domingo, 19 de junio de 2011

Qué hay que hacer con Grecia. Por Emilio J. González

Si han cometido el error de prestar a quien no estaba en disposición de devolver, entonces ellos también tienen que asumir las consecuencias.

La operación de salvamento de Grecia se ha convertido en un elemento clave para el futuro de la unión monetaria europea. Por ello, y a pesar de la fuerte oposición del Banco Central Europeo, debería salir adelante la idea de que el sector privado participe en la misma, por mucho que ello pueda interpretarse como una suspensión de pagos. ¿Por qué?

El problema fundamental en la crisis griega es que, a pesar de que el país ha incumplido sistemáticamente todos los años el Pacto de Estabilidad y Crecimiento –al tener déficits presupuestarios superiores al 3%–, los bancos privados le han seguido prestando dinero y suscribiendo sus títulos de deuda pública porque estaban convencidos de que, aunque el Tratado de Maastricht contiene un artículo que prohíbe las operaciones de salvamento de cualquier país perteneciente al euro que tenga problemas de solvencia, al final siempre habría operaciones de rescate de darse esta circunstancia. Su forma de pensar viene precedida por todo un rosario de antecedentes que han desencadenado esta situación de riesgo moral. Por una parte, la Reserva Federal estadounidense lleva salvando a la banca del país sistemáticamente en todas las crisis financieras que ha habido desde la del peso mexicano de 1994 y la banca internacional ha pensado que la Unión Europea haría lo mismo. Por otro, porque los propios europeos ya han dado ejemplo de su disposición a intervenir en caso de dificultades de los bancos en la crisis financiera que se desencadenó en 1997. Con estos precedentes, ¿por qué no arriesgar prestando a Grecia?

Esto es lo que han pensado los bancos y, por ello, el sector privado debe involucrarse en la operación de salvamento de Grecia, que no es otra cosa, en última instancia, que salvarlos también a ellos. Si han cometido el error de prestar a quien no estaba en disposición de devolver, a quien durante años ha venido manifestando una actitud displicente hacia todo lo que significara ajustar sus cuentas públicas, entonces ellos también tienen que asumir las consecuencias, a través de una quita de la deuda o de la forma que sea. De esta manera, serán mucho más cuidadosos de cara al futuro. Y si esto se interpreta como una suspensión de pagos de Grecia, que, además, pudiera ser el antecedente de un hecho semejante en España y Portugal, pues mejor, porque así ambos gobiernos encontrarán la voluntad política que les falta para hacer lo que tienen que hacer, en vez de seguir mareando la perdiz con reformas y ajustes más de boquilla que reales. Si ahora no aprendemos la lección, en la próxima crisis de un país del euro volveremos a las mismas. Eso no puede suceder otra vez.


Libertad Digital - Opinión

Peter Rubalcaba. Por José María Carrascal

¿Está alcanzando Rubalcaba el Principio de Peter, ese que dice que, escalón a escalón, los ejecutivos acaban por acceder a su nivel de incompetencia?

¡PUES sí que está luciéndose el flamannes! Desde que se perfiló como presidente in pectore, ha ocurrido lo siguiente:

—Bildu fue legalizado, lo que le ha permitido irrumpir en ayuntamientos, diputaciones y cámaras vascas como una manada de búfalos.

—Los «indignados» han tomado calles y plazas españolas con la aquiescencia de las autoridades, llegando a cercar el Parlamento catalán y agredir verbal y físicamente a sus miembros.

—Los filoetarras tendrán acceso a los datos fiscales de todos los españoles, gracias al acuerdo del Gobierno con el PNV, para pasar los próximos presupuestos.


