningún concepto, pues nadie estaba dispuesto a admitir muertos ni heridos en aquel sainete.

Todo es conocido de sobra, y no merece volver sobre ello. Pero hay una frase que tengo por significativa, porque explica no sólo lo del Alakrana, sino muchas otras cosas: «Tuvimos de tres a cuatro minutos para detenerlos. Pedimos órdenes y hubo silencio». Con esas interesantes palabras en el aire, les invito a un bonito e instructivo ejercicio. Cierren los ojos e imaginen. Lo han visto veinte veces en el cine o la tele: las lanchas de los piratas zumbando hacia la playa, los infantes de marina teniéndolos en el punto de mira y con la posibilidad de bloquearles el paso, y el jefe del operativo pidiendo por radio instrucciones a sus superiores. «Permiso para intervenir», o algo así. Dice. Y ahora trasládense a Madrid, al gabinete de crisis o como se llame lo que montaron allí. También, en este caso, las películas nos facilitan el asunto: un mapa del Índico en una pantalla en la pared, pantallas de ordenador, la ministra de Defensa con las gafas puestas, el JEMAD ese de la barba que siempre va de azul, el resto de la plana mayor y toda la parafernalia. Con el pesquero liberado previo pago de su importe, todos más pendientes ya del telediario que de otra cosa. Y la voz que viene del Índico sonando en el altavoz: «Tenemos tres o cuatro minutos y solicitamos órdenes. Repito: solicitamos órdenes». El reloj en la pared haciendo tictac, o lo que hagan los relojes de los gabinetes de crisis, y la ministra, y el de la barba, y el resto de artistas, mirándose unos a otros, callados como putas. Y más tictac. Nadie dice «bloquéenlos», ni nadie dice «déjenlos escapar». Sería mojarse demasiado en uno u otro sentido, y las palabras las carga el diablo. Tanto el «sí» como el «no» pueden causar problemas en las tertulias radiofónicas y los titulares de los periódicos, según vayan éstos a favor o en contra del Gobierno. Así que punto en boca. Silencio administrativo, cuatro minutos, uno detrás de otro, mientras allá abajo, en el mar, los infantes de marina, el dedo en el gatillo y locos por la música, que para eso están, blasfeman en arameo, por lo bajini, mientras ven cómo se escapan los flacos con la pasta. Y al cabo, la desolada frase final: «Han llegado a la playa». Suspiro de alivio en el gabinete de crisis. Fin de la historia.

Les cuento la escena –imaginaria, aunque no tanto– por si ustedes llegan a la misma conclusión que yo. Esos cuatro minutos de silencio no son los del Alakrana. Son todo un síntoma, una marca de fábrica. Una manera de entender la vida en este pintoresco lugar llamado España porque de alguna manera hay que llamarlo. Esos cuatro minutos de silencio se dan a cada instante, en cualquiera de las diarias manifestaciones de nuestra estupidez, nuestra mala baba y nuestra impotencia. Calla siempre, los cuatro minutos precisos, el político de turno, y el policía, y el juez, y el periodista, y el vecino del quinto. Callamos todos ante lo que vemos y oímos, pendientes del tictac del reloj, esperando que el tiempo aplace, resuelva, permita olvidar el problema. Una cosa es la teoría, las declaraciones oficiales, la España virtual. Qué ligeros de lengua somos legislando para un mundo perfecto, con nuestra inquebrantable fe en el hombre –y en la mujer, que diría Bibiana–. Y qué callados nos quedamos, como la otra ministra y el de la barba, cuando la realidad se impone sobre nuestra imbecilidad endémica. Cuando el maltratador defendido por la maltratada, el corrupto reelegido para alcalde, el violador reincidente, el terrorista que apenas paga su crimen, el hijo de puta menor de edad, la tía marrana que aprovecha la ley para vengarse del marido inocente, el pirata somalí que rompe el tópico del buen negrito, nos meten el Kalashnikov por el ojete. Entonces nos quedamos callados, no sea que la vida real nos reviente la teoría obligándonos a señalar al rey desnudo. Y así, de cuatro en cuatro, pasan los minutos de nuestra cobardía.

XL Semanal

Disculpándose ante Chávez. Por José María Carrascal

«LOS gobiernos de España y Venezuela ratifican su más enérgica condena del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», dice el comunicado conjunto hecho público por ambos gobiernos.

¡Pues vaya cosa! Sólo faltaría que apoyaran el terrorismo. Pero ¿qué hay del auto del juez Velasco, donde se habla de la cooperación gubernamental venezolana con las FARC y ETA y se pide al Ministerio de Asuntos Exteriores español que «practique las gestiones pertinentes ante las autoridades venezolanas para que cooperen en la entrega de algunos de los procesados», concretamente la de los residentes en Venezuela, uno de ellos, Arturo Cubilla, que ha ocupado cargos en aquel gobierno? Pues miren ustedes lo que hay, según el comunicado conjunto que Moratinos ha presentado como un triunfo: «El gobierno venezolano refuta y desmiente las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA, cuyas actividades rechaza sin paliativos». O sea, que el auto del juez Velasco es una patraña. Tras lo cual, que ambos gobiernos reiteren su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial parece más un chiste que un documento oficial. Si querían colaborar de verdad en esos ámbitos, España hubiese tenido que haber enviado ya ese auto a Venezuela, cosa que aún no ha hecho, y Venezuela hubiese tenido que demostrar que es una patraña. En vez de eso, lo que hacen es salirnos con una declaración rebosante de términos pomposos y orgullos heridos. Lo que nos advierte que si este asunto empezó mal, está terminando peor. Peor para España, naturalmente, pues a Chávez le ha dado la oportunidad de sacar otra vez a relucir todo el resentimiento que puede acumular un matoncillo ante quienes se achantan ante él, que es lo peor que puede hacerse ante los matones.

Moratinos lo hizo, al asegurarle que Zapatero no había pedido «explicaciones» -como todos le oímos- sino «aclaraciones» a Venezuela por la colaboración con ETA denunciada por un magistrado español. Y ahora ha tenido que tragar que el gobierno venezolano desmienta tal denuncia. ¿Cuál va a ser la próxima? ¿No dar curso al auto del juez Velasco por tales o cuales razones jurídicas? ¿Movilizar a todos sus peones en la justicia española para paralizar al magistrado de la Audiencia Nacional? ¿Aceptar el no rotundo de Caracas? ¿O no insistir si da la callada por respuesta? Capaz es de cualquiera de esas cosas y de otras más graves. A fin de cuentas, la presencia y actividad de ETA en Venezuela no es que sea un secreto a voces, es que ni siquiera es un secreto. ¿La última prueba? José Lorenzo Ayestarán, miembro del comando detenido hace poco en Francia, procedía de Venezuela, donde se había «recuperado» de su labor asesina. Esperemos que Moratinos no se haya disculpado por su detención.

ABC - Opinión

Los amigos de Garzón

DURANTE muchos años, Baltasar Garzón ha ejercido a conciencia el papel de juez «estrella» con un protagonismo mediático que no se corresponde con la imagen propia de los miembros del Poder Judicial.

