Hacia una democracia sostenible. Por Jesús Cacho

Descartado embarcarme en la nave corsaria de los muchos opinadores que, a favor o en contra, han echado su cuarto a espadas a cuenta del Estatuto de Cataluña, el famoso editorial de los 12, y la calma chica que después de tres años de monacal silencio sigue rodeando los trabajos y los días del Tribunal Constitucional (TC), creí ayer descubrir al fin un asunto mollar al que hincar el diente en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que el Gobierno aprobó el viernes en Consejo de Ministros. De modo que, manos a la obra, empecé ayer mañana a teclear con decisión al respecto, para encontrarme con la grata sorpresa de que, cinco líneas después, había terminado mi artículo y podía irme a tomar unas cañas con los amigos al Zaguán de Aravaca.

Porque, como decían las beatas de mi pueblo palentino, la LES de marras puede describirse en menos tiempo del que tarda en persignarse un cura loco. Una gigantesca bolsa de humo. De modo que de nuevo me vi enfrentado a la necesidad de hallar un tema sobre el que escribir y aportar algún valor añadido para los lectores del Confi. Dispuesto estaba a adentrarme por los siempre excitantes caminos de la dialéctica hegeliana cuando descubrí en el cajón de sastre de ese anteproyecto una disposición según la cual el Gobierno obligará a las empresas que coticen en Bolsa a poner a disposición de sus accionistas toda la información sobre las remuneraciones de directivos y ejecutivos, que deberán además ser votadas en Junta General. Muy bien, señora Salgado, se agradece la intención, un aplauso, pero ¿qué va usted a hacer para que esos directivos que, sin arriesgar un duro propio, se dedican a esquilmar las empresas que dirigen dejen de hacerlo? ¿Cómo piensa hacer respetar la norma? ¿Y qué pasa con los consejeros “independientes”, la mayoría de ellos nombrados por el presidente de turno? ¿Va a seguir la farsa en curso?

La vicepresidenta, toda buena voluntad, dice que con ello el Gobierno “quiere reforzar la transparencia de las remuneraciones no sólo en el sector financiero sino en el conjunto de las sociedades que cotizan”. ¿Cuántas veces hemos oído esto o algo parecido desde la llegada de la Constitución? Casi tantas como que, a partir de ahora, bastarán cinco días de papeleo para crear una empresa. Añade la ministra de Economía que “el Banco de España prestará especial atención a las políticas de remuneración con el fin de que se atienda al riesgo de forma responsable…” Oiga, doña Elena, ¿Qué opina usted del último sucedido protagonizado por Emilio Botín, fichando a golpe de talonario al jefe del equipo de inspectores del Banco de España destacado en la sede de Boadilla del Monte? ¿Tiene el Gobierno algo que decir al respecto? ¿Le parece a usted presentable, desde un punto de vista ético o estético, lo de José Piñán, el inspector de marras?

La noticia, exclusiva de Eduardo Segovia en este diario, ha provocado un terremoto en aquellos ambientes, incluidos los empresariales, donde todavía hay gente que piensa que no vale todo y que sigue siendo inaceptable poner la zancadilla a una anciana en plena calle, faltar al respeto a los padres o convertirse en asalariado de lujo, sin incompatibilidad de ninguna clase, del empresario al que estabas obligado a vigilar como autoridad de supervisión, por cuyas narices necesariamente han tenido que desfilar asuntos tan espinosos para el Santander como Madoff, Lehmann o el fondo Banif inmobiliario. Y conste que la culpa no es tanto de Botín, libre de contratar a toda persona susceptible de traducir su ficha en valor añadido para la casa, sino del Banco de España (BdE) que lo consiente. Muy bien por Fernández Ordóñez. De victoria en victoria, hasta la derrota final. Oído en el caserón de Cibeles: “Menos mal que no se ha ido al BBVA, porque eso sí que hubiera sido un escándalo: un tío que conoce al dedillo las tripas del Santander…”

La baja calidad de nuestra democracia

Desprestigio de las instituciones. Constancia de que en este país pocos cumplen con su obligación y casi todo el mundo escurre el bulto, unos por ideología y otros por cobardía, asunto particularmente grave cuando de personas tan principales como del gobernador del BdE se trata. El resultado es la baja calidad de nuestra democracia, víctima del constante deterioro de las instituciones que la soportan, asunto que a poca gente parece preocupar, y muy pocos osan denunciar. Con los grupos de comunicación –tanto en Cataluña como en el resto de España-, en el filo de la navaja de la quiebra por culpa de la crisis galopante, la supervivencia depende del poder político y/o de los poderes económicos. Véase lo ocurrido esta semana con la entrada de Telefónica en Digital Plus.

¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa?

Dieciocho meses después de haber salido de Sogecable con la venta del 16,79% que controlaba por 650 millones de euros, César Alierta vuelve en socorro del enfermo entrando en un negocio de tan incierto futuro como el satélite y comprando el 21% de Digital Plus –una de las partes de Sogecable- por 470 millones. Cierto que el almirante Cebrián empezó pidiendo 3.300 millones por el 100% del business, que después fueron 3.000 y más tarde 2.800. Los telefónicos decían mantenerse firmes: nuestro precio son 1.800 y de ahí no pasamos. Al final, han pagado a valor empresa de 2.350 millones, cifra muy generosa. Precio político, con el que Alierta compra protección sin que aparentemente la necesite ahora. No parece que los grandes fondos de inversión vayan a formular pregunta sobre la racionalidad de la operación; lo que sí está claro es que tanta generosidad con el antaño temible cañón Bertha de Jesús Polanco correrá a cargo de los consumidores españoles, que seguirán pagando la banda ancha más cara de Europa. ¿Alguien cree que la operadora hubiera aceptado ese precio de no tratarse de Prisa? ¿Dirá algo al respecto el Tribunal de Defensa de la Competencia?

Casos como muestra de un país que no funciona, resultado de una economía enladrillada que acabó por derrumbarse y de un sistema democrático que venía ya muy cuesta abajo desde la crisis de los noventa. La recesión en curso se está traduciendo en una obvia pérdida de riqueza para todos, pero ¿cuánto está significando, en términos de calidad de vida democrática, la crisis de un sistema tan agostado como el nuestro? A la clase política y periodística catalana le preocupa el Estatut, pero ¿le preocupa en igual medida lo ocurrido con la famosa denuncia de Maragall sobre el 3%? ¿Van a hacer algo para evitar la repetición de escándalos como el de Félix Millet -el “ciudadano que nos honra”, título que recibió en 2008 en presencia de las autoridades catalanas y del Ministro de Cultura- en el Palau? ¿El autogobierno, la independencia incluso, servirá solo de vehículo para el medro personal de una elite, o se traducirá en alguna mejora efectiva en la calidad de vida, también democrática, de los ciudadanos de Cataluña?

En busca de un gran desafío colectivo

Ante tanto desafío, el ciudadano Zapatero responde con un proyecto de Ley cuyo mejor resumen, y en ocho líneas, lo hizo ayer Carlos Sánchez en este Confi: “No se habla de las pensiones o del sistema sanitario (el envejecimiento de la población es una variable clave para la economía a partir de 2015), ni del mercado de trabajo (el paro se acerca a tasas del 20%), ni de la reducción del aparato administrativo del Estado, cuando el déficit público ronda ya el 10% del PIB. Tampoco se identifica en el nuevo modelo productivo qué sector debería sustituir a la construcción. La apuesta por la creación de empresas no alude a una nueva fiscalidad o una revisión de las leyes regionales que cercenan la unidad de mercado. Medidas inconexas, sin eje vertebrador”. Humo que escurre el bulto de las cuestiones trascendentes. Puro “narcisismo-leninismo”, según definición de Joaquín G. Moya en los foros de este diario.

Decía ayer Jordi Sevilla en su blog que “los Gobiernos pasan, pero nosotros quedamos. ¿En qué país queremos vivir y dejar a nuestros hijos? Tendremos que empujar al Gobierno para situarlo a la altura de sus declaraciones y de nuestras ambiciones. Sólo perderemos, todos, si esto [la LES] vuelve a ser otro episodio del rifirrafe partidista”. De acuerdo, estimado Jordi, pero te quedas corto. No cojamos el rábano por las hojas. Vayamos aguas arriba del problema español y dejemos de construir la casa por el tejado. Exijamos a nuestros políticos, a derecha e izquierda, que aborden juntos una gran reforma constitucional con voluntad de regeneración democrática. Sólo con una democracia sostenible será posible construir una economía capaz de crear riqueza y empleo para la mayoría. Decía ayer un periódico que ZP va a llamar a MR para hablar de la renovación del TC. No, hombre. El Constitucional es solo un síntoma del cáncer español. Pónganse en pie, hagan uso de su condición de hombres libres y propongan a este pueblo un gran desafío colectivo. Aceptamos sudor y algunas lágrimas. El deterioro del enfermo ha llegado a tal punto, que no habrá momento más oportuno para meterlo en quirófano. Lo contrario será seguir como hasta ahora. Hasta que el cuerpo aguante.

El confidencial - Opinión

La «cuestión catalana». Por Ignacio Camacho

QUIZÁ sea ya demasiado tarde, después de tantos errores, de tantos delirios, de tanto exaltado antagonismo, soñar con una reconducción adecuada del desencuentro social y político que ha vuelto a abrirse en torno a la «cuestión catalana». El debate se ha vuelto desabrido y hostil, amargo y visceral, de una enconada visceralidad de ida y vuelta, tan mutua y bilateral como esa relación de estado a estado que pretende consolidar el discutido Estatuto en solfa. Ha llegado un momento en que nadie comprende a nadie ni se acepta otro resultado que el triunfo de unas razones sobre otras; se ha acumulado un exceso de malentendidos, una demasía de egoísmos, un superávit de incompetencias y un abuso de hechos consumados, y el resultado ya no admite componendas ni empates. Se trata de un pulso que todos quieren ganar «como sea», sin reglamento ni arbitraje; una batalla sin prisioneros que deje el campo de la convivencia calcinado y sembrado de víctimas directas y colaterales.