Cuadro que se completa con la invasión de Madrid por parte de columnas de «indignados» llegados de toda España, que tendrá lugar hoy. No un mal currículo para alguien que se postula para sortear la crisis, garantizar la tranquilidad de los españoles y devolvernos a la cabecera de Europa. Más bien para lo contrario: para alejar a los inversores, enfrentar aún más a los españoles y hundirnos en la miseria. De seguir las cosas así, terminaremos añorando a Zapatero, todo un record de Ginness, pues al menos tenía mejor pinta y nos divertía con sus chiquilladas. ¿Está alcanzando Rubalcaba el Principio de Peter, ese que dice que, escalón a escalón, los ejecutivos acaban por acceder a su nivel de incompetencia? Eso parece, pues hasta ahora lo había hecho bastante bien en los muy diversos cargos que ocupó. Pero el de «máximo líder» se le resiste. Lo suyo es el juego tras bastidores, la conspiración tenebrosa y la insidia solapada. Bajo los focos, en cambio, ofrece una imagen pobre y lo único que se le ha ocurrido para acercarse al gran público es pedir que le llamen Alfredo. Tampoco le ha salido bien su «prudencia» con los «indignados» ni la luz verde a Bildu, confiando en que los primeros arremeterían contra el PP y los segundos reconducirán a ETA hacia la democracia. Se equivocó en ambos supuestos. Los «indignados» arremeten contra todo poder constituido y Bildu no necesita convencer a ETA de nada, pues ya ha conseguido todo lo que buscaba: estar en las instituciones. Es lo malo que tiene montarse en un tigre: que uno no puede descabalgarse so pena de ser devorado. Y Rubalcaba se ha montado no en uno, sino en dos tigres.

Así que se dedica a hacer lo que ha hecho siempre, lo único que sabe: oposición, incluso desde el gobierno, al PP, olvidándose de la crisis que nos acosa por todas partes. Es decir, no gobernar. Diría más: dando facilidades a los que quieren subvertir el orden constitucional. Si comprende, como dice, las razones de los «indignados» ¿por qué no deja el Gobierno y se une a ellos? El aprendiz de brujo, no por nada es químico, Alfredo Peter Rubalcaba.


ABC - Opinión

Patriotismo alimentario. Por Alfonso Ussía

¡Pelegrí que te vi! Otro paleto contemplando su ombligo. Locuaz aldeano. Se ha inventado el patriotismo alimentario. José María Pelegrí, consejero de Agricultura del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. El patriotismo alimentario, Pelegrí que te vi, lo practicamos todos los españoles que consumimos productos catalanes. Son nuestros productos. Hace cuatro años, por unas declaraciones necias de Carod Rovira, en muchos lugares de España se boicoteó el cava. Me sumé al boicot. No consumí cava en aquellas fiestas navideñas. La verdad es que mi boicot fue mentiroso. No he probado el cava en mi vida, y tampoco me gusta su hermano mayor, el champagne o champán o como Pelegrí que te vi guste llamarlo. Mi boicot a Cataluña se resume en el cava y los caracoles, esa asquerosidad. El resto lo como, lo bebo y me nutre. Pelegrí que te vi ha dicho que si un catalán pide en un restaurante una botella de vino de Rioja no está ayudando a los empresarios catalanes. Sólo eso, pero ya es bastante. A los empresarios del resto de España que los ayude su tía. Pelegrí que te vi, si de él dependiera, prohibiría a los catalanes consumir productos de otras regiones de España. Pero si en la etiquetación se crea una confusión de origen, el producto sería aceptable y digno de ingresar en las bocas catalanas. Por ejemplo, el jamón de Jabugo. Intolerable que un catalán consuma jamón de Jabugo –a Pujol le encanta–, pero si en la etiqueta se lee «Pernil de Jabuig», el catalán consumidor en lugar de pecar mortalmente lo hace con carácter venial. Como se ponga de moda entre los independentistas lo del patriotismo alimentario el barullo puede ser de aúpa. La pregunta del millón a Pelegrí que te vi es la siguiente: ¿le molestaría igual que un consumidor catalán pidiera una botella de Burdeos o de Borgoña? Que responda Pelegrí que te vi. ¿Se permitiría a los ciudadanos catalanes o residentes en Cataluña consumir caviar iraní o ruso, o tan sólo se prohibiría el de Riofrío, Granada, que sale buenísimo? En cuanto al pescado, ¿sólo se admitirían los peces del Mediterráneo? El Mediterráneo, el mar sabio y cultural, el mar de las civilizaciones, el «Mare Nostrum», es bellísimo y cambiante, pero da unos percebes que parecen alfileres de modista. ¿Prohibidos los percebes gallegos? ¿Y las anchoas de Santoña? ¿Y las morcillas de Burgos? Tanta buitifarra cansa y hace peligrar los límites del colesterol. Pelegrí que te vi, hay que analizarse el colesterol. Y con todos los respetos que me merecen los vinos del Penedés, no existe comparación posible con los de la Rioja o la Ribera del Duero. El patriotismo alimentario que propugna este peculiar merluzo carece de buen fin. El mejor cliente de Cataluña es el resto de España. De imponer tan ridícula restricción, y si el resto de los españoles actuaran de manera similar, el negocio agrícola, ganadero y de alimentación de Cataluña se rompería los piños en el primer encontronazo. ¿Por qué son tan antipáticos estos nacionalistas con quienes no lo son? Además de la antipatía, pésimamente educados, alejados de la cortesía por razones incomprensibles. Voy a seguir cumpliendo con mi patriotismo alimentario. Comprando productos de Madrid, del País Vasco, de las dos Castillas, de Cantabria, de la Rioja, de Andalucía, de Canarias, de Baleares, de Valencia, de Murcia, de Aragón, de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Navarra, de Ceuta, de Melilla, y claro está, de Cataluña. Productos de España, Pelegrí que te vi, tontet del culet.

