Papelón diplomático

El Gobierno pacta con Chávez un comunicado que no responde al fallo judicial

Los gobiernos de España y Venezuela intentaron ayer zanjar la polémica suscitada tras el auto de la Audiencia Nacional en el que se acusaba al régimen de Hugo Chávez de colaborar con las bandas terroristas ETA y FARC. En una extraña e insólita pirueta diplomática, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo público a primera hora de la tarde un escueto comunicado conjunto en el que España y Venezuela ratificaron «su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», y subrayaron su compromiso mutuo a la hora de cooperar en todos los ámbitos, especialmente la lucha contra la banda terrorista ETA, cuyas actividades Caracas «rechaza sin paliativos».

En la nota, «ambos gobiernos reiteran su compromiso de seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial». Debemos entender, por tanto, que la diplomacia española se da por satisfecha con esta toma de posición retórica de un régimen absolutamente bajo sospecha y cuya política de hechos consumados desmiente constantemente sus pronunciamientos. Este último episodio es otra prueba de la condescendencia y el complejo de inferioridad que presiden las relaciones del Gobierno con Chávez. Desde que el juez Eloy Velasco hiciera pública una resolución, por lo demás absolutamente nítida, Exteriores ha desarrollado una estrategia de paños calientes, entorpecimiento y confusión, sin que se atisbara ánimo decidido de colaborar con la Justicia española. El interés primordial ha sido, por el contrario, no perturbar al caudillo venezolano, aun a costa de protagonizar rectificaciones públicas al propio presidente del Gobierno y ejercer de portavoz defensor del caudillo, como con la nota de ayer. En este punto, nos parece especialmente grave que el Ministerio esté trabando la acción de la Justicia en un asunto como la lucha antiterrorista y que el propio ministro Moratinos desviara el escrito del juez a la asesoría de su departamento «para clarificar una serie de cuestiones». La maniobra dilatoria del Gobierno no tiene un pase, porque la resolución del magistrado es clara y apremia a los ministerios de Exteriores e Interior a hacer las «gestiones pertinentes» para que Cuba y Venezuela «cooperen» en la detención y entrega de los presuntos etarras y miembros de la FARC procesados que se encuentran en su territorio.

Sobran, por tanto, los comunicados conjuntos con lugares comunes y faltan hechos y actuaciones. Un juez de la Audiencia Nacional ha reclamado el arresto de unos presuntos terroristas con delitos muy graves en su haber en función de una investigación policial seria y la obligación inexcusable del Gobierno es cumplir ese mandato y no frenarlo.

El papelón de nuestra diplomacia en general, y del ministro Moratinos en particular, demuestra de nuevo que no puede representar los intereses de la nación. Hablamos de delitos muy graves en un ámbito tan especialmente doloroso para los españoles como el terrorismo. Y hablamos también de un régimen como el de Chávez, que avanza a pasos agigantados hacia el totalitarismo, donde se persiguen derechos fundamentales. El comunicado conjunto de ayer hablaba de cooperación y de condena. LA RAZÓN publica hoy que Iberoamérica, especialmente Venezuela y Cuba, es santuario de ETA y que decenas de etarras disfrutan de una impunidad intolerable. Lo que corresponde es que Chávez conteste al fallo judicial español y persiga a los etarras que viven en Venezuela y que Moratinos, ya que no abandona su responsabilidad, sea exigente y tenga claro que su prioridad no es la seguridad y el bienestar del caudillo, sino los de los españoles.

La Razón - Editorial