martes, 8 de marzo de 2011

Iguales, pero menos. Por M. Martín Ferrand

En nombre de la igualdad se perpetran tantos dislates como crímenes a favor de la libertad.

SI entiendo bien el artículo 14 de la Constitución vigente, todos los españoles, menos Baltasar Garzón, algunos cargos de la Junta de Andalucía y otras cuantas excepciones, somos iguales ante la Ley. Está bien que así sea. El espíritu que inspira esa porción del texto constitucional es impecable y las excepciones, como afirma la sabiduría popular —¿la resignación?— tienden a confirmar la regla. El problema se suscita cuando el igualitarismo, quiere extenderse, traspasados los límites de los poderes públicos, a todos los ámbitos de la actividad individual y social. Leire Pajín, ascendida al rango de ministra de Sanidad asistida por su ahora subordinada y antes ministra de Igualdad, Bibiana Aído, encabezan la iniciativa de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y ello atenta contra los principios básicos del sentido común y contra la libertad del individuo que es, no nos confundamos, la libertad por la que lucharon nuestros abuelos en 1879, cuando la Declaración de Derechos del Hombre —plural de hombre y mujer— y el Ciudadano y que tanto han negado los poderes de la izquierda política, socialistas y comunistas.

La igualdad de derechos y oportunidades, mejor definida en la Constitución que aplicada por los gobiernos que han jurado acatarla y servirla, no conlleva grandes ampliaciones genéricas y ninguna específica. El lenguaje, que tanto irrita a las feministas que entienden la igualdad como el sometimiento del varón, es neutral y yo, por ejemplo, soy periodista sin que pudiera subrayar mi propia estimación el pasar a ser periodisto. Merezco una cuota aseguradora más elevada que la de una mujer con mi misma edad e idénticos alifafes porque la estadística, perfeccionada por los cálculos actuariales, demuestra que ella tiene cinco años y pico de expectativa de vida superior a la mía. En nombre de la igualdad se perpetran tantos dislates como crímenes a favor de la libertad; los últimos son inevitables en quienes la niegan, pero los primeros tienden a surgir de la ignorancia, de las lecturas mal digeridas y de la necesidad irrefrenable que tienen algunos —y algunas— de hacer religión de la nadería para poder sustituir la que no tienen y ajustarse a la perezosa comodidad de un código de conducta y una norma de pensamiento establecidos y dispensables, como los comprimidos de botica, dosis a dosis.

En los momentos de atribulada confusión que vive la Nación no cabe esperar la luz del sentido común ni el ánimo de la prudencia; pero sería bueno, por razones de igualdad bien entendida, que no prosperará la Ley Integral que pretenden las chicas de Zapatero.


ABC - Opinión

Delirio igualitario. Por Edurne Uriarte

La lista de posibilidades esperpénticas es inagotable en cada uno de los motivos incluidos en el anteproyecto.

El anteproyecto de ley para la Igualdad de Trato es un delirio de tal naturaleza que, si se aprueba, miles de puestos de confianza política de las instituciones, por ejemplo, podrán ser objeto de denuncia. Pues uno de los motivos de discriminación contemplados es la “convicción u opinión” y la ley será aplicada tanto en el empleo público como en el privado y en todo tipo de organizaciones, incluidos los partidos políticos. Por el mismo motivo, TVE tendrá grandes problemas para justificar, ante una posible demanda, la escasez de periodistas de derechas en sus programas. Y un amplísimo número de empresas, las de servicios, los propios medios de comunicación, podrán ser perseguidos por su discriminación de las personas menos agraciadas.

La lista de posibilidades esperpénticas es inagotable en cada uno de los motivos incluidos en el anteproyecto, desde el sexo, la opinión, la edad, hasta el infinito «cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y esto ocurre porque se trata de una ley dictada desde el eslogan electoral y no desde la realidad social. Redactada para hacer campaña electoral y no para atender problemas sociales. Ideada para construir una seña de identidad igualitaria que llevarse a las desesperadas campañas electorales que se le avecinan al PSOE. Fruto de la doble crisis del socialismo, la crisis económica que le ha obligado a renunciar a las políticas económicas socialdemócratas y la crisis más amplia de debilitamiento de algunos referentes tradicionales como el ecologismo, el feminismo, el antirracismo.


Quieren vestir el eslogan del socialismo de la ampliación de los derechos y de la protección de los débiles. Pero los supuestos derechos en peligro, la igualdad de las mujeres, de las razas, de las religiones, están plenamente recogidos en las legislaciones europeas, incluida la nuestra, y, además, son igualmente asumidos por la derecha como por la izquierda.

Con lo que queda el delirio, el absurdo, una locura interventora totalmente inaplicable. Y, en el mejor de los casos, un espíritu paternalista que despierta el recuerdo nostálgico de una de aquellas primeras sufragistas americanas, Elizabeth Cady Stanton, y sus palabras en 1860, en la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York: «Hacednos la merced de dejar que nos cuidemos nosotras mismas… Deshaced todo lo que el hombre hizo por nosotras en tiempos remotos y tachad todas las leyes instituidas especialmente para nosotras; suprimid el término hombre blanco de todos vuestros códigos, y después, navegando al unísono, dejadnos hundirnos o salir a flote, vivir o morir, sobrevivir o sucumbir».