Ya fuera en el «caso Pinochet» o en cualquier otro asunto conflictivo, el magistrado ha exprimido la legislación procesal en busca de resquicios para asumir todo tipo de competencias, a veces discutibles. Ahora resulta que, en el estricto ejercicio de sus funciones, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación por extralimitarse en su investigación sobre determinadas víctimas del franquismo al aplicar a su manera la mal llamada «memoria histórica». Cuando las cosas no funcionan a su gusto, los entusiastas protestan ruidosamente y descalifican las reglas básicas de la normativa vigente que permiten al órgano competente exigir responsabilidades al magistrado. Al parecer, es obligatorio jalear a Garzón cuando interesa al Gobierno, por ejemplo, por su hiperactividad en trama Gürtel o su pasividad en el «caso Faisán». Por el contrario, hay que acusar a los magistrados del Supremo que admiten la existencia de indicios suficientes para imputarle por una posible conducta que consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta. Es evidente que algunos manejan una doble vara de medir, con el argumento -jurídicamente intolerable- del supuesto «progresismo» de unos y de otros.

Todas las personas son iguales ante la ley, incluidos los jueces y magistrados que integran el poder judicial, y también -aunque a veces no lo parezca- el ciudadano Baltasar Garzón. El grupo de amigos que organizó ayer en Jaén un homenaje ruidoso está integrado por artistas y juristas que, salvo alguna excepción, comparten una ideología que, por lo visto, no les permite actuar de forma objetiva. Con todas las garantías legales, como es propio del Estado de Derecho, el magistrado ahora imputado podrá defenderse de las graves acusaciones que se sustancian ante el órgano jurisdiccional competente y que, en su caso, podrían llegar al CGPJ a adoptar medidas provisionales. Todo ello en el marco de la ley, a la que el famoso juez está sujeto lo mismo que los demás, aunque algunos le otorguen patente de corso.

ABC - Editorial

Papelón diplomático

El Gobierno pacta con Chávez un comunicado que no responde al fallo judicial

Los gobiernos de España y Venezuela intentaron ayer zanjar la polémica suscitada tras el auto de la Audiencia Nacional en el que se acusaba al régimen de Hugo Chávez de colaborar con las bandas terroristas ETA y FARC. En una extraña e insólita pirueta diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo público a primera hora de la tarde un escueto comunicado conjunto en el que España y Venezuela ratificaron «su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», y subrayaron su compromiso mutuo a la hora de cooperar en todos los ámbitos, especialmente la lucha contra la banda terrorista ETA, cuyas actividades Caracas «rechaza sin paliativos».

En la nota, «ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial». Debemos entender, por tanto, que la diplomacia española se da por satisfecha con esta toma de posición retórica de un régimen absolutamente bajo sospecha y cuya política de hechos consumados desmiente constantemente sus pronunciamientos. Este último episodio es otra prueba de la condescendencia y el complejo de inferioridad que presiden las relaciones del Gobierno con Chávez. Desde que el juez Eloy Velasco hiciera pública una resolución, por lo demás absolutamente nítida, Exteriores ha desarrollado una estrategia de paños calientes, entorpecimiento y confusión, sin que se atisbara ánimo decidido de colaborar con la Justicia española. El interés primordial ha sido, por el contrario, no perturbar al caudillo venezolano, aun a costa de protagonizar rectificaciones públicas al propio presidente del Gobierno y ejercer de portavoz defensor del caudillo, como con la nota de ayer. En este punto, nos parece especialmente grave que el Ministerio esté trabando la acción de la Justicia en un asunto como la lucha antiterrorista y que el propio ministro Moratinos desviara el escrito del juez a la asesoría de su departamento «para clarificar una serie de cuestiones». La maniobra dilatoria del Gobierno no tiene un pase, porque la resolución del magistrado es clara y apremia a los ministerios de Exteriores e Interior a hacer las «gestiones pertinentes» para que Cuba y Venezuela «cooperen» en la detención y entrega de los presuntos etarras y miembros de la FARC procesados que se encuentran en su territorio.

Sobran, por tanto, los comunicados conjuntos con lugares comunes y faltan hechos y actuaciones. Un juez de la Audiencia Nacional ha reclamado el arresto de unos presuntos terroristas con delitos muy graves en su haber en función de una investigación policial seria y la obligación inexcusable del Gobierno es cumplir ese mandato y no frenarlo.

El papelón de nuestra diplomacia en general, y del ministro Moratinos en particular, demuestra de nuevo que no puede representar los intereses de la nación. Hablamos de delitos muy graves en un ámbito tan especialmente doloroso para los españoles como el terrorismo. Y hablamos también de un régimen como el de Chávez, que avanza a pasos agigantados hacia el totalitarismo, donde se persiguen derechos fundamentales. El comunicado conjunto de ayer hablaba de cooperación y de condena. LA RAZÓN publica hoy que Iberoamérica, especialmente Venezuela y Cuba, es santuario de ETA y que decenas de etarras disfrutan de una impunidad intolerable. Lo que corresponde es que Chávez conteste al fallo judicial español y persiga a los etarras que viven en Venezuela y que Moratinos, ya que no abandona su responsabilidad, sea exigente y tenga claro que su prioridad no es la seguridad y el bienestar del caudillo, sino los de los españoles.

La Razón - Editorial

Con ETA se fue más lejos de lo que se dijo y hubo presión a los jueces

Así lo reflejan las actas de ETA. La claudicación política ante la banda terrorista incluía concesiones intolerables en el ámbito judicial.

TAL y como refleja la parte de las actas de ETA incautadas en Francia que hoy desvelamos, en la negociación con la banda los representantes del Gobierno pusieron sobre la mesa la denominada doctrina Parot -establecida en 2006 por el Tribunal Supremo-, que implica que los beneficios penitenciarios deben aplicarse sobre cada una de las condenas del reo y no sobre la pena acumulada, lo que limita notablemente la reducción de ésta. «No tenéis ni idea de la pelea que tenemos para modificar esa doctrina... si no hubiera más remedio habría que cambiar las leyes», llegan a confesar los enviados del Gobierno. Cuando éstos negociaban con los etarras, tal interpretación, aplicada al sanguinario Henri Parot, era firme, pero aún no se había extendido a otros reos de la banda cuya liquidación de penas ya estaba establecida con sensibles reducciones gracias a los beneficios penitenciarios que permitía la fórmula anterior a la sentencia del Supremo.

Del contenido de las conversaciones se deduce que el Ejecutivo tenía una «pelea» con los magistrados para convencerles de que fueran condescendientes para facilitar así el proceso de paz, pero que, en última instancia, estaba dispuesto a «cambiar» el Código Penal para beneficiar a los etarras encarcelados. Más enigmática es la afirmación de los interlocutores del Gobierno -cuya identidad se desconoce en este caso- en cuanto a que había una correlación de fuerzas del 70-30 y creían que podrían conseguir otra del 95-5. Todo apunta a que se referían a la suma de voluntades que habían logrado en el estamento judicial a favor de sus propósitos, ya fuera en el Supremo, ya en el Constitucional, donde acabó desembocando la doctrina Parot.

Por oprobioso que pudiera resultar, nada cabría reprochar formalmente al Gobierno si hubiera decidido cambiar la ley dando la cara en el Parlamento y asumiendo el coste político correspondiente. Sin embargo, es indignante que intentara conseguir sus objetivos políticos de forma subrepticia, presionando a los jueces.

Si a este episodio añadimos que, según publicamos días atrás, el abogado Gómez Benítez, en otra reunión de esta serie de contactos con ETA, ofreció a la banda mediar ante el Supremo para lograr la impunidad de Jarrai y PCTV, quedan patentes dos cosas: que el Gobierno indujo a varios magistrados para que actuaran en función de su interés con absoluto desprecio a la independencia judicial y también que incluyó concesiones políticas en la negociación, por lo que Zapatero no dijo la verdad en torno a las líneas rojas que había fijado en ese proceso.