Pero hay en esta desgraciada disputa un malentendido primordial que sí cabe localizar unívocamente en el anhelo soberanista catalán, en la arrebatada atmósfera identitaria que ha caldeado en los últimos años una clase dirigente enrocada hasta convertirse en una suerte de oligarquía política. Consiste este equívoco en una crucial confusión sobre el concepto de soberanía nacional: los catalanes pueden sentirse a sí mismos como integrantes de una nación, pero el Estado de Derecho no se fundamenta sobre los sentimientos sino sobre leyes ordenadas por una jerarquía de rango, siendo la Constitución la que da naturaleza y sentido a todas ellas. Pues bien, la Constitución vigente, ampliamente refrendada en su momento también en Cataluña, no reconoce más que una nación, la española, cuya soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos de España sin bilateralidades ni excepciones ni pactos; de un modo taxativo, preciso y terminante. Y en nombre de esa soberanía establece en el Tribunal Constitucional la facultad irrevocable y última de interpretar lo que encaja o no en la legalidad suprema.

De la obstinada negación de esta arquitectura jurídica parte una polémica desenfocada por las pasiones. Los complejos episodios de este turbio debate, propiciado por la frívola irresponsabilidad del presidente Zapatero y agravado por el egoísmo de la dirigencia catalana y la incuria culpable del Tribunal Constitucional, son sólo consecuencia de la torticera intención de obviar mediante trucos políticos ese precepto de partida. No existe un conflicto de legitimidades ni un enfrentamiento real de identidades; el origen de la actual desavenencia arranca de una concepción fullera de la política que trata de sustraerse a la supremacía de la ley. El típico vicio de poder que prima lo contingente sobre lo esencial para degradar la democracia a un tramposo conflicto de intereses.

ABC - Opinión

¡Salvem Catalunya dels seus governants!. Por Federico Quevedo

No habrá habido muchas veces en las que un pueblo se haya merecido tan poco a sus gobernantes, pero hay que reconocer que el caso catalán es especialmente grave, de diván diría yo, en la medida que el abismo que separa los intereses y las preocupaciones de la sociedad catalana de los intereses y preocupaciones de su clase política parece insalvable. No lo digo por decir, basta recordar que solo tres de cada diez catalanes acudieron a votar al referendum del Estatut, pero es que además todos los sondeos y encuestas señalan que ni el Estatut, ni su desarrollo, ni la configuración territorial de Cataluña se encuentran entre los principales problemas de los ciudadanos catalanes. ¿Por qué, entonces, su clase política ha convertido este asunto en el eje principal de su acción? Y, sobre todo, ¿porqué han hecho de su reivindicación soberanista un motivo de fricción con el Estado español, cuando la sociedad catalana no se plantea su relación con el resto de España en términos de confrontación? El asunto es muy grave porque están en juego las reglas de juego del sistema democrático, y el espíritu de consenso y concordia que vistió la Transición, un edificio que se levantó sobre la base del respeto a la ley, al Estado de Derecho y a la separación de poderes, pero que ahora una parte de la clase política catalana y, lo que es aún peor si cabe, la clase periodística, han decidido derribar para alcanzar ese objetivo soberanista, caiga quien caiga y cueste lo que cueste.

Cataluña es una región maravillosa, lo son también sus gentes, lo es su lengua y su cultura que enriquece y aporta consistencia a la oferta cultural española en su conjunto. Goza, además, de un grado de autonomía política y económica envidiables por parte de otros estados federales en los que la independencia del poder central es mucho menos acusada. Plantear, por tanto, la relación entre Cataluña y España en términos de confrontación solo puede interesar a quienes únicamente entienden la política y su ejercicio como una permanente ruptura, y ni la sociedad catalana ni la sociedad española –de la que forma parte la primera- se merecen que nadie plantee la convivencia sobre esas bases tan negativas. La primera conclusión a la que debe llevarnos todo lo que ha pasado en torno al Estatut es, por tanto, esa: la de que Cataluña necesita una clase política distinta, que mire de verdad por los intereses de los ciudadanos. ¿Eso es incompatible con un cierto nacionalismo? Seguramente no, pero sí lo es con la permanente reivindicación del soberanismo porque, sin duda alguna, la búsqueda de ese objetivo por la vía de la confrontación y la vulneración de la ley no hace más que ahondar en el desencanto y la desafección de la sociedad catalana hacia sus gobernantes, como se está pudiendo comprobar con notable crudeza.

Esos tics totalitarios del nacionalismo…

Hecha esta primera aproximación, lo cierto es que al final hemos de reconocer que la clase política catalana ha conseguido en buena parte su objetivo de ruptura, en la medida en que inevitablemente, sobre todo de un tiempo a esta parte, un tiempo que comenzó con el debate sobre la reforma estatutaria, lo que hasta ese momento venía siendo una relación más o menos cordial en la que, incluso, el nacionalismo de derechas catalán participaba de la gobernabilidad de Estado, se tornó en confrontación. A esa situación ha contribuido, sin lugar a dudas, la excepcional tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia sobre los recursos presentados contra la constitucionalidad del Estatut, pero esa sorprendente dilación, achacable únicamente a su presidenta, María Emilia Casas, incapaz de dar salida a una cuestión tan espinosa, no es razón suficiente para que en esta última semana y a raíz de una interesada filtración al diario El País, esa clase política catalana haya vuelto por sus fueros y, yendo más allá en su campaña de ruptura, haya puesto en marcha una estrategia de chantaje y acorralamiento del TC que, como mínimo, debería ser sancionable porque la coacción es un delito penado por la ley. Y en la cima de esa campaña de acorralamiento se ha situado el ya famoso editorial a doce de los medios de comunicación catalanes.

En treinta años de democracia en España, con la sola excepción del día después del 23-F y por otras razones muy distintas de estas, nunca habíamos asistido a semejante ejercicio de uniformidad, a tal expresión de pensamiento único, propio todo ello de ideologías totalitarias que deberíamos desterrar lo más lejos posible de nuestra democracia. El editorial, sobre el que ya se ha escrito mucho y no voy a ahondar más en su contenido, es un ejemplo de los más elocuentes de hasta donde se puede llegar en el retorcimiento del Estado de Derecho al servicio de unos determinados intereses que se sitúan muy por encima del bien común y de la legitimidad democrática. Cabría hacerse la pregunta de porqué quienes tanto insisten en la constitucionalidad del Estatut tienen tanto miedo a la sentencia del Constitucional, pero la respuesta es obvia: son plenamente conscientes de que el Estatut no es constitucional, porque el objetivo del mismo era plantear una relación entre Cataluña y España distinta a la del resto de las Comunidades Autónomas, una relación de Estado a Estado, de Nación a Nación. Y eso es incompatible con el espíritu de unidad de España que prevalece en el texto constitucional, esa unidad que, por cierto, debe defender porque así lo exige el ejercicio de su Ministerio la titular de Defensa, Carmen Chacón, que tras sus declaraciones del jueves debería dimitir.

Zapatero, el único culpable

Pero, haber llegado a esta situación, solo tiene un único responsable: Rodríguez Zapatero. Fue él quien en la pasada legislatura puso en entredicho la propia Constitución afirmando aquello de que el de nación es un término “discutido y discutible”, y dando alas al nacionalismo al asegurar que las Cortes aprobarían el texto de reforma estatutaria que surgiera del Parlament. Algo que, por cierto, el nacionalismo le recuerda a todas horas. En definitiva, fue Rodríguez quien cuestionó el espíritu de la Transición y el consenso sobre el que se construyó el Estado de las Autonomías, y fue él quien les abrió la puerta a los nacionalistas –por razones puramente electorales y de permanencia en el poder- en el camino de la superación de sus exigencias, yendo mucho más allá de donde hasta ese momento se habían atrevido a llegar. No cabe, por tanto, echarle la culpa al PP por presentar un recurso que, en cualquier caso, no es el único, y que sólo pretendía y pretende que la máxima autoridad judicial del país y que cuenta con la legitimidad que para ello le otorga la propia Constitución aprobada por una inmensa mayoría de españoles –siete de cada diez-, se pronuncie sobre un texto que, cuando menos, plantea serias dudas respecto de su constitucionalidad.

Presentar a quien cumple la ley y respeta el ordenamiento jurídico como un enemigo de Cataluña por eso es, cuando menos, perverso, cínico y de una iniquidad difícilmente igualable. Razón por la que tampoco entiendo la actitud de Rajoy en este caso, no respondiendo a los ataques e insultos que estos días le propinan la izquierda y el nacionalismo radical: su actitud prudente a la espera de la sentencia del TC, actitud que tiene mucho que ver con las expectativas de mejores resultados del PP en Cataluña e, incluso, la posibilidad de entendimiento futuro con CiU en Barcelona y en Madrid, no es incompatible con la respuesta contundente a quienes acusan a su partido de ser un enemigo de Cataluña. El respeto a la ley nunca es enemigo de nada. Los verdaderos enemigos de Cataluña son quienes pretenden alcanzar sus objetivos saltándose a la torera las reglas del juego democrático y proponen ejercicios de uniformidad propios de regímenes totalitarios y de sumisas inclinaciones pesebreras de ciertos medios de comunicación que no merecen responder al nombre de ‘periodísticos’ en la medida en que han traicionado la naturaleza libre y crítica de esta profesión.