ABC - Opinión

AVT. La "metedura de pata" de Basagoiti. Por Guillermo Dupuy

No utilicemos la "metedura de pata" de Basagoiti como excusa para meter una todavía mayor como sería la de utilizarla de excusa para no respaldar una manifestación como la que, sin proclamas de pureza, nos convocan todas las asociaciones de víctimas.

Siento gran admiración por todos aquellos que se enfrentan al nacionalismo, en general, y a ETA, muy en particular. Sin embargo, ni la lucidez ni la valentía con la que Antonio Basagoiti ha hecho esto a lo largo de su vida me ciega como para negar el hecho de que el presidente del PP vasco ha metido la pata. La metemos todos con mayor o menor frecuencia, y él la ha metido, a mi modo de ver, al considerar este domingo en El Mundo que la manifestación, convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo para el próximo 9 de abril "es para apoyar al Gobierno y que siga con la exigencia contra ETA, por eso es impecable".

La presidenta de la asociación convocante, Ángeles Pedraza (a la que desde aquí le expreso mi apoyo y agradecimiento por dicha convocatoria) ya ha criticado esa metedura de pata del político vasco al señalar que "la manifestación no es para apoyar al Gobierno, por supuesto, sino para exigirle que ETA no esté en las instituciones bajo ningún disfraz, ni con plan A, ni con plan B, ni con plan C. Es una manifestación de exigencia".

No incidiré en esa metedura de pata, que el propio Basagoiti ha medio sacado en posteriores declaraciones a Dieter Brandau, y que tanto él como la propia presidenta de la AVT (dicho sea con el mismo afectuoso respeto para ambos) también pudieron meter, a mi modo de ver, no respaldando la manifestación del pasado 5 de febrero convocada por Voces contra el Terrorismo.


En cualquier caso, sí quiero incidir en el comentario de Basagoiti respecto al discurso de Mayor Oreja, que también me ha parecido sumamente insatisfactorio. Dice Basagoiti que "Mayor Oreja hace un diagnóstico político y una reflexión, pero no hay ninguna prueba de eso. No creo que ahora estemos en la misma situación que hace cuatro años".

Para empezar, el primero que dice que no estamos en la misma situación que hace cuatro años, sino ante un proceso de negociación muchísimo más soterrado y donde, tal vez el entreguismo del Gobierno hacia ETA sea menor o, en cualquier caso, menos descarado, es el propio Mayor Oreja. Con todo, para una "reflexión" o incluso para un "diagnóstico político" como el de Mayor Oreja no se requiere de "pruebas" tan inequívocas y concluyentes como las que exige una condena penal. Bastan hechos indiciarios, como a mi modo de ver sobran en este caso como para pensar que el Gobierno de Rubalcaba sigue enredado en inconfesables negociaciones con ETA.

Tal es el hecho del bochornoso silencio de todos estos meses del Gobierno y de su dependiente Fiscalía ante el nada encubierto deseo de ETA y Batasuna –valga la redundancia– de servirse de las siglas de Eusko Alkartasuna para burlar la ley de partidos, o ante el enaltecimiento que dirigentes de ambos "partidos" han hecho de etarras al calificarlos de "presos políticos".

Otro hecho, que no hipótesis, es la reiterada y tozuda negativa del Gobierno a derogar esa infame resolución parlamentaria favorable al "final dialogado de la violencia", o su no menos vergonzosa negativa a disolver los ayuntamientos que, a día de hoy, siguen teniendo presencia proetarra. También es un hecho, y no una reflexión, que a día de hoy Josu Ternera sigue sin ser detenido y que, en su lugar, Zapatero le hacía llegar mensajitos a través de Eguiguren, como este mismo impunemente ha confesado. También es un hecho, y no una hipótesis, que el principal responsable político –y probablemente penal– del delito de colaboración con banda armada que supuso el chivatazo policial a ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba, sigue sin presentar su dimisión. Otro tanto podríamos decir del hecho que constituyen los bochornosos privilegios y permisos que el Gobierno está concediendo a criminales irredentos por un falso arrepentimiento que les encamina a la impunidad.

No aburriré al señor Basagoiti con muchísimos otros hechos que él sabe mejor que yo que sustentan legítimamente diagnósticos y reflexiones como los que protagoniza Mayor Oreja respecto a ETA y el nihilista Gobierno de Zapatero. Y, desde luego, estoy seguro que para Basagoiti esos innegables y bochornosos hechos no son, precisamente, una muestra de exigencia contra ETA por parte del Ejecutivo que deba continuar y, menos aun, ser respaldada en una manifestación convocada por las víctimas.

Demos, pues, por sacada la metedura de pata de Basagoiti, y no la utilicemos como excusa para meter una todavía mayor como sería la de utilizarla para no respaldar una manifestación como a la que, sin proclamas de pureza, sin maniqueísmos, sin reproches y sin afanes de protagonismo, debemos acudir y a la que nos convocan todas las asociaciones de víctimas contra el terrorismo. Que por nosotros no quede.