Dado que el diálogo con la banda fracasó, podrá argumentarse que al final no hubo claudicación, pero aun así, la imagen del Gobierno sale muy dañada. En las actas queda retratada su bisoñez y frivolidad al tratar a pecho descubierto unos asuntos que, en el caso de saltar algún día a la opinión pública -como así ha sido-, le pondrían a los pies de los caballos. En definitiva, lo que demuestran esos documentos es que el Ejecutivo fue más allá de lo prudente, y también su error de cálculo, ya que la situación no estaba tan madura como suponía.

El Mundo - Editorial

El problema de confiar en el Estado. Por Emilio J. González

De lo que ahora sucede con las pensiones no se puede culpar en exclusiva a los políticos, porque los ciudadanos también tienen su buena parte de responsabilidad por confiar tan ciegamente en el Estado.

¿Por qué en España la importancia de los fondos privados de pensiones es tan poca, tanto en términos absolutos como en comparación con los países avanzados? Esta es una cuestión que siempre me ha llamado la atención, lo mismo que un segundo hecho muy relacionado con el primero: la negativa de muchos españoles durante tantos años a aceptar que, algún día, el sistema público de pensiones podía quebrar, por una simple cuestión de lógica demográfica. Hoy, sin embargo, muchos de esos que confiaron ciegamente en la solvencia del sistema o, peor aún, en que al final el Estado siempre proveería, asisten con desolación a las propuestas de reforma que empieza a desgranar el Gobierno, que se resumen, básicamente, en que habrá que trabajar más años para cobrar menos dinero cuando llegue el momento del retiro. Lo cual ha constituido para muchos una desagradable sorpresa que no están financieramente preparados para afrontarla porque en su momento rechazaron de plano la idea de suscribir un plan privado de pensiones y porque ahora, endeudados como están hasta las cejas por haber comprado un piso a precios astronómicos, no tienen margen para ahorrar de cara al futuro.

Desde luego, este Gobierno, el de Zapatero, no ha hecho mucho, precisamente, por estimular la contratación de planes privados de pensiones, al menos para que, cuando llegue el momento, la renta que proporcionen pueda complementar a una prestación pública que, para muchos, se adivina exigua. Es más, desde que ZP llegó al poder en 2004 su Ejecutivo ha estado buscando formas para desincentivar las aportaciones a los planes privados: desde el incremento de su fiscalidad a la eliminación de la desgravación en el IRPF de las aportaciones a los sistemas privados de previsión social, pasando por tratar de convencer a los autónomos de que incrementen voluntariamente sus cotizaciones a la Seguridad Social (lo cual, lógicamente, harían en detrimento de las aportaciones a los sistemas privados). Y es que para ZP había dos cosas importantes: allegar como fuese recursos a la Seguridad Social y, sobre todo, eso tan socialista de que es el Estado, y no el individuo, quien tiene que proveer para el conjunto de la sociedad. De esta forma, el presidente del Gobierno habría conseguido dos objetivos: controlar a la sociedad a través del sistema público de pensiones y ejecutar una de sus políticas sociales; la de subir las pensiones mínimas, sin que ello suponga mayores gastos para el Estado, porque esa medida ya la financiarían los cotizantes a la Seguridad Social, sobre todo quienes, en razón de su sueldo, más aporten. Por tanto, ZP nunca ha tenido el menor interés en que se desarrolle en España la previsión social complementaria, sino todo lo contrario.

El Partido Popular, a su vez, tuvo en su momento la posibilidad de llevar a cabo una verdadera reforma del modelo de pensiones, abriendo las puertas de verdad a los sistema privados, pero la desperdició, en parte porque decían que la sociedad no aceptaría esa reforma, que nunca le quisieron explicar, en parte porque en el PP los verdaderos liberales caben en un 600 y a todos los demás eso del Estado les pone. Así es que, entre unos y otros, la casa sin barrer.

No obstante, de lo que ahora sucede con las pensiones y la baja importancia, aunque afortunadamente creciente, que tienen los planes privados en nuestro país, no se puede culpar en exclusiva a los políticos, porque los ciudadanos también tienen su buena parte de responsabilidad por confiar tan ciegamente en el Estado.

Es cierto que muchas generaciones de españoles hemos sido educadas en la idea de que el Estado es un ente moralmente superior al hombre, pero la inteligencia enseña a mirar a la vida con actitud crítica y cuestionar muchas de las cosas que aprendimos de niños, como así ha ocurrido, unas veces para bien y otras para mal. Sin embargo, la confianza en el Estado proveedor apenas se ha cuestionado, en parte porque para muchos suponía la ruptura de un esquema de pensamiento cuya quiebra les arrojaba de lleno en brazos de la libertad, con sus deberes y responsabilidades.

Para mucha gente es mucho más cómodo decir que debe ser el Estado quien se encargue de esto o aquello y, de esta forma, hacer dejación de sus responsabilidades. Por ejemplo, quien cree que se debe ayudar económicamente a los países más pobres pide que lo haga el Estado, en lugar de ser él quien se rasque el bolsillo, y así encuentra satisfacción moral aunque ello implique la dejación de una responsabilidad personal. Con las pensiones ocurre tres cuartos de lo mismo. Si el Estado se encarga de ello, yo no tengo por qué preocuparme de mi futuro, y más, decían muchos, cuando se tiene en cuenta que el valor de un plan de pensiones puede bajar en algún momento del tiempo, en función de las circunstancias económicas y de los mercados financieros; olvidando que para algo está la gestión prudente, por ejemplo, ese principio sencillo de entender que dice que el porcentaje de un plan de pensiones invertido en activos de riesgo, como acciones, debe ser igual a los años que a uno le resten hasta llegar a la jubilación. ¿Qué a alguien le quedan cinco años? Pues su plan no debería tener más de un 5% de su capital invertido en renta variable, con el fin de conservar los recursos con los que financiar la pensión. Claro que eso implica que uno se preocupe por sus cosas en lugar de dejar que sean otros los que decidan por él, porque luego pasa lo que pasa, que es un negro futuro cuando llegue la edad del retiro para quien en estos momentos tenga menos de 55 años.

También es verdad que muchos ciudadanos, en lugar de adquirir viviendas a precios que realmente se pudieran permitir, se han embarcado en compras imposibles, y el poco margen de ahorro que les pudiera quedar lo han dilapidado en vivir por encima de sus posibilidades, en todos los sentidos, porque confiaban en que el Estado proveería. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro país, esa confianza ciega en el Estado que lleva a la persona a hacer una verdadera dejación de sus responsabilidades individuales para echarse después las manos a la cabeza cuando quienes desde el Gobierno no tienen más remedio que reconocer que esto no da más de sí y que hay que apechugar con las consecuencias. Mi buen amigo Francisco Cabrillo escribía hace unos días en este mismo medio que lo que hacen falta son menos funcionarios y más empresarios, y tiene razón. Yo voy más allá y digo que lo que necesita España es menos confianza en el Estado y más en la propia persona a la hora de afrontar los retos de la vida.