De todo esto, sin embargo, deberíamos obtener alguna lección y, de cara al futuro y en aras a una época de mejor entendimiento entre el PP y el PSOE, cuando Rodríguez ya no esté al frente del Gobierno, plantearnos reformas necesarias que eviten situaciones como la que estamos viviendo. En primer lugar, sería importante volver a recuperar con los márgenes y las limitaciones necesarios para evitar su abuso, el recurso previo de inconstitucionalidad. En segundo lugar, los dos partidos mayoritarios deberían ponerse de acuerdo en una reforma del método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que los aleje del control político y garantice su independencia. Y, en tercer lugar, también deberían ponerse de acuerdo en que a partir de ahora las reformas estatutarias cuenten siempre con el acuerdo de los dos grandes partidos, y para ello sería bueno que ninguna reforma de calado pueda salir adelante sin una mayoría de tres quintos en el Parlamento. A corto plazo, lo que cabe esperar es que los catalanes se hayan dado cuenta, por fin, de que no merecen los gobernantes que tienen y en las próximas elecciones autonómicas éstos reciban esa importante lección de democracia que todavía no parecen haber aprendido.

El confidencial - Opinión

Otra ley para tomarnos el pelo. Por Emilio J. González

Economía sostenible

Como era de temer, el Gobierno ha dado a luz una ley que no sirve para nada más que para su campaña de marketing. Ahora todos sus miembros se esforzarán en vendernos que con esto, los problemas de crecimiento económico y de empleo están resueltos.

Para un viaje tan corto no hacían falta tantas alforjas. El Gobierno acaba de presentar la tan publicitada Ley de Economía Sostenible de Zapatero, que debería haber sido algo así como la panacea para todos los males de nuestra economía, y, como era de temer conociendo a ZP, no es más que un conjunto de medidas inútiles de cara a la galería para dar la sensación de que el Gobierno hace algo contra la crisis. Lo cierto, sin embargo, es que este proyecto no es más que una mezcla de medidas anunciadas de poco calado, que no tienen nada que ver con los verdaderos problemas socioeconómicos del país, o de propuestas de menor relieve aún para afrontar la que está cayendo, cuando no directamente de medidas de naturaleza populista destinadas a ganarse el favor de los nichos de voto de izquierdistas recalcitrantes. O, dicho de otra forma, una ley para tomarnos el pelo.

En esta última línea entra la decisión de obligar a las empresas a publicar los sueldos de los ejecutivos y a que éstos sean aprobados por la junta de accionistas. Muy bien, se supone que esto introduce más transparencia en la gestión de las compañías, pero es que aquí no ha habido problema alguno ni con las retribuciones de los directivos ni con los incentivos que pudieran generar las mismas para adoptar políticas imprudentes que pusieran en riesgo a la empresa o al sistema financiero. Aquí lo que ha habido es todo un rosario de desmanes financieros en las cajas de ahorros controladas por los políticos, pero de la responsabilidad de los gestores de estas entidades de crédito no se dice nada, porque, de hacerlo, la Fiscalía General del Estado no tendría más remedio que actuar inmediatamente contra algunos de ellos, que es lo que el Gobierno no quiere que suceda porque más de uno y más de dos militantes o ex altos cargos socialistas podrían terminar en el banquillo. Esto no es más que un ejercicio de demagogia barata para desviar la atención de la verdadera naturaleza de los problemas de nuestro sistema financiero, que han sido causados, básicamente, por los políticos.

El Gobierno también ha aprobado la reducción a 30 días del plazo de pago de las administraciones públicas a autónomos y pymes. Si esto se fuera a cumplir, estaría muy bien. Sin embargo, el problema no es el plazo sino la verdadera voluntad de las administraciones de liquidar efectivamente sus facturas, cosa que hasta ahora no están haciendo a pesar de que ya había una normativa que establecía un plazo de 60 días para efectuar los pagos, plazo que todas, empezando por el Estado, llevan ya tiempo saltándose a la torera. Y esto no lo cambia la ley. Por tanto, lo que habría que haber hecho es aprobar medidas que permitieran a autónomos y pymes el acceso a la financiación que necesitan, pero como eso obliga a reducir el déficit y a sanear de verdad el sistema financiero, el Ejecutivo no ha dicho nada al respecto y pretende que, con lo aprobado, sea bastante cuando la realidad es que no cambia en nada la naturaleza de las cosas, esto es, que el sector público para cuando le viene en gana diga lo que diga la ley. En cambio, de medidas tan importantes como que las empresas no tengan que adelantar el IVA de ventas que todavía no han cobrado, nada de nada.

Por lo demás, me pregunto qué tendrán que ver medidas como la reforma de la Comisión Nacional de la Energía, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional de la Competencia con el cambio de modelo productivo tan cacareado por Zapatero o con la salida de la crisis, porque dicha reforma no va a cambiar en nada la realidad económica de nuestro país. Y eso por no hablar del decreto que limita la temperatura de bares, tiendas, oficinas y demás, para ahorrar energía, porque es como de chiste, sobre todo si se tiene en cuenta que no tendríamos que preocuparnos por el ahorro energético si ZP no se emperrase en la irracionalidad de cerrar las centrales nucleares. Ese decreto es un verdadero disparate que sólo puede provenir de Zapatero o de Sebastián.

En definitiva, y como era de temer, el Gobierno ha dado a luz una ley que no sirve para nada más que para su campaña de marketing. Ahora todos sus miembros se esforzarán en tratar de vendernos que con esto, y con la recuperación que ya ha vaticinado ZP, los problemas de crecimiento económico y de empleo están resueltos y, de esta forma, tratan de ganar tiempo pensando que así van a evitar el tener que hacer las reformas que necesita la economía española para salir de la crisis, que es de lo que no quieren oír ni hablar. Lo malo es que, tal y como está el patio, la realidad va a acabar por llevárselos por delante.

RLibertad Digital - Opinión

Cuando la ley obliga. Por Xavier Pericay

TODO ciudadano tiene el deber de conocer la ley. Sí, la ley obliga. Nadie puede alegar, como eximente, su ignorancia. Ni el conductor que circula por la izquierda en una carretera cualquiera del continente ni el que lo hace por la derecha en el Reino Unido, y ello sea cual sea su nacionalidad. Tampoco sirve, ante el apremio de la Hacienda Pública, aducir que tal o tal retribución no ha sido declarada en el impuesto sobre la renta porque a la empresa responsable del pago se le olvidó recordárselo al perceptor. La responsabilidad, guste o no, es de cada uno, de cada ciudadano. La ley está para ser conocida, esto es, respetada. Por supuesto que hay mucho pillo por ahí que la infringe tanto como puede -que vive incluso de infringirla-. Pero hasta el pillo sabe que, si lo pillan, lo va a pasar mal. Al fin y al cabo, la existencia de la sanción para el infractor o de la pena para el culpable es lo que acaba procurando al ciudadano la indispensable seguridad jurídica. De no existir el castigo y la consiguiente reparación, el Estado no estaría en condiciones de cumplir con su cometido. O, lo que es lo mismo, en dichas circunstancias ni siquiera tendría sentido hablar de Estado.

Pues bien, ese desamparo, esa sensación de que la ley no se cumple, de que el Estado no está por la labor que le ha sido encomendada, lo venimos sintiendo la inmensa mayoría de los españoles -y, entre ellos, un número nada despreciable de catalanes- desde hace aproximadamente seis años, si no más. Para ser precisos, desde aquella loca carrera de declaraciones que tuvo como marco la dilatada campaña electoral de las autonómicas catalanas de 2003 -duró unos cuantos meses-, en la que todos o casi todos los candidatos -Mas, Maragall, Carod-Rovira, Saura- rivalizaban entre sí a ver quién profería el disparate mayor. Por descontado, aquello era una campaña, y en las campañas ya se sabe. Pero la naturaleza misma del disparate, el hecho de que tuviera siempre como materia la reclamación de un nuevo Estatuto, al que los candidatos en cuestión iban añadiendo, en sus delirios, más y más competencias, sin que ninguno creyera llegado el momento de decir basta, debería haber constituido, ya entonces, motivo de alarma.

No fue este el caso. O lo fue en grado mínimo y, a todas luces, insuficiente. Y más habida cuenta de que, en la recta final de aquella campaña, el principal dirigente de la oposición y candidato a presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no se había parado en barras y había prometido públicamente que, en el supuesto de lograr a los pocos meses la tan ansiada Presidencia, el proyecto de Estatuto que saliera del Parlamento autonómico iba a ser, para él, palabra sagrada. Vaya, que estaba dispuesto a aceptar el texto, y a defenderlo, sin tocar ni una coma, tal cual llegara a las Cortes.

Aquí se dio, sin duda, aunque fuera de forma anticipada, el primer indicio de la defección del Estado. Lo que ha venido después, o sea: la formación del tripartito, pacto del Tinell mediante; los casi dos años de negociación en el Parlamento de Cataluña, en una especie de subasta entre Gobierno y oposición que no hacía más que aumentar, día a día y a ojos vistas, el coste del producto; los meses de cepillado y raspado en el Congreso de los Diputados y fuera de él; la convocatoria de un referéndum en el que ni siquiera participó la mitad del censo electoral catalán y que se llevó por delante al propio promotor del proyecto, y, en fin, tras el recurso interpuesto por el Partido Popular y con el Estatuto en vigor y engendrando leyes, la interminable agonía del texto en el Tribunal Constitucional a la espera de la anhelada y temida resolución; todo eso, en definitiva, no ha sido sino la consecuencia de aquel quebrantamiento inicial por parte de quien aspiraba a convertirse, a la sazón, en la segunda autoridad del Estado. Sin aquella promesa, sin aquella tremenda irresponsabilidad, nada de lo acontecido después habría tenido lugar tal como a estas alturas lo conocemos. El nacionalismo habría pugnado, seguro; pero el dique, a pesar de alguna inevitable fuga de agua, habría aguantado.