Libertad Digital - Opinión

Odio a Madrid. Por Hermann Tertsch

Odio es lo que Pepiño, Zapatero y hasta algún madrileño de este gobierno sienten hacia Madrid y todo lo que Madrid significa.

ESTÁ claro, y el ministro de Fomento de este gobierno —ya en su séptimo año triunfal—, debería ser el hombre más avisado al respecto, que hay inversiones, por generosas que sean, que resultan inútiles por ser su objetivo ilusorio o equivocado. Pepiño, en sus esfuerzos por ser Don José, se puede hacer unos trajes a medida de elegancia sartorial, operarse los ojos para quitarse aquellas gafas de niño apocado y cabreado, construirse una casa con posibilidad de embarcadero pese a la Ley de costas, ir al logopeda para eludir el «conceto» y la «sinosis» y copiarle los zapatos a cualquier duque o conde de la Casa Alba. Pero en cuanto se irrita por un «quítame allá esas nieves» le sale el Pepiño original, previo al tuneado, y nos espeta eso de que hay que cerrar la Comunidad de Madrid. Y va él precisamente —muñeco mascota del resentimiento— y nos habla de odio y dice que los demás, es decir, ya saben, los fachas que no aplaudimos la carrera hacia la indignidad y el disparate de Zapatero, nos movemos por odio. ¡Quiá, Pepiño! No pediremos que hable con propiedad. Pero no se equivoque. Nada tiene que ver el odio con el desprecio. Ni con la fobia que genera la figura del impostor vocacional y eterno adolescente. Ni con la ira que lógicamente despierta el daño inmenso causado de forma gratuita a la patria de todos. El odio por definición no mira hacia abajo sino hacia arriba. Y por poderosos que se crean, se llamen Zapatero o Pepiño, para ser objeto de odio habrían de ser en alguna medida respetados. No es ya el caso.

Odio es lo que Pepiño, Zapatero y hasta algún madrileño de este gobierno sienten hacia Madrid y todo lo que Madrid significa. Lo que le lleva a querer «cerrar» Madrid. ¡Ay, la dichosa herencia de los años treinta que tanto han cultivado bajo el «nietísimo» del abuelo protomártir! Ha enterrado todo signo de identidad de la socialdemocracia europea para resucitar aquel socialismo guerracivilista y largocaballerista que quería cerrar, prohibir, perseguir, quemar y reprimir todo lo que obstaculizara sus planes. Madrid se ha convertido en una pesadilla para quienes quieren ciudadanos dóciles, dependientes, obedientes y temerosos. Representa el éxito de todo lo que combaten estos paleosocialistas que, anclados en sus mentiras históricas, quieren imponer el estado omnipresente, intervencionista y controlador. Por eso la tratan como a una provincia traidora. Es la denuncia viva de su fracaso. El sangrante agravio comparativo con sus desastres de Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura pero, ante todo, de Cataluña, donde nacionalismo y socialismo, en su combinación más tóxica, han hundido a una sociedad próspera en la autoconmiseración, el clientelismo endémico y la mediocridad superlativa. En todas ellas han impuesto un sistema de redistribución de la pobreza, además de perverso, desincentivador y fracasado, tramposo. Madrid controla su deuda, Madrid tiene casi cinco puntos menos de desempleo, Madrid recibe inversiones que huyen de regulaciones ideológicas, Madrid tiene unos servicios que envidian y utilizan ciudadanos de autonomías dedicadas a gastar en combate ideológico e identitario. Este fin de semana, Pepiño estaba especialmente irritado. El ridículo lo merece. Toda la región de la Sierra madrileña se vio afectada por la nevada. La única vía cerrada fue la dependiente del señor Pepiño y de una delegada que más parece gobernadora civil/comisaria política. Odian Madrid porque lo ven con resentida admiración. Porque es una isla de gestión pública europea en el lodazal de gestión paternalista autoritaria y tercermundista del socialismo de la impotencia y el insulto. Del que Pepiño es, con Zapatero, patético mascarón de proa.

ABC - Opinión

“A 110 por hora va a ir la santa madre del señor ministro”. Por Federico Quevedo

Llevamos dos semanas de debate a cuenta de las medidas de supuesto ahorro energético tomadas por el Gobierno, principalmente la limitación de los 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas, y el asunto tiene pinta de continuar lo cual es un fiel reflejo del monumental ‘cabreo’ que el asunto ha generado en la sociedad española. Desde ayer la limitación es efectiva, y también desde ayer ha comenzado el Gobierno a hacer caja. Esta era, desde el principio, la principal razón de la medida, y prueba de ello es la prisa que se ha dado el Ministerio del Interior en modificar los radares para que salten cada vez que la aguja del cuentakilómetros sobrepase mínimamente los 110, lo que de entrada exige al conductor un nivel de atención sobre la limitación de velocidad que necesariamente se resta de otros asuntos que conciernen a la conducción, lo cual, según denuncian asociaciones de automovilistas, puede ser peligroso.