La Razón - Opinión

Crisis. Don Valeriano opta por el paro. Por José T. Raga

Encarecer el trabajo, señor ministro, es una forma de reducir su demanda en el mercado. Este principio lo conocen todos los que tratan de ofrecer algo en no importa qué mercado; los ministros no, porque no tienen nada que ofrecer.

No ha cumplido siete meses desde su toma de posesión como ministro de Trabajo e Inmigración y ya se ha hecho acreedor a pasar a la historia como el ministro que más desafueros ha cometido en menos tiempo y, en su levedad, mayor daño ha causado a los trabajadores y a la economía de esta nación. Era difícil también pensar otra cosa.

El presidente Rodríguez Zapatero, que entre las facultades que no tiene está la capacidad para la selección de personas, le invitó a formar parte del Gobierno, suponemos que para llevar a cabo la reforma laboral que España necesitaba y que veían con claridad nuestros vecinos; esos vecinos que piensan libremente en lugar de vender su primogenitura a la adicción ideológica, por perversa que esta pueda ser. El mérito para la elección era bien determinante y por lo tanto indubitado su acierto: el elegido había encabezado la manifestación, pancarta en mano, contra reforma laboral. ¿Qué otro mérito mayor podríamos desear?


Puesto a la labor, no ha podido desarrollar mayor torpeza. Normas varias, con un mérito difícil de conseguir, y es que todas han sido criticadas por todos: patronal, sindicatos, profesionales del ámbito laboral –juristas y economistas–, inversores, organismos e instituciones nacionales e internacionales, etc. El resultado se ha hecho bien presente: el paro crece, los mercados desconfían, España se endeuda, la Seguridad Social se enfrenta a una quiebra técnica, etc.

Llevamos ya a las espaldas de nuestro flamante minis-tante (contracción de ministro-manifestante) una primera reforma del mercado laboral, que no pasa de ser un papel mojado, que nada aporta a la mejora del mercado de trabajo ni a la condición de los parados como buscadores de puestos de trabajo. Una segunda, cumplido el trámite del Consejo de Ministros, empeora la situación creada por la anterior, pues en este caso insufla vitalidad al cáncer de nuestra economía y de nuestro empleo, que es la intervención sindical en el proceso negociador de los convenios; pero ya dejó entender que él mira por los ojos de los sindicatos (al fin y al cabo son los compañeros de pancarta).

Entre las dos, una disposición a la chita callando por la que se prohíbe en adelante la compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación y el ejercicio de una actividad profesional; no tiene dinero para pagar y es una forma de ahorrar en pensiones. Pero la pensión es un derecho adquirido por una cotización, no una dádiva del Estado providente.

Y ahora amenaza con subir las cotizaciones sociales y el salario mínimo interprofesional. Es exactamente lo que necesitamos para contabilizar medio millón de parados más en los próximos dos años, o quizá antes. Encarecer el trabajo, señor ministro, no mejorando su calidad, es una forma de reducir su demanda en el mercado. Este principio lo conocen todos los que tratan de ofrecer algo en no importa qué mercado; los ministros no, porque no tienen nada que ofrecer.


Libertad Digital - Opinión

Éxodo. Por Ignacio Camacho

Asesores financieros vascos han comenzado a recibir de sus clientes instrucciones de desempadronamiento fiscal.