Libertad Digital - Opinión

Un comunicado infamante

EL comunicado conjunto de los gobiernos español y venezolano sobre ETA constituye una claudicación ante las ofensivas declaraciones de Hugo Chávez contra la Justicia española y los claros datos que se han conocido de la relación de su régimen con la organización etarra. El documento suscrito por ambos ejecutivos desmiente los hechos que se recogen en el auto de procesamiento dictado por el juez Velasco contra miembros de ETA y las FARC, que ofrece informaciones muy precisas de la connivencia del régimen chavista con la alianza de ambas organizaciones terroristas. La firma del Gobierno español en ese papel implica que asume el desmentido del Ejecutivo venezolano a las manifestaciones del juez Velasco. En el colmo del sarcasmo, el Gobierno devolverá el auto al magistrado para pedirle aclaraciones. O sea, que, en lugar de pedir explicaciones a Chávez, se las pide al juez que apunta a la colaboración del régimen bolivariano con una banda terrorista que ha asesinado a casi mil compatriotas. No cabe mayor indignidad. Esta desautorización a la Justicia española es un acto inadmisible de desistimiento de los intereses nacionales. Por principio, un Gobierno de España no puede tomar partido por un régimen al que un juez español está atribuyendo un acto de colaboración con organizaciones terroristas.

En vez de poner en funcionamiento los mecanismos diplomáticos necesarios para preservar la dignidad nacional frente a las bravuconadas de Hugo Chávez, el Gobierno ha vuelto a optar por su sectarismo ideológico, dando prioridad a su identificación con los regímenes totalitarios de Centroamérica frente a sus deberes como máximo responsable político de los intereses nacionales. Es vergonzosa la rapidez con la que ambos gobiernos han urdido este comunicado conjunto. España se está convirtiendo en el palmero de las dictaduras populistas de Iberoamérica por efecto de una política exterior que premia el tercermundismo ideológico y abandona la seriedad y el rigor . No es gratuito el fracaso de la presidencia española de turno en Europa, ni la absoluta falta de respeto con que nos tratan los caudillos autócratas . Chávez no se merecía un comunicado conjunto que lavara su cara, ni a España le interesan sus declaraciones de condena a ETA: la colaboración se demuestra con hechos concretos -detenciones y extradiciones de etarras, desmantelamiento de campamentos conjuntos- y los hechos que se conocen evidencian que la Venezuela de Chávez se ha convertido en un santuario etarra.

ABC - Editorial

Retales de política exterior. Por David Jiménez Torres

En esta mini-escandalera, que sólo implica el apoyo de un Estado a un grupo terrorista que asesina a personas en otro, las explicaciones del embajador o de quien corresponda, ni están ni se les espera. Ni siquiera se piden.

Dijo Rubalcaba ayer en su entrevista en Los Desayunos de TVE que "dos no rompen si uno no quiere". Vaya por delante que la frase se refería al PP y al Pacto Antiterrorista, y no guardaba ninguna conexión con sus anteriores declaraciones de que Venezuela debía ayudar "rotundamente" en la lucha contra ETA. Pero la frase parece resumir lo sucedido estas últimas semanas en eso que todavía llamamos política exterior española. Una política que parece, en el mejor de los casos, un pobre enamorado/a que hace la vista gorda ante las muestras más que evidentes de que su novio/a no es de fiar, se comparte como una mala persona y probablemente le está poniendo los cuernos.

Recordaremos que cuando la muerte de Orlando Zapata, Moratinos aclaró que un incidente así no iba a cambiar la estrategia española con respecto a Cuba, ese acercamiento y negociación en pos de un fin sólo factible a través del buenismo: la nada. A pesar de la nueva muestra de la falta de voluntad de los Castro de rectificar su política opresora, España seguiría aportando incentivos e ignorando a la disidencia cubana en las visitas diplomáticas a la isla. Esta semana, reedición del mismo melodrama: no un tertuliano, ni un telediario, ni siquiera un periódico, sino todo un juez de la Audiencia Nacional declara que existen indicios de que Venezuela facilitó los contactos entre ETA y las FARC. ¿Amenaza España con tomar medidas económicas o diplomáticas, siquiera con paralizar la venta al ejército chavista de cuatro buques de vigilancia del litoral que comienza esta misma semana, si el embajador o Chávez no dan explicaciones inmediatas? Pero señores, qué se creen, ¿que esto es comparable a lo de la foto del FBI de Bin Laden con el pelo de Llamazares? Porque recordemos que cuando ese escandalazo al más alto nivel diplomático y de gravísimas consecuencias para la vida de todos los españoles, la embajada de Estados Unidos ofreció inmediatamente explicaciones al ex coordinador general de IU, y cuando él persistió en el berrinche, se las volvió a ofrecer. En esta mini-escandalera, que sólo implica el apoyo de un Estado a un grupo terrorista que asesina a personas en otro, las explicaciones del embajador o de quien corresponda, ni están ni se les espera. Ni siquiera se piden.

Y es que dos no rompen si uno no quiere. Y aquí el tonto que no quiere es España. Y Zapatero y Moratinos, los dos enamorados que se niegan a afrontar la más que necesaria ruptura, por una razón tan boba e inmadura como que es muy duro renunciar a la idea que uno se formó sobre la otra persona. Pensar que Cuba la bella, antigua amada de juventud a la que le hemos dado mil y una oportunidades, sigue tan cruel e irredenta ahora como antes. Pensar que la potente Venezuela chavista, imaginada redención de nuestra fe perdida y tabla de salvación de nuestras ideas juveniles sobre el amor, nos está poniendo los cuernos con todos los matones de la herriko taberna. Como diría la canción: "hay que ver qué puntería / no te arrimas a una buena". Pero antes que hacer autocrítica, antes que intentar afrontar ese futuro gris y frío sin el cálido manto que nos envolvió al nacer, Zapatero y Moratinos prefieren refugiarse en el autoengaño. Y empieza el carrusel de excusas, con Willy Toledo de portavoz: en realidad ellos no son tan malos; en realidad, los malos somos nosotros.

Es de suponer que los ciudadanos seremos los invitados cuchicheantes y maldicientes de la boda. Tampoco parecemos querer ser más.

Libertad Digital - Opinión

Suspenso en igualdad

Las políticas de igualdad han sido una prioridad máxima del Gobierno socialista en sus seis años de mandato y un eje fundamental de buena parte de sus medidas sociales.

La creación del Ministerio de Igualdad supuso precisamente la materialización de esa voluntad del Ejecutivo de corregir un desequilibrio tan gravoso para el país. Sin embargo, a pesar de ser positivo el mensaje de la Administración en cuanto a la mentalización colectiva sobre un problema que afecta a miles de mujeres, y pese a los loables progresos en esta materia, hemos entendido desde siempre que la igualdad era más un instrumento propagandístico al servicio de una fabulosa operación de márketing político del PSOE que un compromiso real para construir una sociedad más justa. El Gobierno no ha dejado de esgrimir en este tiempo al Ministerio de igualdad como el símbolo inobjetable de su vinculación con una causa necesaria. Pero, ¿y los resultados? Con o sin Ministerio, ¿España es hoy un país que puede presumir en este campo? Las respuestas han partido de la propia Comisión Europea. LA RAZÓN adelantó el viernes en exclusiva que España está muy lejos de aprobar la asignatura de la Igualdad.

Según el Eurobarómetro, el 71% de los españoles opina que las diferencias de género están extendidas, lo que nos coloca como el segundo Estado miembro con mayor percepción de la desigualdad, sólo por detrás de Francia. La media europea se queda en el 62% de la ciudadanía. ¿Cómo explicar la paradoja de que una gestión política que supuestamente se vuelca en combatir la discriminación en todos los ámbitos de la vida dé como resultado el segundo país europeo con mayor percepción de la desigualdad? Creemos que la respuesta sólo puede ser que las políticas desarrolladas por el Ministerio han sido puro maquillaje al servicio de un sectarismo ideológico, con tintes incluso revanchistas. Una labor ministerial que ha permitido que las mujeres sigan cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo, que desempeñen menos puestos de alta responsabilidad que los hombres, que tengan importantes dificultades para conciliar la vida laboral y familiar o que aumente el maltrato psicológico, coercitivo y constante tanto en el hogar, como en el trabajo («mobbing»), o en el colegio («bullyng»), sólo puede ser calificada de fracaso. Por no hablar, obviamente, de las alarmantes cifras de violencia de género, que se mantienen inalterables. Resulta significativo también que el principal proyecto del Ministerio de Bibiana Aído, un departamento, por lo demás, con menguante presupuesto y confusas competencias, el que ha justificado su razón de ser para la izquierda española, haya sido la nueva Ley del Aborto.