Pero, miren, yo no soy un experto en estas cosas y no voy a entrar en el detalle de si es mejor ir a 110 que a 120, ni si de verdad eso sirve para ahorrar gasolina -cosa que pongo en duda-. Me preocupa, y mucho, la obsesión de este Gobierno por prohibir siempre que encuentra una excusa para ello. Da igual lo que sea, el caso es imponer una prohibición y castigarla con una multa si es menester. Ayer el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, acusaba al PP de asimilar libertad con “conducir más deprisa, o con una copita o sin cinturón de seguridad”, en un alarde de insultante demagogia sin precedentes. No, mire señor Iglesias, libertad en este caso es que una persona pueda conducir como le dé la gana siempre que no ponga en riesgo la seguridad de los demás y la propia. Y si el debate es que ir a 110 ofrece más seguridad que ir a 120, entonces lo que no tiene sentido es la temporalidad de la norma, y si es temporal será porque esa no es la naturaleza del debate y por lo tanto estamos asistiendo a una nueva invasión del espacio privado por parte de los poderes públicos.
«Rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros, no teniendo impacto alguno sobre la seguridad, sí lo tiene sin embargo sobre nuestra libertad, y a eso los ciudadanos tenemos la obligación de oponernos, porque para eso no le hemos hecho ningún encargo al Estado.»
Es verdad que el Estado tiene la obligación de establecer unos márgenes en los que vela por la seguridad, y por eso nos sanciona si conducimos demasiado rápido, si lo hacemos sin cinturón de seguridad o si hemos bebido demasiado. Y los ciudadanos que somos los que le hemos hecho ese encargo al Estado aceptamos que eso sea así, aunque podemos discutir, por ejemplo, que el límite de los 120 kilómetros/hora se haya quedado obsoleto en relación a la renovación que estos últimos años se ha producido en el parque móvil nacional. Pero esa es la concesión que los individuos hacemos en beneficio de nuestra seguridad, no de nuestra libertad. Rebajar el límite de velocidad a 110 kilómetros, no teniendo impacto alguno sobre la seguridad, sí lo tiene sin embargo sobre nuestra libertad, y a eso los ciudadanos tenemos la obligación de oponernos, porque para eso no le hemos hecho ningún encargo al Estado, y ni siquiera la razón del ahorro energético es válida porque no le da derecho al Estado a imponernos una prohibición injusta.

Y es que nadie le ha pedido al Estado que se inmiscuya en nuestra vida privada y en la toma de nuestras propias decisiones. Hoy por hoy no tenemos ningún problema de escasez de energía, o al menos el Gobierno no ha dicho que lo tengamos salvo que nos esté mintiendo de nuevo. Tenemos, es verdad, un problema de dependencia exterior, pero si para reducir esa dependencia es necesario ahorrar energía, no tiene por qué ser el ciudadano el que pague ese pato, teniendo en cuenta que la mayor parte del consumo energético se produce en el sector público y en la industria. Que ahorren ellos, entre otras cosas porque durante todos estos años no han hecho nada, absolutamente nada, por reducir esa dependencia energética externa. Los ciudadanos son lo suficientemente maduros como para saber en qué tienen que ahorrar, y la propia escalada del precio de la gasolina actúa como revulsivo a la hora de conseguir un menor consumo.

No nos hace falta que un Estado paternalista venga a decirnos lo que tenemos y no tenemos que hacer, porque a estas alturas los ciudadanos ya hemos alcanzado la suficiente madurez como para saber cuando ese Estado paternalista lo que está haciendo, en realidad, es exprimir de nuevo nuestros ya de por sí vacíos bolsillos. Así que me quedo con lo que ayer decía un chófer del parque móvil ministerial: “A 110 va a ir la santa madre del señor ministro”


El Confidencial - Opinión

PP y PSOE. Corruptos son todos. Por Cristina Losada

El convencimiento de que todos lo hacen proporciona impunidad política. Y la impunidad política sólo puede incentivar las malas costumbres.

La lucha contra la corrupción se ha sustanciado, en nuestros partidos políticos, en un grito de guerra contra el adversario. El PSOE y el PP, en especial, aunque no son los únicos manchados, se baten en el fango a la voz de "tú eres más corrupto que yo". Gestionan sus inmundicias, ya sean probadas o presuntas, mediante el procedimiento de ensuciarse mutuamente. El detergente para lavar las corruptelas propias son las corruptelas del partido de enfrente, siempre más graves, desvergonzadas y cuantiosas, por supuesto. Si en el parlamento andaluz, se habla de los ERE, los de Griñán le echarán en cara a Arenas la trama Gürtel y si en alguna autonomía del PP, se le reprocha la Gürtel, los populares replicarán con los ERE andaluces, y así sucesivamente.

Extraña forma ésa de lidiar con la corrupción. Extraña desde la ejemplaridad que debe de ser norma en el ejercicio del servicio público, aunque también desde la impura perspectiva política. Pues un partido, al entregarse al "tú más", no sólo reconoce involuntariamente que "él también", sino que emborrona y desvía la responsabilidad. Asume, de facto, que los negocios sucios practicados a la sombra del poder son responsabilidad colectiva del partido y no de los individuos que los realizan. Cuando las cúpulas directivas se atrincheran en la defensa de –y en la inacción ante– imputados de los que hay serios indicios de delito o de conductas reprobables, están cargando el peso de la falta sobre el partido en su conjunto. Y aún se quejarán luego de la desconfianza en los políticos.