A un simple teclazo, a un click de ordenador. El simple acceso de Bildu a la Diputación Foral de Guipúzcoa —en la que además puede gobernar si el PNV no lo impide— ha dejado la información fiscal de cualquier ciudadano vasco al alcance de los continuadores de Batasuna. La interconexión de las haciendas forales permitirá a cualquier juntero de la coalición, o a sus asesores y colaboradores, asomarse a los datos de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades, un retrato financiero completo de los habitantes de la comunidad vasca, convenientemente cruzado con el correspondiente perfil personal, domiciliario y familiar. Y todo el mundo sabe en Euskadi lo que significa quedar expuesto a ese escrutinio.

Ha cundido el pánico. Empresas de asesoría financiera han comenzado ya a recibir de sus clientes, empresarios y profesionales, instrucciones para proceder al desempadronamiento fiscal. Algunos han optado por solicitar el traslado de sus expedientes a Vizcaya con la esperanza de que el PNV establezca en sus dominios cortafuegos a la fuga de información; otros prefieren tributar fuera del País Vasco aun a costa de renunciar a los beneficios del concierto. De lo que nadie duda es del potencial de riesgo que supone la irrupción de Bildu en las instituciones con una ETA agazapada aunque sea en paro técnico. (Una inactividad relativa; acaban de detener a un tipo cargado de material para la fabricación de bombas-lapa). En un territorio en el que todos se conocen, los casuismos jurídicos sobre la falta de relación demostrable entre la banda y su nueva y tuneada franquicia política son irrelevantes. Don Pascual Sala y sus cinco colegas del Constitucional podrán decir lo que quieran; a efectos prácticos, los vascos saben que quienes acaban de adquirir el derecho a administrar y escudriñar sus datos confidenciales son los herederos de Batasuna. Los amigos más o menos cercanos —más bien más— de ETA.

Como mínimo, la hegemonía guipuzcoana de Bildu supone un repliegue territorial del régimen de libertades, un éxodo interior cargado de desesperanza. «He ido a comer a San Sebastián para despedirme de ella», me confesaba esta semana un empresario vizcaíno con un rictus de ironía amarga. Pero la sensación de retroceso general es patente incluso para los más esperanzados: el reloj de la normalización ha retrocedido quince años. El Gobierno constitucionalista se ha convertido en un espejismo. Y ya no es un problema de principios, de haber entregado el poder sin contrapartidas, de haber pasado por encima de las víctimas en una nueva quimera de estrategia fallida. Se trata de una pragmática y desagradable realidad: los continuadores de ETA están ahí, con las manos en los botones del tablero de mandos. Y eso no ha ocurrido por casualidad. Es un dramático error que tiene responsables, dentro y fuera del País Vasco, aunque algunos se resistan todavía a nombrarlos.


ABC - Opinión

Rubalcaba se empeña en convertirnos en Grecia

El Ministerio del Interior ha preferido hacer dejación de sus funciones, así que las consecuencias del putsch callejero de este domingo tendrán que ser asumidas por su titular.

Las marchas convocadas por el grupúsculo totalitario arracimado en torno a las siglas del 15-M, en Madrid pero también en las principales ciudades españolas, tendrían que haber recibido la necesaria respuesta del Estado de Derecho antes de consumarse este domingo para estupor de unos ciudadanos que van a ver hoy restringidos sus derechos sin que nadie les haya explicado cuál es la razón de esta bula prototalitaria. El Ministerio del Interior ha preferido hacer dejación de sus funciones, así que las consecuencias de este asombroso putsch callejero tendrán que ser asumidas por su titular aunque, como es sabido, no sea esta la costumbre de un Rubalcaba cada día más desvergonzado.

El candidato Alfredo ha preferido anteponer su interés como postulante a la sucesión de ZP al de los habitantes de estas grandes ciudades que van a ver desfilar por sus calles a los representantes de la izquierda más radical, y eso es algo que no debería quedar sin la sanción ciudadana correspondiente.


La principal razón de ser de un Gobierno es la necesidad de preservar los derechos individuales de los ciudadanos y entre ellos el de moverse libremente por los espacios públicos. Las autoridades socialistas a las órdenes del candidato Alfredo, en cambio, han decidido permitir que las grandes ciudades españolas sean tomadas prácticamente al asalto por extremistas para los que la libertad individual es una entelequia que conviene eliminar de la esfera pública.