Ahora bien, esa identificación del máximo responsable de la situación en que nos encontramos -o, si lo prefieren, del máximo irresponsable- no debería exculpar al resto de la clase política. Aquí hay unas víctimas, no vayamos a olvidarlo, y son la inmensa mayoría de los españoles. Y esas víctimas, como todas al cabo, requieren una reparación. A lo largo de estos años, aquella inquietud inicial ha ido tornándose, en nuestro cuerpo social, honda preocupación, cuando no alarma. La tensión ha estado presente, a muchos niveles, entre los españoles. Ha habido, qué duda cabe, una fractura en muchas relaciones -afectivas, comunitarias, comerciales, políticas, territoriales- de la que alguien tendrá que responder algún día. No se puede violar la ley y que el delito quede impune.

Y es que conviene recordar, ahora que el Constitucional va a pronunciarse por fin sobre el recurso, que ha habido aquí quien ha vulnerado la ley. O, por usar el término apropiado, quien ha prevaricado. ¿O acaso no faltaron a las obligaciones y deberes de su cargo, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, quienes aprobaron, el 30 de septiembre de 2005, en la Cámara catalana, la primera versión del Estatuto de Autonomía? ¿O acaso no hicieron lo propio quienes tomaron su relevo en el Congreso de los Diputados, el 30 de marzo de 2006, y en el Senado, el 10 de mayo de 2006, dando el sí al nuevo texto? Unos y otros sabían a ciencia cierta -y, si su ignorancia no les permitía saberlo, ello no les exime en absoluto de responder ante quien corresponda- que el texto que estaban aprobando contravenía a lo dispuesto en nuestra Carta Magna. No hacía falta ser un lince, ni siquiera un experto en Derecho Constitucional, para percatarse de que el contenido de ciertos artículos fundamentales del Estatuto, especialmente en la primera de las versiones, pero también en la segunda, se hallaba fuera de la ley.

Aun así, esos políticos no se arredraron y siguieron adelante. Y hasta hubo quien propuso y continúa proponiendo reformar nuestra ley de leyes -la única que hace de todos los españoles unos ciudadanos libres e iguales en derechos y en deberes- a fin de que el nuevo Estatuto quepa en ella. En este sentido, tanto la publicación el pasado jueves del editorial suscrito al alimón por toda la prensa escrita con sede en Cataluña como la campaña de adhesiones que la iniciativa ha suscitado entre la llamada «sociedad civil» constituyen sin duda un último intento de la clase política catalana de quebrantar, por vía interpuesta, la ley. Al fin y al cabo, lo mismo la prensa que la sociedad civil deben buena parte de su sustento -y, según cómo, su propia existencia- a las subvenciones que les otorga interesada y generosamente el Gobierno de la Generalitat.

Por supuesto, sería absurdo hacerse ilusiones sobre el efecto que una sentencia del Alto Tribunal contraria al texto actual del Estatuto alcanzaría a producir en el futuro político de cuantos parlamentarios han permitido que la situación llegara a donde ha llegado. Por más que, del primero al último, pueda decirse que han prevaricado, su conducta, por desgracia, no traerá consecuencias. Nadie les llamará al orden. Nadie les apercibirá con la sanción o el despido. Sólo los ciudadanos, con sus votos, tienen la indiscutible potestad de castigarlos y hacer justicia.

ABC - Opinión

Barcelona y La Vanguardia con Franco

La comunión editorial. Por Cristina Losada

Doce periódicos y un mismo editorial sería noticia. Doce periódicos de Cataluña y un mismo editorial, no lo es. La comunión de la prensa catalana con el poder político es una constante.

Doce periódicos y un mismo editorial sería noticia. Doce periódicos de Cataluña y un mismo editorial, no lo es. La comunión de la prensa catalana con el poder político es una constante. Su filípica al alimón, destinada a coaccionar al más alto tribunal para que se abstenga de hacer su trabajo, es la expresión, identitaria e idéntica, de una crónica vocación de servidumbre. Y bien pagada. Así, el sentimiento catalanista del conde de Godó, por citar al Grande de España mancomunado con unos cuantos pigmeos provinciales para ese J’Accuse pasado por Aromas de Montserrat, se cuantifica en los más de 36 millones de euros con los que la Generalitat riega anualmente su cuenta.

Los editores afirman que el TC "ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara", pero lo que exigen es que se conduzca como un caddy que, obediente, recoja las boñigas conceptuales, muy honorables ellas, que depositaron Montilla y sus cuates. Esto es, pretenden que el Tribunal abdique de la tarea que le encomienda la Constitución y se aplique a cumplir sin rechistar la que ellos le ordenan. Aunque de atenernos a la lógica peregrina que anima el editorial, si el TC ratificara el Estatuto, el señor conde y sus apéndices deberían protestar, ya que tienen por incapacitado al Tribunal y por ilegítima cualquier decisión que adopte. Si no puede opinar, señores, tampoco puede opinar a favor.

Se arrogan los heroicos pensionados de Montilla la representación de Cataluña y su sociedad, combinando el victimismo lacrimógeno con la amenaza larvada de un conflicto en caso de que el TC osara impugnar una coma de sus sagradas escrituras. Ya puestos, una se pregunta por qué no amenazan también con los tormentos del averno a ese 65% largo de catalanes que decidieron dar la espalda a Montilla, al conde, al tebeo de los Nadal y a su claque de relleno, el día del famoso referendum. Yo, al igual, por cierto, que los autores de la encíclica, no soy quién para dar lecciones de dignidad al electorado catalán. Pero si alguna vez la prensa del oasis se propone recuperar la suya, aquí tiene una idea: publiquen un exordio colectivo contra la cleptocracia. Ésa que llevan treinta años encubriendo en sus impolutas páginas editoriales.

Libertad Digital - Opinión

La dignidad de la Constitución

La mayoría de los periódicos editados en Cataluña y otros medios de comunicación se alinearon ayer pública y conscientemente con la estrategia de coacción y deslegitimación desarrollada por el tripartito catalán y CiU contra el Tribunal Constitucional. Un inédito editorial común —titulado «La dignidad de Cataluña»— vertió contra esta institución una larga serie de admoniciones sobre las razones por las que debe avalar el nuevo estatuto, todas ellas relacionadas no con la constitucionalidad de su contenido, sino con el hecho de tratarse de una norma situada al margen del control constitucional en virtud de su carácter pactado.

Pero tal y como se ha hecho moneda de uso corriente en los discursos oficiales de la clase política catalana -que no de sus ciudadanos-, el editorial no se conforma con impartir doctrina histórica y política a los magistrados del TC, sino que incluye la consabida amenaza de una «legítima respuesta» a cargo de la sociedad catalana.

Hora es ya de que los partidos nacionalistas -incluido el de los Socialistas de Cataluña- aclaren cuál va a ser su respuesta. En el pasado fue una violación flagrante de la Constitución republicana de 1931, con la creación en 1934 del «Estado Catalán». Resulta evidente que el problema de los nacionalistas catalanes, reforzados por el socialismo catalán y español, no es el TC, sino la Constitución misma, sea ésta cual sea. La amenaza contra el resto de España forma parte del método histórico de una parte de la clase política catalana, pero todos los españoles, empezando por los propios catalanes, tienen derecho a saber qué van hacer el presidente Montilla, los partidos que lo apoyan y los medios que los secundan, si el TC, en el ejercicio de sus legítimas funciones constitucionales, revisa y anula, total o parcialmente, el texto del estatuto de Cataluña.

Nada dicen, pero amenazan. Por eso resulta cínico que el ultimátum publicado como editorial por los medios catalanes se refugie en un impostado constitucionalismo, que incluso sitúa en primera línea la figura de Su Majestad el Rey -«ahorcado» en una postal navideña por el nacionalismo radical- como excusa de sus diatribas. Es más, tanta apelación falsaria a la Constitución Española de 1978 desvela la raíz misma de las contradicciones insuperables del estatuto de Cataluña y su vicio absoluto de inconstitucionalidad. Si, como dice el ultimátum de los medios catalanes, de la decisión del TC sobre el estatuto de Cataluña dependen, ni más ni menos, «la aceptación de la madurez democrática de la España plural» y «la dimensión real del marco de convivencia español», y tiene «en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España»; si todo esto, repetimos, depende de la sentencia del TC sobre el estatuto de Cataluña, entonces no hay prueba más evidente de que este estatuto encierra una modificación ilegal del orden constitucional de España, y debe ser derogado.

Sólo a través de la reforma de la Constitución, avalada por la voluntad soberana del pueblo español, como sujeto nacional único e indivisible, pueden cambiarse las reglas de la convivencia y los pactos constituyentes. Porque ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno -aunque lo presida José Luis Rodríguez Zapatero-, ni el Parlamento catalán ni los ciudadanos catalanes son los titulares del poder constituyente de la Nación española. El desprecio por este fundamento de la realidad nacional de España está en el origen de esta atosigante demanda de privilegios. En todo caso, es de agradecer que, por fin, desde Cataluña se haya hecho un reconocimiento tan explícito de la verdadera dimensión constitucional de lo que debería haber sido únicamente un estatuto autonómico.

Sólo a través de la reforma de la Constitución pueden cambiarse las reglas
«Pacta sunt servanda», dice el editorial. «Los pactos deben ser cumplidos». En efecto, deben serlo con el pleno sentido de la reciprocidad que entraña este aforismo jurídico, que podría complementarse con muchos otros que harían recordar a la clase política catalana que el pacto fundamental que vincula a todos los españoles es la Constitución de 1978. ¿Cuándo han aceptado y acatado realmente los nacionalistas catalanes la proclamación contenida en el artículo 1 de la Constitución, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», incluidos los autonómicos? ¿Respetan el principio de que «la Nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución)? Por supuesto, los pactos deben ser respetados y cumplidos, como el pacto constituyente de 1978, que reconoce la autoridad del TC para decidir qué leyes o estatutos se ajustan o no a la Constitución.