Al convertir la corrupción en una causa más de confrontación entre partidos, es posible que conserven y hasta exciten el entusiasmo de los seguidores acérrimos, siempre persuadidos de que los suyos son víctimas de una campaña orquestada por el rival. Pero el efecto último de esa pelea es consolidar una perversa noción de igualdad: todos los partidos son iguales en la corrupción. Tanto se ha extendido la idea, que las ollas podridas que se destapan no afectan prácticamente a la intención de voto. Y es que si todos son corruptos, nadie lo es. El convencimiento de que todos lo hacen proporciona impunidad política. Y la impunidad política sólo puede incentivar las malas costumbres. En esas condiciones, sólo un optimista antropológico dejaría a la voluntad de los partidos la labor de erradicarlas. Claro que el remedio se vislumbra lejano, pues no sería otro que limitar el poder de los partidos y reducir el dinero de disponen los gobiernos. O sea, el programa regeneracionista que no veremos.


Libertad Digital - Opinión

Zapatero vs. Gadafi. Por Florentini Portero

Siete años después tenemos a nuestros socialistas demandando el uso de la fuerza para proteger intereses petrolíferos.

Europa no supo reaccionar ante la crisis árabe, atrapada en la contradicción entre apoyar a quien está en el poder, para garantizar inversiones en curso, y defender la promoción de la democracia. La posición de España es más complicada, por tener que casar la Alianza de las Civilizaciones —con su renuncia a exigir avances hacia la democracia y el reconocimiento de que cada cultura tiene sus propios valores— con el apoyo a unas revueltas que gozan de la simpatía de la mayor parte de nuestros conciudadanos. El español de a pie se siente más próximo al joven que pide un puesto de trabajo que a los déspotas que se han enriquecido a costa de la miseria de su propia gente.

La crisis libia complica más las cosas, porque se trata de un conflicto tribal donde los que han estado gobernando juntos ahora se matan entre sí para llegar a un nuevo equilibrio de fuerzas. Nuestro Gobierno ha decidido unilateralmente que los defensores de la revuelta lo son de la libertad y ha apostado decididamente por ellos. ¿Por qué? Porque necesita tapar décadas de simpatía por el compañero revolucionario Gadafi, el camarada que no tuvo reparo en enfrentarse a los más poderosos y en denunciar el neocolonialismo, y años de Alianza de Civilizaciones bajo patrocinio iraní. Con el furor del advenedizo se especula con el uso de la fuerza, como si sólo se tratara de desplegar una fuerza de interposición. Pero con estas declaraciones dirigidas a un auditorio nacional se han quemado las naves de la relación con Gadafi, poniendo en peligro inversiones realizadas por empresas próximas al poder. Zapatero necesita que Gadafi se vaya como sea, porque de otra manera esas inversiones corren serio peligro. Siete años después tenemos a nuestros socialistas demandando el uso de la fuerza para proteger intereses petrolíferos. Ver para creer.


ABC - Opinión

Prueba satisfactoria. Por Alfonso Ussía

Para mejor adaptarme al futuro, el pasado viernes procedí a viajar a Santander en un «Seiscientos» que heredé de mi tía abuela Enriqueta. Creo que no superé los 110 kilómetros a la hora en ningún momento, pero estuve a punto de matarme en siete ocasiones. La primera, en la rampa del garaje de mi casa. Se me fue de culo y menos mal que pude frenar antes de impactar con el coche nuevo recientemente adquirido por el vecino del 6º derecha. A la hora de encontrar la autovía, más o menos en el kilómetro 37 en dirección a Burgos, me adelantó un camión que transportaba cerdos. Culpa del camión o de los cerdos, lo cierto es que la fuerza centrífuga –ignoro si se dice así–, me sacó del carril. En Somosierra se encendió la lucecita de la temperatura. Detención obligatoria. Todo bien hasta Honrubia de la Cuesta. Esta localidad llámase así porque tiene una cuesta muy pronunciada, hacia arriba rumbo a Madrid, y hacia abajo rumbo a Burgos. El «Seiscientos» que heredé de la tía Enriqueta perdió los estribos en la bajada y superó los cien kilómetros a la hora, velocidad que jamás había experimentado porque la tía Enriqueta nunca puso la directa. De Madrid a San Sebastián y vuelta lo hacía con la tercera marcha. Al alcanzar el final de la cuesta, una racha de viento casi me hace volcar. En Aranda de Duero, llené el depósito. En tiempos de tía Enriqueta se hacía con cien pesetas. Total, treinta euros, cinco mil pesetas del vellón. Pinchazo en Lerma. No encontraba el gato. Un amable camionero se detuvo, buscó el gato, lo encontró y cambió la rueda, que me arreglaron en un taller inmediato al Hostal Landa, en donde me equilibré con un plato de huevos fritos y morcilla. De Madrid al Landa, tres horas y media. Elegí la autovía del Camino de Santiago que desemboca en la de Palencia a Santander. En Melgar de Fernamental, una poderosa moto me llamó «tortuga hijaputa». No la moto, sino el motorista, claro está. Todo perfecto hasta Herrera del Pisuerga, donde tuve que repostar de nuevo. En Herrera del Pisuerga me perdí, pero ese contratiempo no hay que achacárselo al «Seiscientos» de tía Enriqueta, sino a mí, que soy tontísimo en la interpretación de las señales. Recuperada la autovía, superé Aguilar de Campoo y me dirigía hacia Reinosa, pero en Mataporquera se me encendió nuevamente la lucecita de la temperatura. Una pareja de la Guardia Civil de Tráfico me sancionó por no indicar con el intermitente que me iba a detener en el arcén, pero gracias a ellos conseguí la botella de agua salvadora. En Reinosa me embistió una vaca. Así como se lo cuento. Las vacas no actúan contra los coches que pasan a velocidades normales, pero los «Seiscientos» de 1967 les causan honda indignación. Salvado de milagro de la acometida de la vaca, comencé el descenso hacia Santander. Pero en Arenas de Iguña, otro golpe de viento casi me manda al otro mundo. Coincidió la ventolera con mi paso por un viaducto con ciento cincuenta metros de caída libre. Me acordé de la familia de Rubalcaba, Salgado y Sebastián, como es natural y obligado. En Torrelavega, depósito vacío. Otros treinta euros, que sumados a los sesenta anteriores dan la cifra de noventa del ala. Antes de Mazcuerras, reventón de la rueda trasera izquierda. Colisión contra la valla, y toque final contra un eucalipto. Me recogió mi amigo Ricardo Escalante, que me dejó en mi casa de Ruiloba. Nueve horas de viaje sin superar los 110 kilómetros a la hora. Volví en avión, pero ahorré muchísima energía. El «Seiscientos» al chatarrero.