La realidad es que, seis años después de presuntas políticas de progreso social, la sociedad española padece un reconocible déficit en igualdad. Como acertadamente precisó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, «un Ministerio no soluciona los problemas». España es la prueba palpable de ello.

Las políticas eficientes contra las diferencias de género no pueden cimentarse en las cuotas o en los ministerios, sino en intensas políticas de educación y de concienciación, de trabajo con las empresas para estimular una autorregulación y, en último extremo, de sanciones contra situaciones de abuso. Más iniciativas eficaces y discretas y menos circo al servicio de una determinada opción política.

La Razón - Editorial

La que nos viene. Por M. Martín Ferrand

RESIGNOS, como estamos, a no verlas venir y dejarlas pasar hemos asistido esta semana a un nuevo record en el precio de la gasolina. No pasa nada. Un Gobierno incapaz se corresponde con una oposición inactiva y una sociedad insensible para que el asunto dominante del momento sean las próximas vacaciones de Semana Santa. Ignoro si es consecuencia del fatalismo tradicional en la vida española o un efecto del regusto masoquista que la socialdemocracia tiende a inocular en la ciudadanía. Los oráculos se desgañitan previniéndonos de la catástrofe. Todas las señales perceptibles resultan alarmantes; pero el Gobierno, lejos de modificar las estructuras políticas y económicas en las que se cimenta nuestro fracaso colectivo, habla ahora de perseguir el fraude fiscal. Como Ásterix decía de los romanos, están locos estos (líderes) hispanos.

Más clarificador y sensato resulta escuchar la voz de los empresarios capaces de crear riqueza y generar empleo, no tanto de los banqueros y constructores que viven escalas, intereses y entramados distintos que la mayoría de los empleadores y sus empleados. En ese sentido conviene prestarle atención a Juan Roig, presidente de Mercadona, una empresa con 1.300 tiendas abiertas y una facturación de 15.500 millones de euros. Dice el rector de tan floreciente negocio, con 60.000 trabajadores fijos en su plantilla, que «la que nos viene es gorda». Así, con lenguaje que todos podemos comprender, muy distinto del que usan nuestros representantes, quedamos avisados de que la crisis tiende a engordar y nos costará mucho sacudírnosla si no se toman las drásticas medidas que exige la situación.

Mientras tanto, las Cámaras de Comercio, el último sindicato de afiliación obligatoria que queda en Occidente, se han convertido en guardaespaldas gubernamentales haciéndonos creer, en una campaña obscena, que «esto lo arreglamos entre todos». Aparte de que el Tribunal de Cuentas debiera revisar las de las Cámaras, para las que trabaja como cobrador la Agencia Tributaria, no es serio gastar dinero, venga de donde venga, para pregonar una falsedad. Esto lo arreglan empresas solventes, grandes como Mercadona o pequeñas como la tintorería de la esquina; pero sólo si cuentan con un marco legal que nos permita alcanzar una productividad como la media de la UE. Es decir, no sin un Gobierno dispuesto a perder el amor sindical y la adhesión funcionarial.

ABC - Opinión

Pazo y Moseñe. Por Maite Nolla

Teniendo en cuenta que el señor Pazo te denuncia por menos de eso, a ver quién le dice que su denuncia por no rotular en catalán ha acabado con una sentencia en castellano. Usted misma, señoría.

Afortunadamente, la sentencia que confirma la sanción al señor Nevot por no rotular en catalán suficientemente no crea jurisprudencia. Es más, de la docena larga de juzgados del contencioso-administrativo que hay en Barcelona, es posible que alguno decida que la Constitución aún rige en Cataluña y dicte una sentencia declarando esto ilegal por inconstitucional. Otra de las cosas buenas que tiene esta sentencia es que no entra, en ningún caso, a valorar si que te multen por rotular en castellano es o no legal, aunque parezca un contrasentido. Se limita a reproducir el criterio del Tribunal Constitucional sobre la política lingüística en Cataluña, alegando una sentencia del noventa y cuatro, anterior, por tanto, a la ley actual y que no dijo nada sobre si multar por rotular en castellano es o no constitucional, porque no se planteó.

Contra las sentencias de los juzgados del contencioso-administrativo en materia de sanciones y en cuantía inferior a dieciocho mil euros no cabe recurso. Éste es un elemento clave para entender esta sentencia. Yo no entro a valorar por qué a la señora Moseñe le parece constitucional que se multe a alguien en España por rotular en castellano. No sé si le parece bien, mal, está a favor, le da igual, está "más de acuerdo", como Zapatero, o quiere hacer méritos. Pero que no hubiera dictado esta sentencia de poder ser recurrida, seguro.

La base de la sentencia es la que ya les he mencionado del noventa y cuatro y el resto, con el debido respeto, como dicen los mafiosos, es un lío al más puro estilo Gómez Bermúdez, decorándose con continuas referencias a que esto no es una imposición y que es un error pensarlo y que nada más lejos de la realidad. Esto en la parte en la que se esfuerza en justificar la sanción, que en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se lava las manos directamente.

Y después del jardín jurídico, la señora Moseñe justifica que se imponga una sanción por no rotular en catalán, aunque hubiera un cartel en catalán, porque el cartel que definía la "oferta de servicios" estaba en castellano. Un ejercicio de finura jurídica si tenemos en cuenta que un cartel rezaba "Finques Nevot" y el otro –el delictuoso– "Fincas Nevot Api compra venta pisos solares y rústicas". ¡Ajajá! ¡Aquí te hemos pillao! ¿Aprecian ustedes la sutileza? El señor Nevot se la quería colar a la Administración y a su señoría –jurídicamente, claro–, pero la señora Moseñe ha estado lista viendo la jugada.

Una de las curiosidades de este lance es que el honrado ciudadano que delató a Nevot y que sintió vulnerados sus derechos lingüísticos responde al nombre de Víctor Manuel Pazo Ortiz, como se dice en la sentencia. Y el señor Pazo Ortiz ha recibido el amparo de la señora Moseñe en castellano; porque la sentencia está redactada en castellano, lo que añade a la injusticia, la desidia, ya que los jueces disponen de un servicio de traducción de sentencias y, en general, de toda su producción literaria. Teniendo en cuenta que el señor Pazo te denuncia por menos de eso, a ver quién le dice que su denuncia por no rotular en catalán ha acabado con una sentencia en castellano. Usted misma, señoría.

Libertad Digital - Opinión

¿Maquiavelo?. Por Ignacio Camacho

PARA ser «el Maquiavelo de León», como ha titulado José García Abad su interesante retrato psicopolítico del presidente y de su círculo de poder, a Zapatero le falta profundidad intelectual y perspicacia política. Las sustituye por intuición propagandística y pragmatismo maniobrero, como bien explica el citado libro de moda -demoledor en sus resultados aunque no sé si en sus intenciones-, pero el presunto maquiavelismo presidencial es más bien fruto de una indiscutible sagacidad para la treta y la intriga que de un proyecto estratégico. El propio García Abad perfila a ZP como un gobernante desordenado, improvisador, superficial y atento sólo -a veces con escalofriante frivolidad- a los detalles más triviales del marketing político; ninguno de estos aspectos figura entre las cualidades con las que el pensador florentino adornaba el liderazgo ideal de su príncipe, dibujado con una hondura conceptual y una longitud de mirada de la que carece nuestro primer ministro.