Nuevamente, los estamentos cívico-políticos de Cataluña se aferran al furor identitario haciendo de un proyecto nacionalista y de izquierda, como el del estatuto catalán, la seña de identidad de un pueblo que, ciertamente, ha mostrado su «hartazgo», pero no en el sentido que indican los medios catalanes, participados algunos de ellos por la Generalitat en compañía de quienes son capaces de cuadrar el círculo y defender una cosa y la contraria, en Madrid y Barcelona, en un desdoblamiento de la personalidad editorial contrario a la razón. El hartazgo es con su clase política, a la que da la espalda con una abstención endémica que supera la de cualquier otra comunidad autónoma. Este déficit democrático sí debería ser motivo de preocupación para quienes abanderan con tanto desparpajo la ortodoxia catalanista, porque mucho tiene que ver con aquel «3 por ciento» que el presidente Maragall espetó a la oposición nacionalista, o con la malversación masiva de fondos en informes ridículos, o con otros episodios de corrupción clavados en la entraña del sistema sociopolítico establecido en Cataluña. ¿Realmente no se sienten desautorizados por los propios catalanes estos portavoces de la esencia catalana cuando abogan por romper la convivencia y las reglas constitucionales en defensa de un estatuto refrendado por un exiguo 35 por ciento de los electores catalanes, mucho menor que el que recibió el anterior estatuto, y menor aún que el respaldo que dieron a la Constitución? A la hora de hablar de legitimidades, deberían hacer un ejercicio de honrada autocrítica.

Es ridículo buscar la singularidad catalana en que, como pretende el editorial, «los catalanes pagan sus impuestos» y «contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre». La mayoría de los españoles con recursos hacen lo mismo, vivan donde vivan, porque el dinero de los impuestos no tiene denominación de origen. Esto es vivir en una nación y compartir derechos y obligaciones. Ningún privilegio debe resultar de cumplir con los compromisos básicos que conciernen a todos los ciudadanos, y menos aún si se buscan a costa del victimismo frente a Madrid, presente, como no podía ser menos en una soflama nacionalista, en la mención a «los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado».

No es digno defender a Cataluña con estos argumentos rancios y hundidos.

No es digno defender a Cataluña y a los catalanes con estos argumentos rancios y hundidos en los localismos previos a la Ilustración, ni utilizar su cultura -que es tanto la escrita en catalán como la escrita en castellano- como arma arrojadiza. La dignidad de Cataluña está en su pasado, en su presente y en su futuro como parte fundamental de España, en su aportación al progreso del conjunto de la Nación con el dinamismo y la pujanza que han caracterizado su historia, en ser el factor de estabilidad institucional que le corresponde y en aspirar a ser la fuerza motriz de España, no su competidora.

Pero conviene no acortar la memoria. Esta defensa del estatuto, arbitraria en lo político, banal en lo histórico y temeraria en lo social, se funda en la irresponsable decisión de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE de convertirlo en el precio de un pacto político entre la izquierda socialista y el nacionalismo catalán para evitar una nueva victoria electoral de la derecha. Este es el monstruo creado por la ambición política de Rodríguez Zapatero, quien inauguró su mandato hace cinco años diciendo que iba a traer la paz a la política territorial en España. Aquí tiene las consecuencias de haber creído que España era una mercancía a disposición de sus acuerdos de poder.

ABC - Editorial

La nomenklatura catalana.

Los catalanes no pueden concederse un régimen que se aparte de la legalidad española sin reformar nuestra carta magna, del mismo modo que un ciudadano no puede saltarse la ley con la excusa de que se lo ha permitido su comunidad de vecinos.

Contaba Solzhenitsyn en su monumental Archipiélago Gulag una historia que tuvo lugar en un comité local del Partido Comunista. Según iban acumulándose los discursos de sus miembros, todos ellos laudatorios del líder Stalin, los aplausos iban siendo cada vez más fuertes y prolongados. Hasta tal punto llegó el entusiasmo, que en un momento dado la ovación se alargó con visos de no acabar. Los miembros del partido se miraban unos a otros, temerosos de ser el primero que dejara de aplaudir. Cuánta razón tenían, pues quien finalmente abandonó las palmas y permitió a los demás hacer lo mismo acabó con sus huesos en los campos.

Parece como si los subvencionados diarios catalanes hayan querido evitarse este doloroso trance, asegurándose de que no existe ninguna diferencia, ni siquiera de matiz, en el grado de adhesión a los principios fundamentales del movimiento. Así, han publicado una suerte de parte oficial en comandita, al que se han sumado en cuanto han podido varias radios pagadas con el dinero de todos los catalanes y hasta el Barça, demostrando que lo que califican de "identidad catalana" exige una uniformidad absoluta. Ellos, que protestan por unas supuestas "cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española", han demostrado no creer que dentro de las fronteras de su terruño tengan derecho a existir unas ideas distintas a las suyas, optando por la simplificación más burda posible de esos catalanes a los que dicen defender.

El argumento esencial, y cabría decir único, de la prensa del régimen es que el Tribunal Constitucional no puede echar abajo una ley aprobada en referéndum, por más escasa que haya sido la participación en el mismo. Pero tanto la existencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como la legalidad del mismo Estatuto descansan en la soberanía de la Nación española y los límites marcados en la Constitución. Los catalanes no pueden concederse un régimen que se aparte de la legalidad española sin reformar nuestra carta magna, del mismo modo que un ciudadano no puede saltarse la ley con la excusa de que se lo ha permitido su comunidad de vecinos.

Pero siendo sin duda criticable esta suerte de manifiesto de adhesión al régimen tanto en el fondo como en la forma, lo que no cabe es protestar por el hecho de que intente presionar al Constitucional. Desgraciadamente, y a raíz de la ya lejana sentencia del caso Rumasa, el TC se ha contaminado de política. Es difícilmente cuestionable que, si se limitara a lo estrictamente jurídico, el dictamen habría llegado hace años, anulando una parte considerable del Estatuto. Recordarlo es un deber continuo, especialmente del partido que presentó el recurso y recogió cuatro millones de firmas para apoyarlo.

Por eso decepciona, aunque no sorprenda demasiado, que después de haber presentado una respuesta seria y contundente al Estatuto, Rajoy asegure ahora "no tener nada que decir" ante la avalancha de presiones provenientes del nacionalismo catalán, con el apoyo de un Zapatero que terminó convertido en uno de los ponentes del texto. Que el Gobierno de España apoye un Estatuto anticonstitucional es escandaloso, pero mientras el PSOE esté al frente entra en el guión. Pero a los ciudadanos preocupados por lo que supondría un refrendo del TC al engendro nacionalista no les puede contestar Rajoy quitándoles toda esperanza.

Como mínimo, si no quisiera entrar en excesivos detalles, podría haber hecho una declaración más institucional, explicando que negar la legitimidad al TC para decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto es demostrar que se carece de respeto por nuestra carta magna, que establece la creación de este tribunal como intérprete máximo de la Constitución. Al hacerlo, la prensa del régimen nacionalista y quienes apoyan sus argumentos se han quitado hasta la apariencia de legitimidad a la hora de opinar sobre la constitucionalidad del Estatuto.

Desde la Transición se ha podido constatar la correlación entre los gobiernos nacionalistas y la supresión de las libertades de los ciudadanos. Este editorial conjunto viene a demostrar hasta qué punto resulta asfixiante este régimen después de casi tres décadas de gobierno ininterrumpido. Si el Tribunal Constitucional no declara ilegal lo que es claramente ilegal, esa destrucción de España y de nuestras libertades carecerá ya de freno alguno. En eso deberían reflexionar los magistrados. Tienen la oportunidad única de ser los primeros en dejar de aplaudir.

Libertad Digital - Editorial

¿Editorial o panfleto político?. Por José María Carrascal

ESPERABA más de los colegas catalanes. Más exactitud, más profundidad, más elegancia. Si para defender su nuevo estatuto lo único que se les ocurre es deslegitimar al Tribunal Constitucional -como los equipos que van perdiendo, al árbitro-, mal anda ese estatuto. Cualquier editorial de cualquiera de los 12 periódicos tiene más enjundia y menos política que el publicado ayer al alimón bajo el título «La dignidad de Cataluña». Para empezar, la dignidad la tienen las personas, no los territorios, y si esos diarios hubieran investigado la corrupción en su torno con el mismo ardor que el Estatut, Cataluña estaría hoy más limpia. Luego, acusar al Tribunal Constitucional de convertirse en «cuarta Cámara» es falaz.

El Tribunal Constitucional no es la cuarta ni la décima Cámara. Es uno de los poderes del Estado, encargado de vigilar que los otros dos no se aparten de la legalidad. Precisamente por ello, está capacitado para pronunciarse sobre el Estatut y sobre cuantas leyes, decretos y disposiciones emitan los gobiernos, las Cámaras y demás instituciones. Que actúe con solo 10 miembros por haber muerto uno de ellos y haber sido recusado otro, como el que 4 de ellos se hayan pasado de plazo, no le quita legitimidad: su mandato sigue vigente hasta que no se les encuentre sustitutos. Como el que lleven tres años debatiendo el tema. Llevarán el tiempo que sea necesario, sin plazo para ello. Por último, acusar a «una parte significativa del Tribunal haber adoptado posiciones irreductibles», cuando los irreductibles son quienes proponen hacer la vista gorda ante un posible desafuero sólo es superado en cinismo por esa postrera apelación del editorial al «espíritu de la Transición». Quienes han traicionado la Transición son los que nunca la aceptaron plenamente y vienen tratando de socavarla con iniciativas como ese Estatuto, pretendiendo hacer constitucional lo inconstitucional.