Delicioso viaje ahorrando gasolina. Gracias, Gobierno.


La Razón - Opinión

Independencia. Mas president, Catalunya independent. Por José García Domínguez

Lo que en verdad pretende el catalanismo canónico no es la independencia sino el independentismo, esa pose retórica tan útil para que la secesión efectiva no se llegue a verificar nunca.

Feliz esquizofrenia la de Artur Mas y su igual Duran Lleida. Así, hechos unos hombrecitos altivos, gallardos y altaneros, todos sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, con los píos democristianos de Unió a la cabeza, vienen de anunciar su adhesión inquebrantable al enésimo simulacro de autodeterminación pedánea. Jocosa comedia bufa que se representará en la capital de la provincia un día de estos. Al tiempo, y sin el menor asomo de pudor, los máximos dirigentes de CiU andan inmersos en frenéticas gestiones a fin de impedir que el Parlamento doméstico proclame la independencia de Cataluña. Tragicómica eventualidad que, gracias a una moción del errático Laporta, habrá de ser sometida a consideración del pleno de la Cámara coincidiendo con la referida performance secesionista en calles y plazas.

Átenme esa mosca por el rabo. Se ve que al devoto Duran Lleida le ocurre lo mismo que confesara Agustín de Hipona en memorable sentencia: "Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo". Una patología, la del síndrome soberanista bipolar, muy común a este lado del Ebro por lo demás. Y es que, como alguna otra vez se ha referido aquí mismo, lo que en verdad pretende el catalanismo canónico no es la independencia sino el independentismo, esa pose retórica tan útil para que la secesión efectiva no se llegue a verificar nunca. Mucho mejor que nadie lo saben ellos: una Cataluña escindida supondría su ruina.

Que por algo cierta fatalidad estadística nada baladí, a saber, 56 céntimos de cada euro que entra en la demarcación fruto de las exportaciones proceden del malhadado Estat espanyol. Como en simétrica desventura acontece con el 44 por ciento de las importaciones. Constatada tal evidencia, y desde el estricto territorio de la lógica, no habría reparo que objetar a esos ensayos suicidas. Siempre y cuando, claro, la pregunta de la papeleta se compadeciese con la siguiente obviedad fáctica: "¿Está usted dispuesto a que Cataluña resulte expulsada en el acto de la Unión Europea, excluida del recurso al euro y martirizado su comercio exterior con un sinfín de aranceles y contingentes lacerantes, amén de ver repatriadas a las innúmeras empresas de la Metrópolis sitas en su territorio, todo ello por mor de san Pombeu Fabra?". Responda, indómito edil.


Libertad Digital - Opinión

Ordenancismo. Por Ignacio Camacho

Este Gobierno ha destacado por su empeño en intervenir sobre las rutinas de la vida cotidiana de los españoles.

LA concepción de la política como herramienta de ingeniería social desemboca de forma inevitable en el ordenancismo, en la vocación de controlar desde el poder público la vida privada. En su búsqueda de nuevas vías para una izquierda desgastada, el zapaterismo apostó de salida por una modificación de hábitos individuales y colectivos que garantizaba éxitos rápidos sin gran coste económico y permitía proyectar con facilidad etiquetas de ideología posmoderna. La retórica de ampliación de derechos encubría una perceptible voluntad de intrusión en las costumbres. Era una estrategia pensada para tiempos de prosperidad en los que la sociedad carecía de las preocupaciones primarias que han sobrevenido con la crisis, y para las que este Gobierno no ha encontrado respuestas. Por ello sigue apegado al reflejo de intervenir sobre las conductas cuando la gente exige soluciones a los grandes problemas estructurales de la economía, frente a los que sólo se le ocurren medidas de regulación de la vida cotidiana.