Otra cosa es que Zapatero sea en realidad un personaje mucho más retorcido de lo que aparenta, y que por el camino banal de la finta, el amago y la liquidez ideológica haya logrado objetivos de implacable contundencia. Ha eliminado a cualquier posible rival generacional aparentando liquidar a la vieja guardia socialista, y bajo el esquema formal del talante ha introducido en la escena pública española factores muy sectarios de confrontación y radicalismo. Pero carece de un proyecto estable y de unos principios sólidos; su estilo es de una fluidez casi gaseosa por falta de arraigo intelectual, si bien ese carácter atrevido y cínico lo vuelve, como sugiere Abad, peligroso, oblicuo y esquinado. Maquiavélico en el sentido más peyorativo del término.

Es probable que al propio presidente no le disguste la comparación con Maquiavelo, aunque venga envuelta en un retrato letal de su escurridiza personalidad y de sus dispersos métodos. El autor, veterano periodista de indubitable credo socialdemócrata, ha impuesto sobre su faceta ideológica un impecable profesionalismo, y desde su cercanía al felipismo y a sus fuentes ha trazado con una prosa desnuda y seca un bosquejo de notable objetividad psicológica, cuyas conclusiones quedan abiertas a la interpretación subjetiva de los lectores. El retrato final se parece a los que Goya hacía de la familia borbónica: fidelísimo de rasgos y bastante cruel de conclusiones.

Lo que en todo caso sugiere un texto así, lo pretenda o no quien lo ha escrito, es una reflexión sobre los filtros de selección que rigen en la actual política española, abiertos a que cualquier tipo sin más equipaje que la osadía y un par de golpes de fortuna acceda al núcleo duro del poder y pueda controlarlo a su antojo. En ese sentido, Maquiavelo se lamentaría; como modelo Zapatero apunta más al caótico y ambicioso César Borgia que al ponderado y lúcido Lorenzo de Médici.

ABC - Opinión

Nalgas de cemento armado. Por Pablo Molina

No hay nada que provoque más pavor en un sindicato de clase (alta) que la posibilidad de que alguien decida libremente si desea o no aceptar un contrato de trabajo.

Viendo por primera vez las imágenes de la campaña de la UGT en contra del contrato juvenil propuesto por la CEOE, con un esforzado liberado sindical ofreciendo sus cuartos traseros a la cámara, uno creía que se trataba simplemente de un homenaje La Moncloa, haciendo referencia a la posición anatómica que mantienen los sindicatos desde que Zapatero llegó al poder.

Pero no se trataba de una representación visual de la relación entre sindicatos y Gobierno, sino de la expresión del rechazo de los liberados sindicales hacia la posibilidad de que cualquier joven de España pueda encontrar un trabajo remunerado. Y es no hay nada que provoque más pavor en un sindicato de clase (alta) que la posibilidad de que alguien decida libremente si desea o no aceptar un contrato de trabajo, porque si el ejemplo cunde igual algún día la gente se da cuenta de que su labor es innecesaria y muchos de los actuales liberados tendrían que ponerse a trabajar, con el drama social consiguiente.

A todos nos gustaría tener un sueldazo fijo trabajando lo justo o más bien nada, pero para eso hay que ser diputado o sindicalista, porque en la vida real las cosas funcionan de otra manera. Sin embargo, si algún joven decide comenzar su vida laboral aceptando una modalidad de contrato menos exigente que las que existen normalmente en tiempos de bonanza económica, ahí están unos señores que supuestamente representan sus intereses para impedírselo.

Y es que la alternativa a aceptar un contrato liberado de cargas empresariales excesivas no es otro con mayores garantías en caso de despido, sino seguir engrosando las listas de desempleados y viviendo en casa de los padres. En momentos en que la economía crece es un agravio a la libertad del individuo, pero en momentos de gravísima recesión económica es sencillamente letal.

Por otra parte, sorprende que un gesto tan sencillo como el de la campaña del culito sindical necesite un manual visual de instrucciones detallando el proceso paso a paso, pero nadie mejor que la UGT para conocer el nivel intelectivo medio de sus afiliados y simpatizantes.

Libertad Digital - Opinión

El chantaje de Al Qaida

CUANDO una partida de forajidos asalta una caravana de viajeros, los secuestra y se los lleva a punta de pistola para mantenerlos cautivos en su escondite, no se puede contar con la posibilidad de tratar con ellos como si fueran una asociación de bonancibles caballeros con los que sólo nos separan ciertas opiniones. Al Qaida -con todas sus ramificaciones y franquicias internacionales- es una organización terrorista que no escatima medios para luchar contra las sociedades libres y sus ciudadanos. En pleno siglo XXI se reproducen comportamientos medievales que creíamos superados: los piratas atacan a los pescadores y los terroristas islámicos toman como rehenes a los transeúntes que caen en sus garras para pedir rescate a cambio de sus vidas.

El Gobierno no debe olvidar que, cuando los terroristas secuestran a alguien, en realidad están atacando también a toda la sociedad libre, y que sólo la recomendación de no viajar por tal o cual lugar constituye una victoria para ellos. Nadie niega que la posición del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en este atroz episodio del secuestro en Mauritania de los cooperantes españoles sea muy delicada, con vertientes humanas que no se pueden ignorar. Pero al mismo tiempo es su obligación recordar que resolver este lamentable secuestro no consiste solamente en hacer que esos tres conciudadanos regresen sanos y salvos a sus casas, sino prevenir que los terroristas obtengan una ventaja para seguir cometiendo fechorías, de modo que el resto de la sociedad pueda viajar a salvo de esas alimañas. La responsabilidad del Gobierno incluye también no hacer algo que pueda contribuir a desestabilizar aún más a un país muy cercano geográficamente del territorio español, como es Mauritania. El Ejecutivo está en su derecho de mantener cierta discreción en sus gestiones, pero, antes que nada, debe evitar sentirse también rehén de una pandilla de terroristas desarrapados e indeseables que se creen con fuerza suficiente para hacerle temblar frente a la opinión pública. Nada de lo que se pacta con delincuentes puede honrar a un Gobierno democrático ni puede ser bueno para sus intereses.

ABC - Editorial

El aspecto. Por Alfonso Ussía

Me llama un viejo amigo inglés. Habla un español perfecto con cerrado acento andaluz. Lo aprendió en Jerez. Estuvo a punto de solicitar la nacionalidad española cuando, llegando a Sevilla por la avenida de la Palmera una mañana de mayo, descubrió los azules y morados de los jacarandas y la explosión de las buganvillas y las lantanas. Coincidió su estancia en Jerez de la Frontera con mi servicio militar en Campo Soto, en la isla de San Fernando. Volvió a Inglaterra a ocuparse de sus negocios y se mantiene como el más andaluz de los británicos. Me llama y me dice: –Enhorabuena. Al fin os lo vamos a devolver–; –¿Gibraltar?–, le pregunto; –no, no, lo de Gibraltar ya lo arreglaremos en el futuro. Os vamos a devolver a De Juana Chaos–.