No hay precedentes de un desfile callejero autorizado que rodee prácticamente la capital de España, pues, como es sabido, cuando se convoca legalmente una manifestación, tanto el recorrido como su duración son aspectos tasados por las respectivas delegaciones del gobierno en el ejercicio precisamente de sus funciones. Que le pregunten a los responsables de las asociaciones en defensas de las víctimas del terrorismo, si es que alguien tiene alguna duda, cómo se las gastan esas mismas autoridades cuando una concentración ciudadana de estas características se desvía siquiera unos metros de los parámetros previstos en un principio.

Por eso mismo sorprende que se haya dado carta de naturaleza a una especie de operación callejera destinada a paralizar las principales ciudades españolas. Mejor dicho, estando Rubalcaba al frente del organismo del que depende la defensa de nuestros derechos ciudadanos no sorprende en absoluto, aunque a partir de mañana lunes el todavía gobierno de España va a tener que dar abundantes explicaciones para tratar de corregir el efecto de unas imágenes que nos van a avergonzar, de nuevo, ante el resto del mundo.

Zapatero se empeña en asegurar a quien quiere escucharle que "España no es Grecia". Pues bien, que se lo explique a su ministro del Interior, a ver si consigue que el candidato Alfredo cumpla siquiera un día con las obligaciones para las que los españoles les pagamos el sueldo. No tendremos tanta suerte.


Libertad Digital - Editorial

Patrimonio alimentario. Por Martín Ferrand

Si el catalanismo consiste en «consumir productos de aquí», los catalanes tienen un futuro muy incierto.

ENTRE los grandes pensadores políticos contemporáneos, junto a Karl Popper e Isaiah Berlin, debemos considerar con el máximo respeto a Josep María Pelegrí, ocasionalmente consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural en el Govern de Artur Mas. Este sabio ilerdense, militante de Unió Democrática de Catalunya desde los 18 años de edad, es el creador de una teoría que, para simplificar, ha rotulado como «patriotismo alimentario». En tiempos en que el encefalograma político tiende a ser plano, como la mar en calma, el de tan significado personaje parece el perfil del Himalaya. «Si entramos en un restaurante y consumimos vino de La Rioja, asegura Pelegrí, no estamos ayudando al empresariado catalán».

¿Qué vino debieran beber los catalanes para ser buenos ciudadanos y reforzar su identidad? Personalmente confieso mi devoción, en lo que a los caldos catalanes respecta, por los del Priorato; pero, ¿le conviene a Cataluña que insista en ellos o serviría mejor los intereses lugareños con el consumo de los del Penedés? ¿Cuenta también el cava? Sin salir de las cuatro provincias que conforman el territorio vinicultor que protege Pelegrí tenemos una docena de denominaciones de origen y otros tantos vinos, muy aceptables, que carecen de ella, ¿será alguno específico para catalanes y otros más convenientes para quienes no lo somos? Es posible, incluso, que la «teoría Pelegrí» obligue a un criterio de máxima cercanía en el consumo. Por ejemplo, en su condición de natural de Lérida, ¿Pelegrí debe anteponer los caldos de Costers del Segre a los de Alella o los de Terra Alta?

Si el catalanismo consiste en «consumir productos de aquí», como predica el buen Pelegrí sin que nadie le desautorice, los catalanes tienen un futuro muy incierto. Malo en el sentido de la limitación liliputiense del mercado catalán dentro del total del español y ridículo a escala mundial. Peor, ya dentro del consumo interior y en pleno arrebato de gozo nacionalista, puesto que limita su horizonte cultural y su muestrario de sensaciones. ¿Dónde reclutarán los partidos a tipos como Pelegrí? Porque lo dramático es que no estamos ante un caso aislado, un borrón de los que echan los mejores escribanos, sino que se trata de algo frecuente. Ahí está, en el mismo Govern, el consejero de Interior, Felip Puig, que centra su crítica a los «indignados» en que tienen una visión «muy de carácter universal o, en algunos casos, muy española». Lo bueno debe ser, después de hartarse con un buen vino de L´Empordá, o del Montsant, cocerse en su propio jugo hasta conseguir la suprema reducción de catalanidad.