En los últimos siete años el Gobierno y sus aliados han destacado por su empeño en legislar sobre aspectos que inciden de un modo u otro en la libertad individual. El zapaterismo ha intervenido, o lo ha intentado, en la alimentación de los españoles, en sus rutinas domésticas, en su forma de divertirse, de conducir o de relacionarse. Ha regulado la velocidad de las carreteras, la grasa de las hamburguesas y la bollería industrial, las descargas de internet y la temperatura del aire acondicionado. Ha extendido su mano arbitrista hasta los filamentos de las bombillas y las bolsas de los supermercados. Ha prohibido el tabaco y —en Cataluña— los toros, y en las autonomías de dominancia socialista ha tratado de organizar el idioma en que deben hablar los escolares en el recreo —perdón, segmento lúdico en la jerga neoadanista— e incluso, como en Andalucía, los juegos a que deben jugar. Ha establecido cuotas de sexos en los consejos de las empresas. Ha multado a empresarios por emplear el genérico masculino en sus ofertas laborales. Y para despedirse prepara otra obra maestra de ingeniería social en la que, bajo el pretexto de la igualdad de trato y la no discriminación, se dispone a reglamentar el acceso a espacios, medios, asociaciones y propiedades privadas, y a inmiscuirse en la libertad de alquilar o no un piso a quien su dueño considere oportuno. Todo ello mientras permanece estático o impotente en medio de un pavoroso estancamiento de la productividad, el empleo, el consumo y el crédito.

El resumen burlón de este proceso de injerencia, que cabría tomar a broma si no fuese una preocupante realidad, aparece en el epígrafe un recién creado grupo de Facebook: «A tu edad yo conducía a 120, fumaba en los bares y me bajaba pelis». Piadosamente, los bienhumorados firmantes han omitido otra declaración más cruel: «Y además tenía trabajo».


ABC - Opinión

Un aliado proetarra

El caso de Arturo Cubillas y todo lo relacionado con el santuario de ETA en Venezuela ha sido un asunto muy incómodo para el Gobierno. Desde las primeras informaciones en los medios y las posteriores investigaciones judiciales, el Ejecutivo se ha resistido a dar al escándalo el trato que merecía. El Ejecutivo fue siempre a contracorriente y nunca demostró voluntad de ponerse al frente. Como suele suceder cuando se toma la decisión de ir a remolque y ponerse de perfil, los acontecimientos te acaban atropellando y dejándote en evidencia. Es lo que le ocurrió ayer al Ejecutivo después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó al ex cabecilla de ETA Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, «Ata»; al ex responsable del aparato político Francisco Javier López Peña, «Thierry», y, sobre todo, al enlace en Venezuela, Arturo Cubillas Fontán, por un delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente por haber colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El juez considera acreditado en su auto que Cubillas ha mantenido al menos entre los años 2004 y 2008 «contacto constante, permanente, securizado y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los grupos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora y armamento de técnicas terroristas».

Este jefe etarra es un alto funcionario del régimen de Hugo Chávez y ocupa la jefatura de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras. La instrucción judicial ha evidenciado que Cubillas cuenta con la máxima protección del caudillo, y que, en consecuencia, ETA dispone de un refugio más o menos seguro en la Venezuela chavista.

Aunque es cierto que el Gobierno no ha tenido más remedio que solicitar la extradición de Cubillas pedida por dos magistrados de la Audiencia Nacional, en la gestión del Ejecutivo ha pesado más el cuidado de no importunar a un aliado de la Administración socialista como Chávez que actuar con la contundencia diplomática debida, lo que resulta inadmisible. Los paños calientes del Gobierno con un régimen que cobija terroristas es censurable y sus responsables tendrán que responder de ello. No cabe imaginar que el caudillo venezolano habría actuado con la displicencia y el desprecio con que lo ha hecho si España hubiera respondido como debía.

La complicidad con Chávez es uno de los peores legados de la política exterior de este Gobierno de una lista casi interminable de fiascos en la desastrosa gestión diplomática de los socialistas. El caso de Arturo Cubillas y el resto de etarras acogidos al abrigo de Chávez debería haber sido motivo más que suficiente para que el ministro responsable hubiera dimitido o le hubieran destituido. No hablamos de un delincuente más, sino de un dirigente terrorista que, por ejemplo, se burló recientemente de las víctimas, y de una banda responsable de cientos de asesinatos. Quien protege a ETA es un enemigo de España y de los españoles y hay que tratarle en consecuencia. Venezuela es un santuario de etarras y acabar con él es un deber y una obligación del Gobierno.


La Razón - Editorial

Revolucionarias árabes

Las mujeres de Egipto, Libia y Túnez temen que la liberación de sus países no las incluyan.