Le ruego su intervención, pero rechaza mi súplica. –«No se puede admitir su aspecto. Lo siento, pero tenéis unos asesinos con una pinta malísima. Nuestros terroristas del IRA, disfrazados de personas normales, pueden engañar. Vuestros terroristas son mucho más ordinarios»–. No he tenido argumentos rápidos para llevarle la contraria. En efecto, las fotografías de De Juana Chaos cuando abandonaba los juzgados de Belfast, son demoledoras. No se trata de su excrecencia humana. No se trata de su pasado sanguinario y su presente de asesino en paro obligatorio, que no voluntario. Se trata de su aspecto. Es un asesino de tan baja estofa que hasta tiene cara de serlo. En España le esperan otros dos añitos de cárcel, generosa propina que no merecen sus veinticinco asesinados. Lo que más ha animado a mi viejo amigo inglés para celebrar la muy probable extradición a España del forajido vasco ha sido la camiseta naranja que llevó De Juana a los juzgados. Una camiseta naranja con el rostro estampado de otro hijo de la gran puta como él –un tal «Jon», que ha desaparecido, según parece–, y con la leyenda «¿dónde está?». Por las fotografías se deduce que De Juana Chaos cree estar protagonizando con el mensaje de su camiseta naranja un acto heroico, cuando en realidad, una vez más, hace el ridículo. En lo único que no ha hecho el ridículo De Juana Chaos en toda su vida, ha sido matando. Ahí hay que reconocerle una estimable capacidad. Y en tirarse a Irati cuando era su novia, pero en este caso la estimable capacidad para llevar a buen fin sus actos hay que concedérsela al Gobierno de Zapatero, que se lo permitía por su condición de «hombre de paz».

No se antoja correcto que nos lo devuelvan. Dos años de cárcel en España son mucho más llevaderos que dos semanas en Belfast con plena libertad. Belfast es más triste y aburrida que fregar la pista de un circo. Y no sabiendo ni patata de inglés, aún más. Aceptaría el canje a cambio de Gibraltar. Nos devuelven Gibraltar y nos quedamos con el monstruo. Pero que nos encajen al criminal imbécil y se queden con el peñón es como para presentarse en el Palacio de Buckingham y liarse a patadas con los perros de la Reina. Que se quede en Belfast para el resto de sus días, que dos años pasan muy deprisa y este canalla no merece disfrutar de la libertad y los paisajes que llenó de sangre inocente.

Quedaos con el de la camiseta naranja, que en España no cabe un hijoputa más.

La Razón - Opinión

Gallegos. Por Manuel Rivas

En ocasiones el político tiene que tragarse sus propias palabras e incluso puede descubrir, como constataba Churchill, que esa práctica ayuda mucho a conseguir una dieta equilibrada.

Según las últimas encuestas, Rosa Díez pasa por ser la política mejor valorada de España. Podríamos decir, "más mejor", pero sería incorrecto. Esta líder tan emergente lleva unos días atascada de forma absurda en el medio de una escalera, desde que se le ocurrió contestar con un desliz xenófobo a la pregunta de Gabilondo, en CNN+, de qué pensaba sobre Zapatero: "Es gallego, en el sentido más peyorativo del término". No era una primicia. En octubre pasado había recurrido a la misma perla para definir a Núñez Feijóo. La construcción gramatical es tan absurda como el contenido, y un lapso repetido puede revelar un inconfesable prejuicio. Lo peyorativo, sea "más" o sea "menos", es siempre peyorativo. Pero, ¿qué sentido tiene utilizar reiteradamente un gentilicio para descalificar a los rivales políticos? Gabilondo le preguntó también por Rajoy. Aquí la respuesta fue de bingo: "¡Es gallego!". La señora Díez cuenta con mentores intelectuales de gran inteligencia, gallegos incluidos, por lo que resulta sorprendente que, al final, su programa se limite a calzar el adjetivo "gallego" a diestra y siniestra. Si además su propósito es salvar España, en el sentido "más mejor" del término salvar, podría intentar convocarnos a la tarea con un estilo más cosmopolita y menos "cantonal y pueblerino", que diría Arcadi Espada. El problema para algunos es de sentido de humor. Es lo que suelen alegar los paletos metropolitanos cuando pretenden reírse de los que consideran paletos "de aldea". Eso ya lo dejó bien zanjado Octavio Paz: puede ser más cateto un figura de Wall Street que un pelao del último ranchito. Además, no le veo vocación humorística a la señora Díez. Lo peor no es que nos quiera salvar. Lo peor es que nos quiere aburrir en nombre de España.

El País - Opinión

Garzón, de la megalomanía a la paranoia

Garzón sabe que está al borde del precipicio por sus errores y ha decidido huir hacia delante, algo que sólo sirve para ponerse en evidencia.

RESULTA muy frecuente en la psiquiatría que la megalomanía, caracterizada por los delirios de grandeza, evolucione a una paranoia por la que el sujeto se fabrica una realidad conspirativa que sólo existe en su mente. Es el caso de Baltasar Garzón, que ayer elevó un disparatado escrito al Consejo del Poder Judicial en el que se declara víctima de una «cruel campaña de acoso y desprestigio», encaminada a su expulsión de la carrera judicial.

Dice Garzón que está siendo objeto de «una persecución sin precedentes» por parte de EL MUNDO, que actúa por «resentimiento». El superjuez sostiene que este periódico no deja pasar ninguna oportunidad para buscar su «denigración» desde que un juzgado de Pozuelo de Alarcón condenó en 2007 a su director. Preso de su manía persecutoria, Garzón se refiere a un pleito irrelevante en el que él mismo englobó artículos de diferentes autores de este periódico para presentar una demanda civil contra el director de EL MUNDO. El tribunal se limitó a obligar al periódico a publicar la sentencia. Como es tan chapucero, Garzón subraya en su escrito que ese fallo fue ratificado por la Audiencia de Madrid en la misma fecha en la que se pronunciaba el juzgado de Pozuelo, lo cual es imposible metafísicamente.

Tras descalificar a este periódico, Garzón dedica sus iras al PP, que, según sus palabras, pretende «depurarle» por su papel en la investigación del caso Gürtel. Arremete contra Esperanza Aguirre y Federico Trillo y subraya que el partido de Rajoy no ha cejado con sus «insistentes denuncias» en intentar acabar «a las bravas» con su carrera profesional.

En su escrito, Garzón recusa por enemistad manifiesta a tres miembros del Consejo General del Poder Judicial: su vicepresidente Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles. A De Rosa le descalifica por ser amigo de Camps. Insulta a la juez Gallego y pone en cuestión su honestidad profesional. De Margarita Robles dice que ha manifestado «una enemistad profunda» desde que él instruyó el caso GAL cuando la vocal era secretaria de Estado de Interior y que, por tanto, no puede ser imparcial al pronunciarse sobre su suspensión.

Habría que recordar a Garzón que fue precisamente Margarita Robles desde su puesto en el Ministerio del Interior quien luchó de forma muy valiente para que la Justicia no dejara impunes los crímenes de los GAL. Entonces estaba de su lado -por razones mucho más puras que las suyas- y no del de Rafael Vera, como parece aviesamente sugerir el juez de la Audiencia Nacional.

Tampoco se libra el Tribunal Supremo de la diatriba de Garzón, que considera que la Sala Segunda ha cambiado de criterio al admitir a trámite las tres querellas contra él, subrayando que siempre ha tenido el apoyo de la Fiscalía. Garzón afirma que las querellas carecen de fundamento, lo que es una manera de poner contra la espada y la pared al Supremo, al que acusa de «priorizar el interés de los querellantes».