ABC - Opinión

Mohamed VI se queda corto

La reforma constitucional que el rey de Marruecos ha propuesto a sus súbditos supone un apreciable avance en la senda hacia la democratización del régimen, pero arrastra todavía diversas rémoras absolutistas que ni calman las protestas de los jóvenes ni colman las ansias reformadoras de amplios sectores de la sociedad. El hecho de que el llamado movimiento 20-F, de corte similar a los que en Túnez y en Egipto han tumbado a sus respectivos gobernantes autoritarios, haya convocado para hoy manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país pone de manifiesto la insatisfacción ante una reforma que se considera corta e insuficiente. También son reveladoras, por lo que tienen de acto reflejo de los viejos usos semifeudales, las manifestaciones organizadas desde Palacio a favor del nuevo texto constitucional. Resulta inverosímil una explosión de júbilo porque el rey pase de ser «sagrado» a «inviolable». Cierto es que, si bien la división de poderes y la independencia judicial brillan por su ausencia, los cambios impulsados por Mohamed VI son positivos, pues dan cierta autonomía al primer ministro para nombrar a los ministros, salvo el de Defensa; refuerzan la Cámara de Representantes, que podrá reformar la Constitución, decretar amnistías o formar comisiones de investigación; y recortan al rey pequeñas parcelas de poder, aunque sigue dirigiendo las Fuerzas Armadas y la política exterior, amén de apuntalar su papel como cabeza religiosa o «comendador de los creyentes» musulmanes. Precisamente es en este terreno, en el religioso, donde la nueva Constitución marroquí hace agua estrepitosamente y muestra sus graves carencias democráticas, hasta el punto de que no se pueda homologar a los estándares occidentales. Es verdad que se reconoce la libertad de culto, que ya existía anteriormente, pero se declara el islam como religión del Estado y no se admite la llamada libertad de conciencia, en virtud de la cual el ciudadano es muy libre de practicar la religión que desee, cambiarla o, simplemente, no practicar ninguna ni someterse a sus ritos públicos. En el anteproyecto de reforma se recogía esta salvaguarda de conciencia, pero las amenazas de los islamistas llevaron a Mohamed VI a suprimirla. Precisamente porque en Marruecos no hay libertad de conciencia, lo que convierte en papel mojado la libertad religiosa, el régimen ha expulsado ya a casi dos centenares de cristianos, la mayoría evangelistas, pero también sacerdores católicos, bajo la acusación de hacer proselitismo e incitar a la conversión de musulmanes al cristianismo. Pero más allá de esta política represiva, destinada a satisfacer a los radicales, la cuestión de fondo es que la nueva Constitución niega la libertad individual de la persona en el ámbito religioso, de modo que es obligada a practicar la religión del Estado y a no convertirse a otra confesión, pues de hacerlo incurriría en grave delito legal. En resumen, al prohibir la libertad de conciencia, Mohamed VI sigue tratando a los marroquíes como súbditos, en vez de como ciudadanos libres e iguales. Mucho camino le queda aún al régimen alauita para ser tenido como democrático.

La Razón - Editorial

Espiral afgana

El nuevo ataque sufrido por tropas españolas engrosa la sangría diaria del auge talibán.

El ataque ayer contra un blindado español en Afganistán, con varios heridos graves, ilustra el imparable recrudecimiento de la guerra que se libra en el país centroasiático. En el mismo día en que el Lince saltaba por los aires junto a una de nuestras bases en el noroeste del país, tres terroristas suicidas uniformados daban muerte a nueve personas en una comisaría de Kabul, segundo atentado relevante talibán en la fortificada capital en un mes. Otros seis muertos, dos de ellos soldados de la OTAN en el sur de Afganistán, engrosaron ayer el callado parte diario de bajas que facilita la Alianza.