Han luchado codo con codo junto a sus compañeros masculinos para liberar a sus países de la opresión y ahora temen que su propia liberación quede en el olvido. Millones de mujeres árabes han vivido o están viviendo las rebeliones cívicas de sus respectivos países con la doble esperanza de conquistar la democracia y, al tiempo, liberarse de la opresión que sufren por su condición femenina exigiendo un cambio social. La evolución de los acontecimientos abre, sin embargo, la puerta a la decepción. Los datos no son esperanzadores. Una vez desalojados del poder los presidentes de Túnez y Egipto, los nuevos órganos de poder que van a gestionar la transición están dominados por los hombres. En ellos, la presencia de mujeres es nula o testimonial. Lo mismo está ocurriendo en las zonas conquistadas por los rebeldes libios.

El mundo árabe es el que peor trato depara a las mujeres. Todos los indicadores (empleo, participación política, brecha salarial) lo sitúan a la cola, por detrás incluso del África subsahariana. En algunos de los países hoy levantados en armas contra sus tiranos, las mujeres (muchas de ellas, veladas) tienen enormemente limitada su capacidad de movimientos, sufren la ablación del clítoris (una práctica que se mantiene en las zonas rurales egipcias), son forzadas a casarse con el hombre elegido por las familias y muchas de ellas son condenadas al analfabetismo. En Egipto, el 83% de las mujeres han sufrido acoso sexual alguna vez. Un triángulo diabólico formado por la falta general de libertades, la religión (en creciente radicalización frente al sentimiento antioccidental) y la cultura se ha cernido sobre las árabes durante décadas como un yugo asfixiante ante la indiferencia de sus compatriotas y la del resto del mundo. En ese contexto, que la cuarta parte del millón de manifestantes que tomaban cada día la plaza cairota de la Liberación fueran mujeres es un hito histórico que las democracias en ciernes no pueden dejar en el olvido.

Tampoco las potencias occidentales deberían desoír las ansias de libertad de las árabes, ahora que se han atrevido a reivindicarla de manera masiva. Al igual que las revueltas que han estallado en buena parte de los países árabes han dado al traste con las políticas de cooperación con dictadores que no dudan en robar y masacrar a sus pueblos, la discriminación que sufren las mujeres debería dibujar una línea roja insoslayable en las relaciones internacionales, como ha reivindicado más de una vez la secretaria de Estado Hillary Clinton. Solo una política internacional comprometida con los derechos humanos, que incluyen la igualdad de oportunidades, puede insuflar algo de esperanza a las decepcionadas árabes. Sus manifestaciones coinciden esta semana con las convocadas en todo el planeta por el Día Internacional de la Mujer, una fecha que recuerda que todas nuestras democracias siguen teniendo un déficit que hay que corregir.


El País - Editorial

Régimen corruptor

Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica.

EL Gobierno socialista andaluz se enfrenta a una epidemia de casos de corrupción que lo ponen contra las cuerdas, no solo por su responsabilidad política inmediata derivada de hechos gravísimos, sino también por su responsabilidad histórica en la gestión de la autonomía andaluza. A los escándalos de Mercasevilla y de la financiación fraudulenta de multitud de expedientes de regulación de empleo, se suma ahora una probable malversación de fondos europeos destinados a subvencionar la contratación de trabajadores. El fraude consistía en que la empresa beneficiaria de la subvención despedía a los trabajadores contratados inmediatamente después de recibir la ayuda europea. La Junta de Andalucía era la encargada de tramitar las solicitudes de subvención de las empresas, que podían realizar este fraude con total impunidad por la falta de control posterior. Hasta 1.600 empresas podrían estar implicadas en este fraude, cuyas dimensiones hacen inverosímil que pudiera pasar inadvertido a las autoridades autonómicas. Además, una de las empresas investigadas, «Qualytel Teleservices, S. A.», con claros vínculos personales con el socialismo andaluz, fue contratada por la Junta de Andalucía para atender servicios telefónicos como el de asesoramiento a mujeres maltratadas; y también se le ha adjudicado —lo que parece un sarcasmo— el contrato de la Agencia Tributaria para la atención telefónica de la campaña del impuesto sobre la renta que comenzará el próximo mes de mayo.

Tanta corrupción es una manifestación enfermiza de un régimen político asentado en la servidumbre social, la compra de voluntades y el victimismo como coartada. El régimen socialista en Andalucía se está retratando en estos casos inadmisibles de gestión corrupta de fondos públicos, tanto más reprochables por tratarse de una comunidad autónoma aquejada por la tasa de paro más alta de España y sumida en una constante reivindicación de deudas históricas y agravios comparativos frente a otras comunidades. Más allá de un cambio de Gobierno, lo que necesita Andalucía es una auditoría general de su administración autonómica y de toda la red paralela de sociedades públicas. Es hora de saber cuánto ha costado la corrupción en Andalucía, y no se puede esperar a que los procesos judiciales terminen con sentencia, aunque en este caso la Fiscalía parece haber actuado con mayor claridad que en los de Mercasevilla o el fraude de los ERE. La revelación de la verdad sobre los fraudes masivos en Andalucía es una responsabilidad política que antes o después habrá de cumplirse.

ABC - Editorial