La tesis que se desprende de los 26 folios de su escrito es que el PP y varios grupúsculos de extrema derecha, jueces del Supremo, vocales de distinto signo político del CGPJ y este periódico han formado una alianza contra natura para acabar con él, que es al parecer el único paladín de la Justicia en este país.

Pero su problema no es lo que digamos en este periódico ni lo que buena parte de la opinión pública y sus compañeros piensan de él. Su problema son los hechos, como escribía Tomás Vives, ex vicepresidente del Constitucional, que en un demoledor artículo explicaba las razones jurídicas por las que probablemente va a acabar en el banquillo.

Garzón sabe que está al borde del precipicio por sus muchos errores y ha decidido iniciar una huida hacia adelante que sólo está sirviendo para poner en evidencia su desequilibrio personal y su inconsistencia intelectual. El juez ve ahora las mismas conspiraciones de las que le acusaban a él de formar parte cuando instruía el caso GAL.

El Mundo - Editorial

Rosa Díez, síntoma del odio a España

No es de extrañar que tras 30 años de adoctrinamiento nacionalista haya aparecido toda una legión de jóvenes radicales que, empleando los métodos típicos del fascismo y del comunismo, ataque con saña al disidente.

En opinión del filósofo escocés David Hume, a largo plazo un régimen político sólo puede sobrevivir mediante la aquiescencia de la mayoría de sus ciudadanos. De este modo, un régimen político que cercenara las libertades de los individuos sólo podría implementar sus medidas represivas con la complicidad de una mayoría de esos individuos; en cuyo caso, la cuestión debería ser por qué esa mayoría termina aceptando –e incluso apoyando– que una camarilla de políticos ataque las libertades de sus vecinos, amigos y familiares; por qué una sociedad termina detestando ciertas manifestaciones de la libertad individual aun cuando no perjudiquen directamente a nadie.

Y la respuesta, más allá de casos puntuales y concretos, sólo cabe buscarla en el odio. Si ese sentimiento de repulsa consigue prender entre la mayoría de la sociedad, cualquier medida política que sirva para canalizarlo, con independencia de lo lesiva que sea para las libertades individuales, terminará prosperando. Todos los totalitarismos en algún momento han tenido que promover el odio de clase, de raza, de religión o de nacionalidad para asentarse y justificar sus atropellos.

En ciertas regiones de España, salvando unas distancias cada vez más estrechas, también se ha ido cultivando un odio hacia todo lo que simboliza lo español. La lengua y literatura castellanas o el himno y la bandera nacional se han convertido en ciertas partes del país en anatemas que son sometidos a todo tipo de abucheos, pitadas, censuras o quemas. El nacionalismo ha convertido el odio a España en su estrategia para consolidarse en el poder; pues en la medida en que los partidos no nacionalistas sean vistos como invasores o incluso agresores de las esencias comunitarias, sólo la propia tribu tendrá legitimidad para controlar las instituciones.

De ahí que tanto los partidos estrictamente nacionalistas como los asimilados hayan cultivado con dedicación el odio a España y a los españoles y de ahí que tras 30 años de adoctrinamiento haya aparecido toda una legión de jóvenes radicales que, empleando los métodos típicos del fascismo y del comunismo, exterioricen aquellas ideas y sentimientos que el sistema de educación público les ha imbuido.

En otras palabras, para que en Cataluña se pueda perseguir a quienes rotulan en castellano o para que se pueda impedir a los padres escolarizar a sus hijos en la lengua familiar es necesario que el odio hacia España se encuentre muy extendido entre la sociedad catalana. Así, no es de extrañar que una parte de esa sociedad, la más ideologizada y totalitaria, convierta ese odio en agresiones físicas y trate de impedir que se exprese cualquier persona que ponga en cuestión todo el entramado de intereses creados en torno al nacionalismo.

Rosa Díez ha sido la última que, hasta el momento, ha recibido los frutos de ese modelo de sociedad que ha venido planificando y construyendo el nacionalismo: una sociedad rencorosa y asentada en el odio hacia sus conciudadanos. Como ella misma ha reconocido, "unos echan la leña y otros encienden la hoguera". El nacionalismo catalán –como en sus respectivas regiones, el vasco o el gallego– ha venido echando leña a la hoguera antiespañolista y poco ha costado que algunos hayan encendido ocasionalmente la hoguera.

Se trata de unos síntomas que, además de inadmisibles para un gobierno democrático que merezca tal nombre, deberían hacer reflexionar a la mayoría de los catalanes sobre los extremos a los que los ha conducido el nacionalismo. Una sociedad abierta no puede asentarse sobre un acorralamiento permanente del que discrepa de la verdad oficial, sobre todo cuando esa discrepancia supone defender una ampliación de las libertades.

Lo peor de las agresiones contra Rosa Díez es que muchos en Cataluña (y fuera de Cataluña) las encontrarán justificadas y proporcionales; las verán como una justa respuesta a una provocación anterior, a un ataque previo. Y ese es el drama de Cataluña y en general de todas las sociedades modernas que aceptan la represión estatal como principio rector: que la defensa de la libertad individual es vista como una ofensa. El odio les ciega y les impide ver más allá de los hombres de paja que les han colocado estratégicamente los nacionalistas.

Libertad Digital - Editorial

Una ley corrosiva

EN el mes de julio entrará en vigor la nueva ley de ampliación del aborto, si antes el Tribunal Constitucional no la ha revocado gracias al recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular se ha comprometido a presentar. Aunque el PP dispone de tres meses para impugnar la ley desde su publicación en el BOE -lo que sucedió el pasado jueves-, la presentación del recurso es urgente porque la Ley Orgánica del TC no prevé la suspensión del texto recurrido. Sin embargo, si en algún caso está justificada la suspensión de una ley, es éste, porque los perjuicios que puede ocasionar su entrada en vigor y posterior derogación serían trágicamente irreversibles. Por tanto, es apremiante que el PP impugne y que el Tribunal Constitucional resuelva.

Esta es una ley profundamente injusta y arbitraria, contra la que está legitimada toda acción legal y cualquier manifestación cívica de oposición, como las convocadas para mañana por asociaciones pro vida. Es una ley que vulnera la doctrina del TC, contraria al aborto libre, porque éste representa la pura y simple decisión de acabar con la vida de un ser humano. Además, es una ley que promueve directamente el aborto, al calificarlo como un derecho subjetivo de la mujer y al ordenar que sus disposiciones sean siempre interpretadas en sentido favorable a la decisión de abortar. No hay opción alguna para el feto.

Es también una ley basada en un falsedad continuada. No libera a la mujer de la cárcel, porque no hay una sola mujer en prisión por haber abortado; y tampoco establece límites al aborto. No hay límites de plazos, porque cerca del 91 por ciento de los abortos ya se practica en las catorce primeras semanas. Si hasta ahora hacía falta alegar un motivo -aunque fuera un formalismo- para abortar en este período, con la nueva ley, que suprime esta exigencia, el aborto se hará todavía más rutinario. Incluso el límite de veintidós semanas en caso de riesgo para la madre es una pura mascarada para prolongar el aborto libre hasta ese límite, porque legitima el feticidio por conveniencia, al utilizar la ley un concepto de salud comprensivo del bienestar «sociocultural» de la mujer. Y es también una ley contra la familia, al permitir a una menor de dieciséis años decidir libremente si informa o no a sus padres de la decisión de abortar. Una ley, en definitiva, corrosiva para una sociedad que se ha hecho un poco más primitiva desde el pasado jueves.

ABC - Editorial