Lo que no debe preocuparnos demasiado es la amenaza de que, en caso de sentencia negativa, «la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable». En un rasgo que le honra, junto a ese editorial, «La Vanguardia» publica un artículo de Francesc de Carreras que describe lo que hay tras esa connivencia prensa-políticos: «En realidad -advierte el catedrático de la Universidad de Barcelona- lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatut, ni a Catalunya, ni a los catalanes, lo que tratan es defenderse a sí mismos». Y señala la causa: las próximas elecciones autonómicas, con unos sondeos que rondan el 50 por ciento de abstención, «prueba de su fracaso». Pero no es sólo el fracaso de los políticos catalanes. Es el fracaso de Zapatero, con aquel «os daré lo que me pidáis», creyendo posiblemente que, como promesa electoral, no estaba obligado a cumplirla.

ABC - Opinión

Culpables y responsables de lo que está pasando en Cataluña y el resto de España. Por Federico Jiménez Losantos

En 1979, treinta años ya, publiqué en Barcelona Lo que queda de España. Nada ha sucedido después que no me haya dado la razón, salvo una cosa: entonces tenía la esperanza de frenar una deriva que acabaría llevándonos a una dictadura lingüística y política en Cataluña y a la liquidación de las libertades en España. Hoy, esa esperanza no está en absoluto justificada. El régimen constitucional de 1978 está muerto. Muerto en pie, pero cadáver. El problema –moral y material– es que quieren hacerle pagar al difunto su propio entierro. Y los albaceas del fiambre están dispuestos a hacerlo.

Cómo hemos llegado a esta situación lo he analizado en diversos libros, en especial la última versión de Lo que queda de España (Temas de hoy) y La dictadura silenciosa (también Temas de Hoy) que defendió Lara Padre ante el déspota Pujol. Y para los que no creen que haya existido hace sólo tres décadas una Cataluña habitable por todos los españoles y propicia a todas las libertades, escribí La ciudad que fue (también Temas de Hoy). Por supuesto, en los libros de artículos y ensayos he dedicado centenares de piezas al proceso liberticida en Cataluña y fatalmente libertófobo en el resto de España. He escrito tanto que estoy aburrido de acertar.

No voy, pues, a repetirme. Pero cuando caen las caretas, la corrupción se envuelve en la bandera de una patria inventada y la sedicente nación catalana se convierte en el último refugio de los bribones, de Barcelona y de Madrid, debemos constatar una realidad que el populacho ovino se niega a ver: una casta política apestosa ha liquidado el régimen constitucional del 78. Y lo ha hecho sin reforma legal, sin alternativa política, y sin darnos siquiera la posibilidad de votar si lo enterramos. Y como decir "casta" es demasiado genérico, señalaré los que, a mi juicio, son los tres autores principales de este inmenso magnicidio que es el asesinato de España.

Las responsabilidades son muy fáciles de establecer: el máximo culpable es Zapatero; su cómplice necesario, Rajoy. Y el máximo responsable, el Rey.

El blog de Federico

El ejército inútil. Por Edurne Uriarte

Si un líder político abogara en España por unas fuerzas policiales que no pudieran usar la fuerza, probablemente se pediría su retirada por el peligro evidente de sus teorías para la seguridad de los españoles. Pues ésa es exactamente la situación de nuestro Ejército, la de un cuerpo militar que no puede usar la fuerza. Y no porque lo exija cualquier líder desvariado, sino porque lo ordena el mismísimo Gobierno.

Dijo ayer la ministra de Defensa que los militares hicieron en Somalia lo máximo dentro de la ley para tratar de detener a los piratas. Y añadió que el Ejército no está autorizado para intervenir en tierra ni tampoco para tirar a matar. En otras palabras, que el Ejército sólo está autorizado a mirar, o a ayudar a pagar rescates a los piratas, o a trabajar como una ONG. Y que le están prohibidas sus propias funciones, las de defensa.

Lo que podría haber tenido como esperpéntico resultado la sanción a un teniente que disparó a los piratas, algo que la Armada ha negado, pero que los pescadores que estuvieron allí han denunciado de forma reiterada.

La crisis de Somalia representa la perfecta realización de este Ejército inutilizado por el Ejecutivo. Sin la excusa en este asunto de una guerra extranjera, la de Afganistán, para justificar la inacción de los militares. En Somalia había unos ciudadanos españoles secuestrados por un enemigo claramente identificado y sin ninguna sociedad civil de por medio que complicara la acción. Y, sin embargo, como en Afganistán, la orden ha sido la pasividad.

Y es que una buena parte del socialismo, empezando por este Gobierno, sigue instalado en el más puro extremismo izquierdista en su concepción del Ejército. En la línea de Llamazares que denunció ayer al PP por querer un ejército africanista (sic) que actúe en la calle Serrano para proteger las joyerías y los intereses privados (otro sic, aunque cueste creerlo).

ABC - Opinión

Rosa Díez "La Redentora".

Artículo publicado el 27 de Septiembre de 2.007, el La Voz del Tajo», por Matías Antolín.

El otro día, pensando en Rosa Diez, recordé a un magistrado que se dirigió al condenado así: "Se le acusa de haber ahorcado a su madre, decapitado a su padre, descuartizado a sus hermanos, incinerado a su tía en el horno y haber envenenado al gato… ¿Acaso usted no calculo el daño que estaba haciendo?"…. Y contesto quejumbroso el joven delincuente: "No, señoría, yo siempre fui muy malo en Matemáticas". No merece un diez conducta Rosa Diez. Después de su actitud beligerante contra el partido que representaba, el PSOE mientras jaleaba sin pudor al PP, he de tener cuidado con quien me guiña un ojo, podía estar apuntándome.

Rosa Diez ha dejado el PSOE. ¿Vanidad o venganza? Compitió en Euskadi con Nicolás Redondo Terreros. Y perdió. Disputo la secretaria general del partido a Bono y Zapatero. Estrepitosa derrota… "Soy la solución del PSOE", proclamo en una entrevista. A esta mujer, Narcisa de la política, su yo le devora. Su espejo tiene azogue de soberbia. Una limosna de votos lograra a su nuevo partido que no hará ni cosquillas al PSOE. Yo quiero que ella estaría encantada de ir de numero dos del PP con Rajoy. De momento, ella baila sola, canta sola, desafina a coro con sus palmeros.

Rosa Diez ha practicado durante los últimos anos la estrategia de la tensión. No se puede cambiar de caballo en plena carrera. Donde las dan, las toman. He creado un nuevo partido. Lo fácil es quitar a uno la batuta, lo difícil es dirigir con ella la orquesta. No se que inimaginables beneficios obtendrá su grupo a cambio de esta beligerante actitud contra la política antiterrorista del Gobierno. Hubo un tiempo en que pensé que Rosa Diez tenia demostrada sensatez y prudencia, pero se ha convertido en una política de talante agriado que se alimenta de la bronca como plato del día. Me exaspera su soflama ponzoñosa contra Zapatero… Yo, Rosa Diez, La Pluscuamperfecta, tiene obcecada obsesión contra Zapatero. Se ha metido a redentora y acabara crucificada. Quizá su lupa vea submarinos donde solo hay caballitos de mar. Es peligroso que la pasión venza a la razón.

Todos quieren salir en la película Primera plana, aunque sea en los títulos de descrédito. Rose Diez, como la luna, quizá tenga una cara oscura que a nadie enseña. No se si Rosa habrá leído al filosofo Francis Bacon aquello de "es un extraño propósito perseguir el poder y perder la libertad". Hay más estrategas partidistas a la caza de voto que estadistas en España. Para leer los resultados de los comicios, más que con aritmética de escaños quizá haya que leerlos con matemática ideológica. Algunos políticos, como Rosa Diez, me parecen ser dignos de un estudio neurológico, ya que deben de tener alguna alteración en su sistema nervioso, cosa que les impide el flujo de sangre a los capilares de la cara para no sonrojarse. Aunque pudiera ser que yo no aprecie el sonrojo debido a lo atezado de su cutis o a que este contenga células de amianto o cemento en su composición. La sumisión a una idea fija es el fundamento de todo tiranía. Rosa Diez no puede ahora encogerse de hombros ni escamotear sus contradicciones.

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El CNI que tenemos, para bien o para mal. Por Fernando Jáuregui

Entiendo que ha habido demasiados escándalos relacionados con los servicios españoles de inteligencia, y eso ha hecho que su papel se devalúe (añadir, claro está, el morbo del síndrome Mortadelo y Filemón"). Pero me parece que tiene razón Zapatero, que tanto hizo en su día por degradar, con un nombramiento tan incompetente como el de Alberto Saiz, el Centro de los espías, cuando dice ahora que "al CNI no se le tima así como así".

Ignoro lo que hay tras la noticia de que tres agentes de "la casa" fueron engañados por un falso funcionario somalí que les "sacó" un millón de euros a cambio de una falsa liberación de varios pescadores del "Alakrana"; sí sé que, como profesional del periodismo, pedí confirmaciones donde debía pedirlas y me desmintieron la noticia. Respeto a quien la dio -un gran profesional, sujeto, como todos, a los vaivenes de la locura de rumores y filtraciones interesadas de estos días--, pero me temo que, dentro del clima de voladura de las instituciones que vivimos ahora, el Centro Nacional de Inteligencia ha entrado a formar parte del sector de las víctimas, tras tantos años de estar al otro lado.