La violencia aumenta 10 años después de la invasión estadounidense que derrocó al Gobierno talibán. EE UU y sus socios de la OTAN, pese a la formidable maquinaria propagandística que pretende hacer creer lo contrario, han perdido la esperanza de emerger victoriosos de la ciénaga afgana. Barack Obama va a anunciar el mes próximo la magnitud de la primera retirada de sus tropas, que según el compromiso presidencial debe concluir en 2014. En la década transcurrida, el incremento progresivo de las fuerzas aliadas (hay 35.000 soldados estadounidenses más que cuando Obama tomó posesión, en 2009) no ha logrado, pese a los reiterados anuncios sobre su inminencia, asestar un golpe decisivo a la pinza talibán-Al Qaeda que permita alentar la esperanza de un vuelco decisivo en la guerra.


Por el contrario, la moral occidental ha ido decayendo y aumentando la desgana entre los Gobiernos, especialmente europeos, sobre la naturaleza y propósito de una misión a la que no se ve final. En correspondencia, crece la resolución de los fundamentalistas islámicos, que encuentran en la vasta frontera con el vecino Pakistán -un teórico aliado de Washington- tanto cobijo ideológico como apoyo logístico. La última y espectacular hazaña talibán ocurrió en abril, con la fuga de casi 500 militantes y terroristas convictos de la prisión de Kandahar, segunda ciudad del país. Una evasión que, por sus características, implicaba la complicidad de las autoridades y ponía de relieve la fragilidad del corrompido andamiaje oficial y la manifiesta incapacidad del Gobierno de Hamid Karzai para hacerse cargo de la seguridad del país.

En este contexto de descomposición adquieren sentido las revelaciones ayer del presidente Karzai -no desmentidas-, según las cuales, Washington mantiene contacto indirecto con líderes talibanes sobre un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra. Dentro del núcleo duro estadounidense, solo el ministro de Defensa saliente, Robert Gates, había insinuado que podría haber conversaciones con los talibanes buenos a finales de año. Tan balbuciente como se quiera, ese diálogo, cuya concreción en compromisos firmes puede llevar años, parece el único camino razonable. La situación actual de no victoria y no derrota es una opción que pueden permitirse los yihadistas afganos, pero no la desgastada coalición internacional.


El País - Editorial

La crispación de la izquierda

Lo que era un queja social, ahora es una protesta que amenaza violencia y, por tanto, se ha convertido en un problema de orden público.

MADRID se va a convertir en el escenario de cinco marchas convocadas por los grupos de protesta surgidos contra el sistema institucional y los partidos. La benevolencia con la que han sido tratados les ha permitido actuar como si fueran representantes del estado de malestar en la sociedad, pese a que sus actuales expresiones de protesta se caracterizan —en buena parte— por la violencia física y verbal contra los únicos legítimos representantes de la soberanía nacional. Si Madrid fue el lugar elegido para iniciar la protesta emblemática de estos movimientos, Madrid volverá a ser hoy campo de experimentación de estas muestras de protesta, que ya no encarnan la frustración de una sociedad golpeada por el paro y el desánimo, sino una opción ideológica de extrema izquierda que, en ocasiones y no por todos los que la integran, está recurriendo a la violencia. Ahora bien, es lamentable que incluso ante actos tan inaceptables como las agresiones físicas y verbales a los parlamentarios catalanes, todavía haya sectores supuestamente democráticos de la izquierda política y cultural que no dudan en alternar condenas y comprensiones hacia estos actos de violencia.

Lo que era un queja social, ahora es una protesta que amenaza violencia y, por tanto, se ha convertido claramente en un problema de orden público. La responsabilidad política de lo que hoy suceda o deje de suceder será del Gobierno y, en particular, del ministro del Interior. Entre las contemplaciones oficiales por el pacifismo de los acampados, y el desdén del presidente del Gobierno hacia la violencia en el Parlamento catalán, este movimiento se ve legitimado para alzarse como representante de quienes no le han votado, negando la legitimidad de los únicos y verdaderos representantes de los ciudadanos, y para atreverse a paralizar desahucios ordenados judicialmente, como un contrapoder que pasa por encima del imperio de la ley.

Cada vez resulta más evidente la sincronización de estos movimientos de protesta con la crítica situación de la izquierda. Nada más oportuno que deslegitimar, justo ahora, el sistema que ha dado al centro-derecha el poder municipal y autonómico, y que probablemente le entregue el gobierno de la Nación. Es una forma de tensión como táctica electoral, similar a la que defendía un descuidado Rodríguez Zapatero a micrófono abierto. Es otra vez la crispación de la izquierda en las calles.


ABC - Editorial