Fui el primero en criticar la anterior etapa de la "casa de los espías", convertida en un zoco absurdo por quien fue su director. O, incluso, por algunos de los que fueron sus directores. Y he querido estar entre los primeros que piden abrir una línea de crédito a este "nuevo" Centro, dirigido por un militar prestigioso sobre quien recaen pocas sombras de sospecha de aprovechamiento del cargo en lo personal y sobre quien difícilmente se puede decir, por su trayectoria, que no está preparado para el puesto.

Algún día sabremos, imagino, la verdad y toda la verdad sobre las peripecias que llevaron a la liberación de los pescadores secuestrados por los piratas somalíes. Habrá entonces que calibrar desde la imprudencia de los propios pescadores hasta sus reacciones militantemente hostiles a las gestiones, algunas bien erráticas, pero con final feliz, del Gobierno que los liberó. Pasando, claro, por los errores de algunos ministros y funcionarios, incluyendo el haber traído a Madrid a los dos piratas capturados, algunas declaraciones imprudentes...qué sé yo. Y no olvidaremos ciertas reacciones precipitadas de la oposición, afortunadamente corregidas por el buen tino de Mariano Rajoy, tras conversar telefónicamente con Zapatero. O podríamos hablar de los jueces, de ciertos comentaristas mediáticos...

Ya digo: tiempo habrá de analizar con calma lo sucedido, lo que se hizo rematadamente mal y no tan mal en estos casi dos meses de agonía, en los que a punto estuvo de caer un Gobierno (o casi) y en los que dio la sensación de que una partida de desalmados hambrientos -y los bufetes internacionales que los apoyan_ponían en jaque a varios estados de derecho.

Pero, aun criticando no poco algunos comportamientos gubernamentales -que fueron desde la imprudencia verbal hasta la falta de un criterio claro--, me parece que quizá ahora no haya llegado del todo el momento de dar las explicaciones al completo. En la sesión parlamentaria de este miércoles, desde luego, no se dieron, contra lo que pedía la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.

Llegará, sin duda, la oportunidad de la investigación a fondo, de la petición de responsabilidades. Pero entre ellas está también la de quienes tratan de devaluar el papel del Gobierno -que, nos guste o no, es "nuestro" Gobierno, el único capaz de gestionar estas crisis_y el de algunos organismos -que, actuando mejor o peor, son los encargados de defender nuestros intereses--. El tan traído y llevado CNI, que tantos dislates ha cometido, pero sospecho que no precisamente ahora, figura sin duda entre estos organismos sometidos al pinpanpum de la veleta de la opinión pública y publicada.

Periodista Digital - Opinión

Golpe de Estado. Por José García Domínguez

La Hacienda del Estado golpista español le abona cada año al patriota Huguet un pellizco de 127.737 euros limpios de polvo y paja, además, claro, de las reglamentarias dietas y los viajes gratis total en trenes y aviones.

Con el firme propósito de demostrar que a energúmenos no les gana nadie, los dirigentes de la Esquerra han optado por doblar la apuesta retórica de sus iguales del PSC y satélites, en el cotidiano pim, pam, pum contra el máximo órgano jurisdiccional de la democracia española. Así, cierto Huguet, a la sazón consejero de Universidades en el tripartito, acaba de deponer, solemne, que el Tribunal Constitucional prepara "un golpe de Estado" aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, esto es, con la coartada de redactar la sentencia del Estatut. Otra barbaridad a ignorar, si no fuese porque en esta ocasión la astracanada procede de alguien que, guste o no, constituye una autoridad del propio Estado en Cataluña.

Por lo demás, el capitidisminuido de Huguet, al igual que el decapitado Carod, encarna una muestra de la extraordinaria vis cómica de los independentistas confesos. De hecho, si no es en esa clave de lúdica charlotada, ¿cómo interpretar que ellos, los mismos que rechazaron airados la Constitución, se proclamen ahora máximos defensores de su letra y espíritu? ¿O cómo digerir que quienes pidieron el voto negativo en el referéndum prediquen que el Estatut constituye sagrado objeto de su devoción súbita? En fin, humoradas aparte, la viril denuncia contra los golpistas del patriota Huguet sitúa a nuestro héroe ante una disyuntiva civil desgarradora, propia de un personaje de tragedia griega: tener que optar entre la patria y patrimonio.

Y es que la Hacienda del Estado golpista español le abona cada año al patriota Huguet un pellizco de 127.737 euros limpios de polvo y paja, además, claro, de las reglamentarias dietas y los viajes gratis total en trenes y aviones, amén del preceptivo vehículo oficial, un flamante Audi A6, por más señas. Baladís estipendios todos ellos. Prosaicas bagatelas a las que, sin duda, el patriota Huget estará ansioso de renunciar con tal de entregarse en cuerpo y alma a la lucha clandestina por las burladas libertades nacionales de Cataluña . Seguro. Nadie lo dude. Es más, en Barcelona rumores insistentes apuntan a que, a estas horas, ya habría solicitado el reingreso urgente en su antiguo empleo de maestro de taller en la escuela de oficios de su pueblo. Por algo lo advierte la letra de Els Segadors: "Que tremoli l´enemic!".

Libertad Digital - Opinión

¡Que vienen los turcos!. Por M. Martín Ferrand

DOY por hecho que José Antonio Pérez Tapias, socialista y diputado por Granada en el Congreso de los Diputados, es un honrado padre de familia y un profesor competente en la Universidad de la que fue capital del viejo Reino Nazarí. Otra cosa es que el profesor Pérez Tapias no padezca alguna confusión en lo que respecta al análisis de la Historia y a los contenidos básicos de una política social en el Parlamento español entrado ya el siglo XXI. El profesor granadino pretende, y sus mayores en el PSOE no le desautorizan, que el Estado compense, aunque sea simbólicamente, a los descendientes de los moriscos que fueron expulsados de España por Felipe III, hace justamente cuatro siglos. ¿Se les pedirá previamente una compensación a los sucesores de los moriscos que, en tiempos de Felipe II y a las órdenes de Aben Omeya -Fernando de Córdoba y Válor-Táboas por nombre cristiano- protagonizara la Rebelión de las Alpujarras, el enfrentamiento civil más sangriento de los producidos en España hasta 1936 y que tanto perturbó, por la disponibilidad de los tropas, la guerra en los Países Bajos?

Este tipo de proposiciones parlamentarias, si es que tienen algún fundamento más allá del afán de notoriedad de quienes las presentan, será el de la pura distracción de los ciudadanos para que no atiendan asuntos más fundamentales que evidencian la torpeza operativa del Gobierno. Arrastran el mal añadido de presentar ante la opinión pública, tan mal instruida en el conocimiento de la Historia, un juicio al pasado que repugna a la historicidad, quiebra la justeza y, al sacar los acontecimientos de su contexto ético, social y político, confunde y desvirtúa la interpretación de lo que aconteció y las razones de Estado que los produjeron.

La expulsión de los moriscos fue una desgracia económica para Valencia y Aragón y una merma tecnológica importante en el desarrollo agropecuario de toda España; pero con un criterio de Estado que bien pudieran imitar nuestros gobernantes actuales, Felipe III antepuso el interés general de la Nación al particular de alguna de sus porciones y sectores económicos. El Imperio Otomano era un peligro real, tanto como pueda serlo hoy el islamismo que trata de sustituir, en todo o en parte, nuestros valores cristianos y tradicionales. La fe mueve montañas. Cualquier fe. ¿Habrá que conectar la iniciativa de Pérez Tapias con la Alianza de Civilizaciones?

ABC - Opinión

El inviable empeño de la vicepresidenta

La vicepresidenta tenía ayer una misión imposible: convencer a la Cámara de que el Gobierno había gestionado correctamente la crisis del 'Alakrana'

LA VICEPRESIDENTA acudió al debate parlamentario de ayer con una misión imposible: convencer a la Cámara no sólo de que el Gobierno ha gestionado bien la crisis del Alakrana sino, además, de que ha respetado de forma escrupulosa la legalidad vigente.

De la Vega fracasó en el empeño y no porque estuviera mal. Su intervención fue articulada e incluso razonable, dijo cosas interesantes y enumeró una serie de propuestas con las que casi todos mostraron su acuerdo. Pero sus palabras no fueron creíbles cuando afirmó que «el Gobierno se atiene siempre a la legalidad» siendo evidente que ha pagado o contribuido a pagar un fuerte rescate a los piratas o cuando alabó de forma desmedida la actuación de una Armada que no fue capaz de detener a los secuestradores que huían con el botín.

La ganadora del duelo parlamentario fue Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP, que radiografió implacablemente los errores del Gobierno, planteando alternativas que habrían podido evitar el humillante desenlace.

El primer punto por el que la oposición arremetió contra el Ejecutivo fue por no proteger los buques de pesca con personal militar, como ha hecho Francia. La vicepresidenta argumentó que hay obstáculos legales, lo cual es discutible, pero no explicó por qué el Gobierno se ha negado hasta ahora en todo caso a cambiar la legislación.

La segunda crítica fue a la decisión de traer a España a los dos piratas capturados. De la Vega se responsabilizó de ello y dijo que era «una obligación legal», pero la popular desmontó el argumento al recordar que la operación Atalanta permite entregar a los detenidos a los tribunales de Kenia tras un canje de notas diplomático. Sáenz de Santamaría recordó a la vicepresidenta que la verdadera responsabilidad consiste en prever las consecuencias de las acciones que uno toma.

El tercer reproche fue el pago del rescate. La parlamentaria del PP recordó que ya se había pagado en el secuestro del Playa de Bakio y que ahora se ha vuelto a hacer lo mismo. Pidió que el Gobierno aclare si «se dejó engañar y encima pagando», a lo que De la Vega respondió que todo lo que hizo el Ejecutivo «respondió a razones de seguridad».

Por último,Sáenz de Santamaría culpó al Gobierno de tener «prejuicios» a la hora de hacer «un uso proporcionado y reglado de la fuerza», lo que facilitó la huida de los piratas. El PP tiene razón: carece de sentido el gran despliegue militar en la zona, con dos fragatas de última generación, si sólo pueden disparar en legítima defensa y en caso extremo. Es necesario no sólo cambiar las reglas de enfrentamiento sino además redefinir el sentido de las misiones militares cuando se dan situaciones de peligro o amenaza como en Somalia o Afganistán.

De la Vega aseguró que el Gobierno «sabía en todo momento» dónde estaban los tres tripulantes que fueron apartados de sus compañeros. No es así y la prueba es que la ministra de Defensa afirmó que habían sido llevados a tierra. EL MUNDO revela hoy que los piratas utilizaron el móvil de un tripulante para engañar a los servicios secretos, lo que pone en cuestión las palabras de Zapatero de que «al CNI no se le tima así como así».

El Ejecutivo ha salido muy malparado de esta crisis porque, en lugar de reconocer que ha tenido que actuar bajo un estado de necesidad, ha pretendido sacar pecho y convencer a la opinión pública de que el desenlace ha sido un éxito. Casi ningún grupo parlamentario -y tampoco aliados como PNV e IU- apoyó las tesis del Gobierno, que ayer pareció más solo que nunca.

El Mundo - Opinión

Un CNI timado y una Armada inutilizada

Sáenz de Santamaría ha estado especialmente acertada al exculpar a los militares y al señalar al "prejuicio del Gobierno al uso legal y proporcionado de la fuerza" como el principal responsable de que los piratas del Alakrana se hayan salido con la suya.

Por si ya fuera poco bochornosa la clamorosa renuencia o incompetencia del Gobierno de Zapatero para impedir, antes, durante y después del secuestro del Alakrana, que los piratas se salieran con la suya, este miércoles el diario El Mundo ha informado de que el CNI habría pagado un millón de dólares a un supuesto alto cargo del Ministerio de Defensa somalí por la liberación de los tres tripulantes que supuestamente los piratas habían bajado a tierra. Lo cierto, sin embargo, es que ninguno de los pescadores descendieron nunca del barco durante su secuestro, y que el supuesto alto cargo somalí que iba a hacer de intermediario no era tal, sino un simple timador que, una vez cobrado el dinero, desapareció dejando a nuestros agentes secretos esperando en vano la liberación de los tres marineros.

Si no fuera porque en este asunto del Alakrana el Gobierno de Zapatero se ha saltado la legalidad tanto española como la de las propias directrices de Naciones Unidas que consideran delito y censuran el pago de rescate a los secuestradores, este nuevo y esperpéntico capítulo protagonizado por el CNI nos podría evocar a un cómic de Mortadelo y Filemón. Desgraciadamente, sin embargo, no nos podemos tomar a risa el hecho de que un Gobierno de España haya incentivado, por segunda vez, los secuestros de buques españoles a través del pago a los piratas, tal y como el Ejecutivo de Zapatero ya hizo con el Playa de Bakio y ha vuelto a hacer con el Alakrana. Tampoco es para tomarse a risa el hecho de que nuestros servicios secretos hayan sido timados y, menos aun, de que nuestro Gobierno oculte unos hechos o mienta sobre ellos a los ciudadanos.

Con la noticia que ha revelado El Mundo se puede explicar una de las muchas y bochornosas descoordinaciones que se han dado en el Gobierno, como fue la que protagonizaron Moratinos y Chacon a propósito de esos tres marineros supuestamente llevados a tierra. Mientras el ministro de Exteriores, en contacto con las verdaderas autoridades somalíes, negaba el desembarco de los marineros, la ministra de Defensa, en contacto con un impostor a través del CNI, no sólo aseguraba que estaban en tierra sino que también sabía "donde estaban y que se encontraban bien".

Con estos antecedentes, no hay que extrañarse de que la comparecencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega en el Congreso haya supuesto una tormenta política. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en una esplendida intervención, ha denunciado como el secuestro se hubiera podido evitar si el Gobierno hubiera hecho caso a la petición de protección de nuestros pesqueros solicitada por el PP poco antes del apresamiento del Alakrana. También ha puesto en evidencia la descoordinación del Ejecutivo, la ilegalidad del pago del rescate como solución única y definitiva al secuestro o cómo el Gobierno fue engañado por los piratas y cómo, a su vez, el Ejecutivo trata de engañar a los españoles respecto al pago del rescate y respecto al fracaso –más bien inutilización– del operativo militar tras la entrega del dinero.

A este último respecto, Sáenz de Santamaría ha estado especialmente acertada al exculpar a los militares y al señalar al "prejuicio del Gobierno al uso legal y proporcionado de la fuerza" como el principal responsable de que los piratas se hayan salido con la suya. Y es que por mucho que las ametralladoras de los helicópteros podrían haber alcanzado perfectamente a los piratas, ¿de qué sirve cualquier operativo militar si luego hay órdenes que limitan su utilización contra los piratas para que ninguno de ellos resulte herido o muerto? Ya con ocasión del secuestro del Playa de Bakio, muchos militares denunciaron anónimamente en ABC cómo, tras el pago del rescate y la liberación de los rehenes, se les prohibió abrir fuego contra los piratas en su fuga. Ahora, por mucho que se hayan producido disparos, estos solo iban dirigidos a la proa y al motor del esquife de los piratas para evitar que estos pudieran ser alcanzados.

Con estos protocolos de actuación que desarman a la Armada y que le imponen las limitaciones al uso de la fuerza propias de una agente de tráfico, no hay que extrañarse de que, a pesar de las fragatas, los radares, las ametralladoras y los helicópteros, seis piratas hayan podido, sanos y salvos, darse a la fuga en un esquife con el botín en sus manos. No nos extrañemos tampoco de que hayan nuevos secuestros.

Libertad Digital - Editorial

Como aquí, en ninguna parte. Por Hermann Tertsch

SIEMPRE me ha sorprendido, y de alguna forma asustado, la alegría de la vida meridional. Cierto es que viene bien para salvar las penas y para no producir demasiados Dostoievskis y generar multitud de Jardiel Poncelas. Esa especie de entusiasmo por lo propio que hace olvidar todas las miserias cotidianas, todos los fracasos, las angustias y la necesidad omnipresente y lleva a chabolistas o semichabolistas en Cádiz o Almería, con sus cajones y guitarras, con sus rumbas o bulerías a decir esa frase que siempre me ha dejado estupefacto: «Cómo aquí no se vive en ninguna parte». Ni siquiera es cierta esta sentencia equivocadamente pretenciosa porque así se vive en muchas partes del mundo, olvidando la miseria, la ignorancia y la impotencia con cierta dosis de soberbia, un patriotismo local muy chato, mucho cantar y buscar la alegría de la vida en el puro menester y la picaresca por esquivarlo de vez en cuando, pregonándolo como victoria. Las regiones más pobres de nuestro país han logrado entrar en ese nirvana cañí en el que lo único que importa es tener ojo para la subvención, rapidez en asumir la dependencia y premura en la obediencia.

Todo convertido en un inmenso cortijo en el que los vasallos andan pendientes de cómo están sus señoritos que al final de la juerga les darán la paga. Los señoritos hoy en día, los que manejan masas de vasallos, son por supuesto socialistas a los que gusta compadrear con sus mandados y alimentados. Así se hizo el PER que convirtió en Gran Visir Iznogud a un personaje tan poco interesante como Manuel Chaves del que se puede decir que no sabe hacer absolutamente nada, salvo sobrevivir en el mando. Dirán muchos que no es poco. Aunque alguna vez quisiera ser califa en lugar del califa. Cierto. Para él, esta España cada vez más meridional en hábitos, vicios y pensamiento romo ha sido el gran chollo. Para él, cuya vida en una sociedad desarrollada y moderna hubiera transcurrido en una oficina o gestoría llevando manguitos y cogiendo turnos de ciudadanos en sus diversas cuitas burocráticas. Habría sido divertido ver a este patriota andalusí, que ha heredado el nepotismo de los Omeyas, trabajando en una empresa privada alemana o sueca. Habría aprendido hasta retórica. Lo malo no es que un personaje de tan poca monta haya dirigido a su antojo hacia la permanente pobreza una región española que ha invertido todo el dinero recibido de Bruselas y Madrid en salarios de obediencia. Y que sus jefecillos provinciales y locales ejerzan como lo que siempre quisieron ser, es decir caciquillos implacables, omnipotentes e impunes, imitando a los zafios poderosos de antaño. Lo malo es que cada vez está más claro que tenemos unos gobernantes que ven en la perpetuación de la mediocridad tóxica de los gobernantes en Andalucía un proyecto general de éxito para sumirnos a todos los españoles en la misma pesadilla. Con la obligación de decir que «como aquí no se vive en ninguna parte». O ser tachados de enemigos y ser la anti España. Que en Cataluña ya pasa lo mismo lo sabemos. La forma en que los gobernantes tratan a la oposición es siempre, en toda democracia, el baremo ideal para establecer el grado de salubridad de la misma. Lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, cuando la oposición exige responsabilidades al Gobierno es algo muy meridional, andalusí o, si prefieren ahora, morisco. El desprecio a las legítimas dudas e interrogantes de la discrepancia es la demostración más fehaciente de que nuestra democracia está en plena regresión. Cuando el espionaje a la ciudadanía, la postración ante los chantajistas, la ocultación de vínculos policiales con los terroristas, la ineptitud en el terreno económico y la obscena utilización del estado para fines partidistas son cuestiones que la mayoría no se digna siquiera a discutir, es que nos hemos vuelto tan meridionales que vamos a acabar teniendo frontera con Zimbabue.

ABC - Opinión